Política
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07 de septiembre de 2021

Aunque la corrupción se ve como un problema social, este comportamiento coexiste con la posibilidad de incurrir en él, dependiendo de las condiciones y realidades de cada persona sin importar su nivel de ingresos económicos o ideología política.

Así lo revela el estudio experimental de Fabián David Valera Gómez, magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en el cual encontró que dentro de las causas más frecuentes para explicar el comportamiento corrupto está la falta de sanción (74,1 %), la ausencia de valores éticos (69,7 %) y la presión de actores políticos (54,6 %).

La investigación contó con una muestra de 139 participantes (71 del sector público y 68 del privado) de entre 25 y 40 años, a quienes se les aplicó una encuesta de caracterización sociodemográfica y una batería de dilemas sociales en situaciones de corrupción.

Para explorar las motivaciones de las personas detrás de este comportamiento, el magíster analizó la relación entre factores como la debilidad institucional, la ausencia de valores éticos o el abuso de poder, y las decisiones que se toman en situaciones de corrupción.

Ante la percepción de la corrupción, los resultados demostraron que la mayor parte de la población encuestada reconoce o identifica la corrupción como un problema en constante crecimiento sobre el que no se actúa. El 69,8 % (97 personas) respondió que hubo un aumento durante el último año, el 26,6 % (37) considera que permaneció igual, y solo el 3,6 % (5) afirman que disminuyó.

A los participantes se les plantearon varios juicios sociomorales en un escenario de corrupción. Por ejemplo, una persona tenía que renovar su pasaporte en una oficina local, pero debido a la ineficiencia de los funcionarios tenía que hacer una fila de cinco horas. Sin embargo, un funcionario ofrece validar su pasaporte en 5 minutos si le da una propina de 20.000 pesos, por lo que los individuos se veían enfrentados a la opción de sobornar o no hacerlo.

En este escenario, en el que la persona tiene la opción de sobornar o no a un funcionario para agilizar su proceso y reducir su tiempo de espera, el 30,94 % de los encuestados afirmaron dar la propina de 20.000 pesos al funcionario, siempre y cuando nadie los viera, y ante la pregunta sobre ¿qué cree que harían los demás?, el 82,73 % afirma que serían capaces de incurrir en esta práctica de soborno.

“Quise averiguar qué lleva a una persona a tomar la decisión de ser corrupto, porque los individuos no nacemos corruptos. A medida que fui desarrollando lo teórico y conceptual me fui dando cuenta de que aunque el tema de la corrupción se ha trabajado mucho desde un componente experimental, en el país no hay grandes desarrollos”, subraya el magíster.

Además realizó una entrevista semiestructurada a una submuestra del total de participantes con el fin de hacer una aproximación a la dimensión subjetiva de lo que entienden las personas por corrupción, si son conscientes cuando incurren en un comportamiento corrupto, cuáles son las justificaciones que dan y a qué dimensiones pertenecen esas justificaciones, es decir, si se trata de algo cultural, social o económico, entre otros.

“No soy corrupto, pero los demás sí”

En las entrevistas se encontró que las personas no se consideran corruptas, aunque en ciertas situaciones han tenido que incurrir en esos comportamientos que emergen según las condiciones sociales.

“En las encuestas, los individuos consideran que ellos no han incurrido en comportamientos corruptos, pero afirman que las demás personas sí lo harían. Sin embargo, cuando se enfrentaron en la entrevista aceptaron haber incurrido al menos una vez en un comportamiento corrupto”.

Una de las principales variables que tuvo en cuenta el investigador fue el nivel de ingresos salariales de la persona, y encontró que no existe una relación entre dicho nivel con la decisión de ser corrupto. Es decir, sin importar si una persona tiene un ingreso inferior al mínimo o por encima de los 3 smlmv o más, están bajo las mismas posibilidades de incurrir o no en un comportamiento corrupto.

“Algunas personas identifican el comportamiento corrupto con lo que se considera contexto de supervivencia, es decir que justifican un poco incurrir en el comportamiento en la situación económica del momento, por ejemplo por una multa de tránsito que no están dispuestos a pagar”, señala el investigador.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co
04 de septiembre de 2021

La crisis del sistema de salud colombiano está sobrediagnosticada y para que esto cambie la sociedad colombiana debe empezar a organizarse de manera que sea capaz de cambiar la correlación de fuerzas entre quienes llevan años lucrándose del sistema y los desfavorecidos por este.

