Redacción

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23 de julio de 2020

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Durango, se sumó al Proyecto Mezquite, encabezado por la Universidad de Nottingham, Reino Unido, que busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de los grupos menos favorecidos que habitan en zonas áridas y semiáridas, mediante el aprovechamiento integral y sustentable del árbol del mezquite.

Al respecto, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el cuidado del medio ambiente es una acción crucial para asegurar la permanencia de los seres humanos en el planeta y desde el sistema educativo se promueve mediante el conocimiento científico y un pensamiento crítico.

Por su parte, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha subrayado que como institución del Estado mexicano, el Politécnico tiene entre sus principales compromisos contribuir a través de la formación, la investigación científica y tecnológica, la transferencia del conocimiento y la difusión de la ciencia y la cultura, a la consolidación económica, desarrollo y transformación de la sociedad mexicana.

Asimismo, los investigadores Juan Manuel Vigueras Cortés y Marco Antonio Garzón Zúñiga se involucraron para aportar sus conocimientos científicos y tecnológicos en la solución de problemáticas específicas de los municipios San Juan de Guadalupe y Lerdo, en Durango.

“En 2010 hubo una sequía extrema, los niños tomaban agua de un estanque donde bebían los animales, con el riesgo sanitario que eso representaba. Eso fue un detonante para encauzar los esfuerzos y donde el Politécnico se sumó porque tiene las herramientas para mejorar la calidad del agua”, expresó Vigueras Cortés.

Los profesores investigadores del Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología Integrada del Agua del CIIDIR Durango, a través del Estudio del uso del mezquite para mejorar el bienestar de las comunidades en zonas áridas y semiáridas del mundo, trabajan en el diseño tecnológico y la construcción depuradores de agua, creados con materiales filtrantes inertes y residuos de madera de mezquite.

El doctor Vigueras Cortés indicó que hay diversos sistemas y tecnologías para el tratamiento de agua; sin embargo, se busca aprovechar los recursos propios de las comunidades para su beneficio. “Tenemos que emplear los elementos que ellos mismos tienen, como algunas arenas, gravas, tobas y minerales que sirven como elementos purificadores e incluso el carbón del mezquite como material adsorbente; hay que tratar de desarrollar una tecnología ad hoc para ellos”, refirió el experto de la Academia de Ciencias Ambientales.

Con base en las características del agua en la región de Durango, los científicos evaluarán la calidad del líquido y realizarán pruebas para limpiarlo de partículas suspendidas, materia orgánica y organismos patógenos.

“El desarrollo tecnológico es para quitar los contaminantes de las aguas dulces y se planea colocar los filtros en cada vivienda porque no cuentan con distribución domiciliaria”, comentó el académico.

Otras líneas de estudio del CIIDIR Durango en el Proyecto Mezquite son investigar las propiedades de este árbol para el saneamiento de aguas contaminadas, generar sistemas de sanitación de agua con desechos de mezquite y aumentar el conocimiento de las ocho especies nativas en México mediante el estudio de sus propiedades nutricionales.

“Nosotros les damos la opción de sacar un mejor provecho del árbol a través de un desarrollo sustentable utilizando la vaina y la goma en productos comestibles, así como buscar la aplicación de subproductos del mezquite para tratar el agua de lluvia almacenada en bordos y represas para uso y consumo humano, en comunidades rurales de estos municipios”.

Mediante talleres en las comunidades indígenas y rurales marginadas, los interesados aprenderán proyectos productivos como la elaboración de productos comestibles con vainas y gomas de mezquite que generarán oportunidades de empleo y la construcción de los filtros descontaminantes de agua de primer uso para evitar enfermedades por consumir agua de mala calidad.

“Nuestras propuestas están diseñadas a enseñarlos a trabajar el mezquite, a valorarlo, a cuidarlo, a respetarlo, a reforestar la zona, a utilizarlo de una manera cuidadosa para que puedan mejorar su situación actual, y para que sus hijos tengan la esperanza de un futuro mejor”, concluyó el académico del IPN.

Fuente: ipn.mx

Redacción

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BOGOTÁ D. C., 22 de julio de 2020 — Agencia de Noticias UN-

Así lo advierte el abogado Jorge Arturo Arenas Franco, magíster en Derecho Privado y Económico de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien en su tesis “La responsabilidad civil objetiva por la emisión y el uso de tarjetas débito en Colombia” ofrece un documento de fácil lectura y sin mayores tecnicismos jurídicos para que cualquier ciudadano consulte los caminos que puede tomar en caso de ser víctima del robo de su cuenta.

“La pregunta que tenemos que hacer es: cuándo tengo mi plata en mi cuenta y al día siguiente no está, ¿a quién robaron, al banco o a mí? La respuesta que aporta la tesis gira en torno a que, la mayoría de las veces, al que roban es al banco”, afirma el investigador.

