Rocío García Olmedo

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27 de septiembre de 2021

Palabra de Mujer

El fin de semana grupos feministas se manifestaron en Puebla, para exigir nuevamente al Congreso del Estado (ahora a las y los integrantes de la LXI legislatura) que se garantice llevar el tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) al pleno para su aprobación.

No es la primera vez que vemos estas manifestaciones, pero en esta ocasión se dan en un contexto diferente tras las históricas e importantísimas definiciones que sobre el tema ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y es que después que los ministros de la Corte declararon inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y tras anular la objeción de conciencia, se han sentado las bases legales para avanzar en este polémico tema.

Lo que ocurrió el domingo se repetirá durante la semana y también se replicará en todo el país.

Históricamente la exigencia por los derechos de las mujeres ha resultado complejo y más aún cuando se trata de un tema tan polémico como el aborto. Y más aun cuando se insiste en abordarlo desde un punto de vista moral, sin entender que hablamos de un problema de salud pública y de la garantía de los derechos de las mujeres.

Los avances han sido lentos, y se requiere de voluntad política para lograrlos. Estoy convencida además que la no criminalización de las mujeres quienes deciden abortar debe abordarse de forma multidisciplinaria para que se garanticen vertientes como la educación sexual integral y salud sexual reproductiva; de esta manera se ataca también el origen de muchos embarazos no deseados.

No podemos aislar esta discusión del embarazo adolescente que se ha convertido en otro problema de salud pública. Las cifras son claras y devastadoras ya que anualmente en México se registran 391 mil 105 embarazos en menores de entre 15 y 19 años.

Esta cifra nos coloca en el primer lugar de incidencia, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que ésta es, sin duda, una llamada de atención para garantizar una salud sexual y reproductiva de calidad.

Evitar embarazos adolescentes no deseados, disminuirá también la incidencia de abortos clandestinos.

Alejar la discusión y las decisiones sobre estos temas sin que intervenga el moralismo y la religiosidad nos permitirá atenderlos como problemas de salud pública y entonces habrá mayor lucidez, objetividad y certidumbre al momento de legislar.

Este enfoque se refleja en las iniciativas que en su momento presenté en el Congreso del Estado y las cuales podrán ser retomadas por la actual legislatura.

¿Somos los únicos que podemos evaluar nuestro pensamiento?

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Redacción

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23 de septiembre de 2021

Una de las razones principales de que los niveles de violencia en México se hayan incrementado de manera consistente a partir de principios de siglo, si se miden en términos de homicidios, es la disponibilidad de armas que provienen, principalmente, del vecino país del norte, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

“Si no tenemos la posibilidad de que en EU se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en nuestro país a través de la disponibilidad de armas, va a ser muy difícil reducirlos”. Por ello, el gobierno de México durante dos años preparó un litigio estratégico contra los productores y distribuidores de las mismas en aquella nación.

Se basa en algo novedoso: la negligencia de las empresas que producen armas diseñadas para el uso, en especial, de quienes están vinculados al narcotráfico, recalcó el canciller. “Las compañías han actuado de manera negligente y eso provoca costos enormes en México, especialmente en vidas humanas”.

En un mensaje transmitido durante el Seminario “Litigio estratégico vs productores y distribuidores de armas” organizado por la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, añadió que es la primera vez que México presenta un caso de esta magnitud en la materia.

Refirió que en EU no ha habido medidas de restricción para el comercio de armas. “Había que hacer algo porque las empresas fabricantes son corresponsables de la violencia que padecemos en el país”. Ahora, vendrá la réplica de esa industria y luego México tendrá otro tiempo para presentar elementos adicionales a esa contestación.

“Será muy importante el acompañamiento de la Facultad de Derecho de la Universidad y otros centros de estudios para perfeccionar el litigio y que nuestro país salga avante en esta demanda, que sentaría un precedente muy importante para comenzar a modificar el acceso irrestricto a las armas, e impactar en una baja en el número de homicidios y la violencia en el país”, apuntó.

En la inauguración del seminario, el director de la Facultad, Raúl Contreras Bustamante, dijo que al existir una regulación fuerte en nuestro país sobre el uso y portación de armas, cobra relevancia la iniciativa de la cancillería mexicana que apunta a la prospectiva internacional del combate al flujo de armas ilegales, que en México ha causado estragos.