Así lo manifestaron los participantes de la nueva sesión de Diálogos Convergentes –iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) para que el país conozca las propuestas de la sociedad civil plasmadas en la plataforma Convergencia por Colombia– centrada en el tema “Propuestas de reforma al sistema de salud desde organizaciones sociales y políticas”.

Entre otras voces, se escucharon las de un grupo de seis lideresas de la Mesa por el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social de Antioquia (Messa), quienes expresaron al unísono que “la salud es un derecho, no un negocio”.

Ellas lo tienen claro: “un sistema integral de salud centrado en las personas, sin importar donde se encuentren, debe garantizar otros derechos como a la vivienda digna, el acceso a los servicios públicos y a un trabajo digno, entre otros”.

En su opinión, una forma de hacerle seguimiento a dichos aspectos sería conformando una comisión tripartita Estado-hospitales-sociedad civil que se encargue de evaluar determinantes sociales (servicios públicos, canasta familiar, entre otros).

“Pensamos que esta es una propuesta inclusiva que permitiría, a partir del seguimiento permanente a los determinantes sociales, hacer de la salud un derecho fundamental”, subraya Adriana Castellanos, educadora e integrante de Messa.

Al respecto, el médico cirujano Santiago Osorno, también integrante de Messa, destacó que desde hace una década este grupo de la sociedad civil viene promoviendo la idea de que los derechos son interdependientes.

“Más allá del modelo de salud actual hemos querido preguntarnos qué factores han incidido en su deshumanización y exclusión constante”, afirma.

Luis Alberto Martínez, coordinador de la Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud Colombiano –otro de los invitados a Diálogos Convergentes– manifestó que en diez años de trabajo en dicha organización social se han identificado varios factores que influyen en la crisis del modelo de salud actual.

Entre ellos se encuentran: poner la salud como una mercancía; discriminación permanente al segmentar a la población por su capacidad de pago, y presionar la autonomía de los profesionales de la salud. “Es un sistema atomizado en atención y en recursos, lo cual lo hace vulnerable a la corrupción, entre otros”, subraya.

Por último, Jaime Urrego, miembro del Equipo Programático del Pacto Histórico, señaló que “el empoderamiento de las comunidades y el fortalecimiento de los liderazgos vienen jugando un papel trascendental en la construcción de un nuevo modelo de salud desde hace varios años”.

Los aportes realizados por los invitados a esta nueva sesión de Diálogos Convergente se relacionan con uno de los retos a mediano y largo plazo establecidos en la mesa número 2 “Derecho a la salud y sistema de salud”.

En esta se propone avanzar en el diseño de un nuevo modelo de sistema de salud (financiación, estructura, organización, etc.), que recoja las experiencias internacionales y la nacional (derecho a la salud, etc.), las aspiraciones de la sociedad, el cúmulo científico de la academia y que reemplace el actual modelo por uno alternativo, producto de un proceso participativo, como se describe en la propuesta metodológica.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co
31 de agosto de 2021

Palabra de Mujer

Cuando se habla de responsabilidad social, hablamos del compromiso compartido entre autoridad y ciudadanía para actuar de forma libre a fin de contribuir en el bienestar colectivo.

 Con el inicio de las clases presenciales en nuestro país y nuestro estado, la necesidad de actuar con este principiose vuelve indispensable.

 Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que participan del modelo híbrido diseñado por las autoridades para el regreso a clases que comienza este lunes 30 de agosto, deberán extremar precauciones con el objetivo de que el modelo funcione y logre su misión de recuperar el nivel académico que fue afectado con las clases virtuales desde marzo del 2020, sin embargo ese esfuerzo no debe ser aislado y mucho menos individual, se trata de una tarea que debemos acompañar como sociedad.

 Y aquí entramos todos, tanto quienes tienen hijos en edad escolar como quienes no los tenemos.