Sin embargo, cuando los clientes van a exigirle a las entidades, estas exponen todo tipo de barreras y restricciones, como solicitar que tramiten derechos de petición, exigencias administrativas o incluso pruebas. Las respuestas, además de generales y ambiguas, no dan soluciones, y en última instancia le sugieren a los usuarios que tomen acciones legales. Pero ahí los clientes se enfrentan a otro problema: el difícil acceso a la justicia.

El investigador Arenas cita la ley que en sus múltiples artículos se apega a la doctrina del “riesgo de provecho”, es decir: quien se beneficia es quien asume los riesgos de este beneficio.

Como el tránsito de un talonario análogo a una tarjeta supuso un avance tecnológico para los bancos, y fueron ellos los principales beneficiarios, son ellos quienes deberían responder –la mayoría de las veces– cuando el dinero de un cliente ha sido saqueado de su cuenta.

Para el magíster Arenas, lo primero que debe pasar cuando han robado una tarjeta es que el respectivo titular informe al banco por cualquier medio; así, este bloqueará la tarjeta y hará las investigaciones, por cuanto es pertinente saber si el hurto no se produjo por una imprudencia del cliente o si se desconoce la causa.

Se debe hacer un reclamo formal para que el dinero sea devuelto, y se debe enviar una comunicación al “Defensor del Consumidor Financiero”, una entidad pagada por los bancos que aboga como un tercer conciliador, y “que por lo general son eficientes, pero igual es una entidad pagada por el banco”, explica el investigador.

En caso de que este proceso no funcione, el cliente deberá notificar una demanda a la Superintendencia Financiera, que también se puede radicar ante juzgados civiles, aunque la primera entidad puede ser más ágil que la justicia ordinaria.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

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BOGOTÁ D. C., 22 de julio de 2020 — Agencia de Noticias UN-

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) les recomienda a los profesionales de la salud tener acceso fácil a equipos de protección personal, protocolos de seguridad y salud ocupacional, periodos adecuados de descanso y de recuperación, y condiciones de trabajo seguras y saludables.

En este sentido, se vuelven indispensables tanto los elementos de protección personal (EPP) como los periodos de descanso y de recuperación, condiciones que distan de la realidad de estos profesionales en el país.

Para la terapeuta ocupacional Sandra Araque Jaramillo, magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo y profesora del Departamento de Ocupación Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), pese a que se invita a los Estados e instituciones a tener condiciones de trabajo seguras y saludables para el personal de la salud, estas han sido precarias en el marco de la pandemia por COVID-19.

“Por la misma restricción de los protocolos de seguridad, los profesionales de la salud están pasando muchas horas sin ir al baño y no toman agua o líquido dentro de la jornada laboral, solo por mencionar dos ejemplos”, sostuvo la docente, añadiendo que la implementación de estas condiciones de seguridad se reflejarían en la manera como estos profesionales tratarán a sus pacientes.

La docente alude además a las condiciones de contratación y de trabajo, debido a que son indignas, inestables e inseguras. “Uno ve cómo los profesionales de la salud tienen que costear sus elementos de protección personal”, sostiene. 

Por su parte, las agremiaciones de profesionales de la salud han venido denunciando las condiciones laborales, la ausencia de pagos de salarios por meses, la contratación inestable y las débiles o ausentes medidas de salud y seguridad en el trabajo.

Agotamiento físico y mental

Según la Encuesta Nacional de Situación Laboral para los Profesionales de la Salud 2019, implementada por el Colegio Médico Colombiano, el país atraviesa por una precarización de las condiciones laborales del personal de salud que ha llevado al aumento de casos de síndrome de burnout (estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés laboral) y suicidios. 

El burnout (quemado) hace que el personal médico experimente sensación de falta de energía y agotamiento, distanciamiento mental progresivo en el trabajo, percepción negativa del entorno y disminución de la eficiencia profesional, lo que afecta su vida personal y su satisfacción laboral.

Según la encuesta, los médicos rurales están trabajando 264 horas o más al mes, es decir 66 horas a la semana, mientras que el 33 % de los especialistas lo hacen entre 48 y 66 horas a la semana. 

Experiencias clínicas y estudios han evidenciado que el estrés, el trauma y la represión de emociones son capaces de causar dolor y otros síntomas físicos que se han correlacionado con variadas entidades clínicas.

Por otra parte, la literatura también muestra cómo ese estrés los lleva a sentir tensiones musculares propiciando la manifestación o descompensación de patologías subyacentes. 

Mujeres en primera línea de atención

La OIT también hace referencia a las mujeres, que en todo el mundo constituyen el 70 % de las personas empleadas en el sector salud. 

