Redacción

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29 de agosto de 2022

“Es importante saber hacia dónde se dirige el cambio de política, porque hay un deseo de trabajar el tema de la regulación, pero en el corto plazo esto no es factible; lo que queda de eso es realizar procesos de intercambio con países que puedan apoyar de alguna manera ese proceso”, afirma el sociólogo Ricardo Vargas Meza, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), investigador asociado del Instituto Transnacional (ITN) con sede en Ámsterdam.

La estrategia del Gobierno de Colombia para transformar la política antidrogas –que se ha divulgado en estos días– incluye detener las fumigaciones aéreas con glifosato y priorizar la erradicación manual concertada con comunidades; también contempla reforzar los operativos de interdicción aérea y marítima para frenar el paso de sustancias ilícitas.

Para el experto, “la nueva política, como formulación general está muy bien, pero le hace falta mucha precisión y un buen balance de la capacidad institucional; en este momento todavía no se sabe qué entidad o entidades manejarán el tema de los cultivos de uso ilícito”.

Señala además que, “en el plano interno, si no se va a fumigar y tampoco se hará erradicación manual forzosa de cultivos ilícitos, habría que preguntarse qué tan coherente y acertado sería diseñar una estrategia que no se mueva en la legalización y que busque aplicar alternativas a lo que hasta ahora había funcionado pero que ha tenido un costo muy alto en derechos humanos y en el recrudecimiento del conflicto”.

Anota que las áreas de cultivadas con coca no se han reducido en la medida en que se ha radicalizado el tema de la erradicación manual forzosa.

De hecho, según el informe anual de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos, en 2021 Colombia tenía 234.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, en contraste con las 245.000 de 2020, lo que implica una disminución de unas 11.000 hectáreas, un 4,5 %, y pese a ello sigue siendo el mayor productor de la región, con 972 toneladas el año pasado.

El experto considera que, “por ejemplo, es sustancial saber en qué medida se va a seguir manteniendo como una alternativa el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) –pactado en el Acuerdo de Paz–, ya que este implica tener sobre la mesa balances claros y bien elaborados sobre cómo está el proceso y en qué medida el nuevo gobierno se moverá allí, si mantendrá aspectos como los acuerdos con cada familia, o si estos serán colectivos en los territorios”.

El objetivo fundamental del PNIS es garantizar las condiciones socioeconómicas necesarias para que las familias afectadas por los cultivos ilícitos logren hacer un tránsito hacia economías legales y sustentables.

Precisamente, una investigación adelantada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la UNAL, cuyos resultados se publicaron en Periódico UNAL, evidenció que la inadecuada implementación de los componentes principales del PNIS, o su falta de implementación, ha provocado dos efectos.

El primero ha sido el deterioro en las condiciones económicas de las familias inscritas al PNIS a partir de la disminución sostenida de sus ingresos, y segundo, la violencia en los territorios afectados por los cultivos ilícitos, a través de las constantes y continuas operaciones de erradicación forzada que se han mantenido durante los cinco años de implementación, pese a las disposiciones del Acuerdo sobre la priorización de la sustitución.

Estados unidos se sigue moviendo en la estrategia de reducir la oferta, lo que quiere decir que los países productores se seguirán moviendo en la reducción de área, por ejemplo.

De otro lado, hay que tener en cuenta lo que pase en las elecciones legislativas de Estados Unidos: si hay un repunte republicano es probable que todas estas ventajas, esta amabilidad y aparente apertura que han tenido con Colombia cambien a final de año, por lo que Colombia debe anticiparse a la posibilidad de un giro en este sentido; la política antidrogas ha sido y seguirá siendo la punta de lanza de las relaciones bilaterales.

“El Estado colombiano debe ser pragmático, debe plantear desde ya una estrategia de si la reducción de la oferta es la acertada y qué estrategias puede aplicar el país en ese sentido; el tiempo es corto y las posibilidades de presión muy grandes si los republicanos se hacen mayoría en el Congreso de EE. UU.”, concluyó el experto Vargas Meza durante su intervención en la franja internacional de Análisis UNAL, programa de Radio UNAL.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

René Sánchez Juárez

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29 de agosto de 2022

El Presupuesto de Egresos de la Federación que debe integrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe presentarlo antes del 7 de septiembre a la Cámara de Diputados, quienes son los encargados de aprobar el presupuesto que el gobierno federal ejercerá el próximo año.

