Rocío García Olmedo

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20 de septiembre de 2021

Palabra de Mujer

Inmersos en acontecimientos diversos y relevantes de nuestro país y de nuestro Estado celebramos nuestras fiestas patrias.

En nuestro país sin duda relevante la convocatoria para llevar a cabo en México la VI Cumbre de la “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños” (CELAC) organismo del que nuestro país es parte desde su origen cuando fue creado en 2011, agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe, no incluyen a Canadá y a Estados Unidos. Tiene antecedente en el 2010 en la Cumbre llamada de la “Unidad” que se celebró en la Riviera Maya durante presidencia de Felipe Calderón, un año después en 2011 en Caracas, Venezuela se realiza la cumbre fundacional de este organismo.

Desde antes de iniciarse esta Cumbre ya en el país muy criticada la presencia del presidente de Cuba como “invitado especial” a las actividades organizadas con motivo de las fiestas patrias.

Críticas que se endurecieron en el desarrollo de la VI Cumbre derivado de que se percibió un apoyo total del presidente López Obrador a los gobiernos dictatoriales de Cuba y Venezuela. Cuestionamientos severos hechos incluso por presidentes de Uruguay y Paraguay que acudieron a esta Cumbre. Expertos en esta materia han empezado a formular interrogantes sobre lo sucedido y ya se preguntan si los mandatarios asistentes estarán “tomando decisiones inteligentes entre opciones equivocadas”. Ya veremos.

En nuestra entidad poblana muy relevante también la instalación de la LXI Legislatura. Histórica, si consideramos que es la primera vez que ha quedado conformada mayoritariamente por mujeres, 21 de 41.

Por primera vez también conformada sólo por mujeres la primera mesa directiva, sin embargo en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que es el órgano plural en el que las coordinaciones de grupos legislativos de los diversos partidos políticos, construyen consensos y toman decisiones sólo hay una mujer. Hay que señalar que la designación de estas coordinaciones es responsabilidad de cada uno de los partidos políticos, así que ahí

hay que romper ese obstáculo y retirar esta atribución de los partidos políticos, de manera que más mujeres sean designadas en las coordinaciones para tener acceso a esos órganos de toma de decisiones.

Al incluir el principio de paridad para las Comisiones Generales estás deberán así conformarse, recordando que la paridad es el piso, no el techo; y en esta oportunidad hay muchas mujeres para cumplirlo. Lo importante será observar en qué presidencias de las 36 Comisiones Generales y 5 Comités quedan electas mujeres. También hay que precisar que si bien se ha logrado la igualdad cuantitativa, hay que dar paso ya, a la igualdad cualitativa.

Mucho que observar aún en el país de un gobierno federal convertido en lo que siempre criticó y mucho que hacer aún por romper esos “techos de cristal” y esos “pisos pegajosos” que todavía persisten en muchos espacios, pero que sí se puede lograr.

Lo veremos en esta semana que inicia.

Llegó el momento en la historia milenaria de la Institución fundada en 1587 (Esparza, 1998) -que es mi alma mater- la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por primera vez una mujer será Rectora.

Sin duda nuevas narrativas nos esperan que harán historia en Puebla.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo.com

René Sánchez Juárez

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13 de septiembre de 2021

Una de las principales propuestas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue legislar la revocación de mandato, que junto con la consulta popular pretendían construir una democracia participativa, con instrumentos nunca utilizados en nuestro país.

La semana pasada se logró que la cámara de senadores aprobara con 101 votos a favor y sólo dos en contra, la revocación de mandato y que pregunten a los mexicanos: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

A diferencia de la consulta ciudadana en la que la puede presentar, el presidente, el poder legislativo y la sociedad a través de recabar el 3% de las firmas de la lista nominal, de aproximadamente 90 millones de electores registrados en el INE. La revocación de mandato sólo puede ser solicitada por la sociedad.

La cifra anterior tiene que estar distribuida en al menos 17 estados de la República Mexicana y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada uno de esos estados.

Para este proceso los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar recursos públicos y privados para influir en las preferencias ciudadanas.

También la organización, desarrollo y cómputo de la votación de la revocación de mandato estará a cargo del Instituto Nacional Electoral. Para lo anterior el INE ha solicitado a la cámara de diputados que incluyan en su presupuesto de 2022, la cantidad de 3,830 millones de pesos para la revocación y 1,930 millones para llevar a cabo una consulta ciudadana

Recordemos que la consulta para enjuiciar expresidentes llevada a cabo en junio pasado tuvo un costo aproximado de 500 millones de pesos, en esta ocasión el INE solicita más de 7 veces para la revocación y casi 4 veces para la consulta ciudadana.