Datos disponibles en cerca de 100 países muestran que el 72 % de los puestos cualificados en el sector salud los ocupan ellas, y que en comparación, están desproporcionadamente en primera fila en la lucha por tratar a pacientes infectados de COVID-19.

Además las mujeres son las que llevan la carga del trabajo y del cuidado no remunerado. Según la entidad, ellas también tienen que dedicar parte de su tiempo al cuidado del hogar (actividades de la vida diaria, cuidado de los niños y de los ancianos), lo cual genera desafíos alternos para ese tipo de trabajadoras que tratan de equilibrar el dinero y la familia.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

Redacción

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22 de julio de 2020

Desde el inicio del periodo de confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se intensificó la actividad en el ciberespacio y, al mismo tiempo, se registró un incremento en los reportes de problemas de seguridad informática y de vulneración de plataformas remotas, motivo por el cual el Instituto Politécnico Nacional pone a disposición de las instituciones y empresas a sus especialistas en ciberseguridad para atender este fenómeno”, afirmó Eleazar Aguirre Anaya, profesor e investigador del IPN.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha destacado que una lección del COVID-19 es la oportunidad de aprovechar el potencial de las tecnologías emergentes y ha reconocido la responsabilidad social de las instituciones de educación superior y el compromiso de sus investigadores y estudiantes por ofrecer soluciones tecnológicas a los problemas sociales y económicos de nuestro país.

Al respecto, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha resaltado que el Politécnico es la institución rectora de la educación científica y tecnológica del país, cuyos docentes, estudiantes y egresados son ejemplo de profesionalismo y compromiso social, a quienes siempre están al servicio del país cuando más los necesita.

Aguirre Anaya, responsable del Laboratorio de Ciberseguridad del Centro de Investigación en Computación (CIC), en el que participan estudiantes de maestría y doctorado, aseguró que en este periodo de confinamiento se realizan una incalculable cantidad de transacciones a través de internet que han ocasionado un aumento en los fraudes y delitos. “Muchas empresas se concentran en ofrecer sus productos lo más rápido posible por la competencia comercial, pero descuidan o no tienen la capacidad para ofrecer medidas de protección informática a sus clientes; este problema se presenta no nada más en México, sino a nivel mundial”.

Reconoció que existe un déficit de especialistas en seguridad informática para atender los delitos que se registran por internet. “En muchas ocasiones hasta que una empresa u organización es vulnerada o tiene algún incidente de ciberseguridad y cuantiosas pérdidas, es cuando se toman acciones para solucionar el problema”, acotó.

Enfatizó que una vacuna para contrarrestar estas enfermedades (hackeo, malware o suplantación de identidades), fenómenos que no tienen límites y ni fronteras, es la formación de especialistas en las instituciones de educación superior, para fortalecer los equipos de control de seguridad, de monitoreo y análisis de amenazas, así como los equipos de respuesta a incidentes de seguridad, que son los encargados de vigilar las redes, identificar y corregir estados de vulnerabilidad, y atender una situación de crisis. “También, dijo, se requieren reforzar los equipos que se encargan de anticipar los incidentes o ataques cibernéticos y se enfocan al diseño seguro de software, sistemas y el hardware”.

Explicó que en la actualidad cada entidad financiera a nivel internacional destina un presupuesto anual para las pérdidas ocasionadas por ataques en el ciberespacio que “oscila entre el 1 al 8 por ciento dependiendo del tamaño de la institución”. Sostuvo que cada organización debe contar con una política de seguridad para su plataforma de internet, que establezca el objetivo y los valores que se deben cuidar.

Resaltó que el Politécnico es pionero a nivel nacional en la enseñanza e investigación en ciberseguridad. “Formamos desde licenciatura y hasta doctorado a especialistas; actualmente somos el Laboratorio de Ciberseguridad enfocado a la investigación más importante en México, por la cantidad de científicos que tenemos, que en su mayoría forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)”.

Manifestó que el laboratorio que dirige ha desarrollado proyectos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “También en conjunto con otras unidades académicas del IPN y una universidad de Edimburgo, desarrollamos un proyecto para la conformación de un sistema resiliente frente al cambio climático, específicamente para inundaciones”, aseveró.

También, reiteró, se han apoyado a instituciones que organizan procesos electorales, tanto en la evaluación de la seguridad de los Programas de Resultados Preliminares (PREP), como el diseño de sistemas para el proceso electoral, como fue el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

Finalmente, el científico expresó que el IPN está abierto a contribuir a la prevención y atención de cualquier problema de ciberseguridad o brindar asesoría a los organismos o empresas que lo requieran, a través de la formalización de convenios de colaboración.

Fuente: ipn.mx