La comunidad tiene interés en conocer, analizar y colaborar en la labor trascendente de la cancillería, que constituye una acción audaz e innovadora en el servicio público y en la conducción de la política exterior mexicana. El ánimo de participar entre nuestras instituciones tiene el objetivo de contribuir, desde la academia y el servicio exterior, al bienestar de México, expuso.

En la mesa 1 del foro, moderada por el académico universitario Alfonso Muñoz de Cote, el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, explicó que en torno al litigio hay otros resultados positivos, como el combate al tráfico ilícito y la inmoralidad de las empresas que se benefician económicamente por la manufactura, distribución y venta de armas, a costa de la muerte, lesiones y sensación de inseguridad que vivimos los mexicanos.

Se obtuvo información pública del número de armas encontradas e incautadas en escenas del crimen en México en los últimos 10 años, y se identificó a las empresas distribuidoras y vendedoras, las cuales tienen sus negocios en Massachusetts, “donde el circuito de apelaciones no es tan conservador y ha mostrado apertura a abordar el tema”. Así, demandamos en la corte federal en ese estado de la Unión Americana, manifestó.

El consultor recalcó que se trata de una demanda civil donde el gobierno mexicano argumenta que ha sufrido daños directos e indirectos por las prácticas comerciales negligentes e ilícitas de diversas empresas, como Barrett.

Las empresas deben saber quiénes compran sus productos, que sus compradores son prestanombres o personas con antecedentes penales, que adquieren varias armas de alto poder en la misma transacción y demás cuestiones que resultan en un señalamiento directo de responsabilidad civil. En este contexto refirió que nunca habían enfrentado el hecho de que un gobierno extranjero las demandara por daño directo e indirecto, apuntó Alejandro Celorio.

A su vez, María de Haas Matamoros, especialista en seguridad nacional,  opinó que la demanda se fundamenta de manera sólida y defiende la dignidad jurídica de México. Se expuso que 70 por ciento de las armas que entran de manera ilegal al país son de origen estadounidense, fabricadas por las empresas demandadas e ingresan por las ciudades fronterizas: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.

Los impactos sistémicos por el tráfico de armas que afectan los objetivos nacionales son evidentes: pérdida de vidas humanas, disminución de sectores de la economía, como el turismo, por la inseguridad, o la extorsión que padecen los campesinos para trabajar sus tierras, amenazas de grupos criminales a empresarios o robo de mercancía. “Con un fallo judicial favorable se sentará un precedente y se fomentará el inicio de una nueva época de pacificación en México”, opinó.

Gerardo Gil Valdivia, de la FD, explicó que la demanda, sólidamente sustentada; se desarrolla el concepto de “ceguera voluntaria” que permite a las empresas no dar seguimiento a lo que deberían hacer de acuerdo con la normatividad. Además, los demandados facilitan el tráfico ilícito porque se maximizan sus ventas y ganancias, mencionó.

Marleck Ríos Nava, también de esa entidad académica, dijo que cada año se trafican ilegalmente a nuestro país más de medio millón de armas que se utilizan en actividades ilícitas en contra de la población civil y las fuerzas públicas, con lo cual se genera un daño hasta de 1.5 por ciento del PIB de México, en costos de atención médica, pérdida de turismo, comercio, entre otros rubros.

Boletín UNAM-DGCS-805/2021

Redacción

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27 de septiembre de 2021

En medio de la pandemia, las naciones que poseen armas nucleares decidieron renovar y aumentar sus reservas nucleares, dinero que pudo ser invertido en el desarrollo y distribución de vacunas en el mundo contra la COVID-19, afirma Jans Fromow Guerra, académico e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El también vicepresidente de la organización internacional Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1985, precisa: en 2020 los nueve países poseedores de armas nucleares (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia, Pakistán, India, Corea del Norte e Israel) invirtieron 72 mil 600 millones de dólares en su mantenimiento y fabricación, lo que representa un incremento de mil 400 millones de dólares, respecto a 2019.

“En un par de años hemos aprendido que la disrupción global que tenemos por la COVID-19, absoluta en salud y que ha tocado los sistemas económicos, es nada comparado con la disrupción que habría con el uso más pequeño de armas nucleares entre dos países”, enfatiza.

