Redacción

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BOGOTÁ D. C., 02 de junio de 2021 — Agencia de Noticias UN-

Así lo asegura la profesora Socorro Ramírez, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), experta en temas de relaciones internacionales e implementación de los acuerdos de paz, en la segunda sesión de “Convergencia por Colombia, ideas desde la universidad para diálogos constructivos”, en la cual se abordó la temática “De la protesta a las reformas. Movilización social a 30 años de la Constitución de 1991”.

“Los Acuerdos de Paz contemplan instrumentos precisos frente a asuntos que hoy también alimentan la movilización social en muchas regiones marginadas, especialmente en el campo, relacionados con la problemática de tierras y la dificultad del país para saber quién es dueño de qué y por qué, y para generar una defensa social y ambiental en esos territorios”, destaca la docente.

Al respecto Natalia Pava, representante estudiantil ante el Consejo Académico de los Estudiantes de Posgrado de la UNAL, agrega que también es importante reconocer que dentro de la sociedad colombiana existe un proceso de lucha desde el debate de los Acuerdo de Paz, pues es un proceso que quedó inconcluso y que llevó a muchas manifestaciones posteriores, como en el plebiscito, el paro nacional en 2018, 2019, y el actual.

Para el politólogo de la UNAL Farid Rondón, estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y joven investigador sobre temas de protesta social, “el silencio de los fusiles permite que demandas sociales sean escuchadas, pues aunque históricamente han estado presentes, no se habían logrado materializar en la agenda y muchas no habían sido escuchadas desde las regiones y zonas urbanas”.

Agrega que “un buen ejemplo es Cali, donde confluyen varios actores del conflicto armado y se muestra un poco cómo esas demandas sociales y esas reivindicaciones permiten una apertura democrática en el país que, como lo señalan, puede terminar tanto para bien como para mal”.

Además defiende el hecho de que los Acuerdos de Paz plantean la protesta social como un mecanismo para tramitar las demandas sociales, lo cual implica la implementación del Acuerdo y la resolución de las actuales demandas sociales y territoriales como garantías en la participación ciudadana.

Un territorio, una realidad

El politólogo de la UNAL señala que el papel de los territorios en todo el país debe ser visto de forma individual, es decir que cada zona tiene sus propias demandas y debe ser escuchado de forma diferente dentro de sus propios mandos.

Al respecto, la profesora Ramírez menciona que “si Colombia logra un enfoque diferencial que tiene en cuenta esa diversidad cultural del territorio nacional, una mirada integral desde distintos actores con estas problemáticas, está logrando unas condiciones de reconciliación y convivencia democrática que son decisivas”.

Según la docente, parte de las dificultades para negociar en las movilizaciones actuales radican en la limitación de la política nacional para dialogar, construir consensos para ser capaz de escuchar distintos puntos de vista y propuestas, así como necesidades particulares y tener la capacidad de generar una necesidad de atención.

“Esas múltiples voces que se escuchan en las movilizaciones muestran que existe una crisis de representación que afecta la presencia democrática, por lo que es fundamental que ese otro capítulo del Acuerdo de Paz –que tiene que ver con la apertura democrática y que abrió posibilidades enormes– permita generar soluciones en una coyuntura como esta, agravada por la pandemia”.

Estos diálogos son una estrategia de aproximación a la sociedad que forman parte de la iniciativa Convergencia por Colombia  (https://convergenciacolombia.unal.edu.co/), que en esta segunda sesión abordó temas relacionados con la importancia de implementar el Acuerdo de Paz como un mecanismo para mejorar la calidad de la democracia; el Estado social de derecho, la protesta social y la fuerza pública; y el Estado social de derecho, la Constitución Política de 1991 y la calidad de la democracia.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

Redacción

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BOGOTÁ D. C., 26 de mayo de 2021 — Agencia de Noticias UN-

Hace 30 años la Carta Magna le apostó a la democracia participativa, a la descentralización y a la autonomía, por lo que esta sería una oportunidad para que la democracia callejera confluya en escenarios de democracia local y regional. Por ejemplo, se podría pensar en la posibilidad de un cabildo abierto u otras instancias participativas en Cali, Cauca o Bogotá, señaló el jurista.

