Alberto Jiménez Merino

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01 de noviembre de 2022

Nuevos Horizontes

El campo mexicano ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria de América Latina y el décimo segundo del mundo, con 288 millones 294 mil 993 toneladas de cultivos, ganado y peces; termina este año 2022 con un presupuesto de 55 mil millones de pesos (mmdp) y, se enfila a tener 70 mmdp en 2023.

Allí, en el campo, viven 30 de los 127 millones de personas que conforman la población nacional.

México es un territorio de 196 millones de hectáreas continentales, más 315 millones de hectáreas de mares; tiene 11 mil kilómetros de litorales, una frontera agrícola de 27 millones de hectáreas y 109 millones de hectáreas son de uso ganadero. La diferencia son cuerpos de agua, destacando 800 grandes presas, zonas urbanas y áreas forestales.

Nuestro país cuenta con un Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que se ha encargado de minimizar el riesgo de introducción de plagas y enfermedades; tiene 192 laboratorios de diagnóstico agropecuario que procesan 9 millones de muestras anuales en salud animal y 12 mil diagnósticos de sanidad vegetal; además de, 80 caninos para la revisión de equipaje en aeropuertos con 92 por ciento de efectividad.

Al cierre del 2017, el campo mexicano generó ingresos de exportaciones por 32 mil 583 millones de dólares (mmd), lo cual convierte al sector agroalimentario en un potente generador de divisas que, en algunos años ha superado a las obtenidas por remesas, venta de petróleo y turismo, según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de SAGARPA, 2018.

Las evidencias demuestran que el crecimiento agroalimentario no solo es eficaz para aliviar la pobreza rural, sino que es más eficaz que el crecimiento industrial para reducir la pobreza urbana. Así, un aumento del 10 por ciento de la productividad agrícola está asociado a aumentos de 9 a 10.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. En cambio, un aumento de la productividad de las manufacturas se vincula solamente a un incremento de 1.5 a 2.6 por ciento del PIB per cápita en varios países según indica Houck, 1986, y Vollrath, 1994, citados por Muñoz y otros, 2018.

Los principales problemas del campo mexicano son: el tamaño reducido de parcelas; el bajo desarrollo organizacional productivo; la dependencia de lluvias en el 80 por ciento de la superficie agrícola; la avanzada edad de los campesinos y su reducida escolaridad; altos costos de insumos que derivan en altos costos de producción; problemas de aguas residuales y basura que afecta a las unidades productivas; falta de financiamiento y paquetes tecnológicos; bajos rendimientos; aplicación de insumos de más; y, trabajo innecesario, pérdida de fertilidad y contaminación del suelo.

En el gobierno, al igual que en las familias, nunca hay un presupuesto que alcance para todas las necesidades de los sectores sociales, económicos y ambientales, pero hay prioridades como la alimentación, vivienda, energía, seguridad y salud, que no pueden abandonarse porque son derechos esenciales.

Los problemas de México no tienen colores. Para resolverlos se requiere de la unidad y colaboración de todos los mexicanos. Por eso, con el mismo espíritu de cooperación con el poder ejecutivo en sus diferentes niveles, mostrado por la dirigencia nacional, algunos legisladores y líderes del partido en el que he militado, hoy comparto estas propuestas, derivadas de la experiencia vivida varios años en el sector agroalimentario a fin de contribuir a la discusión y aprobación del presupuesto 2023.

1. Hemos tenido presupuestos históricos en los últimos 10 años que han superado los 90 mmdp. Ya es tiempo que el campo mexicano tenga 100 mmdp. anuales para la atención de sus prioridades.

2. Es fundamental asegurar que se destine el 10 por ciento de todos los programas de fomento a Servicios de Capacitación y Acompañamiento técnico a fin de asegurar el impacto de los apoyos otorgados en la productividad agroalimentaria.

3. El SENASICA, que este año tuvo 3 mil 344 mmdp. y trae la misma cantidad para 2023, requiere al menos de 6 mil mmdp., porque tan sólo para salvar la citricultura del Huanglongbing (HLB), se necesitan mil 700 mdp., según la Asociación Nacional de Citricultores (ANAPROCI).

