
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional se hiciera cargo de la Guardia Nacional unos años más, con la finalidad de combatir la delincuencia que existe en el país, en una primera instancia había generado unanimidad en contra por parte de toda la oposición.
Sin embargo, fue la legisladora Yolanda de la Torre del PRI, quien presentó la iniciativa para mantener al Ejército en labores de seguridad pública hasta 2029.
La sorpresa fue que el PRI quien de manera indirecta apoyaba la propuesta de Morena y del presidente, le costó la alianza legislativa y por lo tanto electoral con Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, con quienes habían estado en coalición desde el 2020 prácticamente.
La propuesta obtuvo los votos necesarios por parte de Morena, PT, PVEM y el PRI, con 335 votos a favor, 152 en contra y sólo una abstención con la reserva de que fuera hasta el 2028.
Alejandro Moreno cambió drásticamente su discurso, pasó de ser un perseguido político a un redentor de la seguridad pública del país.
Hay muchas posturas a favor y contra: mientras que a favor se encuentran aquellos que buscan combatir al crimen organizado con las instituciones que están altamente entrenadas y que pueden hacerle frente a los criminales; mientras que los que se encuentran en contra, manifiestan que el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública podría traer violaciones a los derechos humanos sin que nadie pueda quejarse sobre la situación y es que el papel del ejército en los últimos acontecimientos no los dejan con las mejores credenciales como fue Ayotzinapa, Tlayaya o casos de asociación con el crimen organizado.
Por lo que ahora le corresponderá al Senado en esta semana discutirlo en comisiones y dictaminarlo en el pleno.
La oposición ya ha adelantado su postura en contra de la iniciativa, pero sus números tal vez no le alcancen como ya pasó en la Cámara de Diputados.
Esta nueva postura del PRI y la de su presidente podría sentar las bases para la reforma electoral que ya había sido puesta en duda por la oposición, tal y como sucedió con la reforma energética.
Los senadores ahora tendrán la decisión sobre mantener al Ejército con labores de seguridad pública hasta el 2028 o dejarla en manos de los civiles.
René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.
Entre los muchos desacuerdos que permean en el ambiente, transcurrieron las fiestas patrias 2022.
Fiestas patrias que como cada año, nos recuerdan ese proceso político y social que llevó a la Independencia de México lograda hasta 1821.
Fiestas que sin duda nos permiten recapitular esos procesos que fueron parte de la construcción del México actual.
En este contexto el discurso del General Crescencio Sandoval llamó mi atención. En una de sus partes dijo:
“La patria requiere de una sociedad unida, donde los sectores político, económico, social y militar que la integran actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar hacia el objetivo común que es México”

Ello me llevó a rescatar los antecedentes de cuando en nuestro país el Sector Militar era parte de la vida política.
Allá en 1938, a iniciativa del entonces presidente Lázaro Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) -partido político fundado en 1929 con el objetivo de “construir un solo proyecto de nación…para la transición pacífica del poder…”- se transforma en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) con el objetivo de reagrupar a las fuerzas políticas existentes e incluir a otros sectores sociales: el agrario, el obrero, el popular y el militar.
Documentan los historiadores que fue el presidente Manuel Ávila Camacho quien desde 1940, promovió que los militares se desincorporaran de las filas del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), ya que “en el contexto de la guerra y postguerra -en el que se enarbolaban los valores de la democracia y el Estado de derecho, frente a los totalitarismos vencidos-, se enfrentaba a la desconfianza y era cuestionado en otros países el papel del entonces Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y de su dirección nacional para conducir el camino hacia la democracia mexicana…”
Por ello se convoca a la Segunda Gran Convención del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1946, en la que se transforma en Partido Revolucionario Institucional (PRI), se incluyen diversas reformas estructurales y doctrinarias introducidas por el propio presidente Ávila Camacho y se aprueba la desincorporación del Sector Militar para “contribuir de esta manera al mantenimiento de la paz y la seguridad nacional y a dar certezas en la construcción de la democracia en México.”
Actualmente, esa decisión asumida en 1946 por el entonces presidente de la República Ávila Camacho de solicitar al Partido de la Revolución Mexicana (PRM) “retirar” al sector militar de la vida política de México al desincorporarlo del hoy Partido Revolucionario Institucional (PRI); ha cambiado. El presidente de la República López Obrador, ha venido construyendo el regreso del sector militar a la vida pública del país
Así como en 2019, cuando el entonces presidente Felipe Calderón toma la decisión -tan criticada por quienes hoy son gobierno- de que el Ejército interviniera en la seguridad pública. Hoy, no sólo se dio continuidad a esta decisión, incluso se fue más allá, el presidente López Obrador intervino leyes secundarias y la misma Constitución -veremos cómo concluye este proceso legislativo -en curso- en el Senado de la República- para su institucionalización definitiva en nuestra normativa.