El oftalmólogo recuerda que luego de su uso en 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que las armas nucleares son herramientas genocidas porque están dirigidas a la población civil, no a otros ejércitos, y su utilización más pequeña afecta a todos.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares –que se conmemora el 26 de septiembre–, el experto de la UNAM detalla que su producción tiene poco sentido porque se ha demostrado tiempo atrás que poseerlas no previene o limita la generación de conflictos armados.

“Es irracional, un sin sentido y no entender. No hay ningún argumento básico, legal o legítimo de los productores de armas nucleares que en el fondo no lleve un interés económico”, considera.

En su sitio de internet, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que lograr el desarme nuclear en el mundo es uno de sus objetivos más antiguos, pues fue el propósito de la primera resolución aprobada por su Asamblea General en 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, reconoce que hoy en día existen aproximadamente 13 mil 80 armas nucleares y quienes las poseen tienen programas a largo plazo de modernización de sus arsenales.

El Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares fue establecido por la Asamblea General de la ONU en 2013 como una exigencia para el urgente desarme y su prohibición, posesión, desarrollo, producción, adquisición, ensayo, almacenamiento, transferencia o la amenaza de uso.

Fromow Guerra recuerda que la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), organización a la que también pertenece y que ganó el Nobel de la Paz en 2017, realizó un ejercicio para saber cuánto dinero se invierte en armamento nuclear por minuto y la cifra ascendía a 138 mil dólares por minuto.

“Cuando tenemos que pensar en cómo tener mejores alimentos, sistemas de salud o vacunas, gastamos una cantidad verdaderamente obscena de dinero en instrumentos de muerte. Esta cantidad representa casi 138 mil dólares por minuto que se tiran a la basura”, refiere el universitario.

Gasto millonario

En 2010, añade, se realizó el estudio “What the World wants?” (Qué quiere el mundo), el cual puso en la balanza lo que se gastaba en armas en el orbe, y de eso qué porcentaje podría ser usado para alcanzar los Objetivos del Milenio; el resultado fue sorprendente:

Ese año se invirtió en armamento militar (incluyendo el nuclear) un trillón de dólares y menos de uno por ciento de ese gasto fue equivalente al dinero total que se utilizó en el mundo en 10 años para erradicar el sarampión, acota Fromow Guerra.

Además, se calculó que para estabilizar la población en el mundo se necesitaban 10.5 billones de dólares; eliminar la malnutrición y la hambruna, 19 billones de dólares; erradicar el analfabetismo, cinco billones; proveer techo para personas que no tienen casa, 21 billones de dólares; y para proveer servicios de salud básicos, 15 billones de dólares.

Asimismo, para retirar la deuda de países en desarrollo, 30 billones de dólares; dotar de agua limpia y segura, 50 billones de dólares; suministrar energía limpia y eficiente a todo el mundo, 33 billones de dólares; evitar la erosión de los suelos, así como el calentamiento global, 24 billones de dólares y ocho billones de dólares, respectivamente.

“Es decir, utilizando una cuarta parte de lo que se gasta en armas y gasto militar en un solo año resuelve los problemas más importantes y prioritarios de todo el mundo”, enfatiza Fromow Guerra.

Acciones concretas

Afortunadamente, subraya, no todo está perdido, pues este año se logró pasar las 50 ratificaciones del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, iniciativa que surgió a partir de debates promovidos por naciones como México, Irlanda, Nigeria y Austria en 2017, las cuales desde Naciones Unidas dieron lugar a ese acuerdo.

Adicionalmente, la IPPNW (Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear) realiza esfuerzos para que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se sumen al acuerdo, sobre todo aquellos que no son directos poseedores de armas nucleares, pero permiten en su territorio la presencia de éstas.

En marzo de 2022 se realizará la primera reunión de estados signatarios del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y se invita a la sociedad civil a sumarse con la campaña Cities appeal; es decir, que ciudades se adhieran al acuerdo, como Estocolmo y Oslo.

Otra línea de trabajo importante es el llamado “Don’t bank on the bomb” (No banquemos a la bomba) campaña de ICAN que rastrea los fondos globales de inversiones donde están ahorros de grupos de trabajadores, los cuales en numerosas ocasiones son invertidos en acciones ligadas a empresas que participan en la producción de armas nucleares.

Se logró que los más grandes fondos de pensiones de retiro de Holanda ABP y el de Francia BNP Paribas dejaran de invertir en las compañías que las producen, concluye Fromow Guerra.

