Lalo Mandragore

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15 de junio de 2021

Llevamos décadas experimentando la “democracia” en México.
Hasta el día de hoy podemos presumir al mundo entero que los ciudadanos hemos puesto en el poder a 3 partidos diametralmente diferentes por la vía del voto democrático: pri, pan, y morena (como si hubiera una verdadera diferencia).

¿Sirve de algo, en realidad, votar en un país como el nuestro?

Pasan los sexenios y todo empeora: la pobreza aumenta, el rentismo político sigue, las familias en el poder que ostentan la riqueza del país son las mismas, a esas familias no les importa qué partido o qué candidato gane, ellas siempre salen ganando. Los personajes políticos son los mismos, solamente cambian de partido, y además, siempre salen impunes de los atracos y demás delitos cometidos en contra de toda la sociedad mexicana, se les perdona todo y se les otorga lo robado como muestra de agradecimiento por parte del sistema que todos mantenemos vivo.

Ése sistema electorero, politiquero que nos quieren vender como la vía para que todo cambie, como el gran derecho universal, nos dicen, que tenemos para poder transformar al país con el voto. Pocas mentiras son más desastrosas y pueriles que esta. El voto solamente ha servido para una sola cosa: para legitimar al siguiente ladrón en el poder, para dar validez al proceso de democracia que dicta quiénes serán los nuevos dueños del país. Y así, por esa vía legal de la que todos los que votan son partícipes, otorgar el control financiero, político, económico y social del país.

Pese a todo esto sí hay una respuesta para la solución de este problema.

Primero: debemos cambiar las reglas del juego: el sistema electoral está podrido desde que nació, es instrumento de los actores políticos de los niveles superiores, es el chivo expiatorio que engaña a los votantes, es el instrumento de una mentira disfrazada de democracia. El sistema electoral debe ser destruído, desmembrado, invalidado, pero, de igual manera, deben ser los partidos políticos, son demasiados, y todos viviendo del pueblo, manteniendo su registro pobre los de más abajo, pero igual viviendo del erario como lo hacen los grandes partidos que encabezan esta marcha de ineptos delincuentes mantenidos.

Segundo: México no necesita tantos diputados como los que tiene actualmente, y menos cuando esos diputados son un compendio de ignorantes que solamente son arrastrados por el sistema para ser paleros del mismo y hacer del quehacer político una burla y una ofensa para todos los mexicanos. Los legisladores, todos, son una vergüenza para México, tanto la cámara de diputados como la de senadores están repletas de payasos, de mimos que pretenden hacer su trabajo cuando lo único que hacen es empobrecer más y más a la ya totalmente devastada población. Su interés no es el pueblo, es la cuenta de banco que van a aumentar para sus allegados y familiares y las leyes basura que van a establecer para que el sistema jamás caiga por su propio peso, para que no caiga y se destruya con el impacto como el gigantesco tirano de mil cabezas que es. Debemos decir NO a la gran cantidad de diputados y senadores y reemplazarlos por verdaderos expertos en los distintos temas que le conciernen urgentemente a nuestro país: los legisladores, todos, deben ser profesionistas doctos en cada materia útil, médicos, ingenieros, arquitectos, politólogos, filólogos, químicos, economistas, científicos, todos con una preparación excelente y no la manada de cerdos ignaros que alimentamos día a día hasta enriquecerlos para luego mandarlos a disfrutar de un confortable retiro viviendo como reyes bíblicos.

Tercero: la suprema corte de justicia solamente hace justicia por los presidentes en turno y las familias acomodadas que el sistema protege y mantiene. Acabamos de ver el acto anticonstitucional de aumentar el periodo de presidencia del juez que ostenta este cargo. Y sí, es un claro ensayo para que el presidente en turno pueda hacer lo propio con el cargo que practica y así poder mantenerse otro periodo, al menos, en el poder. Debemos desterrar la suprema corte inútil de la nación y sustituirla por jueces preparados ajenos a cualquier interés exclusivo de las élites.

No se ha logrado ningún cambio sustancial con el voto. Seguimos atrasados por décadas con respecto al primer mundo en materia de salud, educación, infraestructura, economía, finanzas, etc. Solamente los dueños del país viven en un primer mundo mexicano en medio de la otra realidad llena de pobreza y carencia, de violencia y sin futuro.