Ya lo dijo el General Secretario, “La patria requiere de una sociedad unida, donde los sectores político, económico, social y MILITAR que la integran ACTÚEN…”
Justo en el contexto de nuestras Fiestas Patrias en las que recapitulamos los procesos políticos y sociales que construyeron nuestra Independencia versus Libertad, cuando nos fue anunciado que el sector militar está de regreso y actuando en la vida política de nuestro país.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo.com
En el ámbito del derecho de familia Colombia tiene varios vacíos normativos, uno de ellos relacionado con la regulación de los alimentos entre cónyuges cuando hay un divorcio, el cual afecta especialmente a las mujeres que durante el matrimonio han ejercido el trabajo doméstico no remunerado. ¿Por qué sucede, qué se está haciendo para cerrar las brechas de género?
Según un informe de Naciones Unidas y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicado en 2020, la producción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados equivale al 20 % del PIB colombiano.
“Esto significa que si las labores domésticas se pagaran, este sería el sector más importante de la economía, por encima del comercio (18 % del PIB), la administración pública (15 %) y la industria manufacturera (12 %)”, indica el documento.
Sin embargo, la mayoría de las mujeres que se han dedicado al trabajo doméstico y al cuidado y se quieren divorciar están entre la espada y la pared.

Si el trámite se hace por mutuo acuerdo a través de una notaría, es muy difícil que su cónyuge reconozca que su pareja queda en un desequilibrio económico, y acceda a pagarle alimentos.
Si, por el contrario, la ciudadana no llega a un acuerdo con su expareja, estaría obligada a iniciar un proceso judicial en el cual debe probar la culpabilidad de su esposo en la ruptura matrimonial, y así poder acceder al derecho de alimentos.
La abogada Carolina Pinilla Soler, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), afirma que “todo este proceso sería innecesario si desde un primer momento se reconociera el “principio de solidaridad” que debe existir entre cónyuges, incluso después del divorcio”.
En la Sentencia C-767/14, la Corte Constitucional define dicho principio como “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”.
Llevar los casos al ámbito judicial para probar una causal de culpabilidad, en aras de ganar la prestación alimentaria, es un proceso engorroso para la mayoría de las mujeres, y que muchas no quieren adelantar, ya sea porque no tienen el dinero para pagar un abogado o porque no quieren entrar en un litigio que puede tardar años.
La magíster cuenta que en su experiencia como notaria encargada y directora jurídica ha visto llegar diariamente consultas de divorcio, lo que le ha permitido escuchar a mujeres que narran sus vivencias y frustraciones cuando se tienen que someter a las condiciones en acuerdos de separación.
Esta es una de las razones por las que su investigación tiene un corte transversal de género, y en él se concluye que la falta de solidaridad después del divorcio afecta en especial al género femenino.
“Con este enfoque, lo que quiero hacer es mostrar que los alimentos entre cónyuges no pueden ser una sanción, sino que tienen que adjudicarse única y exclusivamente con base al principio de solidaridad”.
Este análisis se realizó con un estudió de doctrina, literatura jurídica, estadísticas del DANE, instrumentos internacionales y fuentes jurisprudenciales de las Altas Cortes del país.
Las Altas Cortes vienen llenando estos vacíos a través de sentencias que fijan una prestación alimentaria sin importar la culpabilidad, y teniendo en cuenta el estado de necesidad.
En Colombia, el género es un factor desencadenante de pobreza. Las mujeres que se dedican a la economía del cuidado y al trabajo doméstico no remunerado dentro del matrimonio sufren una desigualdad de oportunidades porque no pueden acceder al campo laboral, tienen una reducida participación social y política, poco tiempo para estudiar y su poder de negociación se ve limitado.
Todo esto hace que dependan económicamente de su cónyuge, y al divorciarse quedan indefensas y en un estado de pobreza que les impide solventar su propia subsistencia.
“Esto se ha convertido en un reto para el derecho. A las Altas Cortes les ha tocado considerar siempre en sus fallos el criterio de la economía del cuidado, el trabajo doméstico, y obviamente desde una perspectiva de género”, afirma la abogada.
