Rocío García Olmedo

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07 de noviembre de 2022

Palabra de Mujer

Un deterioro y destrucción más que durante el período del gobierno federal actual hemos atestiguado es el que sufre paulatinamente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Este documento de la mayor importancia porque es ahí donde podemos enterarnos de los cómo se propone gastar los recursos públicos, estableciendo su organización para la toma de decisiones encaminadas supuestamente al fomento del crecimiento del país en beneficio de todos los mexicanos y mexicanas, de todas las regiones del país, de todos los niveles sociales y de todas las edades.

8.3 billones de pesos es la cantidad para ser ejercida en el ejercicio fiscal 2023. Por ello analizar y enterarnos cómo se pretende gastar este nuestro dinero que aportamos al gobierno vía impuestos, derechos y aprovechamientos es necesario; más aún, cuando para su aprobación solo se requiere de una votación de la mayoría 50%+1 de los diputados y diputadas, ya que su discusión y aprobación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados (Artículo 74 Fracción IV de la CPEUM).

El Ejecutivo federal como cada año envió a la Cámara de Diputados en tiempo y forma la propuesta que contenía el proyecto de PEF para el año 2023. En este documento se observa de inicio una asignación inequitativa para las diversas instituciones.

Salud y Educación que debieran ser de alta prioridad derivado justo de la urgente atención y reajuste que requieren, después de los estragos que sufrieron durante la pandemia del Covid tienen reducciones.

En contraparte la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaria de la Marina y las únicas obras importantes de este sexenio se ven muy favorecidas con incrementos muy importantes.

Se observan también recortes en los presupuestos de diversas instituciones: en el Poder Judicial, en organismos autónomos como el INE, en el Instituto Nacional de Transparencia, en el Tribunal Electoral Política del Poder Judicial de la Federación, entre muchos otros.

Me detengo en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres” recordando el enorme esfuerzo de muchas mujeres legisladoras que pudieron conquistar su establecimiento en el año de 2008 con el objetivo de destinar recursos públicos etiquetados para atender las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres de manera diferenciada, para construir igualdad, para generar oportunidades, para atender desde su prevención y sancionar las violencias contra las mujeres, pero que también fuese un recurso público que pudiese transparentar su aplicación para hacer realidad lo que la normativa a favor de las mujeres obliga.

Este Anexo que se diseña o mejor dicho diseñaba de forma transversal es el que ha sufrido uno de los mayores deterioros, aunque a simple vista presenta incrementos.

Ahora, el gobierno federal actual incluye en este Anexo, los recursos públicos asignados a programas de política social que no necesariamente tienen como objetivo reducir las brechas de género, atender las causas de la desigualdad o erradicar violencias.

Tan solo la subvención que se otorga para las pensiones de las personas adultas mayores, no atiende a un enfoque de perspectiva de género, ya que las mujeres cuando llegamos a la vejez, no presentamos las mismas condiciones que los hombres, la mayoría sin seguridad social, con un deterioro mayor a su salud, realizando labores de cuidados, entre otras muchas y esa “ayuda económica” que el gobierno otorga no cubre esas condiciones. Y sí en este Anexo se reduce recursos destinados hacia programas de apoyo a las mujeres.

De ahí que las expertas plantean que es un presupuesto tramposo con “aumentos artificiales” porque tan solo este rubro -pensiones para adultos mayores- ocupa en el Anexo 13 el 55.26% del PEF2023.

El PEF2023 -declaran- se aprobará en esta semana y la instrucción para los diputados y diputadas federales a pesar de autonombrarse “legislatura de la paridad”, como lo fue también con la Ley de Ingresos 2023 y como ha sido en muchos otros casos, no considerarán las consecuencias negativas que acarrea a las mujeres el haber perdido el objetivo del Anexo 13 y votarán a favor como han instruido “sin moverle una sola coma”.

Por eso la causa de la democracia y todas estas regresiones nos atañen a todas/todos.

Por eso #YoDefiendoAlINE.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo.com

Redacción

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03 de noviembre de 2022

La posibilidad de una guerra nuclear derivada del conflicto entre Ucrania y Rusia no puede ser descartada; el peligro de esta proviene más de Estados Unidos que de los rusos, afirmó Michel Chossudovsky, profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa, y fundador y director del Centro de Investigación sobre la Globalización.

Las noticias sobre el reclutamiento de 300 mil soldados por parte de los rusos podrían llevar a una escalada en el enfrentamiento de la Federación rusa con la Unión Americana y los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dijo.

En Estados Unidos, subrayó, existe una ideología en la que Washington habla de una guerra nuclear preventiva, la cual es considerada como instrumento de defensa, incluso se plantea la existencia de una bomba nuclear “humanitaria”, de baja intensidad.