Todos prometen el cambio, todos aseguran poder mejorar al país, pero nadie lo ha conseguido: los niveles actuales de pobreza y violencia, por ejemplo, están en niveles nunca antes vistos. La salud pública da miedo, la desigualdad poblacional es cada vez más marcada, el poder adquisitivo promedio siempre es deplorable, la calidad de vida es irrisoria comparada con otros países que sí han sabido hacer las cosas y en los cuales la democracia funciona, al menos, no como el circo que aquí sufrimos cada vez que nos llaman a votar como ovejas al matadero.

Las campañas actuales, que son las más voluminosas de la historia, son de dar risa, carcajadas: ya no saben qué hacer los ridículos candidatos a cualquier puesto político por el cual están contendiendo. Son verdaderas ofensas al pueblo: unos cantan, otros bailan, otros se inventan canciones, hay quienes se hacen los muertos, hay quienes amenazan de muerte, etc. Y qué decir de la gran cantidad de candidatos asesinados y violentados. Son víctimas del México violento que ellos mismos han dejado crecer, que ellos mismos han fomentado. Ninguna fuerza política puede con este problema, porque ellos mismos son partícipes del enriquecimiento que representa el narcotráfico.

Y basta con dar un vistazo a estos candidatos, a cualquiera, hay de todo: violadores, ignorantes, violentos, beligerantes, amenazadores, cantantes, actores, farsantes, luchadores, jugadores, conductores, reinas de belleza, payasos… un gran circo de 3 pistas en acción.

Como pueblo tenemos el deber de cambiar las cosas como están, debemos dejar de ser ignorantes por comodidad y conveniencia y abrir los ojos. Es nuestra obligación exigir todos los cambios que enumero arriba y más. No votar, al contrario, dejar de hacerlo en masa y protestar por las cosas tal como están, organizarnos como sociedad y plantear nuevas reglas, nuevas instituciones que sean realmente del pueblo y para el pueblo, dejar de lado a los actores políticos de siempre y exigir que se les destierre para siempre de la vida política. Dar un vuelco al sistema, dejar de hacer lo que siempre se nos pide, desestabilizar la máquina hasta hacerla tronar y, aunque los costos sociales y políticos sean de una envergadura comparable a una revolución, pero a una revolución de pensamiento y actuar sociopolítico del país entero, no con armas y violencia en las calles, son actos necesarios y urgentes si es que deveras queremos hacer un cambio. Dejar de lado las diferencias partidistas en que nos tienen metidos para su conveniencia electorera, unirnos en una sola voz de protesta, dejarles ver el hartazgo y el cansancio social, decir NO a todas las corrientes políticas actuales que no han servido para nada, reiniciar el sistema empezando por nosotros mismos. Dejar de confiar, dejar de conformarnos solamente para que nos derramen las migajas que caen de la mesa palaciega del poder.

El sistema quiere seguir como tal por los siglos de los siglos. Votar, en realidad NO SIRVE DE NADA, NO HA SERVIDO Y NO SERVIRÁ mientras el sistema siga funcionando como hasta ahora.

Mientras sigamos siendo simples engranajes funcionales en esta gran maquinaria de triturar humanos, nada va a cambiar, todo seguirá igual, excepto por una cuestión: los pobres serán más pobres y los ricos serán más ricos. Como cada sexenio, como cada vez que se llama a salir a votar para “cambiar el rumbo del país”... Vaya comedia tan trágica.

“Si votar sirviera de algo, no nos dejarían hacerlo:”
-- Mark Twain --

Lalo Mandragore

facebook.com/DEIMOS.GORE 

Rocío García Olmedo

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22 de junio de 2021

Palabra de Mujer

Convertida hoy, como muchos y muchas de Ustedes en los nuevos enemigos del señor Presidente porque formamos parte de la “clase media” que aspiramos, que leemos, que estudiamos y que hemos trabajado duro para tener una vida mejor. Y siendo parte de ese sector de la población que somos las mujeres, “aspiracionistas” natas y permanentes, impulsoras de nosotras mismas y de nuestras hijas e hijos, como lo fueron nuestras madres y nuestras abuelas, para inculcarles ser los mejores y las mejores en lo que sea que se dediquen en sus vidas; pero que además, formo parte de esos muchos colectivos de mujeres organizadas que luchamos por avanzar en nuestros derechos, lo que tampoco le gusta nada al Presidente. Por encima de todo ello, es importante hacer un análisis también, de lo obtenido por las mujeres en la pasada elección.

