René Sánchez Juárez

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23 de enero de 2023

En Estados Unidos a pesar de faltar 22 meses para su elección presidencial que será el 5 de noviembre de 2024, donde posiblemente Joe Biden busque su reelección y también el expresidente Trump intente ganar el cargo nuevamente, ya se encuentran en disputas legales con las que pretenden debilitar a su oponente.

En las últimas semanas se anunció que el presidente Biden tenía en su posesión documentos clasificados en una de sus oficinas, de cuando era senador de Delaware y vicepresidente en el periodo de Obama.

Afirman que fue de manera casual que abogados personales del presidente Biden descubrieron los documentos cuando estaban empacando archivos de un armario, esto fue el 2 de noviembre, previo a las elecciones del 8 de noviembre de 2022. Se solicitó a Archivos Nacionales que tomaran posesión de dichos documentos, lo anterior para marcar diferencia a lo que sucedió con Trump.

Y es que expresidente republicano, se encuentra sujeto a una investigación del Departamento de Justicia por papeles también clasificados que se llevó intencionalmente a su mansión en Mar-a-Lago y que no devolvió tras las peticiones de Archivos Nacionales, por lo que el FBI con orden ingresó a su domicilio para buscar los documentos bajo los posibles delitos de obstrucción a la justicia, ocultación, remoción o mutilación dolosa de documentos públicos y violaciones de la ley de espionaje, por la retención dolosa de documentos de seguridad nacional.

La historia continúa para el presidente Biden, ya que voluntariamente y sin orden de por medio, el FBI revisó su casa por más de 12 horas, donde encontraron nuevos documentos con marcas de confidencial cuando Biden era senador y vicepresidente.

Hay diferencias muy marcadas en ambos casos, si bien ambos presidentes abusaron dolosamente o por descuidos, fue la forma como encararon con la justicia. Mientras Trump tuvo que ser a través de una orden para obtener la documentación, Biden aceptó de manera voluntaria que el propio FBI revisara su domicilio.

Estados Unidos otorga una clasificación de confidencial a sus altos secretos, aunque también se ha demostrado en ocasiones que son intrascendentes, como lo evidenció la filtración de Wikileaks, así que se desconoce si los documentos hallados a Biden como a Trump, haya puesto en riesgo la seguridad nacional de aquel país.

La conclusión de este caso, tanto para Trump como para Biden, los podría afectar, incluso inhabilitar para presentarse a las urnas para noviembre de 2024.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

Rocío García Olmedo

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23 de enero de 2023

Palabra de Mujer

La violencia contra las mujeres es un problema público.

No pasa un día en el que no conozcamos sobre alguna violencia de cualquier tipo y modalidad que se ejerce en nuestra contra.

Igualmente, no pasa un día en el que nos enteremos de algún acto de corrupción e impunidad.

Es frecuente también conocer que una mujer solicita atención en alguna institución pública de salud por lesiones recibidas.

Qué decir sobre las noticias cotidianas que documentan la desaparición de mujeres.

Los datos oficiales incluso registran números preocupantes en el estado de Puebla, ahí los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que refleja para Puebla un 43.5% de mujeres violentadas en esas relaciones (ENDIREH, 2021).

Intensos debates, manifestaciones de repudio, cansancio. El tiempo transcurre tan rápido como el incremento de tipos y modalidades de violencia y el número de mujeres violentadas y las mujeres se preguntan ¿para qué denunciar?

Por ello creo importante el giro que en materia de atención ha dado el titular del Poder Ejecutivo Estatal.

Retomar nuevamente ese mecanismo de coordinación denominado Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el que participan instituciones del sector público estatal, municipales y organismos de la sociedad civil, que analiza y evalúa los instrumentos, políticas, servicios y acciones que “supuestamente” todas realizan que por diversas razones se había venido posponiendo, significa el haber reconocido la urgencia de la prevención y de la atención a este flagelo en todos los niveles de gobierno.

Requerir también a presidentas y presidentes municipales asumir su responsabilidad en materia de seguridad, es convocar a quienes justamente son los primeros respondientes cuando se presentan casos de violencia contra mujeres.

Esto habla de un cambio de estrategia. De reconocer que las violencias se deben enfrentar de manera desigual en esa diversidad de municipios que conforma nuestra entidad que demanda no sólo de acciones diferenciadas, de programas sociales temporales y focalizados, de desarrollar modelos que incidan en todas las materias; sino también, de un programa sólido de prevención que permita detectar las causas que provocan la comisión de delitos, para una atención integral y para generar seguridad.