Lo esencial es permitir que la democracia callejera se encuentre con las instituciones, “creo que a la democracia sin democracia callejera le falta vigor, pero si esta última que no confluye en decisiones institucionales genera problemas complejos”.

Según el experto, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), aunque positiva, la diversidad de voces genera un problema de representatividad en las negociaciones y una necesidad de conversaciones a múltiples niveles.

Precisamente el problema de los liderazgos ha hecho que el Gobierno afronte tardíamente la crisis planteando espacios de diálogo y que se evidencien dificultades de articulación en las demandas de los promotores del paro para salir de la crisis.

El momento de las universidades

Menciona además que la multiplicidad de actores y de demandas hacen necesarias otras expresiones: de una parte se encuentran los escenarios de democracia local, y por otro las universidades pueden adquirir un enorme protagonismo.

“En ese sentido, valoro que la rectora Dolly Montoya Castaño haya tomado la iniciativa de que la UNAL se involucre activamente en la discusión de los temas asociados con este paro, pues estas instituciones pueden ofrecer distintos escenarios desde su experiencia, ya sea para generar soluciones, como espacios de diálogo o como garantes de lo pactado”, manifestó el profesor Uprimny.

Dicha iniciativa, conocida como Convergencia por Colombia, reúne propuestas ciudadanas para salir de la crisis. La iniciativa surge a partir de la “Carta universitaria a la nación colombiana”, que inicialmente contó con la participación de siete universidades públicas y privadas, a la que se sumó una propuesta de representantes de la sociedad civil para enfatizar en la participación de los jóvenes, y que se puede resumir en los siguientes ejes:

-Fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la  Constitución Política de 1991.

-Derecho a la salud y sistema de salud.

-Estado de derecho, protesta social y fuerza pública.

-Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia democrática.

-Juventud y ciudadanía ampliada.

-Pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente.

-Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento.

Protestas inéditas

El país vive una movilización democrática muy intensa y diversa que hunde sus raíces en una serie de problemas acumulados no resueltos de la sociedad colombiana, como la profunda desigualdad y la pobreza extendida.

Para el jurista Uprimny, “la actual movilización social se ha visto dinamizada por el actual Acuerdo de Paz. Este permitió que el debate público no fuera solo por el tema de orden público y la guerrilla, sino que surgieran problemas acumulados y se expresara, por eso estas movilizaciones empezaron con mucha fuerza en 2019”.

Se trata de protestas inéditas para la sociedad colombiana, pues este no era un país con amplias movilizaciones como sí lo han sido otras naciones latinoamericanas. “Esto es positivo: la democracia callejera puede profundizar, dinamizar las democracias electorales, y se podrían convertir en un reforzamiento de la democracia colombiana” afirma el profesor.

Según el experto “las movilizaciones también evidencian una sociedad polarizada, con lecturas diversas de la movilización. Por un lado, aunque se hayan presentado actos vandálicos y organizaciones criminales que quieren pescar en río revuelto, es esencialmente pacífica, popular, que expresa la insatisfacción de los jóvenes, quienes juegan un papel protagónico. De otra parte están quienes las ven como un problema de orden público, con represión fuerte y uso desproporcionado de la fuerza”.

Agrega que “la continuación de las movilizaciones sin salidas claras y con bloqueos podría desencadenar riesgos de regresiones autoritarias muy complejas”.

Los aportes del profesor Uprimny al debate nacional fueron abordados en el programa Punto Crítico, de UN Televisión, presentado y moderado por el profesor Carlos Alberto Patiño, director del Instituto de Estudios Urbanos de la UNAL.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

Rocío García Olmedo

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28 de mayo de 2021

Palabra de Mujer

A pregunta expresa sobre la venta de niñas que aún prevalece en muchas zonas indígenas del país, la respuesta del presidente López Obrador hace unos días fue: “no deben estigmatizarse a los pueblos indígenas, también se da en la clases altas.”

Estas indignantes e irresponsables declaraciones por supuesto que generaron un rechazo generalizado derivado de que históricamente con el pretexto de los “usos y costumbres” se han violentado derechos de las mujeres y de las niñas.

