Política
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02 de agosto de 2021

En este inédito ejercicio democrático los ciudadanos tuvimos la oportunidad de participar de otra forma en las decisiones públicas del país independientemente de las elecciones de cargos de representación.

La iniciativa de enjuiciar a los expresidentes de los últimos sexenios surge de la ciudadanía por lo que iniciaron con la recolección de firmas; pero es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envía la propuesta al poder legislativo para su aprobación. El poder judicial a través de la Suprema Corte elaboró la pregunta y se establece que sea el INE que se encargue de la logística de la consulta.

El costo de la consulta, de aproximadamente 500 millones de pesos limitó fuertemente la difusión, así como la instalación la casillas receptoras y recursos humanos destinados al ejercicio democrático. El presupuesto utilizado ya estaba en manos del Instituto Nacional Electoral desde inicios del 2021. Solamente de multas el INE este año recaudará 1,203 millones de pesos a los partidos políticos, poco más del doble del costo de la consulta.

De acuerdo con los resultados rápidos el INE estima una participación entre el 7.09 y 7.74%, y de acuerdo con la Ley de Consulta Popular para que sea vinculante se requiere un 40% del listado nominal haya participado. Por lo anterior, no es posible iniciar investigaciones a los expresidentes.

En gran mayoría se preveía que el “SI” resultara ganador, se encuentra un rango entre 89 y 96%; el “NO” entre 1.38 y 1.58% por último los nulos entre 2.19 y 9.21%

Independientemente de los resultados, fue evidente la poca difusión de la consulta ciudadana, una veda electoral de 15 días, la desinformación en redes sociales por actores políticos de la oposición al gobierno federal, la apatía política debido a la desconfianza de los partidos políticos lo que generó una amplia abstención.

Estos ejercicios democráticos deberían ser concurrentes con las elecciones de cargos de elección popular para asegurar una amplia

participación y que fomenten la cultura política de los mexicanos que han perdido la confianza en las instituciones.

Después de estos resultados el próximo ejercicio democrático podría ser la revocación de mandato que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar a los ciudadanos si estamos o no de acuerdo en que continúe en el cargo ¿será que después de esta poca participación se anime a llevarla a cabo?

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.
02 de agosto de 2021

Palabra de Mujer

Envueltos en el “llueva, truene o relampaguee” “no me importa que la mayoría piense en no regresar” y el “no quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden” todo dicho por…ya saben quién; llegó el día de la consulta popular la primera legal que cubre requisitos constitucionales y que el mismo presidente López Obrador provocó y en la que ni él votó, y que como se esperaba no obtuvo los resultados suficientes para ser vinculante.

Se requerían 37.4 millones de votos, en unos días más conoceremos los resultados finales, aunque de antemano si somos sinceros, no se sabía bien a bien la ruta que se seguiría si se hubiesen logrado ¿habría tenido esa pregunta realmente un alcance jurídico? Yo pienso que no.

Por eso me parece muy lamentable que un acto constitucional que como bien se ha dicho, pudo ser un hecho histórico por sí mismo, haya sido convertido en un show desvirtuando totalmente el objetivo para el cual fue creado este mecanismo de democracia participativa.

Hoy, la mayoría de los mexicanos y las mexicanas tenemos claro que si realmente se quisiera erradicar la corrupción y la impunidad, tan sólo deben tenerse los elementos de prueba suficientes que sostengan las denuncias contra quien sea, para iniciar las carpetas de investigación, y proceder a hacerlo “porque el que acusa prueba”; pero como ha sucedido durante estos tres años para el gobierno morenista todo se trata de un show, por eso no presentan denuncias, aunque me parece, que la credibilidad se les agota y deberán ir pensando en hacerlo realmente, porque la declaración reciente del Secretario Almirante “… déjenme decirles, porque es algo muy cierto: México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción” es devastadora.

Inmersos en este show los temas de alta importancia no son atendidos. Así como pasó desapercibida la publicación de la extinción del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) dejando en estado de indefensión a los estados de la República que podían contar con apoyos financieros para el auxilio y asistencia de situaciones de emergencia; así también no se conoce de alguna acción de gobierno que se esté desarrollando para atender a niños, niñas y adolescentes que han empezado a ser consideradas como víctimas. Más de 131 mil 325 de ellos y ellas, han perdido a su papá, a su mamá o a los dos, durante el tiempo que lleva esta pandemia, las expertas y expertos los colocan ya, como infancias desamparadas.

