Política
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22 de abril de 2022

Crear una regulación perfecta, que pondere el derecho superior al menor, y el derecho a la salud son los factores que retrasan la generación de una ley que norme el consumo lúdico de cannabinoides en México, coincidieron expertos reunidos en el Seminario 4/20.

En el encuentro, realizado en formato híbrido, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, El Colegio de México y el Instituto Nacional para la Salud Pública, Guillermo Kohn Espinosa, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detalló:

“Parece que el legislador tiene miedo de tomar decisiones por equivocarse, pero lo cierto es que en este tema lo vamos hacer, y será poco a poco que se tomen mejores decisiones. Además, hay una desinformación importante, sobre las afectaciones a la salud, ya sea que es la puerta a drogas más duras o no, lo cierto es que todavía falta desarrollar mucha información científica sobre los efectos, pero con la evidencia que contamos ahorita podemos destruir estos mitos y ojalá el legislador pueda avanzar a una nueva legislación”.

En esta actividad académica, realizada en el Aula Centenario del IIJ y coordinada en la UNAM por el jurista Imer Benjamín Flores Mendoza, se reflexionó sobre la evidencia científica disponible en torno a la regulación de la cannabis y sus derivados, mediante el desarrollo e implementación de indicadores, metodologías y estrategias que permitan dar cuenta del proceso regulatorio y sus impactos, además de formular propuestas alternas para orientar las determinaciones y facilitar el acceso a información verificada de los diferentes actores de la población interesados en el tema.

Al hacer uso de la palabra, la  investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Geovanna Quiñonez Bastidas, explicó que uno de los grandes problemas para generar datos sobre los efectos del consumo en la salud de la población es que para efectuar investigación se requiere autorizaciones más allá de los institutos o universidades, pues la COFEPRIS debe otorgar anuencia que suele ir más allá del tiempo que tienen los científicos.

“Si nos preguntamos en México dónde estamos parados, bueno, tenemos más dudas que respuestas y como investigadores la mayoría tenemos muchas dudas en cómo hacer la investigación, sobre todo por los permisos. Vemos restricción y revisamos la Ley General de Salud en cuanto al control sanitario y por ejemplo para realizar ciencia básica debes someter el protocolo de investigación a COFEPRIS, cuando regularmente se presenta solo ante las instituciones y desde ahí hay restricciones, porque se hace tedioso y tenemos muchos investigadores que dejan de lado el tema por las restricciones”, acotó.

La experta en química del dolor enfatizó que un paso clave para avanzar en el tema es educar a la sociedad, pues si bien en el reglamento se habla de cómo hacer uso medicinal de esta sustancia, la mayoría de las personas consideran que al ser un producto natural es inocuo, un error común y es tarea enfatizar a la población que no cura todo y por eso se necesita revisar los reglamentos y regulaciones actuales.

Amaya Ordorika, de ReverdeSer Colectivo, manifestó: “Necesitamos identificar los daños que causa la prohibición, la violencia de Estado que se implementa a partir de las leyes prohibicionistas de la cannabis, para garantizar la no repetición de estas violaciones a derechos humanos; pensar en la reparación del daño generado por la prohibición y, finalmente, campañas de verdad y memoria. Desde el Estado mexicano se ha promovido la discriminación de los usuarios, de quienes nos relacionamos con la planta, mentiras sobre los efectos de la planta buscando generar una percepción no adecuada”.

El integrante del Plantón420, José Rivera, detalló parte de los abusos de poder que cometen autoridades de diferentes entidades de la República, especialmente en Oaxaca, contra quienes fuman cigarrillos de mariguana, calificándolos desde traficantes hasta drogadictos, privándolos de su libertad y agraviando sus derechos humanos.

Recordó que parte de la celebración 4/20, que se realiza de manera informal en el mundo, es que diversos gobiernos y legisladores no quieren normar sobre el tema, por lo que surgió la idea: “si no nos quieren escuchar, no nos quieren ver… ahora nos van a oler”.