Estas prácticas retrógradas no pueden ni deben ser “favorecidas” con declaraciones tan lamentables. Pareciera inconcebible y hasta poco creíble escucharlas en la voz del primer Morenista de este país, ya que contribuye a normalizar éstas prácticas que violan derechos humanos.

Durante muchas décadas la ruta ha sido la construcción de derechos para detener la venta de niñas, para prohibir el matrimonio infantil, la trata de personas, en suma, para erradicar todas estas prácticas aberrantes.

A nivel internacional, desde la Convención de los Derechos del Niño (1989) -ratificada por México en 1990- que “obliga a los Estados Parte a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes ante las distintas problemáticas a las que se enfrentan en los ámbitos de su vida; los reconoce como sujetos plenos de derechos y establece la obligación de todas las instituciones públicas y privadas de implementar las medidas necesarias que garanticen su protección contra toda forma de discriminación y siempre en beneficio de su interés superior.” Posteriormente en el año 2000 aprobando dos Protocolos facultativos: el Protocolo facultativo a la Convención concerniente a la implicación de los niños en los conflictos armados, y el Protocolo facultativo a la Convención concerniente a la venta de niños, la prostitución y a la pornografía, poniendo en escena a niños.

En México, con las reformas constitucionales a los artículos 4o. y 73 fracción XXIX-P en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia (2011), la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2014) y posteriormente las leyes estatales en esta materia, con las que se inicia una nueva etapa de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, creando un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para efectos de coordinación nacional de acciones.

En el estado de Puebla como en el resto de las entidades federativas, desde la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla (2007) reformada en 2013, y posteriormente la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Puebla (2015).

Esfuerzos que por lo visto desconoce el presidente López Obrador, o no quiere reconocer, como lo hace desde el inicio de su gobierno, evidenciando claramente que no sabe que esta regulación establece además obligaciones para el Estado mexicano, a efecto de que garantice su observancia y respeto.

Ante la ausencia de políticas públicas de prevención y especialmente de atención, Save the Children, hace unos días emite una carta abierta al gobierno mexicano para que en término de sus obligaciones, actúe en contra de la prevalencia de la práctica de “venta de niñas” que ha venido documentándose en el estado de Guerrero, – práctica existente también en otros estados de la República- exigiendo la articulación de las autoridades para atender esta situación que por supuesto como menciona la Carta Abierta: “Como lo muestra la evidencia, no es un tema de “usos y costumbres” como se suele presentar, sino arreglos de violencia adulta tolerados y propiciados por la complicidad de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales.”

La respuesta del presidente indignante e irresponsable, contribuye sin duda alguna, a normalizar éstas prácticas que violan derechos humanos, solamente que “La ignorancia de la ley, no exime su cumplimiento”

El gobierno federal no puede ser omiso ante estas prácticas aberrantes que se ejercen en contra de las niñas en este país, tiene que cumplir con la ley.

Sin duda cada día que pasa se acumulan nuevos elementos que obligan a reflexionar acerca de la ruta equivocada que se impulsa desde el desgobierno Morenista para nuestro país.

No nos gusta lo que vemos, nuestra oportunidad para recomponer el rumbo es el 6 de junio vamos a aprovecharla. Les invito a votar por la Coalición PRI, PRD, PAN.

A Votar por el PRI

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@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com

Redacción

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24 de mayo de 2021

A pesar de que la sociedad contemporánea tiene acceso a un torrente informativo, no necesariamente se traduce en mejor información porque en redes sociales circula demasiada que no está verificada, coincidieron expertos reunidos por el Seminario Universitario de Transparencia (SUT), de la UNAM.

Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), destacó que uno de los pilares de los sistemas democráticos es contar con información amplia y veraz para ejercer un voto informado.

Para la experta el volumen de datos con los que se cuenta, de diversos niveles y distinta calidad, supera las capacidades humanas de ahí que “se debe avanzar en invitar a la población a buscar información verificada, que sepa a dónde dirigirse y esa es responsabilidad de los ciudadanos, no conformarse con lo que nos quieren dar los que participan en una contienda”.

García Calderón consideró que se debe generar una cultura con ciudadanos más críticos ante los procesos electorales, que no se dejen convencer fácilmente y busquen información que les permita tomar mejores decisiones.

