
Así lo considera el historiador Álvaro Tirado Mejía, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien refiriéndose al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de Colombia, lo calificó de “acertado, serio y muy ajustado a la realidad que se vive en el país, como la distribución inequitativa de la riqueza y la falta de posibilidades”.
“Hay un problema social que no solo viene desde el gobierno del presidente Iván Duque, y mostrarlo no es negativo ni agresivo, simplemente es una realidad en la cual se trabaja y se han desarrollado varios debates”, indicó el docente Tirado, en el programa radial Análisis UNAL.
Al retomar el informe de la CIDH precisó que este apoya los derechos humanos y de esa forma hace un llamado de urgencia al Estado colombiano para que implemente un mecanismo legal que prohíba el uso de la fuerza local como recurso en las protestas.
“En Colombia la juventud seguirá con las manifestaciones sociales porque hay conflictos e inconformidades por resolver. Es un país con corrupción, en el que se violan los derechos de las mujeres, hombres y los grupos étnicos”.
Así lo afirmó por su parte Marco Romero Silva, director de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), profesor del Departamento de Ciencia Política de la UNAL, magíster en Ideas Políticas y la Comprensión del Mundo Contemporáneo, de la Université de Marne.
Mecanismos de seguimiento
Por otra parte, la CIDH continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales, desde mecanismos de seguimientos sobre las recomendaciones propuestas y además un reporte por las entidades del Estado y la comunidad civil con las nuevas manifestaciones.
El docente Romero expresa que “Colombia estuvo en el capítulo cuatro (es donde aparecen los Estados que tenían el peor récord de derechos humanos de todas las Américas) de los informes anuales de la CIDH por varios años”.
Hasta 2012, el expresidente Juan Manuel Santos logró que la Comisión sacara a Colombia por la ley de víctimas y por los procesos que se estaban avanzando en busca de caminos de paz.
El docente agrega que “los niveles de violación de derechos humanos en el contexto de la protesta social son muy altos y graves y esto mismo lo dijo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Lo importante, es que en el contexto de la paz y de la profundización de la democracia en Colombia, se tiene que reformar esa matriz histórica por un escenario en el cual las instituciones tienen que proteger la movilización social y no oponerse a ella dejando de estigmatizar todos los hechos vandálicos que incluso tratan de acabar los actos democráticos”.
Los docentes concluyen que “se debe buscar el espíritu de una manifestación no violenta, sino democrática, que sea la convivencia y los derechos humanos lo que prevalezca en las protestas por parte de la fuerza pública y la comunidad civil”.
Además se recomienda fortalecer esos espacios de democracia para que sirva como un camino en la solución de las problemáticas sociales, como está establecido en la Constitución Política de 1991.

Debido a que el propósito primario de la realización de los Juegos Olímpicos (JO) se ha ajustado solo a ejercerse como instrumento económico y geopolítico, el máximo evento deportivo del planeta requiere replantear sus objetivos.
En lo anterior coincidieron especialistas multidisciplinarios, quienes participaron en la mesa de análisis “Oro, Plata y COVID. Tokio: Las Olimpiadas de la pandemia”, convocada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
Sergio Varela Hernández, Socioantropólogo del Deporte, de la UNAM, y académico de esa entidad, recalcó la trascendencia histórica de la justa deportiva por sus obvias conexiones culturales.
“El capitalismo corporativo es ahora el que domina a los Juegos Olímpicos. En el ámbito deportivo, incluso, antes no había posibilidades de que atletas profesionales participaran, y ahora son cada vez menos amateurs”, señaló.
Debido a la pandemia, los JO que arrancarán el 23 de julio de este año no tendrán ganancias económicas, habrá perdidas y ante ello “le están apostando todo a la transmisión televisiva, que resulta ser uno de los elementos claves, para salvar los grandes costos que se han generado para la organización de este evento”.
En su oportunidad, Virginia Valdivia Caballero, académica de la FCPyS e Investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA) de la UNAM, mencionó que para esta edición se darán cita 206 países, además de la delegación de refugiados, 11 mil deportistas en 41 sedes de nueve ciudades niponas, en “un contexto socioeconómico inadecuado”.
Aunque serán los JO más tecnológicos de la historia, las protestas internas continúan y están relacionadas también con el ámbito de la seguridad sanitaria, la cuarta ola de la COVID-19 y la vacunación va lenta.
“La vacuna ha provocado resistencias: hasta el 1 de julio solo el 11.6 por ciento de la población nipona estaría inmunizada, en un sitio donde ha habido 799 mil casos de COVID-19, y en donde según las encuestas locales 80 por ciento de los consultados están en contra de que se realicen los juegos”, indicó.
