Redacción

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06 de marzo de 2023

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2021 se cometieron cuatro millones 910 mil 206 extorsiones en hogares; se denunciaron únicamente 246 mil 138 y solo en 52.4 por ciento se inició una carpeta de investigación, de las cuales en 59.6 por ciento no sucedió nada y 26.3 por ciento seguía en trámite.

En 2.8 por ciento de los casos se puso al presunto delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón, y en apenas 0.3 por ciento se logró la recuperación de los bienes, se expuso durante el Foro Nacional Extorsión: Perspectivas jurídicas y de política pública, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, en 2021 alrededor de 1.2 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito; el más frecuente fue la extorsión, con 28.9 por ciento. Las empresas grandes son las menos vulnerables; entre las micro, pequeñas y medianas fue el ilícito más frecuente.

Roberto Ochoa Romero, coordinador del Foro, en representación de la directora del IIJ, Mónica González Contró, agradeció la colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano, organizador conjunto del encuentro cuyo propósito es impulsar una ley general para combatir ese delito.

En la mesa La extorsión bajo el caleidoscopio. Diálogo sobre sus modalidades y políticas públicas en México, el director general del Observatorio, Francisco Rivas Rodríguez, señaló que en este momento hay un fenómeno creciente de engaños relacionados con información bancaria.

También hay extorsión generada por grupos delictivos de manera presencial, donde un delincuente se presenta en la actividad comercial y exige un pago periódico, un “impuesto” para que cierto grupo delictivo no lo agreda.

Una más es prohibir la venta de determinados bienes de consumo; no hay un cobro de recursos, pero sí un control del mercado y se generan monopolios, porque sólo se pueden vender ciertos productos, o determinado comerciante es el único que puede ofrecerlos, detalló.

De igual manera, ocurren ciertas formas de extorsión internas al gobierno o las empresas; una se denomina la “sextorsión”, en la que a fin de no ser afectadas con horarios extendidos, a las mujeres se les pide a cambio favores sexuales; los empleados tienen que pagar para que les autoricen sus vacaciones. “Este no es un delito con una sola cara, y no se comete en un solo medio”.

A un Estado que falla y una sociedad que se acomoda a un problema, se suma una red de protección e impunidad que protege a la delincuencia, capaz de extorsionar desde un penal, recalcó Francisco Rivas.

Comentó que en temas de seguridad, lejos de construir un sexenio tras otro, se ha destruido lo poco que se hace, y se reinicia cada vez. Además, por cada ministerio público hay 250 carpetas de investigación; es decir, tienen que indagar ese número de casos al mismo tiempo, a lo cual se suman las condiciones en las que trabajan las fiscalías.

En las últimas décadas cambió la comisión de delitos, pero nada se ha modernizado en términos legislativos. Y “cuando volteamos a ver los escenarios locales, hay una diversidad en la clasificación y sanciones, que no abona a la creación de una estructura o estrategia nacional”.

Para el caso de la extorsión necesitamos tener instrumentos normativos que atiendan los fenómenos implicados. Para proponer una ley, hay que escuchar a los fiscales y que ellos nos digan qué necesitan para trabajar sobre esa base, y de la mano de los legisladores, opinó.

La normatividad no es un punto de llegada, sino de partida que tendrá que ser revisada periódicamente para ajustarse a la realidad. Necesitamos acciones contundentes; los mexicanos estamos siendo avasallados por la delincuencia, y se requiere construir entre todos un país donde nadie se quede atrás, ni se sienta asilado y abandonado. Hoy, cualquiera de nosotros puede ser víctima, enfatizó Rivas Rodríguez.

Rossana Fuentes Berain, periodista y CEO de México Media Lab, expuso: lo que ocurre en el país habla de un Estado mexicano que se ve enfrentado a una multiplicidad de actores, públicos y privados, que delinquen, y a una ciudadanía que responde con los elementos que tiene, que son pocos, y que se ve en un proceso de autoflagelación (“qué tonto fui, no debí pagar el dinero que me pidieron”).