Sin duda hay avances, más de 71 mil mujeres hicieron campaña para un cargo de elección popular. 6 gobernadoras fueron electas, Baja California, Colima, Tlaxcala, Campeche, Chihuahua y Guerrero. Logro muy significativo a pesar de la forma en que fue postulada la gobernadora electa de Guerrero. 246 mujeres diputadas federales de las cuales 140 llegan por la vía de la mayoría relativa, el 49.2% del total de la Cámara de Diputados y Diputadas. En los 30 Congresos locales se logra incrementar su inclusión en un 50%, 15 Congresos locales incluso tendrán mayoría las mujeres, en el Congreso de Puebla de 41 diputaciones 20 corresponderán a mujeres. Aun cuando en el nivel municipal avanzamos, todavía hay un gran pendiente. En Puebla solo 39 mujeres serán presidentas municipales.

Cuantitativamente avanzamos, sin duda el impulso legislativo en materia de paridad fue determinante para este impacto positivo en el número de mujeres que ocuparán cargos de representación política. Ahora esperemos a observar cómo ejercen dicha representación en el ejercicio de sus mandatos para estar en disposición de medir lo cualitativo, porque como bien se ha dicho “cuerpo de mujer no asegura conciencia de género” ya que hay muchos pendientes hasta para regresar programas que ya habíamos conquistado y que han sido retirados por este gobierno, así como mejorar programas y acciones de gobierno para otras mujeres.

Sin embargo, la problemática a la que se enfrentaron y enfrentarán en el ejercicio de su cargo todavía está lejos de ser resuelta, la parte estructural hay que seguir trabajándola, continuar previniendo las violencias políticas que se ejercen, pero fundamentalmente para generar las acciones para atenderla y continuar incidiendo en la normativa para sancionarla.
Faltantes todavía muchos. Hemos sido testigas y testigos de los niveles de violencia que se vivieron en este proceso electoral dentro y fuera de los partidos políticos, las campañas demuestran lo expuestas que están las mujeres a cualquiera de los tipos de violencias y la enorme inequidad que todavía existe.

Se contabilizaron más de 80 asesinatos, de los cuales 32 eran ya candidatos o habían anunciado sus aspiraciones. Para el estado de Puebla, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó de 398 casos de seguimiento de agresiones a candidatos en el actual proceso electoral, cuatro en Puebla, 13 asesinatos y 11 privaciones temporales de la libertad.

Aun cuando se estableció el Acuerdo del Consejo General del INE y en el estado de Puebla incluso lo estipula la normativa, no fue cumplida por los partidos políticos la obligatoriedad de que los candidatos postulados no estuviesen en alguno de los supuestos conocidos como 3de3 y en esto como bien señala la Abogada Andrea Medina, “aunque no exista una sentencia, los partidos deberían tener un mayor sentido ético y no presentar a candidatos que estén denunciados”. Se volvieron a presentar desde los partidos políticos obstáculos para la participación de las mujeres, desde la falta de entrega de formatos para registrar aspiraciones hasta el apoyo económico.

Es necesario revisar también con mucho cuidado, el tema de usurpación de identidad de género, sucedió en Oaxaca en 2018 y acaba de suceder en Tlaxcala en este proceso, hombres que se hacen pasar por mujeres para que vía el cumplimiento del principio de paridad sean postulados, este vacío jurídico hay que abordarlo, como también la inclusión de la delincuencia organizada en el proceso electoral. Hay también que seguir empujando la obligación de integrar la base estadística nacional de violencia política contra mujeres por razón de género.

Se avanza sí, pero se tiene que continuar perfeccionando la inclusión de mujeres a efecto de no permitir que se agudicen las desigualdades y las violencias. Ajustaremos la estrategia a seguir y continuaremos impulsando la agenda de la igualdad de las mujeres, porque aunque no guste a este gobierno fallido, “aspirar” es motor en la vida de todas nosotras las mujeres.

Sí, formamos parte de esa “clase media” que aspiramos, que leemos, que estudiamos y que hemos trabajado duro para tener una vida mejor. La diferencia está en que nuestro objetivo es: lograr todos los derechos para todas las mujeres.