 De nada servirán las medidas de higiene en las instalaciones educativas, sino se tienen también en las inmediaciones de las mismas, los traslados, en el transporte público, a la hora de la salida, en casa, los fines de semana, ente muchos otros espacios donde el virus esta presente.

 Mientras los niveles y la velocidad de vacunación no avance en nuestro país, las medidas de cuidado como el uso correcto del cubreboca y el distanciamiento social son las mejores armas en contra de la COVID-19 que sigue arrebatando la salud y hasta la vida de muchas y muchos, todos los días.

 Los discursos y anuncios de las autoridades sobre el avance de la vacunación, de poco sirve si no nos comprometemos como sociedad a tener una actitud responsable.

 Se trata de una una situación en la que seguimos exigiendo celeridad en las acciones de las autoridades y responsabilidad para llevarlas a cabo de forma oportuna, pero al mismo tiempo hacemos eco de la necesidad de asumir nuestra responsabilidad como sociedad para detener los contagios.

No se trata de mantener detenida la actividad diaria, pero sí de actuar de forma prudente ante las condiciones que aún propicia esta pandemia.

Nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes necesitan no solo indicaciones, necesitan el ejemplo de cómo actuar de manera responsable. Así podrán mantenerse sanos y mantener a su familia sin riesgos.

Nuestros deseos es que los padres de familia decidan libremente si el modelo educativo que adoptarán sus hijos en este ciclo escolar 2021-2022 será a distancia, presencial o híbrido.

Deseamos también que los maestros afronten este reto de educar con calidad y precisión con el fin de recuperar el tiempo perdido.

Y que todos como sociedad contribuyamos para que este regreso a clases no provoque un nuevo repunte en los contagios de coronavirus.

Mis mejores deseos para todas y todos.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo.com

01 de septiembre de 2021

La afgana es una sociedad dividida que piensa la política de maneras distintas. Se trata de una crisis multifactorial impresionante donde preocupa, en particular, el futuro de las mujeres; unos apoyan a los talibanes; otros, les temen; algunos más, los critican, sólo tomando en cuenta esta situación se podrá analizar de manera más integral lo que ocurre, señalaron académicos de la UNAM.

En la conferencia de medios a distancia “La nueva realidad para Afganistán y las mujeres afganas”, Moisés Garduño García, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló: la salida de las tropas de Estados Unidos de la nación asiática provocó vacío de poder en términos de seguridad, y se desconoce si el talibán lo podrá llenar.

El investigador refirió que el enemigo más fuerte de los talibanes al interior del país es el llamado Estado Islámico del Jorasán, movimiento que perpetró ataques suicidas en el aeropuerto de Kabul hace unos días, el cual reclutó a inconformes y decepcionados de los propios talibanes y de otros grupos.

Ese es solo uno de los dilemas que enfrenta el movimiento que ha llegado al poder, el cual busca reconocimiento a escala internacional, comenzando con sus países vecinos. En medio de la incertidumbre se encuentra la sociedad, recalcó el experto.

Durante los últimos 40 años, desde la intervención soviética, la guerra civil y la ocupación estadounidense que duró 20 años la inseguridad es la mayor preocupación de los afganos; además del desempleo, cuyos índices son brutales en la mayor parte del país, en particular en las zonas rurales donde alcanza a 80 por ciento de los jóvenes y 85 por ciento de las mujeres de 18 a 29 años de edad, apuntó.

La sociedad trata de llamar la atención sobre esas dificultades y otras, como la pobreza; en ese contexto la gente, sobre todo los jóvenes, debe decidir si salen del país, se quedan a negociar con los talibanes o se reclutan en algún grupo antitalibán.

Garduño García dijo que si el talibán logra el reconocimiento, al menos de las naciones vecinas, influirá de inmediato en la reformulación de planes de estudio y asuntos culturales en las universidades. “El panorama no se ve bien, al menos para el grupo de mujeres que había experimentado la visión y perspectiva liberal de la vida pública, el acceso a la educación y el derecho a tener un trabajo”.

La diáspora, abundó el investigador especializado en el conflicto de Oriente Medio a partir de un enfoque multidisciplinario, desempeñará un papel importante para criticar lo que hagan o dejen de hacer los talibanes de aquí en adelante.

