René Sánchez Juárez

Visto: 456

3 de marzo de 2021

La política exterior de Obama podría tener un resurgimiento a costa de retomar acciones militares en Medio Oriente.

Poco más de un mes en la presidencia y el demócrata Joe Biden ya ha autorizado su primera ofensiva militar sobre el medio oriente, con la intención de mandar un mensaje de respuesta a un ataque a una base militar en Iraq, el Pentágono lanzó misiles en suelo sirio para atacar posiciones estratégicas donde fallecieron 22 milicianos iranís.

Estados Unidos ha justificado esta acción militar, el portavoz del Pentágono, John Kirby mencionó “esta respuesta militar proporcionada fue llevada a cabo junto con medidas diplomáticas y en consulta con los socios de la coalición.

Sin embargo, estas acciones no han tenido el respaldo, incluso sus partidarios no están de acuerdo en la forma en que actuó el presidente, argumentado que los bombardeos fueron llevados a cabo sin autorización de los legisladores. “Una acción militar ofensiva sin la aprobación del Congreso no es constitucional cuando no hay circunstancias extraordinarias” comentó el senador Tim Kaine. Incluso los republicanos como el senador Jim Inhofe aprobó la acción argumentando que era “la respuesta correcta y proporcional para proteger vidas estadounidenses.

Debemos tener en cuenta el contexto sobre la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente, mientras que Obama negociaba un acuerdo nuclear con Irán, donde el objetivo era impedir durante al menos un decenio el acceso iraní a la bomba atómica a cambio de levantar sanciones económicas; Trump decidió cancelar este tratado.

Biden fungió como vicepresidente de Obama y ahora tiene el interés de retomar las políticas del expresidente y con ello lograr que Irán retome las pláticas, a pesar de este ataque.

Por un lado, Biden tiene que asegurarse que Irán no se levante de la mesa de negociaciones, así como evitar que los aliados de Siria como Rusia que ya condenó el bombardeo, abandonen el acuerdo que Obama pretendía firmar. Por otro, defender a sus militares que mantiene en Medio Oriente. El fondo de este conflicto pasa necesariamente por temas religiosos y étnicos, además del petróleo y el gas que siempre han sido “la joya de la corona” para los Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. Al final todo esto llevará a un reacomodo político en Siria y en la región entre los intereses de Rusia y EU.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

Redacción

Visto: 343

26 de febrero de 2021

Con Joe Biden como presidente de Estados Unidos hay esperanzas entre los grupos migrantes para que se concrete una reforma migratoria que los favorezca; sin embargo, el vecino país tiene un Congreso dividido lo cual dificultará el proceso, señalaron especialistas de la UNAM.

El director de la Facultad de Derecho (FD), Raúl Contreras Bustamante, recordó que México ocupa, a nivel mundial, el segundo lugar en emigración con casi 12 millones de mexicanos, solamente detrás de la India. 

“Son personas que han salido hacia otros países en búsqueda de mejores oportunidades. En la Unión Americana los estados de California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia e Illinois tienen las poblaciones más altas de migrantes indocumentados mexicanos. Se calcula que la migración de latinos en el vecino país es mayormente de origen mexicano”.

Señaló que la reforma migratoria se enfrenta a un electorado dividido y los demócratas reconocen que el tema migratorio no es electoral. Además, en Estados Unidos no hay voto directo de los ciudadanos, sino un complejo sistema de voto electoral, de ahí que consideró conveniente que el vecino país instaurara un organismo semejante al Instituto Nacional Electoral.

En tanto, el profesor externo de la UNAM Chicago y recipiendario del reconocimiento Alfonso García Robles de la UNAM en 2017, Kalman Resnick subrayó:

“Hay esperanzas para el cambio, pero también hay muchos obstáculos. En estos primeros días de la administración Biden nuevas políticas a favor de la migración han sido anunciadas y hay propuestas legislativas, pero no sabemos qué tantos avances vamos a tener, no por falta de ánimo de la administración sino por falta de poder en el Congreso, que está dividido casi en partes iguales, con 50 senadores republicanos y 50 demócratas, más el voto que determina la mayoría, que es el de la vicepresidenta Harris”.