4. Es un gran acierto que se destinen 16 mil mdp. para fertilizantes, para los 2 millones de beneficiarios de Producción para el Bienestar, de las 32 entidades del país, pero se requiere de semillas para un mayor aprovechamiento de este insumo. Con base en lo anterior, se propone adicionar o reorientar 5 mil mdp. para apoyar con semillas mejoradas de maíz y frijol, como lo propone la Asociación Semilleros Mexicanos Unidos (SEMUAC).

5. Se destinarán 26 mil mdp. para infraestructura hidroagrícola, por lo que se propone fortalecer los apoyos a riego tecnificado para elevar productividad y recuperar volúmenes para uso público urbano y, destinar al menos 2 mil mdp. para obras de captación y almacenamiento de agua para uso agropecuario y recarga de acuíferos.

6. Apoyar con mil 500 mdp. a la tecnificación ganadera para la siembra de praderas, resiembra de pastizales, inseminación artificial y trasplante de embriones que permita elevar la productividad en el sector lechero y cárnico.

Y, finalmente:

7. Destinar recursos para la operación básica de las dependencias del sector, distritos y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER’s) a fin de atender a los productores; inspeccionar y vigilar ríos y acuíferos; prevenir y combatir incendios forestales; apertura de ventanillas de atención de trámites agrarios; así como el rescate de la pesca en los ríos para la seguridad de alimentaria de las familias ribereñas.

Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.

Rocío García Olmedo

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24 de octubre de 2022

Palabra de Mujer

Sin duda hay de cabildeos a cabildeos.

Uno es el que se hace para obtener una resolución o acuerdo favorable a intereses propios o de terceros; y otro, que lo usa como disfraz para cubrir otros intereses.

Más allá de filias y fobias, cada día en que se acerca el año de las elecciones federales próximas (2024) se hace necesario reconocer las cada vez mayores violaciones en que incurren las autoridades actuales del gobierno federal en turno.

Violaciones que nos van dando idea del tipo de proceso electoral al que nos enfrentarán.

Nos queda claro que el proceso electoral por voluntad del presidente de la República está adelantado.

Cada una de las “corcholatas” ha echado mano de diversas argucias para intentar posicionarse por encima de las demás.

La mayoría haciendo uso de sus posiciones que les permiten los cargos en la administración pública federal, que siguen ocupando.

¿Uso de recursos púbicos? Casi seguro

¿Respeto a las leyes? Ninguno

¿Rendición de cuentas? Ojalá

Porque encubiertos en sus cargos, se organizan eventos masivos, colocan mantas y espectaculares de apoyo, y ahora una nueva estrategia el “cabildeo”.

El pretexto, los votos para concluir el proceso legislativo de la reforma reciente que amplía el período de militarización del país y que requiere de los votos favorables de la mayoría de Congresos de los Estados de la República por ser una reforma constitucional.

El secretario de Gobernación federal, persona poco conocida en el país -como sucede con otra pre-candidata “corcholata”, la jefa de gobierno de la ciudad de México- enmascara su posicionamiento asistiendo a los Congresos estatales en los que de por sí tiene mayoría de diputados/as el partido oficial Morena y los señores o señoras gobernadoras son también del partido gobernante Morena, para “explicar” los “alcances y beneficios de esta reforma aprobada, sabiendo de antemano que el voto será favorable, por cierto aprovechando la oportunidad para hacer declaraciones poco afortunadas, para que pueda mantenerse como “nota” en medios de comunicación, como la reciente -que seguro no será última- en que desliza el que “un militar puede ser presidente” dicho en una tribuna legislativa.

Cabildeo Innecesario sin lugar a dudas, que le sirve al señor Secretario para darse a conocer, pero que también tiene otro objetivo, -que supone no nos damos cuenta- distraer de los temas delicados que hemos conocido en los últimos días a través del hackeo masivo que sufrió el Ejército conocido como Guacamaya Leaks y lo revelado en el libro El Rey de Cash, sumado a los desatinos en las políticas de gobierno que se acumulan día con día.