Erick Ponce, director de Ia empresa ICAN Latam, detalló que una de las grandes ventajas de México es que, al menos en el tema medicinal, se ha acertado en reconocer a la cannabis como un medicamento en la Ley General de Salud, y pidió mayor apoyo a la industria local interesada en traer los medicamentos.

Boletín UNAM-DGCS-321/2022

19 de abril de 2022

Desde el año pasado en Chile se está trabajando en una nueva Constitución, cuando más del 80% de la población votó a través de un plebiscito que se generará un nuevo documento, ya que el vigente se redactó desde tiempos de Augusto Pinochet.

El trabajo de la Convención Constituyente también se perfilaba para disminuir la presión social después de la crisis política de octubre de 2019. Cobró relevancia después de la toma de posesión de Gabriel Boric como nuevo presidente, emergido de otra crisis de 2011 y líder estudiantil.

Los 115 miembros de la Convención tienen hasta el 5 de julio para presentar el texto que se votará el 4 de septiembre por todos los chilenos.

Lo que sin duda ha llamado más la atención fue la propuesta avalada de desaparecer el Senado de República por otro órgano legislativo denominado Cámara de las Regiones. Con 104 votos a favor, 42 en contra y seis abstenciones, los convencionales confirmaron uno de los aspectos cruciales del debate sobre el sistema político, el Gobierno, el Poder Legislativo y el sistema electoral.

Esta nueva Cámara de las Regiones será: “un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución”, con lo que tratan de crear un bicameralismo asimétrico con una cámara política llamada Congreso de Diputados y Diputadas y este organismo reemplazará al Senado.

El poder legislativo chileno, cuenta con dos cámaras espejo, es decir, bicameralismo simétrico, donde ambos órganos tienen las mismas funciones, por lo que hay quienes argumentan que entorpecen el proceso legislativo.

Aún no se ponen a discusión las funciones que tendría esta Cámara de Regiones, lo que ha enfrentado a izquierdas y derechas.

La constituyente de derecha, Constanza Hube, argumenta que “tendrá funciones decorativas” y “no se ha dado ningún argumento serio sobre las razones para eliminar el Senado”; mientras que la

senadora socialista Isabel Allende -hija de Salvador Allende- manifestó: el bicameralismo es necesario e importante. Creo que ha sido la forma en que perfeccionamos los proyectos de leyes, un mejor legislar y, por cierto, siempre se podrán mejorar los trámites y la forma de hacerlos más eficientes. Pero es un equilibrio de poderes que contribuye a la creación de las leyes”

Aún falta que los convencionalistas definan las funciones para esta nueva institución para que a partir de ahí se establezca un nuevo modelo democrático en América Latina, lo que rompería los paradigmas establecidos desde el siglo XIX.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

12 de abril de 2022

A los adolescentes entre 14 y 18 años, que ya son padres o madres de familia y tienen una vida sexual activa, no se les permiten visitas conyugales, lo que conllevaría diversos problemas individuales y familiares.

Todos los adolescentes son sujetos activos de derechos, y el reconocimiento de su protección también está relacionada con su sexualidad, relaciones de género y derechos sexuales y reproductivos.

No obstante, el ejercicio del derecho a la libertad sexual de los jóvenes privados de la libertad (PPL) en un centro de atención especializada es algo que pocos han tenido en cuenta en el sistema estatal.

El abogado Juan Carlos Sánchez, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), asegura que el esquema de detención de adolescentes debe evolucionar y reconocer que los PPL entre 14 y 18 años tienen derecho a expresar sus opiniones sobre su autodeterminación y disposición con referencia a su sexualidad.

Por consiguiente, se les debería permitir el derecho a las visitas íntimas, ya que estas corresponden a un derecho personalísimo, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales y las normas locales.

“En la actualidad, a la población reclusa menor solo se le permite contacto con sus familias o personas cercanas, desconociendo por completo su integración con la comunidad y el mantenimiento de relaciones interpersonales con otros jóvenes, incluso limitando el contacto físico con sus parejas, con quienes ya tienen una vida formada, y en muchos casos un hogar con hijos. Esto los deja en desventaja frente a los adultos que se están en las mismas condiciones”, asegura el abogado de la UNAL.