Al participar vía remota en el Coloquio Internacional “Riesgos Existenciales para la Vida en el Planeta. A 60 años de la Crisis de los Misiles”, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Chossudovsky detalló:

Existe un programa del presidente Joe Biden -el cual inició en la administración de Barack Obama para desarrollar armas nucleares- que cuenta con un billón de dólares y podrían duplicarse de aquí a 2030. “Este presupuesto no incluye los demás gastos militares”. En la Unión Americana también hay propaganda para el público en general, y para quienes toman decisiones sobre este tipo de arma.

Durante el encuentro –inaugurado por el director del CEIICH, Mauricio Sánchez Menchero–, el experto señaló que después de los eventos del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos hay una nueva doctrina relativa a los artefactos nucleares y se desarrolla una nueva generación de estos, de baja capacidad explosiva. Incluso se habla de ellas como “bombas humanitarias” y se podrían utilizar en contra de países no nucleares.

“Existe esta noción de arma nuclear que no genera daños para los civiles, porque la explosión es subterránea, pero es falso”, insistió Chossudovsky.

En Rusia, prosiguió, se considera que si alguna de las partes utiliza una nuclear la destrucción mutua estará asegurada, y conduciría al fin de la humanidad tal como hoy la conocemos.

Recordó que con el denominado Proyecto Manhattan Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá habrían elaborado un plan para efectuarse el 15 de septiembre de 1945, a fin de bombardear 66 ciudades de la entonces Unión Soviética con más de 200 bombas atómicas. Este capítulo, señaló, está fuera de los libros de historia, pero puede corroborarse por diversos documentos desclasificados de este plan.

Cabe mencionar que el Coloquio Internacional tuvo el objetivo de mantener el interés por el estudio científico e interdisciplinario sobre las potenciales consecuencias de una conflagración nuclear mundial. En este encuentro académico participaron 10 especialistas, quienes brindaron sus enfoques y análisis sobre las amenazas vinculadas al desarrollo de la industria nucleoeléctrica y de la tecnología bélica basada en la fisión nuclear.

Boletín UNAM-DGCS-902/2022

René Sánchez Juárez

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07 de noviembre de 2022

Como parte de las modificaciones constitucionales que quiere hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con su Cuarta Transformación del país, es la reforma electoral y con ello modificar gran parte del sistema político mexicano.

La oposición como ha actuado desde el 2018 se ha manifestado en contra de toda propuesta enviada por AMLO al legislativo, tal y como lo vimos en la reforma eléctrica que no consiguió los votos necesarios. Sin embargo, para la iniciativa sobre ampliar el plazo del ejército en las calles, se preveía el mismo destino, hasta que fue el propio PRI que envió la iniciativa lo que facilitó su aprobación.

En este mismo espacio ya habíamos analizado que todos los partidos tienen sus propias iniciativas referentes al tema electoral; aunque hay temas en los que la oposición no está de acuerdo.

Uno de los temas más polémicos ha sido la modificación del organismo, por ejemplo, del nombre de Instituto Nacional Electoral a Instituto Nacional Electoral y de Consultas, así como la desaparición de los OPLE’s que operan en las 32 entidades federativas.

Con lo anterior la oposición ha montado una campaña para defender al INE, con la consigna que AMLO y su gobierno, pretenden desaparecer al organismo autónomo para poder instaurar una dictadura y mantener el poder en el 2024. El argumento en sí es risible, ya que justo con el INE así como está conformado, Morena ganó en 2018 y a partir de ese momento ha ganado 20 gubernaturas en el país y de acuerdo con las últimas encuestas, sus probables candidatos ganarían la elección presidencial y 7 de 9 gubernaturas en 2024.

El mismo INE solicitó una encuesta para conocer la opinión de los mexicanos respecto a la reforma electoral, confiados en que los resultados podrían presentarlos para rebatir la iniciativa. El diario El País, publicó los resultados y no fueron positivos para el instituto.

Se demostró que el 93% de los mexicanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos; el 87% avala disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal; el 78 apoya que los consejeros y magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía y el 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan el INE.

Estos resultados, de acuerdo con los representantes de Morena, fueron ocultados por dos semanas, ya que exhibían el respaldo de los ciudadanos a la propuesta del presidente y no convenían a los intereses de Lorenzo Córdova.

La Cámara de Diputados nuevamente plantea reducir al INE 4 mil millones de pesos para el 2023 de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación que está siendo analizado en estos días.

Todo indica que la reforma electoral será una realidad, apoyada por Morena, sus aliados y el PRI, sólo falta ver cuáles son las propuestas que prosperarán. Esperemos que los demás partidos se sumen, dejen su “amlofobia” y traten de que sus propias iniciativas sean incluidas en la reforma y no solo negarse por ser presentada por el presidente.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

Alberto Jiménez Merino

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01 de noviembre de 2022

Dos decretos presidenciales, sobre la sustitución gradual del herbicida glifosato, el uso de semillas genéticamente modificadas y la libre importación de alimentos de la canasta básica, junto con una iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico para prohibir el uso de agroquímicos, amenazan hoy al sector agroalimentario mexicano con mayores problemas que los que dichos ordenamientos se proponen resolver.