La extorsión es un delito tan ubicuo y complejo de tratar que clasificarlo a partir de un medio comisivo no abona al diseño e implementación de políticas públicas; florece ahí donde hay oportunidad, pues los riesgos son mínimos (“impunidad total”) y sus beneficios ilimitados.

La impunidad es impresionante: cinco millones de casos detectados, alrededor de 120 mil carpetas de investigación y sólo 0.3 por ciento concluidos. “En 1995 escribí el texto México 2020; entonces llegué a cuatro escenarios, pero hoy estamos en el más precario, donde estamos a punto o hemos entrado ya al México fallido”, finalizó.

Boletín UNAM-DGCS-157/2023

Rocío García Olmedo

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06 de marzo de 2023

Palabra de Mujer

Al ser declarado Día Internacional de las Mujeres, cada año los 8 de Marzo recordamos a las más de doscientas mujeres obreras asesinadas en un incendio provocado en una fábrica textil de Nueva York.

En aquel entonces, ellas, luchaban por derechos laborales. Ahora, nosotras, continuamos luchando por nuestros derechos laborales pero también por otros derechos, entre ellos el vivir una vida libre de violencias.

En esa ruta hemos venido incidiendo paralelamente mediante la construcción de agendas comunes.

En la normativa mediante su inclusión; y, en lo colectivo alzando la voz cada una, exigiendo nuestros derechos, exigiendo el cumplimiento de las funciones que tienen los gobiernos de los tres niveles en la materia, usando para ello todos los métodos a nuestro alcance y todo, a favor de la garantía y protección de los derechos de las mujeres.

El Congreso poblano con el objetivo de continuar reivindicando esos derechos que además frenen la violencia en su contra, ha venido avanzando progresivamente en materia de ley.

Hace unos días aprobó en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Puebla, la inclusión de la definición de Violencia Ácida, considerada ahora como “… todo acto que causa daño no accidental, por medio del empleo de ácido o sustancia corrosiva, caústica, irritante, toxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas.” Elevando en el Código Penal a tentativa de feminicidio este delito.

Aprobaron también en el Código Civil la pérdida de la patria potestad cuando quien la ejerce es condenado por el delito de feminicidio, la cual se decretará cuando haya una sentencia. Entre tanto, en este mismo supuesto la patria potestad podrá suspenderse cuando exista auto de vinculación a proceso. Incluso, con el objetivo de proteger a las infancias víctimas en esos casos de feminicidio perpetrado por el padre, el juez podrá en su beneficio modificar el ejercicio de la patria potestad, guardia y custodia. Determinando en

el Código Penal estatal que si este delito se comete delante de los hijos/as de la víctima directa, la sanción se eleva de 50 a 70 años de prisión.

Todas estas reformas a leyes secundarias seguramente a este día al ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado, son vigentes para el estado de Puebla.

Va mi reconocimiento a la aportación de las diputadas Azucena Rosas, Mónica de la Vechia, Aurora Sierra, Tonantzin Fernández y Néstor Camarillo promoventes de las iniciativas de Violencia Vicaria; y, a la diputada Mónica Silva proponente de las reformas al Código Civil y Penal detonadas por el terrible feminicidio de la Abogada Cecilia Monzón.

En la lucha colectiva desde todas las trincheras, pasos como estos sin duda reivindican derechos de las mujeres, por eso en fecha tan importante #8M hay que visibilizarlos.

@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com

René Sánchez Juárez

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06 de marzo de 2023

La polémica presidencia del PRI que encabeza Alejandro Moreno enfrenta una vez más un revés político, esta vez a través del Instituto Nacional Electoral, que le ha invalidado la reforma a los Estatutos de su partido para extender su mandato hasta pasadas las elecciones presidenciales de 2024. Por lo tanto, Alito deberá abandonar la dirigencia el 18 de agosto y el PRI tendrá que convocar a un proceso interno para elegir al nuevo dirigente.