Porque es realmente preocupante por ejemplo que por esas filtraciones sepamos que en el 72% del territorio nacional hay presencia de la delincuencia organizada y nos preguntábamos el porqué de los niveles de inseguridad en permanente aumento en el país, la respuesta está ahí.

Ante datos como este no hemos escuchado propuesta de alguna de las “corcholatas” en sus recorridos por el país, tampoco hemos escuchado la propuesta de un verdadero cabildeo entre autoridades de los tres niveles de gobierno para enfrentar y resolver de una vez por todas este grave problema o alguno de los tantos acumulados.

Lo que sí vemos diariamente en ruta hacia el 2024 es la constante violación de la normativa electoral.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo.com

René Sánchez Juárez

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01 de noviembre de 2022

A inicios de mes dábamos seguimiento a las elecciones presidenciales en Brasil, donde se definiría el rumbo del país sudamericano sobre la continuidad de un gobierno de derecha que presentaba Jair Bolsonaro o regresar a un modelo de izquierda a través del regreso de Lula da Silva a la presidencia de la república.

De acuerdo con el sistema político electoral brasileño, el 2 de octubre se llevó a cabo la primera vuelta donde ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de la votación, el actual presidente Jair Bolsonaro obtuvo el 43.76%; mientras que Lula da Silva registró el 47.78% La sorpresa y tal vez la candidata que irrumpió en las elecciones y obligó a una segunda vuelta fue Simone Tebet quien obtuvo un 4.22%

Este fin de semana se enfrentaron en las urnas nuevamente los punteros, y después de una reñida campaña, los datos fueron fluyendo de forma muy equitativa. Hasta que el Colegio electoral determinó que Lula da Silva ganó la elección con un 50.83% de los votos escrutados, con lo que el próximo 1 de enero tomará posesión como presidente de Brasil.

A pesar de la campaña negra e incluso de políticas progresistas por parte de Bolsonaro en la última recta de su campaña con la finalidad de obtener votos de la población más desfavorecida, la mayoría de los brasileños optó por cambiar el modelo económico y social que han vivido los últimos 3 años, desde que el modelo neoliberal fue instaurado por la derecha.

Los festejos no se hicieron esperar por parte de Lula, quien manifestó: "Es necesario combatir las políticas violentas contra las mujeres y enfrentar sin tregua el racismo y la discriminación, para que blancos y negros tengan los mismos derechos y oportunidades. Solo así podremos construir un Brasil igualitario, con paz, democracia y oportunidades. A partir del 1 de enero 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas y no solo para los que votaron por mi”.

Lo que sin dudas, representa un discurso de inclusión y que verá por los más desfavorecidos, algo que fue olvidado por la derecha y que hoy les ha cobrado la factura en las urnas. "Si somos capaces de exportar comida al mundo entero, tenemos que ser capaces de hacer que los brasileños desayunen, almuercen y cenen todos los días. Ese

es mi mayor compromiso" Lula volverá a atender a esa población desatendida.

A partir del próximo año el 86% de la población de latinoamérica unos 568 millones de personas vivirán bajo 13 gobiernos socialistas, comunistas y de izquierda, lo que presentará un reto para la hegemonía de los Estados Unidos en las cumbres internacionales por el peso que representan unidos.

El presidente mexicano López Obrador, no tardó en felicitar a Lula a través de su cuenta en Twitter: “Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo”

Se viene una reconfiguración geopolítica en América Latina, donde México deberá ponerse a la vanguardia para liderar a toda la región como lo ha hecho hasta ahora.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

Redacción

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24 de octubre de 2022

Mantener el financiamiento público a partidos y campañas políticas, a fin de que haya competencia equitativa entre estas organizaciones y candidatos, además de contar con un modelo fuerte de fiscalización de los recursos, fueron parte de los temas analizados por especialistas en materia electoral quienes participaron en el Seminario Reforma Política-Electoral “Riesgos y Oportunidades”.

La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Jacqueline Peschard Mariscal, comentó que para la sociedad es ofensivo que se otorgue a partidos políticos la tercera parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que también le resulta oneroso a la población. Sin embargo, el desprestigio de los montos públicos que se les destinan no es de ahora, ni de la agenda de Morena, viene de tiempo atrás.