Señala además que “el Código de Infancia y Adolescencia establece que el sentido de la privación de los jóvenes debe ser una figura restaurativa y pedagógica para impulsar su libre y buen desarrollo en los centros especializados, dirigidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). No obstante, este organismo no les brindaría la libertad y autodeterminación a los PPL de disponer de su sexualidad, sino que los está condicionado […] El Estado viola estos derechos bajo el argumento de la protección, volviendo a la clásica distinción del niño como objeto de protección y no como un sujeto de derechos”.

Lineamientos del ICBF

El abogado Sánchez asegura que en la actualidad el ICBF no contempla todas las situaciones que pueden vivir los jóvenes a esa edad, es decir, si tienen una orientación sexual diferente o forman parte de la comunidad LBGTI.

“Los lineamientos del ICBF no les permiten a lo jóvenes decidir si quieren o no disfrutar de su sexualidad, lo que puede llevar a graves afectaciones en la familia, pues la intimidad hace parte fundamental de la relación de pareja y podría afectar los vínculos con las personas más cercanas. Si a un joven se le restringen sus derechos sexuales por el tiempo que permanece privado de la libertad, se pueden propiciar escenarios de connotación riesgosa de abuso y violencia sexual”, destaca.

Estas conclusiones forman parte del trabajo de investigación “El ejercicio del derecho a la libertad sexual de los jóvenes privados de la libertad en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes”, en el cual el experto realizó una juiciosa revisión documental sobre los lineamientos del ICBF para los permisos de visitas, analizó las sentencias de la Corte Constitucional y material de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, en los que se hicieron reportes no solo de la restricción o la disponibilidad que puedan tener los jóvenes de su sexualidad, sino de las condiciones de los lugares donde ellos se encuentran según la determinación de un juez de la República.

La investigación señala que en el país no se han tenido en cuenta instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y los Derechos Humanos, en los que se les pide a los Estados, a la sociedad y a la familia, ver a los jóvenes como sujetos de derecho.

“El artículo 44 de la Constitución señala que prima el interés superior de los niños  y adolescentes, lo que quiere decir que se les debe respetar y dar todas las garantías cuando ellos disponen de derechos; no obstante, si esos derechos no están bien orientados y con un punto de formación integral, se presentan los problemas. En virtud de la aplicación de los principios que ostentan los niños y adolescentes, y en consonancia con el interés superior del niño, es necesario que a los adolescentes privados de la libertad en los centros de atención especializada se les escuche y se tenga en cuenta su opinión”, subraya el abogado.

Concluye señalando que “es necesario abolir toda manifestación de discriminación y permitirles a los jóvenes el libre desarrollo de la personalidad cuando deseen hacer uso pleno del goce y la satisfacción de su sexualidad”.

Cabe mencionar que el ICBF tiene a su cargo el cuidado y la protección de los adolescentes que cometen conductas delictivas, pero no hace pública la información de cuántos de ellos mantiene bajo custodia, argumentando que lo hace para proteger sus derechos.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

19 de abril de 2022

Palabra de Mujer

Muchos aprendizajes y mucho que analizar sobre el ejercicio -lamentablemente distorsionado- de Revocación de Mandato llevado a cabo hace algunos días.

Muchos lo llamaron “ejercicio de vanidad” otros lo señalaron como “ejercicio de auto-confirmación” porque su principal impulsor fue justamente el propio presidente, sus funcionarios y su partido político, y todas, todos sabíamos, que el presidente López Obrador tiene que concluir su mandato.

Por ello importante analizarlo desde el enfoque de los hechos conocidos y consignados, justo por su importancia y trascendencia: primera ocasión que en México se hacía uso de una figura jurídica recientemente incluida en la Constitución (2019), que pudo sin duda haber sido de gran aprendizaje para nuestra cultura democrática, ya que representa el mecanismo de participación ciudadana directa para decidir dar por terminado de manera anticipada el período de un gobierno incompetente.

Varios juristas analizan con toda razón: “Usualmente los procesos electorales democráticos son aquellos en los que hay certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado.”

“En la revocación de mandato hubo, desde el principio, certidumbre en el resultado pero una gran incertidumbre en las reglas.”