A su vez, Helena López González de Orduña, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, recalcó que en Afganistán se vive una crisis gravísima desde el punto de vista político y humanitario.

Para las mujeres de ese país es de crucial importancia subrayar que la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en las últimas dos décadas, ha ido acompañada de la valentía de varias afganas y en múltiples ocasiones de diversas formas de violencia de género, incluyendo el feminicidio.

La especialista en estudios culturales, literatura, feminismo, estudios de género, así como sexualidad y memoria cultural, expuso que los últimos 20 años de ocupación de EU y sus aliados en Afganistán se caracterizaron por la alta conflictividad; empero, con grandes esfuerzos se construyó la  cultura de respeto e igualdad.

Mencionó que las mujeres representan 14 por ciento del personal académico de las universidades; y 50 mil 225 estudian en instituciones de educación superior; es decir, “un incremento de seis por ciento comparado con las cifras de 2016”.

También se han establecido unidades para la eliminación de la violencia contra ellas en 23 instituciones del Estado; la cuota femenina en el Parlamento es de 27.7 por ciento. Este mismo órgano aprobó una ley contra el hostigamiento y acoso de mujeres y niñas.

Los talibanes tienen una interpretación trágicamente patriarcal de la sharía (ley islámica), pero que no se comparte en toda la comunidad política, intelectual y religiosa, por lo cual hay que confiar en las intervenciones de la propia comunidad del Islam.

Hoy, ningún esfuerzo es suficiente para dar refugio a quien lo necesita. Países latinoamericanos como México, Chile o Costa Rica han instrumentado una política exterior activa para brindar asilo, dando prioridad a las jóvenes y periodistas, lo cual “es un gesto loable”, finalizó.

Boletín UNAM-DGCS-719/2021

31 de agosto de 2021

La semana pasada comentábamos los retos que tendrá la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados, es un periodo intermedio donde la mayoría la tiene Morena con sus aliados que promoverán las iniciativas presidenciales y por su parte la oposición, en una remasterización del Pacto por México van a redescubrir cómo hacerles frente.

Un dato característico de esta Legislatura es su composición, si bien ya habíamos comentado su integración por fuerza política, no habíamos comentado que esta será la primera vez que haya un 50% de hombres y 50% de mujeres.

Serán 250 diputados y 250 diputadas, con lo que se avanza mucho en la paridad de género y eso tiene que ver con las reformas político-electorales de los años pasados, donde las candidaturas deben ser nominadas con paridad de género, con lo que se asegura que haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres que quieran representar a los ciudadanos de su lugar de origen.

Los números quedaron de la siguiente manera: PAN con 56 mujeres y 58 hombres; por su parte el PRI 34 y 36 respectivamente; el PRD contará con 9 diputadas y 6 diputados; el PT, 18 y 19; mientras que el PVEM serán 19 mujeres y 24 hombres; MC lo representarán 11 legisladoras y 12 legisladores; por último, Morena tendrá 103 diputadas y 95 diputados.

Es interesante el avance que ha tenido la paridad de género en la conformación de las diferentes cámaras desde 1991 cuando las diputadas sólo representaban el 7.8%; para 1994 subió a 14.2%: tres años más tarde en 1997 17.2%; para el año de la alternancia en 2000 decreció levemente a 16.8%; para 2003 aumentó a 22.8%; mientras que tres años más tarde en 2006 volvió a disminuir al 21.6%; para 2009 subió al 27.6%; y continúo en 2012 con 37.8%; lo que confirmó en 2015 con un 42.4% y para las elecciones de 2018 llegó a un 48.2%.

Todo lo anterior se logró a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en una reunión el fin de semana, ordenó al INE ajustar las diputaciones plurinominales del PVEM quien había presentado más hombres, con la finalidad de lograr la paridad absoluta en la Cámara de Diputados.

Celebramos que las mujeres tengan más acceso a cargos de elección popular, a secretarías de Estado, a altos puestos directivos en empresas, con ellas podremos lograr los grandes cambios que nuestro país necesita. Ahora esperamos que esa paridad se vea reflejada en el presupuesto federal y en políticas públicas para hacer realidad el cambio y no se quede sólo en los números.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.