Lo que sí conocemos son declaraciones absurdas hechas por… ya saben quién: “a los jóvenes no les pega fuerte el Covid” cuando en datos oficiales se menciona que en esta tercera ola de pandemia, los protagonistas mayormente afectados son este sector de la población.

Pareciera que al gobierno federal morenista no le interesa proyectar las políticas públicas para atender la enorme problemática que se presenta en niñas, niños y adolescentes: una brecha educativa que aumenta y está afectándoles desproporcionalmente; qué decir de los niños y niñas discapacitados o con necesidades educativas especiales; o el deterioro que ha tenido la niñez durante el confinamiento en los hábitos de salud que les convierte en los más vulnerables; o los obstáculos que la contingencia ha generado para protegerles de tantos y nuevos casos de violencias en su contra; o el agravamiento de la pobreza por la falta de empleo en las familias que afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes; señalamientos, que viene colocando en foco rojo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

A todo ello ¿El gobierno federal, que está haciendo? ¿Y en Puebla qué se hace al respecto?

¿Dónde queda el interés superior de la niñez en México?.

Pero eso sí, la etapa de echar culpas ha iniciado y durante algunos días ese será el tema desde el púlpito presidencial, y lo hará por supuesto contra el Instituto Nacional Electoral, desacreditándolo e intentando desaparecerlo, porque el próximo año hay revocación de mandato y todas y todos seguro que saldremos a votar; o hasta que haya una nueva ocurrencia -sin dejar el anterior ¡claro!- porque está visto que el show continuará…

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@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com

 

28 de julio de 2021

Recordemos que en este espacio se dio seguimiento a las decisiones que tomaron los consejeros del INE respecto a la fiscalización que hicieron al senador Salgado Macedonio en su campaña, lo que derivó en retirarle el registro como candidato a gobernador del estado de Guerrero, observaciones que fueron por 19 mil pesos.

Ahora después de la jornada electoral los consejeros están multando por 55 millones de pesos al gobernador electo de Nuevo León Samuel García por recibir apoyo por parte de su esposa, quien se desarrolla profesionalmente como influencer. Lo anterior sumado a que también recibió dinero de su madre y hermanos y éstos a través de tres empresas sospechosas.

Otro caso es la multa al partido verde por haber pagado 200 mil pesos a cada uno de los 104 influencers por promoverlos en el día de la jornada electoral y violando la veda electoral. La multa se estima en 40.9 millones de pesos. La falta anterior ya la habían cometido en otros procesos electorales, por lo que ya había un antecedente.

Después de la decisión del retiro de la candidatura de Salgado Macedonio, la credibilidad de los consejeros quedó en duda, por lo que ahora sí se pusieron muy estrictos para determinar las multas. Curioso que el propio Samuel García aceptó que su familia lo había apoyado con 20 millones de pesos a su campaña, cuando esto es totalmente ilegal. Y los consejeros hicieron caso omiso y hoy no piden que cancelen el proceso electoral, sino que solo les paguen.

Es previsible que Samuel García como el partido Movimiento Ciudadano acudan a instancias superiores a ampararse por esta decisión del INE, pero de proceder ¿quién va a pagarlo, Samuel o MC?, ¿se investigará a sus familiares y las empresas que utilizaron para la triangulación del dinero? En el caso del partido Verde, ¿qué procederá si lo vuelven a hacer?

Se necesita legislar en la nueva reforma electoral sobre los recursos y sobre todo que haya certidumbre para los participantes y congruencia de los consejeros, porque por un lado dejan sin candidatura a un ciudadano por 19 mil pesos y por otro avalan el triunfo de otro que trianguló 20 millones a través de empresas y familiares.