Jacqueline Peschard Mariscal, coordinadora del SUT de la FCPyS, destacó que las campañas políticas son el espacio ideal donde los ciudadanos se informan de las distintas ofertas o perfiles de los candidatos, sus propias propuestas políticas o programáticas.

“Sin embargo, lo que hemos visto recientemente es que las campañas, lejos de ser lugares para informar a los ciudadanos, paradójicamente son lugares para trivializar los asuntos políticos, para poner candidatos que bailan, cantan o hacen algún tipo de performance en lugar de centrarse en los temas que a todos nos preocupan en el momento actual”, comentó durante el foro a distancia “¿Tenemos suficiente información para votar?”, organizado por el SUT y la Facultad.

En virtud de que existe esa carencia, la UNAM, el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos como Transparencia Mexicana han tratado de generar información de calidad que permita a los usuarios tener más información; no obstante, aún falta por hacer, añadió Fernando Castañeda Sabido, académico de la FCPyS.

“Ha habido un gran esfuerzo por generar órganos políticos donde se pongan razones u opciones fundadas para hacer algo o no. Es algo que se había venido logrando. Sin embargo, hemos venido perdiendo esto”, destacó el titular del proyecto Voto Informado.

Castañeda Sabido expuso que esfuerzos como el sitio https://votoinformado.unam.mx/ permiten a los ciudadanos de la Ciudad de México conocer quiénes son sus candidatos, a quienes se les invita a responder un cuestionario donde se les pregunta qué piensan sobre la democracia y otros temas de interés general.

Este ejercicio también se ha realizado en Sonora y Nuevo León, pues a través de la plataforma de la Universidad Nacional pueden pedir que los candidatos, que no lo han hecho, se sumen a este esfuerzo, añadió.

María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y participante en el proyecto Análisis electoral 2021, aseguró: no es culpa de la ciudadanía no comprender del todo la información, pues México tiene un sistema electoral muy complejo que ofrece numerosas opciones para resolver conflictos electorales, como se ha visto en los últimos tiempos.

“Es muy difícil entender qué decidió la autoridad electoral, por qué lo hizo y si está apegado a derecho. Lo que tratamos de hacer en el sitio https://analisiselectoral2021.juridicas.unam.mx/ es seguir estas resoluciones y, en dos cuartillas, explicar qué se resolvió, por qué y su importancia”, detalló la investigadora.

En el sitio, que se actualiza constantemente, los investigadores traducen las decisiones del Tribunal Electoral y acercan a las personas la información para que formen su propio criterio, por ejemplo es posible encontrar una explicación, lo más sencilla posible, de las razones por las cuales una candidatura como la de Félix Salgado Macedonio fue revocada, aseveró.

Esta labor la realizan expertos del IIJ, la FCPyS, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Tecnológico de Monterrey, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y continuará hasta el mes de agosto próximo.

En el foro también participó Cecilia del Carmen Azuara Arai, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, quien afirmó que en la actualidad se ha frivolizado la interacción de los candidatos con la gente, de ahí que la oficina de transparencia impulsa la plataforma “Candidatas y Candidatos, conóceles” (www.candidaturas.ine.mx).

Para este sitio electrónico se ha invitado a los partidos a ofrecer información como el nombre completo del candidato y el suplente, tipo de candidatura, entidad por la que contienden, edad, género, partido político, trayectoria, entre otros datos, con el objetivo de que la ciudadanía tenga un voto más informado.

Finalmente, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, enfatizó que los partidos políticos son similares a las grandes marcas comerciales que promueven a los aspirantes, pero no ofrecen en sus plataformas de internet herramientas que permitan al electorado comparar entre las diferentes propuestas que realizan.

Un ejercicio realizado por este organismo reveló que de los más de 90 millones de posibles electores, 66 millones no tienen acceso a una plataforma en la que puedan identificar a sus candidatos y, al menos, saber su trayectoria política.

“El modelo de información pública ya llegó al límite, se debe pensar en el 2024 que esté centrado en el elector y los mínimos de información que se deben asegurar en todo el país y que deben existir”, concluyó.

Boletín UNAM-DGCS-441/2021