¿Juegos Olímpicos S.A. de C.V.?
Otto Ulrike Amilcar Becerril García, académico del Centro de Estudios del Deporte (CED) de la UNAM, y exhead coach, de Pumas CU, planteó la posibilidad de que los JO modifiquen sus objetivos, porque “se da la explotación de los cuerpos de los atletas al ser la verdadera mano de obra que echa a andar la economía deportiva.
“Ese espíritu competitivo del deporte representa ahora el espíritu capitalista. Los JO, son el caballo de Troya del capitalismo bajo esa figura bella, noble y romántica del deporte, pero en realidad lo que está detrás de eso, es el lucro”.
Agregó que los beneficios que suelen asociarse a los JO, no son tangibles para los residentes una vez que pasan los eventos, debido a que varios de los costos los adquieren los gobiernos nacionales y locales. “Habrá grandes pérdidas y el Comité Olímpico Internacional será el menos afectado, pero los atletas recibirán, si acaso, menos del tres por ciento de manera global de todo lo recaudado”, destacó.
Matías Chiappe Ippolito, especialista de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Waseda en Japón, quien radica en Tokio desde 2015, constató que la sociedad japonesa se ha movilizado para externar su inconformidad por el evento deportivo.
“Desde que comenzó la pandemia aquí, el gobierno japonés ha salido todos los días a decir que sí se harán los Juegos Olímpicos, y así mantener esta idea que serían realizados. ¿Por qué opera de esta manera? Es debido a que Japón los hará para decir al mundo que sí hay vida después de la COVID”.

Así lo afirmó, la politóloga María Emma Wills, doctora en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad de los Andes, durante una charla organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
En dicho evento se analizaron las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril y que en la mayoría de las ciudades fueron protagonizadas por los jóvenes colombianos descontentos con el Gobierno y velando por derechos a la justicia, la igualdad, la educación, el empleo, la verdad y la paz, e intentando expresar que el futuro está en sus manos.
La falla se evidencia en las altas tasas de desempleo y en la deserción universitaria, pues desde 2016 el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) ha detectado una baja en el número de matrículas, incrementada por la pandemia de COVID-19 que obligó al cierre de los campus y espacios académicos presenciales.
De otra parte, según el DANE el desempleo juvenil alcanzó en 2020 la histórica cifra de 3 millones de jóvenes desempleados, de los cerca de 11 millones en el país.
La académica reiteró que tales indicadores muestran que “se les falló a los jóvenes porque este es un país con falta de oportunidades, inclusión, educación y protección juvenil para que desarrollen el concepto de proyecto de vida y lo amplíen hasta la definición de buena vida que cada uno tiene”.
Agregó que “los jóvenes son la semilla del Acuerdo Final de Paz, pero lo que existe hoy es una profunda decepción hacia un Estado autoritario, que ve en las organizaciones del orden la mejor forma de solucionar las grandes brechas entre la sociedad y el Gobierno”.
Mirada autoritaria no es la solución
Durante su intervención, la politóloga Wills dijo que en Colombia hay dos miradas absolutamente contrarias sobre cómo organizar el poder y la autoridad en el país, entendiendo que las fuerzas públicas están para preservar los derechos de la sociedad y no de las esferas privadas.
“Hay una mirada autoritaria que propone que lo más importante para mantener el orden es la obediencia y seguir unas normas y leyes, así tu no creas en ellas”.
En su opinión, esta matriz cultural tiene su fundamento en un concepto de que la seguridad es esencial para que “podamos vivir juntos, sin matarnos”. Esto hace que se priorice la seguridad sobre otro tipo de aproximaciones a los conflictos que hay en Colombia.
Indica que, de otro lado, hay una matriz que pone mucho más el énfasis en escuchar, si se quiere, a que el orden se sostenga sobre el consentimiento activo frente a la autoridad, en “esta segunda matriz vemos cómo para esas élites gobernantes lo fundamental es lograr y construir ese consentimiento y esas dos matrices, no hay puentes”.
Para la experta, se entiende que la mirada autoritaria ha dominado al país por mucho tiempo, y en momentos de grandes tensiones esa mirada no es la solución, lo fundamental es tener una seguridad sin homicidios, secuestros o violaciones.
“Lo que se debe lograr es que, más que diálogos de negociación con una mirada autoritaria, lo que hay que hacer es convencer a los sectores de que la ruta que tenemos para resolver las diferencias tiene que la ruta reformista”.