Empezando porque un proceso de esta naturaleza debe ser solicitado por la ciudadanía, no por el gobierno, no por los servidores públicos, no por un partido político. Y este proceso tuvo la característica primaria de haberse llevado a cabo a solicitud de todos ellos, que se dieron a la tarea de recabar las firmas haciendo uso de todo tipo de “formas”. Recabaron 11 millones.

Para llevar a cabo este proceso la mayoría de legisladores del partido oficial Morena en el Congreso de la Unión –Cámara de Diputados y de Senadores- aprobó la normativa que debía regir el procedimiento de este ejercicio. Todas esas reglas fueron flagrantemente violadas en todas las etapas del procedimiento por ellos mismos, acarreo, compra de votos,

presiones, amenazas, entre otros. Sí, igualito que como en otras épocas y lo vimos todas, todos.

El organismo autónomo responsable de la organización de este ejercicio, fue sometido a duras críticas, amenazas, reducción de su presupuesto y sin aprobar el necesario para llevar a cabo este ejercicio. Con todo ello creo que al final fue el Instituto Nacional Electora (INE) el que salió fortalecido por su desempeño a pesar de todos esos obstáculos que lo habían presentado como el inoperante organismo. Resistió.

Resultado, muy por debajo de lo esperado. A pesar de su movilización, se obtuvieron 15 millones de votos que por supuesto respaldaron al presidente para continuar su gobierno (en 2018 logró más de 30 millones de votos), 1 millón 063 mil personas que con su voto en contra demostraron que perdieron la confianza en él y el 82% de la ciudadanía decidió no votar.

¿Qué reflejan estos números? Para efectos de los partidos en oposición, que la base que conforma el “voto duro” del presidente está entre 11 y 15 millones de personas (los que lograron para las firmas de solicitud, y, los que sacaron el 10 de abril).

Para efectos de la trascendencia futura de este procedimiento en el país, que requerirá sin duda considerar algunos ajustes, varios de los cuales fueron emitidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar sugiriendo seis Recomendaciones: 1) Propaganda, que debe reconsiderar normas de neutralidad. 2) Pregunta, reformular la pregunta de manera que sea estrictamente compatible con la naturaleza del mecanismo. 3) Más recursos para el INE, por ser la segunda ocasión en que el INE no cuenta con los recursos solicitados, hace un llamamiento al gobierno para garantizar recursos suficientes para que cumpla con sus funciones. 4) Más firmas para la solicitud de Revocación, recomienda evaluar la posibilidad de aumentar el porcentaje de firmas necesarias para iniciar el procedimiento. 5) Mejorar el proceso de recolección de firmas en papel, ya que el formato permite la falsificación de apoyos. 6) Consolidar el mecanismo para el otorgamiento de firmas que solicitan el procedimiento, de manera que las personas que no hayan dado su consentimiento para incluir su firma, tengan la posibilidad de darse de baja.

Seguramente a estas recomendaciones pueden integrarse más, lo que sí es necesario es hacer ajustes que permitan que futuros procedimientos sean procesos verdaderamente democráticos que cumplan con principios rectores.

Certezas:

Los legisladores/as tienen la palabra y el tiempo para rediseñar el procedimiento de Revocación de Mandato.

Los partidos políticos de oposición deberán reaccionar, ya que queda claro que la red del presidente está organizada y su “voto duro” está a la vista de todas, de todos.

Muchos aprendizajes sin duda y los que nos faltan…

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @rgolmedo Palabra de Mujer Atlixco rociogarciaolmedo.com
11 de abril de 2022

Un Nuevo Comienzo

De acuerdo con la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en la semana que terminó, el precio promedio de la tortilla en nuestro país alcanzó los 20 pesos por kilogramo en tortillerías tradicionales y 13 pesos en tiendas de autoservicio, representando incrementos de 24 y 11 por ciento con relación a 2021 (Miguel Ángel Ensástegui, El Sol de México 2022).