Lo anterior sin tener certeza sobre si se llevará a cabo la revocación de mandato que sería en el mes de marzo de 2022 y tampoco si habrá una consulta ciudadana.

La consulta ciudadana del año pasado se debió en gran medida a la iniciativa presentada por el presidente López Obrador, ya que la sociedad civil no pudo recabar las firmas necesarias. ¿ Será que la oposición al Presidente, como el FRENAA (Frente Nacional Anti AMLO) tengan la capacidad para recabar aproximadamente 2,700,00 firmas? Les puedo anticipar que no.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

Alberto Jiménez Merino

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13 de septiembre de 2021

Un Nuevo Comienzo

Lo único que genera riqueza y revierte la pobreza es la creación de empresas y el desarrollo de negocios; es el fortalecimiento de las actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario de los territorios. Este es un proceso indisoluble que beneficia a la gente y a la recaudación hacendaria para ayudar a las finanzas gubernamentales. Si no hay actividad económica no hay recaudación.

Así, la producción primaria del sector agroalimentario, la industria, agroindustria, el turismo y los servicios, son los grandes pilares de cualquier economía al margen de creencias o distorsiones ideológicas a las que somos naturalmente proclives.

El fortalecimiento de la actividad económica con frecuencia necesita que se le faciliten los trámites, se desarrolle la infraestructura básica, se otorguen los servicios públicos y se apoye con bienes públicos como los relacionados con sanidad, inocuidad, logística, aduanas y puertos, servicios de seguridad pública, centros de servicios y gestiones, financiamiento o formación de recursos humanos, capacitación y asesoría técnica.

Por esto la vinculación educación-sociedad-empresa-gobierno debe ser muy sólida.

La educación debe formar individuos, líderes y recursos humanos que atiendan las necesidades y problemas de la sociedad y sus sectores productivos, actuales y potenciales.

La empresa con el apoyo de la educación y el gobierno desarrolla sus procesos productivos, beneficia a la sociedad a través de la creación de empleo y la generación de bienes materiales y/o servicios.

El gobierno debe ser en este proceso un facilitador y promotor de esta vinculación, además de cumplir sus funciones constitucionales de mantener la convivencia, la gobernabilidad y promover el desarrollo de la sociedad garantizando los derechos humanos constitucionales.

Y, en materia de derechos humanos hay una gran cantidad de pendientes como el derecho a la educación, a la seguridad pública, a la alimentación, a la igualdad, a la salud, al empleo digno, a la vivienda digna, a un medio ambiente limpio; en suma, a una vida digna para las actuales y futuras generaciones.

Por estas consideraciones, me parece inconcebible que en medio de tantos pendientes de atención social, económico, jurídico y ambiental, hoy se abran nuevos frentes de atención para un gobierno que no ha cumplido lo que prometió a través de crear empresas del gobierno como el Gas Bienestar.

No obstante que, por seguridad nacional, se cuenta con Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Salinera Guerrero Negro, lo cierto es que el

gobierno ha sido y es un mal empresario, porque no son sus funciones sustantivas y, su estructura operativa no es compatible con la funcionalidad y necesidades de una empresa.

Varios presidentes municipales electos de diferentes estados, me han compartido su intención de adquirir maquinaria y ponerla a disposición de sus productores pagando éstos solamente el combustible. Algunos están pensando crear centros de acopio y empacadoras para la compra de las cosechas de los campesinos a mejores precios. Es una buena intención pero sinposibilidad de éxito, según las experiencias conocidas.

Hace varios años la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural del Departamento del Distrito Federal (COCODER/DDF), creó un programa de mecanización para dar servicio a los campesinos de las delegaciones del sur de la ciudad de México. Con conocimiento de causa puedo afirmar que ayudó porque bajó los costos con relación a los privados, pero también por la influencia de los actores políticos, se tuvieron una gran cantidad de descuentos en función de conveniencias, casi siempre electorales, que terminaron haciendo inviable la rentabilidad. Los ingresos no permitían ni la adquisición de refacciones o llantas de los tractores y menos su reposición al término de su vida útil, sin dejar de mencionar los problemas de programación del trabajo por la falta de organización de los productores.