El Instituto Nacional Electoral ya mandó a la SHCP su presupuesto de egresos, el cual rebasa los 24 mil millones de pesos, que como el año pasado causó polémica el monto solicitado, sobre todo cuando el presidente de la república promueve una “pobreza franciscana” en los gastos del gobierno federal.

El presupuesto exorbitante para el instituto está dividido en 3 grandes rubros: el primero destinarían 6,233 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, cuando sólo hay 2 elecciones locales para el año de 2023; el segundo es por 4,025 millones de pesos como presupuesto precautorio; es decir, sólo se utilizará en caso que se lleve a cabo una consulta popular se gastarán; por último otro rubro sería el de presupuesto base y cartera institucional de proyectos, que son 14,438 millones de pesos. Este presupuesto contempla la generación de la credencial de elector, la estructura de las juntas locales y distritales, fiscalización de partidos políticos, sistemas de monitoreo de radio y televisión, así como la coorganización de las 2 elecciones a gobernador del próximo año en Coahuila y Estado de México, así como el inicio del proceso electoral del 2024.

La reacción del presidente fue inmediata que calificó como “exceso y burla”, el presupuesto del INE. Comentó “Yo no voy a limitar el presupuesto. Lo que voy a seguir haciendo, y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos, es cuestionar, criticar, los excesos. Es una burla que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos”

Aunque reconoció que corresponde a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto, por lo que le correspondería a ellos hacer recortes y ajustes si es que así lo considerarían.

Por su parte el consejero presidente Lorenzo Córdova, defendió el presupuesto enviado a la SHCP, haciendo la analogía que de cada $100 que gasta el gobierno federal, el INE ejerce solo 20 centavos,

así como que el presupuesto precautorio sólo se utilizaría en caso de una posible consluta popular que de no presentarse hasta el mes de noviembre se reintegraría el 100% a la federación. Así como que el monto destinado a los partidos políticos, es un presupuesto que no ejerce el INE, aunque ellos sean quienes lo soliciten.

Esta película ya la vimos el año pasado, seguramente habrá recortes sobre todo al presupuesto precautorio, que el año pasado de 4 mil millones lo recortaron a 830 millones.

Esta negociación se da en medio de las mesas de trabajo para la reforma electoral donde see definirá el futuro del instituto, veremos que posición adopta el INE.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

Rocío García Olmedo

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29 de agosto de 2022

Palabra de Mujer

En datos de la Secretaria de Educación Pública 1.6 millones de niños, niñas y adolescentes poblanos regresan de manera presencial a las aulas, 29 millones en todo el país.

Dos años antes las escuelas fueron cerradas por la pandemia del Covid-19 y las clases se convirtieron en virtuales.

No todos pudieron hacerlo.

Aquellos a los que sus familiares hicieron un gran esfuerzo para comprarles una computadora nueva o usada o aquellos y luego que en sus municipios tuvieron acceso a internet; o los que pudieron aprender a usar las diversas plataformas y los muchos profesores y profesoras haciendo esfuerzos superiores para mantener la matrícula, fueron afortunados, sin duda.

Los retos para los profesores y las profesoras en el ciclo escolar 2022-2023 son muchos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) habla de una pérdida de aprendizajes y de “la mayor amenaza generacional que tenemos en México” (Carrera, 11/08/2022).

Una gran tarea para ellos y ellas será de inicio mantener -en su caso- y regresar a la matrícula que antes de la pandemia tenían en sus escuelas.

Tienen que participar en el proceso de formación docente que en este año inicia, derivado del nuevo modelo educativo que ha aprobado el gobierno federal denominado Nueva Escuela Mexicana (NEM), que si bien se aplicará para todo el país el próximo año, en Puebla 30 escuelas han sido consideradas como prueba piloto para aplicarlo en este ciclo escolar.

Deberán revertir las condiciones individuales de cada niña, niño y adolescente a partir de diversas estrategias de enseñanza y hasta atender su educación emocional.

Los expertos señalan que recuperar los aprendizajes es la tarea más importante que tiene el país y tendrán que hacerlo manteniendo los protocolos de salud ya que la pandemia del Covid-19 sigue activa.

Gran tarea para docentes que sin duda requerirá obligadamente del acompañamiento de las autoridades, directivos y fundamentalmente de las familias, para lograr los once objetivos del nuevo modelo educativo a implantarse en México la “Nueva Escuela Mexicana” (NEM) como política educativa que plantea la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el fomento a la equidad, excelencia y desarrollo continuo del proceso educativo y busca promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta la conclusión de los estudios.