Propone además que entre esas dos miradas se habiliten mesas de diálogo para encontrar puntos de acuerdos hacia un camino más democrático, por ejemplo con una mayor redistribución a través de las políticas públicas de salud y educación.

Las imágenes que estamos viendo en los diversos medios de comunicación de lo que está pasando en Cuba, me llevó a imaginar la esperanza que seguramente motivaba en los cubanos Fidel Castro allá en el año de 1959, cuando inició como mandatario de ese país primero como primer ministro (1959-1976) y después como presidente de 1976-2008.
Esperanza seguramente muy similar a la que la mayoría de los mexicanos y mexicanas -hoy decepcionados- sentían ese primero de diciembre de 2018 cuando llega como presidente Andrés Manuel López Obrador, que día a día teje nuevas distracciones, de las que podrá echar mano el resto de su sexenio.
Se observa una vez más que no está bien el juego del semáforo que usan en la contingencia. Otra vez mienten y dan indicaciones contradictorias; por un lado, reconocen que ya entramos a una “tercera ola” de Covid, incluso documentan a varios estados de la República en números altos de contagios y a la alza el número de fallecidos, pero el color del semáforo lo mantienen sin cambio; al mismo tiempo, declaran que no hay marcha atrás, todos a las escuelas en agosto -dicen- y eso se traduce en la salida de estudiantes, madres, padres, abuelos abuelas, que los llevan a las escuelas; profesores, profesoras, trabajadoras administrativas, de intendencia, de las tienditas de todas las escuelas, de todos los niveles, agregando todo lo que ello representa; pero estamos en la “tercera ola” o ¿será que así pretendan contenerla?
Convertido en “destapador de corcholatas” como se autonombró el presidente, podría ser para cubrir la mentira que difunden respecto de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la primera consulta popular legal y legítima que se llevara a cabo en nuestro país basada en lo que marca la Constitución, pero que el presidente y sus súbditos desvirtúan al decir que es una consulta popular para juzgar a expresidentes y hasta ponen en sus lonas sus imágenes (por cierto les faltó la imagen del presidente López Obrador). Mentira, la pregunta que se debe responder con un sí o un no, es la siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"
Y al leerla la pregunta sería ¿Podría alguien no estar de acuerdo con ello? Estoy segura que no.
Como verán si mienten en la difusión de una pregunta inexistente, pienso que si hubiera un interés real de combatir la corrupción ¿Por qué el presidente López Obrador nunca inició las denuncias para integrar las carpetas de investigación en contra de los expresidentes que tanto menciona? Hubiera sido realmente esperanzador que lo hubiera hecho en los primeros días de su gobierno, con tantos años de querer ser presidente seguramente pudo acumular pruebas para demostrar sus denuncias, pero no.
Lo esperanzador es que como yo y seguramente para muchas, muchos, tenemos la lista de las decisiones que han tomado para pedir en su momento, se inicien procedimientos para esclarecer esas decisiones políticas erróneas del hoy presidente López Obrador y su gobierno, por ejemplo respecto al sistema de salud: las de la pandemia de Covid, las que dieron lugar para no comprar medicamentos para todas las enfermedades o por el desorden en la vacunación y en la compra de vacunas; o en materia de seguridad o en materia económica o por las violaciones sistemáticas a la ley, muchos temas hoy más lo que se acumulen, que sin duda serán merecedores de inicio de procedimientos.
Porque el tiempo sigue su curso y él presidente ya no es tan invencible como parecía, ya vimos lo que pasó en su territorio gobernado por él y por otros de su misma filiación, autollamados de “la izquierda” que han gobernado la ciudad de México desde 1997 -hace 24 años-. El pasado 6 de junio el pueblo demostró que se hartó.
Lo único malo de la destapada de las corcholatas es que, si de por sí no se ven resultados de gobierno, ahora se van a distraer con tanta descorcholatada y esperábamos que ahora sí, en la segunda parte del gobierno se gobernaría mejor y habría resultados. No será así. Lo que sí habrá y seremos testigos es que empezarán las peleas entre ellos para asumirse como el o la merecedora de la nominación del presidente.
La pregunta sería si el ejemplo cunde.
¿En los estados de la República que tendrán elecciones, también habrá “destapadores de corcholatas”?
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Ahora que le presidente de la República ha dado el banderazo de salida a “algunos” aspirantes del partido oficial a sucederlo en el gobierno. Que también nos anuncia que se convertirán en vendedores de gas y que incursionarán en el negocio de fertilizantes que por cierto ¿será que sirva esto como regulador del mercado? Ojalá, porque creo que ese es el objetivo, y no regresar a gobernar -como pareciera que ya lo hacen- así como se hacía en la era que tanto critican del siglo pasado.