No necesitamos un gobierno empresario que haga la mala competencia al sector empresarial. Lo que México necesita es un gobierno que confíe en su sector empresarial, que unifique a los empresarios, que aplique la ley y castigue la voracidad y los abusos de empresarios desleales, pero fundamentalmente, que facilite el desarrollo o la instalación de empresas de productos, servicios y logística que tanta falta hacen para el desarrollo de las regiones.

Necesitamos gobiernos que al mismo tiempo que apoyan con programas asistenciales, fortalezcan políticas de fomento productivo, incrementen los apoyos a bienes públicos sobre los actuales apoyos individuales con alta carga electoral. Gobiernos que apoyen la formación de empresas con los financiamientos básicos, asesoría técnica y administración profesional para beneficio de los sectores productivos.

Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.

Rocío García Olmedo

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13 de septiembre de 2021

Palabra de Mujer

Históricas sin duda las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

- Inconstitucional penalizar a las mujeres. Ninguna mujer en adelante debe ir a la cárcel por abortar.

- inconstitucional que los estados reconozcan “la vida humana desde la concepción”

Muchos años para llegar a esto. Catorce desde que la hoy ciudad de México lo logra (2007). Otros tantos intentos fallidos en estados de la República. Hasta el 2019 que Oaxaca lo logra; siguieron Hidalgo y Veracruz (2021).

La presión de la iglesia no se hizo esperar, veintiún estados de la República aprobaron “reconocer la vida desde la concepción” Puebla lo aprobó en el 2009, incluso agregó “hasta la muerte natural”. Nos opusimos, argumentamos, levantamos la voz en tribuna para visibilizar la violación a los derechos de las mujeres. No logramos revertirlo.

Insistimos, Empujamos, Presentamos iniciativas en esta nueva oportunidad. No lo logramos, incluida la actual XL legislatura saliente en la que sólo con su mayoría hubiese sido posible lograrlo, más aun cuando sus integrantes se autodefinieron como “de Izquierda”, disque “progresistas” y “liberales”. Una mentira más.

Las mujeres continuaron siendo sujetas a procesos penales y privándoseles de su libertad, incluso por abortos espontáneos. Conocimos de juzgadores que les imputaban el delito de homicidio en grado de parentesco y sus sentencias iban más allá: de 10 a 20 años.

GIRE ha documentado datos, más de 2 mil 180 carpetas de investigación del 2015 a la fecha. 200 mil interrupciones antes de las 12 semanas. Entre 750 mil a 1 millón de abortos clandestinos al año.

Una acción de constitucionalidad en contra del nuevo Código Penal de Coahuila que incluyó penalizar a las mujeres provocó esta resolución histórica que por contar con la unanimidad de votos de los Ministros y Ministras ha sentado jurisprudencia.

Otra acción de inconstitucionalidad de Sinaloa, genera el segundo criterio de la SCJN la existencia de cláusulas de “protección a la vida desde la concepción” no pueden ser pretexto para negar a las personas servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, ni para restringir el acceso y legislación relacionada con el aborto.

La primera abordada el 6 y 7, la segunda el 9, ambas del mes de septiembre.

En próximos días la SCJN analizará también sobre la objeción de conciencia.

Los jueces y las juezas, en adelante están obligados a aplicar estos criterios y no podrán nunca más penalizar a las mujeres que voluntariamente decidan abortar.

Los Congresos de los estados, que criminalizan a las mujeres, tienen ahora también, los razonamientos jurídicos de ambos criterios históricos de la SCJN, para que reformen sus normativas y Códigos Penales y legislen para retirar de una vez por todas la penalización de las mujeres que abortan como Puebla cuyas normativas establecen ambas: tanto la criminalización de las mujeres, como la protección de la vida desde la concepción.

¿Que esto promueve el aborto? -se dice- ¿alguien en su sano juicio piensa que las mujeres que toman la decisión de abortar lo hacen, sólo por gusto? Absurdo. Nada más alejado de la realidad.

Lo que sí definen estos criterios, es que las mujeres podrán ahora tener las garantías de protección a su salud sexual y reproductiva y que representan un punto de partida para una política de salud encaminada a una maternidad elegida; representan también un avance en el acceso a la justicia y van en ruta hacia una justicia reproductiva para las mujeres y para las personas gestantes.

¡Históricas! Sin duda.

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