Un ejemplo podría resumir lo que hasta hace poco pasaba y a lo que se apunta: si un hombre ha logrado construir su pensión, la esposa debe esperar a que él fallezca para poder acceder a la pensión de sobreviviente. No obstante, ella también construyó la pensión de su esposo, trabajando en equipo desde la casa.
En cuanto a los logros en la materia, hay pensiones conyugales que se han adjudicado a mujeres, así haya divorcio, teniendo en cuenta el tiempo en el que ella ayudó a su esposo a construir la pensión.
No solo la Corte Constitucional le está poniendo el ojo al tema: en agosto, la Procuraduría General de la Nación apoyó una demanda que busca que las mujeres coticen menos semanas para lograr una pensión. Estos recursos e iniciativas son importantes ya que pueden ayudar a que ellas no queden en estado de vulnerabilidad y a cerrar brechas de desigualdad.

Hay 2 mil 800 millones de personas en el mundo que viven con menos de 2 dólares diarios; más de mil millones viven con menos de un dólar, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), citados por la organización francesa ATD Cuarto Mundo 2022.
La misma fuente indica que 448 millones de niños tienen bajo peso, diariamente 30 mil niños mueren de enfermedades que podrían ser evitables y más de mil millones de personas no tienen acceso al agua potable.
El número de pobres en México, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), citada por la organización alemana Deutsche Welle dw.com 2022, era de 52 millones de mexicanos en 2018 y se estima en 58 millones para este año.
La pobreza junto a la desigualdad es de los mayores problemas de nuestro país y el mundo.
En México, hace más de 30 años que las cifras no han bajado y tienden a crecer, en gran parte, porque los programas aplicados son eminentemente asistencialistas que solo han contenido el problema, pero no lo han revertido.
Los mal pensados dicen que así ha convenido a los gobiernos, que la pobreza siga para mantener una base electoral permanente. Lo que no cabe duda es que en los procesos electorales esta situación permite que quien más da y promete, tiene mayores posibilidades de ganar. Y ya se ha normalizado que se promete y sin ningún rubor, se deja de cumplir o a hacer lo contrario a lo ofrecido.
Para revertir la pobreza hace falta conocer realmente el problema, planeación desde las comunidades, revisar los contenidos educativos, apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico, priorizar los problemas y necesidades y, poner plazos constitucionales para resolver la problemática. Se requiere dejar de inventar al país cada seis años y aprovechar lo ya avanzado por los antecesores.
De manera inmediata, se requiere equilibrar el presupuesto federal para que además de programas sociales contra la pobreza se incrementen las inversiones para la infraestructura pública, el fomento económico y productivo que generen riqueza en las comunidades.
Por todo esto, hoy deseo compartir parte del contenido del libro Cómo eliminar la pobreza; qué es lo que funciona cuando los métodos tradicionales fracasan, escrito por Paul Polak, empresario checoeslovaco, fundador de la International Development Enterprises (IDE), con sede en Denver, Colorado
El autor señala que, si en verdad quieres ayudar a alguien, pregúntale cómo y no supongas o trates de adivinar lo que necesita. Es una de sus mayores recomendaciones.
No les digas lo que deben hacer para desarrollarse, mejor pregúntales qué quieren hacer y qué necesitan para empezar a hacerlo o continuarlo, lo cual he comprobado en decenas de experiencias directamente con la gente.
Una sección del libro de Polak se refiere a Doce Pasos Prácticos para Resolver Problemas, los cuales comparto a continuación:
1.- Ve a donde está la acción. No se pueden conocer y atender los problemas desde las oficinas.
2.- Habla con las personas que tienen el problema, escúchalas. Las mismas personas que traen el problema, traen propuestas de solución. Así das una atención y también aprendes.
3.- Conoce lo mejor posible el contexto del problema. Tener la mayor información de lo que se plantea. Y posibles soluciones.
4.- Piensa en grande y actúa en grande. Cuál es la población afectada o beneficiada con mi intervención. O perjudicada por mi omisión.
5.- Piensa como niño. Como en los juegos de la infancia, reducir el problema a sus elementos básicos.
6.- Ve y haz lo obvio. A qué se dedican aquí, cómo lo han hecho. Qué sigue.
7.- Si alguien ya lo inventó, no tienes que volver a hacerlo. Muchos dudan de usar ideas ajenas. Pero si revisamos donde ya se resolvió el problema que tenemos, vamos allá y adoptemos soluciones.