El 31 de diciembre de 2020, el Gobierno de México emitió un decreto para establecer las acciones que deberán realizar las dependencias federales para sustituir el herbicida glifosato por alternativas sostenibles que mantengan los niveles de producción, cuiden la salud de la población, la biodiversidad cultural y el medio ambiente, estableciéndose un periodo de transición desde su entrada en vigor hasta el 31 de enero de 2024. El mismo decreto establece la prohibición de utilizar semillas de maíz transgénico.

El 20 de febrero del 2022, a iniciativa del diputado Eduardo Murat Hinojosa, la Cámara de Diputados aprobó por 478 votos, diversas reformas y adiciones a disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para regular el uso de plaguicidas altamente peligrosos. Según el proponente, en México se han reportado 180 plaguicidas peligrosos, de los cuales 140 de ellos están prohibidos en otros países por su probable impacto a la salud humana.

Asimismo, el 19 de octubre del 2022, el Gobierno de México emitió un Decreto por el que se exenta el pago de impuesto de importación y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías que hagan las empresas importadoras de productos de la canasta básica acreditadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP).

Aunque originalmente se informó que se exentaría de los trámites burocráticos y de las regulaciones sanitarias, en forma muy atinada y prudente, el artículo cuarto del decreto anunciado desde inicios de octubre instruye a las dependencias involucradas el coordinarse para el cumplimiento de las facilidades administrativas, sin detrimento de la observancia de la aplicación de la normatividad establecida.

Respecto de la prohibición del uso de glifosato y agroquímicos, es necesario recordar que en el campo nacional viven 30 de los 127 millones de mexicanos. Nuestro país ocupa el 3er. lugar en producción agropecuaria en América Latina y el 12do. lugar del mundo. Cuenta con 11 mil kilómetros de litorales, 109 millones de hectáreas de uso ganadero y, una frontera agrícola de 26.9 millones de hectáreas. Se obtienen anualmente 268 millones 111 mil 420 toneladas de productos agrícolas con un valor de 858 mil 090 millones de pesos en una superficie de 20 millones 801 mil 780 hectáreas.

El sector agroalimentario nacional, está integrado por más de 8 millones de mexicanos, representa el 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y tiene un crecimiento anual del 3.1 por ciento que supera al crecimiento de la economía nacional de 1.8 por ciento. Esto significa miles de millones de pesos en divisas e ingresos fiscales para el país.

Según el Consejo Nacional Agropecuario, el campo mexicano utiliza productos de protección de cultivos que además de atender al mercado interno, permiten exportar a 50 países con los que México tiene tratados comerciales y, cuyos productos son avalados a través de prácticas agrícolas que aseguran cero residuos y que son aceptados por las normas internacionales de comercio observadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así, nuestro país ha logrado ser el décimo exportador mundial de alimentos, formando parte de los 188 países miembros de Codex que han negociado recomendaciones de base científica en todos los ámbitos de la inocuidad y calidad agroalimentaria.

Una de las fallas más comunes de los gobiernos, en sus diferentes órdenes, es pretender resolver en 3 o 6 años problemas y necesidades añejas. En el tema que nos ocupa y sin recurrir a la típica búsqueda de culpables, no existen aún alternativas para una prohibición de agroquímicos en el corto plazo.

Al igual que las tecnologías como la agricultura de conservación, el riego tecnificado, los biofertilizantes, bioplaguicidas y las prácticas agroecológicas, necesitan de un sólido plan de investigación y desarrollo tecnológico y un plazo no menor a 10 años y no mayor a 15 para una transición exitosa. Es muy necesaria por el grado de contaminación generado, pero requiere de una política pública agroalimentaria, agroecológica y sustentable que hoy no se tiene, pero tampoco se propone.

El uso de transgénicos sigue manteniendo divididas por mitad las opiniones públicas, no hay contundencia en los impactos negativos ni en los beneficios a la productividad. Como mexicano creo que en maíz no debe permitirse, porque somos centro de origen y tenemos muchas opciones genéticas locales si apoyamos el desarrollo de la industria semillera nacional. En otros cultivos y especies, es posible que ante la crisis alimentaria que se avecina, deban considerarse.

Y, con relación a la exención de revisiones sanitarias que originalmente se anunció y hoy se corrige sabiamente, no podemos olvidar que contamos con un Sistema de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), reconocido por propios y ajenos, mismo que ha permitido que de las 92 enfermedades animales, de las mil 247 plagas agrícolas y de las 45 plagas acuícolas del mundo, 56, mil y 39, respectivamente, no estén en México.

Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.