Muchas y muchos pueden pensar que es una “puesta en escena” más, o que sólo es retórica, tal vez, sin embargo, debemos partir de que el actual ejecutivo está construyendo una nueva etapa en el ejercicio de gobernar, con ello construye también su legado, de manera que una huella inolvidable en la historia de Puebla podría ser erradicar esa incapacidad estructural y hacer cambios radicales en algunas políticas gubernamentales que manden mensajes de justicia hacia las mujeres que han sufrido violencia.

En los últimos días hemos escuchado repetidamente la palabra ética, -para referir el vergonzoso episodio que envuelve el probado plagio de la tesis de la ministra de la Corte- si tan sólo todas las personas que tienen una responsabilidad gubernamental en la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres aplicaran la ética, prevalecería la legalidad, la verdad y la justicia.

@rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo

Alberto Jiménez Merino

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23 de enero de 2023

Nuevos Horizontes

Considerando que nunca ha habido una necesidad tan urgente de revivir los ecosistemas como ahora, y con la finalidad de prevenir, controlar y revertir la pérdida de los recursos naturales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa Ambiental, ha establecido la Primera Década de Restauración de Ecosistemas 2021-2030.

El programa Ambiental de la ONU señala que los ecosistemas son la base de la vida en la tierra, y de su salud dependen la salud del planeta y su gente. La restauración de los sistemas ecológicos puede ayudar a revertir la pobreza, combatir el cambio climático y prevenirnos de la extinción. Pero esto solo podrá suceder si en cada país, cada uno hace su parte.

En México, la realidad ambiental del sector agroalimentario, en sus más de 5 millones de unidades económicas agrarias, se caracteriza por una cultura productiva con gran tendencia extractiva de los recursos naturales, que retribuye muy poco a la tierra y a los ecosistemas donde se practican ganadería, agricultura, pesca, minería, artesanías, actividades forestales y cinegéticas.

Cada uno de los asentamientos humanos rurales de nuestro país, que suman más de 196 mil, tienen como su principal fuente de alimentos y recursos a la caza, la pesca, el pastoreo libre de animales, la extracción de leña, madera, tierra, minerales y recursos pétreos. Luego, están la agricultura y ganadería con métodos extensivos poco tecnificados, principalmente por la ausencia de servicios técnicos; y son la extracción de leña, la pesca y la caza, las fuentes más inmediatas de recursos para las necesidades familiares, así como la migración.

Los suelos agrícolas mexicanos se encuentran en grave problema de erosión, pérdida de fertilidad, reducción de su capacidad para retener humedad y niveles de materia orgánica cercanos a 1 por ciento, cuando deberían tener 3, e idealmente 5 por ciento.

En los últimos 70 años hemos perdido más de la mitad del agua disponible por cada mexicano: de 11 mil metros cúbicos por habitante al año, en 1950, pasamos a tan solo 3 mil 692 en la actualidad, y se estima que para el año 2030 llegará a 3 mil 500 metros cúbicos. Esto demuestra que disminuye la disponibilidad del vital líquido, pero se incrementan las necesidades del mismo debido los aumentos poblacionales y la presencia de sequías cada vez más frecuentes, especialmente en los últimos cuatro años.

También hay un reducido nivel del tratamiento y reutilización de aguas residuales de los centros de población. La infraestructura instalada para tratamiento de las aguas residuales en México tiene una cobertura de 63 por ciento, pero la mitad no funciona principalmente por falta de recursos económicos para la operación.

Asimismo, hemos perdido más del 90 por ciento de la pesca ribereña de ríos y mares, en los océanos se han sacado ya la mayoría de las grandes especies, y si bien la acuacultura, con un crecimiento anual cercano al 20 por ciento, viene cubriendo el abasto piscícola, el deterioro de ríos y mares sigue avanzando. Por su parte, la pesca incontrolada practicada con artes inadecuadas ha reducido la actividad como opción económica para las propias familias ribereñas.

En tanto, el pastoreo libre e incontrolado en pastizales y áreas naturales que se hace en las comunidades, ha provocado la alimentación del ganado a muy bajo costo, pero a un incalculable costo ecológico debido a la deforestación, erosión del suelo y pérdida de las fuentes de agua para las propias comunidades. El producto obtenido no compensa el daño generado.

De igual forma, en las zonas de agricultura intensiva como hortalizas, frutas y frutillas, aguacate y cultivos de alto valor, la extracción de agua, la contaminación con agroquímicos y la generación de aguas residuales derivadas de la agroindustria, son los problemas predominantes.

Por esto, el llamado de la ONU es más que oportuno para sensibilizar a los tomadores de decisiones y a la sociedad, para cambiar la forma de realizar las diferentes prácticas productivas agroalimentarias e industriales.