El abogado estadounidense explicó que el proceso legislativo es difícil en EU, porque para cambiar las leyes migratorias hay que tener la mayoría de votos en la Cámara de Representantes y 60 sufragios en el Senado.

“Actualmente hay que ganar los votos de por lo menos 10 republicanos, posiblemente más, para poder cambiar las leyes y tener una reforma migratoria”, precisó.

Durante el conversatorio virtual “El nuevo panorama migratorio en los Estados Unidos”, organizado por la FD y la UNAM Chicago (Escuela de Extensión Universitaria) –en el cual también estuvo Francisco José Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM-, Resnick señaló:

Hay otro problema con las cortes, porque el expresidente Donald Trump nombró a numerosos jueces federales y son puestos de por vida. “Hemos visto que en las cortes hay suficiente fuerza entre los trumpistas para tratar de derrotar avances en las políticas administrativas de la administración de Biden”.

Como ejemplo, citó que el actual presidente anunció una moratoria de 100 días en las deportaciones de quienes fueron convictos graves, por lo que cual el procurador general de Texas lo demandó en la Corte de Distrito, y el juez puso una orden para que quedara sin efecto la decisión del mandatario.

Boletín UNAM-DGCS-172/2021

Redacción

Visto: 376

02 de marzo de 2021

Ante la propuesta de reforma migratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los indocumentados en ese país están esperanzados y con mucho ánimo; sin embargo, estamos en un momento difícil porque aún no pasamos del nivel discursivo, consideró Camelia Tigau, especialista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.

“No sabemos si en realidad se logrará lo que el presidente estadounidense ha propuesto, sus proyectos son buenos, pero estamos a la expectativa”, precisó.

La especialista recordó que con el expresidente Barack Obama se tenía la misma expectativa de regularización de la población migrante en ese país, pero no ocurrió así y, en cambio, hubo más deportaciones.

Es difícil determinar si esta reforma sería aprobada, detalló, porque apenas estamos analizando el discurso, que es bueno, pero hay dificultades procedimentales porque la opción de brindar ciudadanía a 11 millones de indocumentados es un proceso difícil y el sistema estadounidense de visado es tardado.

Camelia Tigau estimó que el actual escenario de crisis sanitaria no terminará pronto, y los migrantes “por falta de seguro de salud y condiciones laborales están en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia”.

La especialista señaló que de aprobarse la propuesta migratoria sería una gran lección en términos burocráticos para aquellos países de la Unión Europea con un gran número de indocumentados, pero también para México donde hay una cantidad significativa en esa condición.

“Desde luego, en el terreno de políticas migratorias, los países aprenden unos de otros, y eso podría ser uno de los ejemplos para otras naciones, mientras que a la comunidad migrante le elevaría la autoestima y les brindaría derechos que no tienen en estos momentos” refirió.

En Estados Unidos hay argumentos de que económicamente es mejor tener a los migrantes temporales y en condiciones de vulnerabilidad porque no exigen, no se pueden organizar en sindicatos ni votar, carecen de derechos educativos y de salud, se les puede pagar lo que se quiera y deportarlos en cualquier momento, así tengan 20 o 30 años viviendo en ese país.

No obstante, continuó la universitaria, la población trabajadora migrante contribuye a la economía estadounidense, pero se considera que es una ventaja tener a esta población indocumentada porque es una carga menos para el sistema público.

“Es mucha la presión para esta gente, demasiado miedo, pues ahora como migrante deben ser doblemente buenos, portarse doblemente bien, no pueden cometer ninguna falta cívica porque los deportan de inmediato”, apuntó.