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@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com

René Sánchez Juárez

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22 de junio de 2021

Después de las elecciones del 6 de junio donde se eligieron más de 3,500 cargos de elección popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría una propuesta de reforma electoral, donde lo más trascendente sería la eliminación de las 200 diputaciones de representación proporcional.

Estos espacios se generaron después de las elecciones de 1976, cuando el PRI como partido hegemónico ganó la presidencia con José López Portillo quien fue candidato único, uno de los episodios más oscuros de nuestra democracia. La reforma de 1977 aprueba la Ley General de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y se crean 100 diputaciones de representación proporcional (RP) y 300 de mayoría relativa. Fue hasta 1982 cuando aumentaron a 200 de RP.

La esencia de las diputaciones de representación proporcional es otorgar voz y voto a las minorías opositaras en el poder legislativo y que participen en la toma de decisiones del país.

Durante años ha estado en el debate público la disminución del número de diputados, por el costo tan elevado que representan al erario; su poca legitimidad, ya que su cargo depende más de la decisión de un partido que de los ciudadanos; así como la mínima confianza que generan entre la ciudadanía.

Como toda reforma electoral se da después de una elección polémica, por ejemplo, después de las elecciones del 88 en 1990 se crea al IFE, como un instituto autónomo; este año AMLO propone una nueva reforma donde establece “democratizar” los comicios, eliminar los plurinominales, reducir costos y renovar a los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Pero ¿qué pasaría si no existieran los plurinominales con unos resultados como los del pasado 6 de junio? Morena hubiera obtenido 123 escaños; PAN 70; PRI 30; PRD 7; PVEM 31; PT 32 y MC 7; mientras que con los diputados de RP Morena obtuvo 199; PAN 111; PRI 70; PRD 15; PVEM 43; PT 39 y MC 23.

Si se eliminaran las 200 diputaciones Morena y aliados tendrían una mayoría del 62% y ahora tendrán el 56%, la oposición sólo tendría el 38% mientras que ahora tiene el 44%, por lo que sólo necesitaría unos cuantos votos más para obtener la mayoría calificada.

Todo indica que una posible reducción de diputaciones plurinominales beneficiaría al presidente y a su proyecto político, si es que se mantiene en las preferencias.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo, sindicalista y catedrático de la BUAP.

Redacción

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19 de junio de 2021

Garantizar el respeto a los derechos humanos requiere, además de reformas constitucionales, medidas adicionales como funcionarios formados en ese campo, instituciones que actúen de conformidad con estos preceptos, así como compromisos institucionales y sociales; es decir, un Estado en sintonía con los cambios en la Carta Magna, coincidieron en señalar expertos universitarios.

Durante el Congreso Internacional “El impacto de las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo 2011-2021”, organizado por los institutos de investigaciones Jurídicas (IIJ) y Filosóficas (IIF) de la UNAM, quedó de manifiesto que los cambios en la materia transformaron diversos ámbitos del país. Se trata de un nuevo paradigma para continuar con el estudio del Derecho en México.

En la sesión inaugural del encuentro, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, expuso que cobra importancia revisar y evaluar el impacto de las reformas constitucionales a una década de su existencia.

“La distancia entre el país legal y el real nos recuerda la naturaleza dinámica, social e histórica del Derecho, dentro de la cual podemos englobar su estudio, que se cultiva de manera tan importante en la Universidad”, así como su práctica ya que queremos impulsar la garantía y defensa de los derechos humanos.

Consideró que el debate y análisis fructífero dotarán de nuevas armas intelectuales y prácticas a fin de continuar con el estudio del Derecho y de sus mejores expresiones para cumplir con las garantías fundamentales, a lo que todos nos debemos.
 
Al hacer uso de la palabra, Pedro Salazar Ugarte, titular del IIJ, explicó que en el encuentro se analiza con visión multidisciplinaria el impacto de los cambios efectuados a la Carta Magna; se reflexiona con base en el contexto actual y en “uno que nos trasciende desde hace tiempo y que seguramente estará permanentemente vigente, y así debe ser, que es la perspectiva de género”.