La aplicación de políticas públicas en agricultura, ganadería, pesca, vida silvestre y silvicultura, para adoptar prácticas regenerativas, es una cuestión de productividad sustentable y sobrevivencia.

Experiencias propias a lo largo de las últimas dos décadas, han demostrado la importancia de ordenar el aprovechamiento de los recursos naturales a través de unidades de manejo y administración de la vida silvestre (UMAS), como en el rescate del venado cola blanca en la Mixteca poblana.

Aplicar acciones de rescate de la pesca ribereña para la recuperación de la población pesquera, con acciones de organización y capacitación de pescadores sobre épocas de reproducción, veda, uso de artes de pesca y control de contaminación, ha mostrado también sus bondades en ríos de la Sierra Norte y Nororiente poblana

Acciones de tecnificación básica de la ganadería con praderas, abasto de agua, manejo reproductivo, conservación de forrajes, sombra para el ganado y mejores prácticas pecuarias para una mayor productividad, han sido comprobadas en la mixteca también en el estado de Puebla.

La adopción de la agricultura de conservación por productores de sorgo de la región mixteca de Puebla, en el año 2000, dio como resultado pasar de 4 toneladas por hectárea a 9.5 toneladas por hectárea, en 2010, cuando ya tenían suelos con más humedad, materia orgánica y microorganismos.

Tratamiento y reúso de aguas residuales en riego agrícola como en San Martín Texmelucan, o proyectos de agricultura protegida y tecnificación del riego en varias partes del estado de Puebla, son claros ejemplos de que la ONU Medio Ambiente puede tener eco en su propuesta si en cada país, cada uno hace la parte que le corresponde.

 Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.

Redacción

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18 de enero de 2023

Perú tiene una ruta de crisis política permanente en los últimos 20 años, después de la experiencia del Fujimorato o Fujimorismo, que fue compleja; se caracteriza por la fragilidad de la institucionalidad peruana a partir de una corrupción sistémica, nada novedoso desgraciadamente para nuestra región, explicó en entrevista el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Nayar López Castellanos.

El especialista en estudios latinoamericanos comentó que la exigencia de cambios en un país secuestrado por élites políticas llevó a la elección de Pedro Castillo -quien duró solamente 17 meses en el cargo-, un profesor rural cuya candidatura se planeó por algunos grupos de la izquierda, a fin de refundar a la nación a través de una Asamblea Constituyente.

“Sin embargo, las clases políticas tradicionales peruanas y la derecha que controla el Congreso (Castillo ganó la presidencia, pero no la mayoría en el Congreso) desde el primer día de mandato comenzaron a sabotear su gobernabilidad, y en todo momento impidieron que cumpliera las promesas de campaña y el llamado a una Asamblea Constituyente que tiene que pasar por la vía del Congreso”, recordó.

En diciembre inició en el Congreso peruano un proceso de destitución en el contexto de la judicialización de la política, inventando acusaciones de corrupción y traición a la patria. Lo destituyeron el día que Castillo anunció que lo disolvería y gobernaría por decreto, lo que está planteado en la Constitución peruana. “El ejército le dio la espalda y apoyó la destitución por parte del Congreso”, rememoró.

Este contexto explica, en buena medida, los antecedentes de la crisis política que derivó en el encarcelamiento de Pedro Castillo y la imposición de un gobierno transitorio, encabezado por Dina Boluarte Zegarra, que impuso el Congreso, detalló.

Nayar López Castellanos dijo que el mes pasado -con Boluarte en el poder- se vivió una de las crisis más fuertes en Perú, con 50 muertos (49 civiles y un soldado) asesinados por la policía y el ejército por órdenes de la presidenta.

Dina Boluarte era vicepresidenta de Perú en el gobierno de Castillo; la eligió el Congreso y aprovechó su designación para contravenir aquello por lo que fue electa. “Sus promesas de campaña con Castillo se ubican en el otro extremo de lo que está haciendo ahora”, consideró.

López Castellanos destacó que las protestas convocadas para el jueves 19 de enero en Perú plantean un paro nacional, que se prepara con una serie de marchas y caravanas masivas que se dirigirán a Lima, la capital.

La movilización, llamada Toma de Lima, tiene el objetivo de resquebrajar la estructura institucional actual, la renuncia de la presidenta Boluarte Zegarra, disolver el Congreso, lograr elecciones generales y convocar a una Asamblea Constituyente, acotó el académico.

De acuerdo con el experto, habrá que estar atentos para saber si con este movimiento se reestructura la política peruana o comienzan reacciones de apoyo a la población civil por parte de otras naciones.

Boletín UNAM-DGCS-038/2023