El maíz y el gas representan el 64 por ciento de los costos de producción de las tortillas, según datos de la Universidad Tecnológica de Puebla y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) ha estimado un incremento promedio de 21 por ciento en el precio de la tonelada de maíz con relación a marzo 2021 y un 89 por ciento del precio de los fertilizantes después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en mucho, debido a la tendencia creciente de los precios de los combustibles y los altos costos de los fletes marítimos.

Los compradores chinos cerraron recientemente una operación para adquirir mil 84 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos, debido a que los envíos de Ucrania, el cuarto exportador mundial, están suspendidos por la guerra.

Uno de los mayores impactos económicos del conflicto bélico Rusia-Ucrania se observa en el incremento de los precios del petróleo, los combustibles y los fertilizantes. Y, no obstante que hay una gran demanda de granos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha anunciado que sus agricultores planean reducir sus siembras de maíz debido a los altos precios de insumos y fertilizantes, según la Agencia REUTERS, El Sol de México 2022.

Adicionalmente, algunas estimaciones ya pronostican un año 2022 de mayor sequía que el 2021 y junto a los problemas provocados por 2 años de la pandemia por COVID, hay riesgo de mayor pobreza y una gran amenaza a la seguridad alimentaria mundial con mayor impacto en Latinoamérica y África. En América Latina 60 millones de personas viven con hambre.

La inseguridad alimentaria se ha agravado en México debido a la falta de políticas que atiendan con eficiencia a la base de la pirámide productiva nacional en donde 80 por ciento de los productores del campo, con parcelas menores a 2.5 hectáreas y dependientes en un 85 por ciento de las lluvias, solo siembran para autoconsumo sin lograr cubrir sus requerimientos alimentarios familiares anuales.

La falta de lluvias, de riego, de semillas, de fertilizantes, de insumos y tecnología y, principalmente de servicios técnicos, ha provocado que los campesinos siembren como Dios les da a entender. Así se ha generado la baja productividad, así se ha empobrecido a la gente, se ha perdido el suelo, el agua, la fauna, los peces de los

ríos y la vegetación debido a prolongadas prácticas extractivas. Así se ha provocado la migración que hoy crea ingresos nacionales por arriba de los generados por el petróleo o el turismo.

A este sector lo hemos engañado desde la creación del PROCAMPO en los años 1990, luego PROAGRO y hoy Producción para el Bienestar, con otorgar una cantidad de dinero por hectárea que no alcanza para nada. Es solo un apoyo al ingreso personal.

Derivado de muchos años de solo extraer las cosechas y no devolver nada a la tierra, ésta se empobreció, también porque las malas prácticas agrícolas provocaron erosión de la capa fértil. Según estudios de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura en el Banco de México (FIRA), se pierden 2 mil 500 kilogramos de suelo por hectárea anualmente.

Junto con el suelo, se perdió también la materia orgánica que debe estar en niveles de 5 por ciento y que actualmente solo se encuentra en promedios de 1 por ciento. Más grave aún es que se perdieron los microorganismos del suelo, los que descomponen la materia orgánica para hacerla aprovechable a los cultivos. Además de recuperar suelo, hoy debemos reponer materia orgánica, la microbiología y la fertilidad de las tierras agrícolas.

Actualmente si no se fertiliza, no hay cosechas. En el pasado exprimimos al máximo nuestras tierras y ya no producen si no les ayudamos con nutrientes externos. Por eso, hoy la mayor demanda de apoyo que llega a los escritorios de las oficinas del sector agroalimentario es de fertilizantes.

Pero los fertilizantes están muy caros porque los principales productores están en guerra, por lo que es tiempo de voltear hacia políticas de producción nacional y también hacia el uso de abonos verdes, rotación de cultivos usando leguminosas, incorporación de residuos de cosecha, reducción de las quemas de rastrojos, incorporación de abonos orgánicos y de abonos biológicos.

Productores de sorgo de la Mixteca Poblana demostraron que al reducir a la mitad el fertilizante químico y complementar con micorrizas y la bacteria Azospirillum, se redujo en 25 por ciento el costo de la fórmula y se obtuvieron iguales o mejores rendimientos de grano.

Por todo lo anterior, necesitamos recuperar y cuidar mejor nuestros suelos y los recursos naturales para las futuras generaciones.

Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.
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