Se prevé abordar también el juicio de amparo y la labor judicial, que es importante apuntalar, proteger y defender como un bastión clave para sostener a un Estado constitucional de derecho.
De igual manera, abundó, la dimensión de los derechos sociales que en el contexto pospandemia tienen relevancia: la protección del derecho a la salud, trabajo y vivienda.

También el litigio y la labor legislativa, otras dos aristas en las cuales impactaron de forma importante las reforma; la agenda académica, investigación y, en particular, la docencia: cómo se transformaron los planes de estudio, materiales y temarios con los cuales se transmite el conocimiento jurídico a las nuevas generaciones, y cómo se involucran en la agenda de investigación los temas relacionados con las reformas, entre otros aspectos, expuso Salazar Ugarte.

En su intervención, Juan Antonio Cruz Parcero, director del IIF, señaló: “Una parte importante de nuestra reflexión es entender los límites de la reforma, de nuestras estrategias para la protección integral de los derechos humanos y ver qué falta por recorrer. Ahí, como universitarios, tenemos el compromiso y la responsabilidad de seguir pensando en estrategias y detectar los aspectos donde el país no ha logrado mucho”, recalcó.

El universitario reconoció que el impacto de los cambios constitucionales ha sido considerable. “Ha transformado muchas de nuestras prácticas y visiones sobre el Derecho. En algún sentido, la incorporación de la idea misma de los derechos humanos ha sido piedra angular para repensar la ingeniería institucional y tratar de proteger los valores humanos más importantes”.

La reforma logró movilizar a la academia para generar una transformación que obtiene logros que no se habían conseguido en décadas. Hay mucho que celebrar y analizar, agregó.

Al hacer uso de la palabra, Pedro Salazar Ugarte, titular del IIJ, explicó que en el encuentro se analiza con visión multidisciplinaria el impacto de los cambios efectuados a la Carta Magna; se reflexiona con base en el contexto actual y en “uno que nos trasciende desde hace tiempo y que seguramente estará permanentemente vigente, y así debe ser, que es la perspectiva de género”.

Se prevé abordar también el juicio de amparo y la labor judicial, que es importante apuntalar, proteger y defender como un bastión clave para sostener a un Estado constitucional de derecho.
De igual manera, abundó, la dimensión de los derechos sociales que en el contexto pospandemia tienen relevancia: la protección del derecho a la salud, trabajo y vivienda.

También el litigio y la labor legislativa, otras dos aristas en las cuales impactaron de forma importante las reforma; la agenda académica, investigación y, en particular, la docencia: cómo se transformaron los planes de estudio, materiales y temarios con los cuales se transmite el conocimiento jurídico a las nuevas generaciones, y cómo se involucran en la agenda de investigación los temas relacionados con las reformas, entre otros aspectos, expuso Salazar Ugarte.

Magdalena Cervantes Alcayde, cocoordinadora del Congreso, recordó que el 6 y 10 de junio de 2011 se aprobaron dos reformas constitucionales de relevancia: en materia de amparo y de derechos humanos, respectivamente. Su alcance fue amplio porque se reconocieron los derechos humanos que están en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, y se incluyeron los principios para su interpretación.

Se especificaron las obligaciones de las autoridades con respecto a las garantías inalienables; se establecieron los principios con base en los cuales debían garantizarse, además de la obligación adicional del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, y cuando ocurrieran el deber de investigarlas, sancionarlas y repararlas. En tanto, la reforma de amparo amplió su uso en caso de afectar las garantías individuales reconocidas en tratados internacionales.

En un país como México, con una tradición constitucional fuerte, podría pensarse que eso sería suficiente para propiciar un cambio profundo en la situación de las garantías fundamentales; sin embargo, hace 10 años no se ponderó adecuadamente que un aspecto es el reconocimiento constitucional y otro su concreción jurídica en las normas inferiores, políticas públicas, presupuesto y cotidianidad social. Incluso, la reforma implicó un cambio cultural de gran calado que no se procuró, opinó Cervantes Alcayde.

Dicha reforma fue el resultado de un gran acuerdo político que se limitó a cambiar la norma constitucional. Sin embargo, de no desarrollarse los postulados constitucionales corren el riesgo de ser promesas programáticas, lo que provoca un divorcio entre el país legal, establecido en la Constitución, y el real, concluyó Magdalena Cervantes.

Boletín UNAM-DGCS-516/2021