Para ser sinceros creo que estamos en el camino de una involución que nos está regresando como a la 2ª o 3ª “T”.
Todo lo cual -según mi percepción- como es costumbre, solo sirve para la distracción de los diversos temas que se siguen acumulando en este nuestro país sin atención alguna; como la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores o que la inflación llegó en el mes de junio a 5.88% (INEGI); o de paso también sirva, para tapar los escándalos (así en plural) de la “familia real” los López Obrador y sus “préstamos” que piden para su hermano el Presidente de la República y que les da una persona ¿“prestamista”? que además ¡los graba!…increíble.
Así también, en Puebla ha iniciado la cuenta regresiva de la LX Legislatura, que si bien concluye en el último minuto del día 14 del mes de septiembre; los trabajos del último período ordinario terminan en esta semana, el día 15 de julio.
Lo comento porque si bien después de esta fecha se instala la Comisión Permanente, en términos del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso ésta sólo tiene facultades para “Dictaminar los asuntos que queden en trámite y que no requieran de la expedición de una Ley o Decreto” de manera que los pendientes de iniciativas o leyes turnados a Comisiones para su estudio y dictaminación, así se quedarán, en pendiente; a menos que durante este tiempo sea convocado un período extraordinario en el cual puedan enlistarse para su desahogo, por supuesto después de ese estudio y dictaminación en comisiones. Recordar que en período extraordinario, sólo se desahoga lo que es enlistado en el orden del día para el que es convocado.
Haciendo un recuento del trabajo legislativo en estos casi 3 años que iniciaron el 15 de septiembre del 2018, en datos del Portal del Congreso del Estado, se desahogaron 146 sesiones ordinarias -tal vez sumando 2 más para llegar al 15 de julio-; 56 de Comisión Permanente (tal vez 6 más se sumarán al 14 septiembre); 9 Extraordinarias (probablemente 1 período más, si dictaminan la Ley de Desaparecidos que está en espera desde hace un año, pero que ahora -dicen- se está en la espera de una nueva que ingresará del Ejecutivo según comentó la Diputada Tonantzin Fernández en la reunión con las madres y padres que conforman el colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla) y 10 Solemnes.
De 35 Comisiones Generales que int3egran este Congreso y que debieron sesionar cuando menos una vez al mes. No lo hicieron. Tan solo 7 cumplieron, las restantes sesionaron en número mucho menor al que marca la Ley Orgánica del Congreso (Artículo 122).
Las que sí cumplieron son: Gobernación y Puntos Constitucionales (50), Igualdad de Género (48), Procuración y Administración de Justicia (44), Salud (42), Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (38), Inspectora de la Auditoria Superior del Estado (32), Hacienda y Patrimonio Municipal (32), Derechos Humanos (30). Con lo anterior se entiende el porqué del rezago que queda en las Comisiones.
De 1, 433 Iniciativas presentadas, sólo 459 fueron aprobadas, 23 declaradas sin materia. Se presentaron también 840 Puntos de Acuerdo, se aprobaron 287 y se declararon sin materia 23.
De los 5 Comités integrados también por diputados/as, sólo uno el de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por obvias razones desahogó 25 sesiones.
Para mí un logro, el que se pudo permear la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento y atención a temas de garantía y protección de derechos para las mujeres. Al paso del tiempo, muchas, muchos legisladores, fueron poco a poco abordando cada vez más alguna normativa en esta materia, presentándose 198 Iniciativas en este rubro. Sólo se aprobaron 79.
Esta legislatura autodenominada “progresista” que contó por primera vez en la historia con una mayoría que decían era “la izquierda” en Puebla, deja un gran pendiente: el derecho de las mujeres a decidir.
La mayoría de legisladores y legisladoras del partido oficial hoy en el gobierno, decidieron no abordar la criminalización de las mujeres que interrumpen embarazos. No consideraron importante atenderlo.
No sólo ello, tampoco consideraron necesario atender la falta de procedimiento para los casos de interrupciones legales de embarazos aprobados en el Código Penal del estado como excluyentes de responsabilidad, a pesar de los datos terribles de violencias en esta entidad que tiene una Declaratoria de Alerta de Violencia en contra de las mujeres sin cumplir.
Así como estamos inmersos en la cuenta regresiva del mal gobierno del partido oficial.
Así en el Congreso de Puebla concluye la LX Legislatura.
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