O será que las multas impuestas son para financiar los altos sueldos y privilegios de los consejeros que se negaron a acatar las disposiciones del presidente para que nadie de la administración gane más él.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

BOGOTÁ D. C., 30 de julio de 2021 — Agencia de Noticias UN-

Así lo expresa la doctora Carolina Corcho, médica psiquiatra, magíster en Estudios Políticos, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, coautora de la Ley Estatutaria y de la Ley de Residencias Médicas, en el marco de la charla “Ley Estatutaria en Salud: doctrina jurídica, balance y perspectivas de su reglamentación”, desarrollada como parte de los Diálogos Convergentes liderados por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Según la doctora Corcho, otra de las formas para llegar a esa nueva reglamentación de la Ley se haría desde el poder ejecutivo, el cual tendría que derogar todos los decretos y barreras que impiden el acceso equitativo al derecho a la salud y que se habrían construido de forma anticonstitucional.

Agrega que “también nos queda la vía judicial, por medio de la demanda de esas reformas y decretos, aunque es un proceso que tomaría muchos años, ya que en el caso de la tutela se analiza caso por caso. Desde el Estado no se podrá construir ningún cambio sin que la sociedad misma incorpore los movimientos sociales de base; la ciudadanía y la academia también deben dar su propio concepto de este derecho fundamental”.

Aprendizajes de la pandemia

Según algunos de los ponentes invitados al conversatorio, una de las principales evidencias que deja la pandemia en cuanto al funcionamiento del actual modelo del sistema de salud es que los agentes privados mostraron su fracaso para enfrentar la emergencia sanitaria.

“Cuando se privatiza un sistema, se pierde la rectoría de la autoridad sanitaria. Eso se vio en los picos de la pandemia, en los que los particulares administrativos del sistema de salud fueron incapaces de gestionar unidades de cuidado intensivo (UCI). Muchos pacientes perdieron la vida porque no había una rectoría que tuviera el control eficaz y que garantizara el acceso a las UCI para todas las personas”, señalaron.

El otro gran fracaso que mencionan los ponentes tiene que ver con la poca efectividad para hacer pruebas de rastreo y seguimiento de la enfermedad en el país, donde entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico, pueden pasar hasta 18 días.

Para ellos, “esta labor se dejó en manos de las EPS, que solo se enfocan en los pacientes sintomáticos, lo que explica las altas tasas de mortalidad por millón de habitantes en el país, Por eso se hace necesario una reforma estructural del sistema de salud, que es insostenible en las condiciones actuales”.

Casos de éxito en Latinoamérica

Uno de los casos referentes en Latinoamérica, con un sistema de salud universal y estable, es el legislado en Brasil, que cuenta con un sistema público y universal de salud, que atiende a toda la población brasileña y que es financiada con recursos públicos federales, estatales y municipales. Este, además, cuenta con servicios privados de carácter complementario.

“El país cuenta con un sistema privado organizado por seguros de salud, un plan ofrecido por contraprestaciones financieras para las clases altas y con más recursos, en el cual hay cerca de 50 millones de personas, mientras que al sistema público están vinculadas unas 170 millones”, señala el profesor Fernando Aithan del Departamento de Política, Gestión y Salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo (Brasil).

Destaca además que lo interesante de este sistema del vecino país es que organiza todos los sistemas públicos de salud que son pagados por cuenta de los agentes estatales, federales y municipales, los cuales aseguran los recursos apartando el 10, 12 y 15 % de su presupuesto anual para la salud, respectivamente.

“Nuestro sistema de salud tiene como principios la universalidad, la participación comunitaria, la promoción de la igualdad de acceso, la equidad, los servicios públicos, la promoción, prevención y recuperación de la salud, la regionalización y la jerarquía”, asegura.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

 

28 de julio de 2021

Palabra de Mujer

Inicia una semana más en la que la Cámara de Diputados actual de mayoría morenista, y continúa siendo omisa, sigue demostrando complicidad, confirma su gran mentira de que “habían aprobado quitar el fuero” y violan lo establecido en la Constitución de la República. El interés superior de la niñez, es lo que menos les ha importado. Desde el mes de abril posponen y posponen el desafuero del diputado poblano Saúl Huerta acusado de violación sexual en contra de menores de edad, por lo que las autoridades judiciales siguen sin poder proceder en su contra a pesar de las pruebas aportadas.