Boletín UNAM-DGCS-812/2021

Alberto Jiménez Merino

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20 de septiembre de 2021

Un Nuevo Comienzo

Esta semana el precio del maíz alcanzó los 9 pesos con 40 centavos el kilogramo como promedio mínimo, con una variación de hasta 9.9 pesos, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía citados por Jacob Sánchez, en El Sol de México el 18 septiembre de 2021.

También el gas tiene una tendencia a la alza. No obstante que el precio en Puebla, oficialmente se estableció para la semana que termina en 458 pesos por cilindro de 20 kilogramos, diferentes fuentes reportan un precio real cercano a los 500 pesos.

Ya habíamos comentado con anterioridad que, según datos de la Universidad Tecnológica de Puebla, el costo de producción de la tortilla se compone por 32 por ciento de maíz y 32 por ciento de gas, por lo que tan solo estos dos insumos representan el 64 por ciento de lo que nos cuesta un kilogramo de tortillas.

El logro sexenal de la 4T de dotar dos kilogramos de tortillas a cada mexicano por el aumento del salario mínimo se ve francamente diluido por el incremento de casi 4 millones de personas que no pueden comprar la canasta básica alimentaria y por la disminución de casi 3 millones de hectáreas que se han dejado de sembrar por falta de apoyos y problemas de sequía, lo que ha obligado a que las importaciones de granos hayan subido un 14 por ciento en volumen y un 64 por ciento en costo en este último año con relación al 2018.

Encima de esta crisis alimentaria que se ha dejado sentir por las importaciones alimentarias y tendencia alcista del precio de los alimentos básicos, nos enfrentamos a un problema aún mayor de proporciones mundiales. Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe sobre evaluación de los compromisos de los 191 países que suscribieron el Acuerdo de París 2015, alertó que el mundo sigue un rumbo catastrófico que provocará un aumento de 2.7°C en la temperatura media de la tierra hacia finales de este siglo, por lo que pidió a los gobiernos redoblar los esfuerzos.

Es necesaria una reducción del 45 por ciento en la emisión de gases efecto invernadero (GEI) antes del 2030 con la finalidad de alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050, señala el Secretario General en su informe citado por diversas agencias, según El Universal del 18 de septiembre de 2021.

La crisis climática podría representar la migración de cerca de 216 millones de personas para 2050 por escasez de agua, reducción de la producción agrícola o incrementos en el nivel del mar, según informes del Banco Mundial. Este fenómeno será más visible entre los años 2030 y 2050 e incluye a 4 millones de centroamericanos y mexicanos.

De acuerdo también con el Banco Mundial, la migración es el rostro humano del cambio climático que en las últimas semanas ha aumentado su presión sobre la

frontera sur de México y que esta semana se ha manifestado con la llegada de 10 mil 500 haitianos que cruzaron el Río Bravo, entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas.

Como parte de la respuesta al fenómeno migratorio la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), anunció un Plan de Desarrollo Integral para Honduras, El Salvador, Guatemala y el Sur-Sureste de México, que pretende detonar el crecimiento de la región y detener la migración irregular durante los próximos 5 años, destinando un monto de 45 mil millones de dólares (mmd) provenientes de donantes y gobiernos. Una auténtica carta de intención hasta no verse reflejada en los presupuestos nacionales.

Tenemos enfrente una crisis climática de proporciones catastróficas, un fenómeno migratorio creciente que tendrá mayores impactos entre 2030-2050 y grandes amenazas a la seguridad alimentaria de los mexicanos en el corto y mediano plazo.

Lamentablemente, la agenda política de México, la de actores y partidos políticos, está enfocada en la revocación de mandato, las reformas al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sucesión presidencial adelantada, el desbloqueo o embargo de Cuba, la integración latinoamericana y el proceso electoral del 2024.

Las políticas públicas sobre prevención y mitigación del cambio climático, educación para la vida y el trabajo, recursos hídricos y residuos sólidos, seguridad pública, atención a salud y pandemia por COVID-19, reactivación económica, adopción de energías limpias, el desarrollo económico de comunidades y regiones, la seguridad alimentaria de la población y otros problemas nacionales, pueden esperar.

El 2024 ya está muy cerca. ¡Viva México!

Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.