El INE determinó por seis votos a favor y cinco en contra, que las reformas aprobadas el 19 de diciembre en una sesión del Consejo Político Nacional, no cumplieron con la normatividad establecida para modificar sus documentos básicos. Por lo que Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu impugnaron la reforma, ya que la única autoridad interna para reformar los documentos básicos es la Asamblea Nacional y el Consejo sólo con causa justificada cuando la Asamblea no pueda hacerlo.

La presidencia del PRI argumentó que era necesario modificarlos para adecuarlos al “plan B” de la reforma electoral, pero la autoridad electoral determinó que cuando el PRI avaló las modificaciones estatutarias, el “plan B” no había sido concluido su trámite legislativo ni había sido promulgado (en el momento de la votación del INE).

De confirmarse que Alito deja la presidencia, porque ahora impugnará ante el TEPJF, representa una oportunidad para las bases del partido que puedan recuperar al partido que ha sido secuestrado por las cúpulas que lo llevaron a pactar con sus opositores naturales con la esperanza de acceder nuevamente al poder; sin embargo, en la presidencia de Alito ha perdido la mayoría de las elecciones locales, así como las federales y este 2023 todo indica que perderá el Estado de México que siempre ha gobernado el PRI.

Otro escenario es que aparezca un liderazgo alternativo, dejando a un lado el peñismo de Chong o un subordinado de Alito, lo que representaría una oportunidad para que el PRI se refundara y repensara sus documentos básicos para regresar a ser el partido que alguna vez fue.

Otra opción es que a través de un acuerdo cupular llegue un líder dispuesto a colaborar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que volvería al partido en un aliado más como es el Partido Verde Ecologista de México.

Lo único cierto es que en cualquier escenario descrito el PRI pierde, ya que no representa la fuerza electoral que tenía hace cinco años cuando conquistó la presidencia con Peña Nieto, se ha convertido en el segundo partido de importancia en la alianza “Va por México”

Ya veremos qué resulta y si el PRI sigue siendo un partido con vocación de poder o se asume en la oposición como un partido opositor lo cual le cuesta mucho, o busque sobrevivir a su crisis y tratar de mantenerse como tercera fuerza política, posición que le pelean al PVEM y Movimiento Ciudadano. Por ahora los panistas están de fiesta porque sin tener un liderazgo, ni demostrar ser la opción de gobierno a Morena se benefician de la crisis del PRI.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

Rocío García Olmedo

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27 de febrero de 2023

Palabra de Mujer

En un país como el México actual en el que la polarización, la confrontación, la descalificación permanente impulsada por el presidente López Obrador contra todo y contra todas y todos, no había otra manera ante esa falta de diálogo y oídos sordos; lo que seguía era la lucha colectiva.

Así, como era de esperarse, en Puebla como en más de cien ciudades de la República mexicana y del extranjero, se llevó a cabo la segunda concentración de personas convocada en defensa de la democracia en México y de la Institución autónoma que la hace efectiva.

Miles de personas presentes, haciendo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucionales las recientes reformas aprobadas a diversas leyes secundarias en materia electoral, a pesar de las críticas, denostaciones y presiones de que están siendo objeto por parte del mismísimo presidente de la República, y hacerlo porque trastocan los derechos de la ciudadanía, disminuyen los derechos políticos conquistados por las mujeres y violan flagrantemente a la Constitución Mexicana.

La causa que ha movilizado esta protesta social ha quedado manifesta.

Queremos elecciones libres.

Queremos que nuestro voto cuente y se respete.

Queremos un país democrático.

Las mujeres, que somos más de la mitad de las personas que estamos siendo violentadas por estas reformas electorales aprobadas; hemos levantado la voz de diferentes maneras porque como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, sabemos vivir individualmente y luchar colectivamente, esa ha sido parte de la historia del movimiento de mujeres en México y en el mundo.

Por eso no vamos a permitir el borrado de nuestras conquistas y de nuestros derechos adquiridos y vamos a continuar consolidándolas a pesar de las descalificaciones.

¿Saben por qué?

Porque nuestro #VotoCuenta.

@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com