Ahí justamente la importancia de que en la integración de los mandos de estos cuerpos colegiados se atienda para su conformación el Principio de Paridad. Hoy, la Junta de Coordinación Política que es el órgano colegiado de dirección política de la Cámara de Diputados que impulsa los acuerdos y los temas que se debaten, está conformada solo por dos mujeres que son coordinadoras de grupos legislativos de dos partidos políticos (MC y PRD), los restantes seis son hombres (morena, PAN, PRI, PT, PES, PVEM), incluido su presidente.

Lo comento porque seguramente si se hubiese cumplido el principio constitucional de paridad en su conformación, las diputadas mujeres incluidas en la Junta de Coordinación Política por haber sido designadas por sus partidos como coordinadoras de grupos legislativos, hubiesen incidido en apresurar el desafuero del diputado por la gravedad del señalamiento.

Por ello es el momento de observar y señalar que se cumpla con las normativas que obligan atender el Principio de Paridad.

En la Cámara Federal, a pesar de que en la próxima legislatura LXV, habrá 248 mujeres de un total de 500, la mayoría de coordinadores legislativos serán hombres. Morena, PRI, PT y PVEM ya los designaron; el PAN y el PRD pareciera que designarán también a hombres. De MC no se sabe aún.

En Puebla por lo visto en la Junta de Gobierno y Coordinación Política donde se “facilita la construcción de consensos y la gobernabilidad democrática en el Congreso” sólo habrá una mujer, la coordinadora del grupo legislativo del PT, los restantes siete, son hombres; a pesar de que en la LXI legislatura habrá 20 legisladoras mujeres y los restantes 21 serán hombres.

Sólo que el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso dice que los grupos legislativos deberán acreditar su formación y designar Coordinador y Vicecoordinador “procurando atender el principio de paridad de género en su designación”. Veremos pronto si los partidos políticos “procuran” hacerlo porque como estas designaciones les corresponden a los partidos políticos, simplemente no designan a mujeres en este que es el órgano plural y colegiado de toma de decisiones al interior del Congreso.

Sin embargo en el siguiente órgano de gobierno en importancia la Mesa Directiva, en donde también toman decisiones; la Ley Orgánica del Congreso de Puebla en el Capítulo I de la preparación e instalación de la Legislatura es muy clara, la fracción I del artículo 27 señala el exhorto a los diputados electos para que elijan la primera Mesa Directiva, “atendiendo el principio de paridad de género en su integración.”

Procurar y atender es muy diferente, así que deberán cumplirlo.

Mismo principio está previsto para formar las 35 Comisiones y los 5 Comités (fracción I del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Puebla), “formar parte de las Comisiones y Comités…atendiendo el principio paridad de género en su integración.” lo que deberá cumplir también la próxima legislatura.

Si bien más mujeres cuantitativamente hablando, no asegura que todas tengan conciencia de género, sí podrían incidir en condiciones de igualdad con sus compañeros hombres integrantes en las mismas comisiones y comités que es justamente donde se estudia, analiza, debate y aprueba en su caso, el trabajo legislativo de cada diputado y diputada y ello abonará en ese hilar fino con el que deberán conducir la ejecución de los acuerdos y los trabajos legislativos.

Poco a poco haciéndolo realidad en todos los órdenes, incluso desde el actuar de cada legislador o legisladora para que todos estos órganos colegiados y plurales se vean representados de manera igualitaria realmente e incidan en la toma de decisiones.

Sólo así podemos continuar hilando fino para adoptar el enfoque de perspectiva de género en todas las áreas del Poder Legislativo y mucho sin duda ayudará a lograrlo, la nueva Unidad de Igualdad de Género que deberá nombrarse en la LXI legislatura del Congreso poblano, de manera que las mujeres estén en todos los órdenes de gobierno tomando decisiones a favor de la igualdad, haciendo cumplir y perfeccionando la normativa que garantiza y protege los derechos de las mujeres y podamos exigir la atención urgente cuando se trate de atender el interés superior de la niñez o de cualquier otro tema, no sólo porque esté ordenado en las diversas normativas, sino por justicia.

@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com
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