Alberto Jiménez Merino

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02 de enero de 2023

Nuevos Horizontes

La migración nacional y de centro-américa, la inseguridad pública, la sequía, la pobreza y el cambio climático, son los principales problemas que nuestro país enfrenta actualmente y que, seguramente, formarán parte de la agenda de la Cumbre de líderes de América del Norte, que se realizará en la Ciudad de México entre el 10 y 12 de enero del 2023.

Entre enero y noviembre del 2022, el gobierno de Estados Unidos (EU) deportó a 241 mil 262 migrantes mexicanos, equivalente a un 60.9 por ciento más que el mismo periodo del 2021, según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, citadas por María Cabadas, en El Universal del 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la misma fuente, el flujo de mexicanos hacia EU se multiplicó por cuatro a partir de mayo 2020 y, con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Norteamericana, se han arrestado 808 mil 339 migrantes mexicanos que intentaron cruzar durante el año fiscal 2022.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), citado por Víctor Osorio, en el periódico Reforma, del 29 de diciembre de 2022, el año 2023 iniciará con déficit nacional de lluvia; enero registrará 15.1 milímetros que representan 37.3 por ciento menos del promedio histórico del periodo 1991-2020, pero febrero tendrá 10.3 milímetros, un 44 Por ciento menos del promedio. El déficit acumulado de lluvia para mayo será entonces de 23.3 por ciento y si bien hay un superávit para el año 2023, este es de solo 0.4 por ciento.

La falta de lluvias impacta directamente en la disponibilidad de agua para el consumo humano y las actividades económicas. Si no hay agua no hay producción de alimentos o bienes y la economía se debilita reduciendo las oportunidades de ingresos. Por eso, una de las reacciones inmediatas a la falta de agua es la migración a regiones o destinos más favorables para encontrar oportunidades laborales.

A esta problemática se agregan también la inseguridad y violencia que se generan ante la falta de oportunidades productivas locales. Ya hemos referido que los jóvenes, en el 70 por ciento de los 32 mil 500 ejidos y comunidades agrarias de México, ya no se quedan para reproducir las condiciones de pobreza de sus padres, y en regiones como las mixtecas, miles de jóvenes solo esperan terminar la secundaria para migrar hacia los EU.

Pero, además de la migración nacional, México es paso y aduana para la migración centro-americana, caribeña, africana y oriental, que supera, según expertos, más del 50 por ciento del total. De igual forma, nuestro país es zona de espera para esta migración, mientras se autoriza su ingreso a territorio norteamericano.

Estos complejos problemas ameritan atención prioritaria en la agenda política nacional y de la implementación de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno porque, actualmente no la tienen y, más aún, de la agenda de cooperación internacional directamente con nuestro vecino del norte y los países del sur de nuestra frontera.

Hemos hablado de la necesidad de invertir en la seguridad alimentaria de los pequeños productores fortaleciendo sus sistemas productivos ancestrales como la milpa mexicana, la agricultura de conservación, huertos y granjas familiares e implementación de huertos y granjas escolares para formar a las nuevas generaciones.

Asimismo, de promover el fomento productivo de acuerdo con los potenciales regionales para la integración de cadenas productivas y de suministro a mercados, apoyando el fortalecimiento organizacional y empresarial; servicios técnicos, mecanización y tecnificación agroalimentaria; sanidad e inocuidad; investigación aplicada a los problemas de los productores y transferencia tecnológica; infraestructura de acopio, financiamiento y apoyos a la comercialización en los sectores agrícola, forestal, pecuario y acuícola.

Y en materia hídrica, hemos estado señalando la importancia de la recarga de acuíferos, el bombeo solar, la modernización y tecnificación del riego agrícola, el tratamiento y reúso de aguas residuales, la construcción y/o desazolve de presas, al revestimiento de canales, la modernización de distritos de temporal tecnificado, así como la tecnificación de los distritos de riego, tal y como sucede en el distrito 01, en el estado de Aguascalientes, y que es un gran ejemplo nacional.

Los mexicanos siguen migrando y los problemas migratorios son cada vez mayores, la inseguridad pública está muy lejos de ser resuelta, la importación de granos y alimentos es cada vez mayor, el país se está secando y el cambio climático sigue avanzando.

Al margen de ideologías, ¿alguien ve algo diferente a esto?

 Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.