8.- Cerciórate de que tu método tenga impactos positivos medibles y repetibles. Cuantos se benefician de mi propuesta y cuantos más podrían hacerlo. Si la gente lo adopta porque mejoró la situación previa, es un buen proyecto.
9.- Diseña con objetivos específicos de costo y precio. Desarrollar servicios, herramientas y equipos al alcance de la población necesitada. Lo que se invierte debe crear mejoras cuantitativas, cualitativas y transformar la realidad.
10.- Sigue planes prácticos de tres años. Establecer objetivos y acciones con metas ni muy grandes ni muy chicas, trabajar por etapas.
11.- No dejes de conocer a tus clientes cada vez mejor. Hay que mantenerse entre la gente para ayudarles a dar el siguiente paso.
12.- Mantén una actitud positiva; no te distraigas por lo que piensen los demás. Demuestra en la práctica tu propuesta, es la mejor forma de convencer.
Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.
12 de septiembre de 2022
Desde el año 2019, a iniciativa del presidente López Obrador fue impulsada la Guardia Nacional (DOF, 27/05/2019), como una institución policial de carácter civil cuyo objetivo era “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social” (Art 21 CPEUM) incluso en el artículo Quinto Transitorio se consideró que “entre tanto desarrollaba su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente podría durante los CINCO AÑOS posteriores disponer de la fuerza armada en tareas de seguridad pública.”
La Guardia Nacional si bien era un cuerpo civil contaba con bases militares (incluyó a policía federal, policía militar, policía naval), lo que trajo consigo un debate acalorado en el Congreso de la Unión para su aprobación, porque ya desde entonces ello significaba militarizar al país. Sin embargo, con el fin de detener la grave inseguridad en nuestro país, hubo consensos y los diputados y senadores aprobaron su creación por unanimidad. Desde el 2019 se le asignaron recursos públicos y en 2020 50 mil millones de pesos cantidad que fue incrementando en el 2021 y en 2022.
Hoy un “cambio de opinión” del presidente López Obrador -al consumar la violación a la Constitución- logra que en leyes secundarias, el Congreso de la Unión sin mayor discusión, debate o construcción de consensos, pasara a ser parte de la Secretaria de la Defensa Nacional.
En materia de seguridad pública México ha sido militarizado, pero también se han militarizado muchas dependencias de la administración pública del gobierno federal que hoy están a cargo de mandos militares.
Por ello, retomo diversas investigaciones que analizan esa relación inquebrantable entre militarismo-patriarcado, que produce dicotomías jerarquizantes y que ha dado pie al denominado “feminismo antimilitarista” por las implicaciones que tiene en las mujeres y las niñas.
Si el patriarcado se refiere a un sistema de subordinación, de dominación, de opresión que históricamente ha afectado a las mujeres generando una desigualdad estructural; la ocupación militar es un sistema de control, dominación, opresión, que al institucionalizarse, ampliará su territorio a las calles, convirtiéndolo en una extensión más de ese control, pero envuelto en un discurso oficial de “protección”, porque hay que combatir al “enemigo interno” porque es necesario para la “seguridad democrática.”
De manera que si se analiza el militarismo desde la lente del patriarcado se encontrará que ambos comparten los mismos valores “Jerarquía; violencia; obediencia; individualismo; desdén por la vida; por los seres humanos y por el medio ambiente; autoritarismo; victimización y minimización de la mujer; uniformidad, homogeneidad; exclusión; control. Ambos reprimen el disenso y defienden los intereses de la clase dominante…”
El patriarcado define la masculinidad, define los roles masculinos, sus valores, sus características y exige que los hombres los cumplan y que se comporten de acuerdo a esos mandatos en todas partes, todo el tiempo. Al mismo tiempo, el patriarcado define las feminidades y como las mujeres deben comportarse y actuar en todas partes todo el tiempo. El militarismo usa estos dos conjuntos de roles y características para decidir, qué es deseable y que no, qué se debe alentar, qué se debe controlar y dominar y cómo debe hacerse. (Velazco Koldobi; Guerrero Velia ; Lerner Gerda; Espitia Lucia; García Natalia)
De ahí el nivel de impactos directos o indirectos que tendrá esta aprobación en la vida de las mujeres y las niñas, de por sí víctimas ya, de todo tipo de violencias y de desapariciones.
Cuesta pensar que las cosas cambiaran o que serán muy distintas, con el “cambio de opinión.”
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