No debemos pensar si se requiere o no presupuesto para esas organizaciones políticas, sino cuánto es lo que se necesita; ello debe ir aparejado de un análisis sobre cuánto cuesta una campaña. “Se supone que eso se ha hecho para identificar la fórmula actual de subvención”.

Uno de los temas que origina que el financiamiento sea una bolsa que parece agraviar a los mexicanos, es que se destinan recursos federales a los partidos nacionales, lo cual se replica en el ámbito local, entonces prácticamente se duplica. “Una fórmula fácil de reducir financiamiento público a esas estructuras, es algo que ha planteado el INE: eliminar el financiamiento local”, aseguró.

Para el profesor investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la FCPyS, Emanuel Rodríguez Domínguez, el monto económico otorgado y la fiscalización electoral son tópicos importantes para la reproducción de buenas prácticas e integridad electorales. “Si no se definen bien las reglas del juego estamos cayendo también en un caldo de cultivo de malas prácticas electorales”.

Indicó que el uso de programas sociales con fines electorales es un aspecto fundamental a considerar. Un gobierno puede estar bien evaluado y generar una política social importante, pero si no existe un buen mecanismo de financiamiento que garantice a la oposición contrarrestar propuestas de política pública, social e ideológica, será difícil garantizar una competencia equitativa.

Emanuel Rodríguez dijo que no percibe “un mundo sin financiamiento público que no garantice, en cierta medida un piso parejo, sobre todo cuando los partidos en el gobierno, que se han configurado como predominantes tienen otro piso de recursos para competir electoralmente”. Uno de los retos también es definir cómo se ejercen esos recursos en el marco del financiamiento, los topes de campaña es un punto fundamental.

En la sesión Financiamiento y Fiscalización Electoral, Javier Aparicio Castillo, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), recalcó que es necesario defender el financiamiento público, lo que desde siempre se ha considerado como un desperdicio de recursos en un país con carencias, desigualdades y pobreza.

Enfatizó que en un planeta donde la sociedad carece de información completa y hay un gobierno con abundantes recursos y datos, prohibir los gastos de campaña de manera natural favorecería a la clase política en turno. “Si la oposición no tiene forma de transmitir información, lo que tendríamos es una cancha dispareja en favor de los partidos en el gobierno”.

Los topes de gastos de campaña están vinculados, pero si no se diseña bien el financiamiento que se otorga y se establecen, podrían generarse escenarios no deseados, es decir, se invita a partidos y campañas a que haya un mercado negro de recursos, lo que dificulta la fiscalización. Entonces, el patrocinio debe ser coherente con los topes de gasto de campaña y la capacidad de fiscalizar los recursos.

Fiscalización en tiempo real

En tanto, Fan Jua Rivas Maldonado, coordinadora operativa de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, resaltó la importancia de contar con un modelo fuerte de fiscalización, pues se trata de la vigilancia y el control necesario para determinar el origen, montos y aplicación de los recursos, de ahí la relevancia de contar con una autoridad electoral sólida.

El proceso del INE en este ámbito es rápido y oportuno, cuyos resultados pueden determinar quién en realidad ocupará un cargo, eso es también importante.

A su vez, el coordinador de asesores del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Jesús René Quiñones Ceballos, acotó que disminuir los recursos a los institutos políticos tendría algunas consecuencias, ya que el crimen organizado ha financiado algunas campañas o actores relevantes para obtener beneficios de los gobernantes o de los poderes legislativos. “Eso es algo que no nos gusta, pero ocurre, y pareciera que es un secreto a voces”.

Hoy se cuenta con una fiscalización en tiempo real a través de un sistema integral con reglas y criterios de prorrateo establecidos en la ley, con un registro nacional de proveedores, con la causalidad de nulidad por rebasar los topes de campaña, “entre otros beneficios que nos dejó la reforma electoral de 2014 y durante ochos años se han implementado con éxito por parte de la autoridad electoral nacional, que es mejorable, porque naturalmente nos queda a deber este modelo”.

Boletín UNAM-DGCS-876/2022