Redacción

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30 de diciembre de 2022

Mientras en los años ochenta Colombia se sumaba a la lista de países afectados por la crisis económica causada por la deuda externa que generó una gran inflación, hoy este mismo factor ha sido provocado por la crisis de Ucrania, las consecuencias de la pandemia y el cambio climático. Como en esa década, hoy sería clave adelantar un proceso de ajuste en el país para afrontar una próxima crisis financiera; así lo evidencia un investigador de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

El economista Danilo Torres Reina, doctor en Historia Económica de la UNAL, explica que “en la década de los 80 el sector público colombiano redujo sustancialmente el gasto y se establecieron reformas tanto tributarias como a la política comercial y a la tasa de cambio, entre otras, medidas que buscaron hacer mucho más eficiente el papel del sector público. Las lecciones que en ese momento le permitieron al país salir avante de la crisis, se deberían aplicar hoy, ante la crisis que se avecina”.

El experto indica además que, “sumado a esto, el Gobierno debe hacer un manejo muy responsable de los recursos, pues hoy, a diferencia de los años 70, el país enfrenta una serie de fenómenos globales complejos y debe emprender una serie de reformas de gran envergadura”.

“Ya tuvimos la reforma tributaria, que probablemente nos va a proveer de recursos para que el Gobierno pueda enfrentar mejor las crisis, pero tenemos en camino otra serie de reformas, como la de salud, la pensional, y la de educación, entre otras, que si no se hacen de manera adecuada podrían colocarnos en una situación difícil”, señala.

Y es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) anunció que, dados los pronósticos para 2023, en Latinoamérica se podría consolidar una nueva “década perdida”, denominación que recibió la crisis de los 80. Según la entidad, el bajo crecimiento previsto para el próximo año conducirá a un crecimiento anual promedio de 0,6 % para el periodo 2014-2023, inferior a la tasa anual de 1,4 % que presentó América Latina en la década de 1980.

En su trabajo doctoral, el experto abordó la particular condición de crisis de deuda externa que Colombia y Venezuela enfrentaron en la década de 1980.

La conclusión principal de su investigación es que “la estructura de capitalismo que cada uno de estos países adoptó históricamente, generó diferentes formas de enfrentar el fenómeno de la crisis de la deuda externa y de la manera como esta se solucionó. En el caso colombiano se logró concluir que el impacto de dicha crisis no fue tan fuerte debido a que las elites de la época preservaron –a través del control del Estado– activos fundamentales de la economía, como fueron la estabilidad y el crecimiento”.

Estos hallazgos fueron el resultado de la aplicación de un análisis social, político y económico comparativo que permitió entender la raíz de este fenómeno económico, teniendo como base los dos casos puntuales señalados, que dieron lugar a lecciones que se pueden considerar para entender, parcialmente, los fenómenos de crisis económica actual.

Por tratarse de un trabajo de carácter económico, se realizó una revisión exhaustiva de las memorias de los ministros de Hacienda de Colombia y Venezuela entre 1970 y 1980, en las cuales se narra y se describe cómo estos países vivían esta situación y cómo enfrentaron la crisis, y además incluye un amplio compendio de cifras estadísticas del Banco Central de Venezuela, el Banco de la República de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Otro componente vital en el desarrollo de este trabajo de investigación fue el apoyo de colegas historiadores económicos venezolanos, quienes aportaron al proceso de recolección de la información, pues a raíz de la pandemia surgieron muchas dificultades”, añade el investigador Torres.

Esto pasó en los 80

“La década perdida” se originó tras la inflación en los países en vías de desarrollo, particularmente en Estados Unidos, denominada por los especialistas como la “gran inflación”, que se presentó a raíz del alza sustancial en el precio del petróleo, recurso energético del cual dependían muchos países desarrollados en dicha época.

Fue así como, ante este panorama, Estados Unidos subió las tasas de interés para frenar la inflación, y esta decisión ocasionó que los países que tenían deudas con la banca internacional, especialmente norteamericana, no tuvieran la capacidad de pagarlas. Esta deuda fue contraída por la abundancia de recursos en los setenta, los petrodólares, a bajas tasas de interés.

En efecto, la afectación se dio cuando estos países, en su mayoría latinoamericanos, tuvieron que realizar reformas económicas internas que permitieran acumular recursos para cumplir con sus compromisos con dicha banca. Así, muchos de estos recursos que se pudieron usar en salud, educación, infraestructura, etc., fueron destinados al pago de la deuda.

Este mecanismo del incremento en las tasas de interés es empleado por los bancos centrales en el mundo para frenar el incremento en los precios, pues si esta se incrementa, la demanda tiende a reducirse.

De igual manera, el economista Torres indica que “la inflación es el impuesto más grave que tiene una sociedad, ya que es el que afecta de manera más determinante a las clases menos favorecidas de la sociedad, y, en consecuencia, es el instrumento más utilizado por parte de las autoridades monetarias centrales de los países”.

“El papel del historiador es ver hechos previos generados en la historia, y a partir de ellos sacar lecciones para fenómenos presentes o futuros, pues aunque las causas de las crisis no sean iguales, siempre habrá elementos en común que pueden sentar bases para saber cómo afrontarlas”.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

Rocío García Olmedo

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02 de enero de 2023

Palabra de Mujer

Inicia el año 2023, y con ello mucho qué hacer para revertir decisiones políticas que han dañado al país y que han dejado una huella muy dolorosa especialmente en las mujeres mexicanas.