Y comentó: las órdenes ejecutivas que pudieron hacerse desde la oficina, las aplicó el presidente Biden, por ejemplo remover los topes para el visado H1B, que permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especiales, y anuló el veto migratorio establecido por su antecesor a viajeros de 11 países de mayoría musulmana.

Camelia Tigau aseveró en el vecino país del norte se acostumbra a dar alivio migratorio por segmentos, y eso es lo que algunos diputados y senadores estadounidenses consideran sería más factible, como parte de la propuesta de reforma del presidente de Estados Unidos.

La especialista en migración calificada puntualizó que de esos 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, aproximadamente la mitad son mexicanos, el resto de diversas nacionalidades; también hay profesionistas que se quedaron allá después de que sus padres no lograron obtener sus visas.

Planteó que otra lección de la historia estadounidense es que primero se excluía a migrantes de cierta nacionalidad, luego a aquellos por razones de orientación sexual y, posteriormente, por las nacionalidades que participaron en las dos guerras mundiales.

Casi al término del siglo XX empezaron a excluir a los trabajadores agrícolas, quienes ya no son tan requeridos, porque se pasó a la economía del conocimiento y ahora la demanda más grande es de profesionistas, pero no disponen de las herramientas para luchar por sus derechos en ese país, aseguró Camelia Tigau.

Unas de las propuestas del presidente Biden para evitar que los centroamericanos migren hacia el norte, subrayó, es otorgar  cuatro millones de dólares como apoyo a El Salvador, Honduras y Guatemala; además, incluir la violencia doméstica y la persecución sexual como motivos para pedir asilo.

Al concluir, Camelia Tigau reconoció en Biden una figura que busca modernizar el sistema de migración estadounidense, “un poco volviendo a la tradición acogedora, de atracción de talento profesional y de mano de obra, según las necesidades del mercado laboral. En su discurso hay un cambio, un sentido de dar la bienvenida a los migrantes dejando atrás el discurso racista”.

Boletín UNAM-DGCS-188/2021

René Sánchez Juárez

Visto: 318

22 de febrero de 2021

La reelección en cargos de elección popular sin separarse del cargo representa una jornada inequitativa.

La reforma electoral que se aprobó en 2014 aprobó la reelección de puestos de elección popular hasta por 12 años consecutivos; sin embargo, quedó incompleta debido a que los legisladores no aprobaron los lineamientos de su aplicación. En marzo de 2020 los legisladores aprobaron las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales donde se estableció que no era necesario separarse del cargo, aunque la minuta no fue aprobada ni discutida en el Senado.

Por esta omisión la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE presentó un proyecto para que los legisladores se separaran del cargo 60 días antes de la elección, por lo que los diputados exigieron al INE que no se extralimitaran en sus funciones.

Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que los diputados que busquen la reelección en este 2021 podrán no separarse del cargo; sin embargo, no podrán hacer campaña política en horarios laborales ni ausentarse de sus funciones legislativas, así como no emplear recursos públicos con fines electorales.

Si bien la reelección en los cargos de elección popular puede servir como una herramienta de la democracia participativa, donde el ciudadano puede “castigar o premiar” a su legislador por su trabajo realizado. La reelección sin separarse del cargo implica una contienda inequitativa.

Los que defienden la reelección sin dejar el cargo opinan que el INE tendrá las facultades para fiscalizar los gastos de campaña y denunciar a aquellos que puedan incurrir en faltas, otro argumento es que el uso de recursos públicos con fines electorales ya es un delito grave que se castiga con prisión.

Sin embargo, aquí hay un problema más de fondo, la inequidad de una contienda, donde los candidatos no tendrán las mismas posibilidades, ya que los representantes en funciones cuentan con la exposición de medios de comunicación, el uso de personal que recibe un sueldo o las casas de apoyo.

Modificaciones como ésta son las que inhiben la participación, donde se presentan las mismas opciones, la democracia pasa a segundo plano, para dar paso a los mismos grupos de poder. A esto le sumamos que las elecciones intermedias no son llamativas además de la pandemia no se espera mucha participación.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.