Muchos retos y una gran tarea por delante.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo.com

Alberto Jiménez Merino

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29 de agosto de 2022

Nuevos Horizontes

En los primeros días de septiembre de 2022, como cada año, el ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados la propuesta-instrucción del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023. No obstante de la facultad de los legisladores, la palabra del presidente ha sido una orden.

Tradicionalmente, de acuerdo a lo conocido, los presupuestos de las dependencias y estados se integran tomando en cuenta lo ejercido en el año que termina, menos lo que no se gastó, agregando el monto promedio de inflación anual.

Al presupuesto general se agregan las obras emblemáticas que darán trascendencia al presidente en turno y que, normalmente, asfixian a las prioridades nacionales y a los presupuestos de estados y municipios.

De muy poco sirve todo el esfuerzo de las áreas operativas, para justificar y solicitar recursos para las necesidades más inmediatas que la población demanda. Las solicitudes de presupuesto realizadas por diversos gestores, son un mero ejercicio de desahogo ante la centralización de las decisiones por parte del poder ejecutivo nacional, lo que ocurre también en los estados.

Aun cuando se han realizado parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados para recibir las propuestas de ciudadanos, organizaciones, instituciones y autoridades, sus planteamientos han sido letra muerta.

Las prioridades nacionales reales son garantizar la alimentación; el abasto de agua; dotar de medicamentos a la población, que hoy se cura en consultorios de farmacias; tratar y reusar las aguas residuales y la basura, que siguen ocasionando un grave deterioro ecológico; recuperar los recursos naturales; recuperar la tranquilidad y seguridad para las familias; reducir la pobreza y la desigualdad y, pasar del bienestar al desarrollo.

Muchos años llevamos ya con presupuestos que solo brindan bienestar pero no han generado riqueza debido a que los servicios públicos han mejorado las condiciones de vida, pero no han permitido que las familias tengan ingresos al no incluir en los presupuestos el fomento a las actividades productivas. La pobreza no ha variado en los últimos 30 años y tiende a crecer.

Los presupuestos públicos generalmente desconocen las necesidades de las comunidades y de la sociedad. Los presupuestos del sector agroalimentario desconocen a qué se dedica la gente en las 196 mil comunidades rurales de México, lo mismo ocurre con las políticas educativas y, por facilidad operativa se crean programas generales centralizados.

Una señal inequívoca del abandono de la planeación es que se hacen obras y se aplican programas que no tienen peticionarios. Son decisiones unilaterales del gobernante que decide lo que el pueblo necesita.

Otra señal es que no se toman en cuenta propuestas que provengan de usuarios porque no hay recursos.

Los presupuestos nacionales no están considerando el mantenimiento de obras con el argumento de que eso es responsabilidad de los estados. El gobierno federal o estatal en su caso hace la obra, pero el mantenimiento le corresponde al municipio, y el municipio no tiene de dónde. Los parques vehiculares están inservibles, pero no se compra, mejor se renta. Asimismo, no hay inspectores ambientales ni atención a ventanillas.

Más grave es la situación en la seguridad pública y el tratamiento de aguas residuales. En el primer caso, se eliminan recursos que ayudaban a los municipios a equipar o capacitar a sus policías vía FORTASEG, pero se les exige contener la delincuencia. En el segundo, tratar las aguas residuales es una obligación municipal, pero no se le asigna recurso presupuestal. El resultado es mayor inseguridad y mayor contaminación.

Los productores del campo requieren servicios de capacitación y asesoría técnica, apoyos con semillas, fertilizantes, abonos, maquinaria, caminos rurales, desazolve de canales de riego, paraderas, pastizales, apoyo para mejorar la genética, financiamiento y apoyo a la comercialización.

El sector hídrico y ambiental reclama con urgencia mayores inversiones para programas serios de reforestación, abasto de agua a la población, obras de captación de agua, recarga artificial de acuíferos, tratamiento y reúso de aguas residuales, mayor impulso a energías limpias, tecnificación del riego agrícola, recuperación de la pesca, manejo, clasificación y reúso de residuos sólidos.

Otros sectores sociales reclaman apoyar a la primera infancia, revertir la desnutrición, el sobre peso y obesidad, mantenimiento y construcción de escuelas, escuelas de tiempo completo y programas de apoyo a fomento productivo.

No hay presupuesto que alcance para tantas necesidades, pero si hay forma de concertar su aplicación a las prioridades nacionales definidas con la participación de los usuarios, lo que le daría nombre y apellido de políticas públicas.

Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.