Cuatro de los grandes desafíos que requerirán de voluntad política y políticas públicas debidamente focalizadas -aunque no son los únicos- tienen que ver con la pobreza, la violencia, la democracia y los discursos de odio y de polarización.

Revertir el incremento de la pobreza que, en el 2022, en datos de la CEPAL alcanzó a 2.5 millones más de personas en México; las altas tasas de inflación y el bajo crecimiento económico que ha tenido nuestro país, que pone en riesgo su seguridad alimentaria y provoca -por obvias razones- desigualdad afectando en mayor medida a las mujeres.

Los números nada alentadores con los que concluye la violencia contra mujeres en México se profundizan más, cuando los recursos asignados en el presupuesto 2023, resultan insuficientes para la prevención y atención de las violencias, la esperanza mínima está puesta en el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las entidades federativas (PAIMEF) que prevé aplicar recursos para la contratación de más personal especializado para atender a víctimas de violencia.

El Plan B de la reforma electoral aprobada que ataca directamente al sistema electoral y a la democracia mexicana, pone en peligro los avances alcanzados en materia de paridad de género. Quita el carácter de obligatoriedad a la paridad dejándola a consideración de los partidos políticos. Retira el “3 de 3 contra la violencia” que estipulaba que ningún agresor, por violencia familiar, deudor alimentario moroso y/o que haya cometido delitos sexuales, pueda ocupar un cargo público. También elimina los artículos que reconocen las diferentes formas de autogobierno de los pueblos indígenas.

Certeza jurídica y Estado de Derecho, son fundamentales tanto para erradicar la corrupción como para lograr inversión tan necesaria en salud, educación e infraestructura.

@rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo.com

Rocío García Olmedo

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19 de diciembre de 2022

Palabra de Mujer

Puebla ha escrito en los últimos años historias de tragedia.

En la víspera de la presentación de su cuarto informe de gobierno, recibimos la noticia del fallecimiento del Gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Momento difícil que también vivimos hace cuatro años con el fallecimiento de la Gobernadora Martha Ericka Alonso.

Ambas pérdidas como asuntos de Estado, requirieron de la toma de decisiones y sólo la fortaleza de las instituciones sociales y políticas ha permitido la gobernabilidad para transitar en esos momentos difíciles.

El Congreso asumió su responsabilidad, una vez recibida la notificación de ausencia definitiva y a diferencia de hace cuatro -que me tocó vivir como legisladora local- que se requirió de la designación de un Gobernador Interino para convocar a nuevas elecciones derivado de que la falta absoluta se produjo en los dos primeros años del ejercicio constitucional de gobierno (artículo 57 Fracción XVIII, Constitución Política del estado Libre y Soberano de Puebla); en esta ocasión, esa falta absoluta se produjo a los cuatro años lo que requirió designar a un Gobernador Sustituto que concluirá el período de gobierno (Inciso b) Artículo 73, Constitución Política del estado Libre y Soberano de Puebla).

El fallecimiento de dos gobernadores en funciones durante el mismo periodo de gobierno, nos obliga a reflexionar sobre el porqué se requieren de Instituciones fuertes, garantes de la Legalidad que prevalezca por encima de ideologías partidistas.

Por ello inaceptable ese continuo deterioro, desmantelamiento y destrucción de instituciones que el presidente de la República ha asumido como tarea y que continuamos enlistando.

Consumada -en parte- la destrucción de nuestro sistema electoral, corresponderá en el momento procesal a la Corte definir.

En puerta también la iniciativa que ha presentado el presidente López Obrador para desmantelar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano jurisdiccional autónomo, que dirime controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares.

Lo mismo acaba de hacer al presentar la propuesta para permitir a aerolíneas extranjeras hacer vuelos nacionales en México, en perjuicio de las aerolíneas mexicanas.

Y por si faltara algo más, conocimos un indicador clave del avance muy desfavorable para México que ahora se ha convertido en uno de los países con mayores pérdidas de esperanza de vida (-4.1) a raíz de la pandemia del Covid, demostrándose también el mal manejo que tuvieron las autoridades de salud federal de esta pandemia.

Sin duda transitamos una época complicada en México, en donde lamentablemente prevalece un ambiente álgido provocado insistentemente por el mismo presidente de la República.

Nuestro estado de Puebla transita por momentos difíciles también, la diferencia es que con fundamento en la Constitución, en las leyes secundarias poblanas y con la fortaleza de las instituciones el Congreso poblano ha asumido su responsabilidad legal.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo.com