Rocío Garcia Olmedo

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Hace unos días, escribía sobre el anuncio de una consulta popular para que el “pueblo decida” continuar o no con la obra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Hoy, estamos a la víspera de llevarla a cabo, del 25 al 28 de octubre según lo ha anunciado el equipo de transición del Presidente electo. Se instalarán 1 073 mesas en 570 municipios de los 32 Estados del país, esperan una votación de entre 100 mil y 500 mil personas.

¿Será suficiente ésta muestra, para tomar una decisión tan importante y especializada? Desde mi punto de vista no lo es.

Sin embargo algunas voces han hecho alusión a la democracia participativa, señalando que “no es una cuestión de expertos, es de mujeres y hombres libres que toman en sus manos el futuro” (Polevnsky Yeidkol, 20/10/2018).

En efecto, al institucionalizarse el voto universal, se presupone la igualdad y libertad de los ciudadanos. A diferencia de una democracia representativa, la democracia participativa según Maurice Duverger, consiste en la colaboración entre los ciudadanos y sus representantes. Y uno de los procedimientos de este tipo de democracia es la consulta popular -los otros son, el plebiscito, la iniciativa popular, el referéndum y la revocación del mandato- En efecto, la consulta popular permite opinar a los ciudadanos, que la ciudadanía participe en el ejercicio del poder público.

Sin embargo, cuando el descrédito en las instituciones de representación que prevalece es tan alto como lo tenemos en el país, justamente por ello la necesidad de que la autoridad electa, cumpla con la Ley que existe desde 2014, y que regula la fracción VIII del Artículo 35 de nuestra Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM.)

La Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) determina el procedimiento a seguir para convocar una Consulta Popular, señala también, quiénes son las instituciones responsables

de llevarla a cabo, y determina que una Consulta Popular debe ser concurrente con una elección federal.

Si bien la democracia participativa puede ofrecer “grandes ventajas y atractivos, también enfrenta grandes retos y riesgos que, de producirse, se traducen en grandes inconvenientes, por cuya razón, los regímenes políticos constitucionales que opten por la democracia requieren sortear adecuadamente esos peligros para no sufrir deformaciones, como la posible ingobernabilidad derivada de la falta de consensos entre los depositarios de las funciones del poder público para la toma de decisiones lo que redunda en una parálisis gubernamental (…)”(Olivos Campos José René, La Democracia Participativa en México, 2011)

Más allá de que el tema que se consultará es altamente técnico, si la falta de confiabilidad y credibilidad justamente representa uno de los graves problemas en México ¿Cómo entender entonces que el Presidente electo ordene su realización sin acatar lo que marca la normativa y cuando todavía no está en el ejercicio constitucional de su mandato? ¿Quién sistematizará la información que se recupere en las urnas que coloquen? ¿Qué autoridad realizará la declaratoria de validez del proceso de consulta popular al que convoca? ¿Es legal hacer esta consulta?

Recordemos una vez más, que la Ley Federal de Consulta Popular tiene por objeto “(…) regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares.” (Artículo 2), determina que es el Instituto Nacional Electoral, el encargado de su organización y desarrollo (2º Párrafo Artículo 3) y que las Instituciones competentes para la aplicación de esta Ley son el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cada una en sus respectivos ámbitos de sus competencias (1º Párrafo Artículo 3).

Que para iniciar el procedimiento deberá presentar ante cualquiera de las Cámaras del Congreso del Unión una solicitud de petición para realizar esta Consulta Popular (Artículo

26 de la LFCP). Y que la facultad para solicitar una Consulta Popular es del Presidente de la República, -entre otros- (Fracción I del Artículo 12 LFCP).

Me sigue pareciendo, que se anuncia una consulta popular dizque para que el “pueblo decida” lo que Andrés Manuel López Obrador el Presidente electo ya decidió.

Porque sin duda, esta consulta popular, no es legal y tampoco será legítima.

Por lo que nuevamente pienso que se ha olvidado eso de que aplicará al pie de la letra el criterio de “Al margen de la Ley, nada; por encima de la ley, nadie”

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@rgolmedo

Palabra de Mujer Atlixco

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Rocío Garcia Olmedo

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Una de las finalidades del Poder Legislativo de cada entidad federativa es ser un órgano representativo de la sociedad y velar por los intereses de la población.

Se gobierna también legislando.

El pasado 1 de julio, emerge una nueva fuerza política en nuestro estado y en nuestro país que abrió, una esperanza renovada para las mayorías de este país que exigen de prácticas políticas distintas.

A veintidós días de iniciados los trabajos en el Congreso de Puebla del cual formo parte, me parece que se ha dado una percepción distinta.

Me ha llamado poderosamente la atención la percepción que he encontrado sobre el Congreso del Estado: "Es lo mismo de siempre”, “parece que no saben lo que hacen", "solo se pelean entre ellos", "solo quieren ser protagónicos", "hacen solo lo que les conviene", "es lo mismo que siempre criticaron: las mayorías aplastando a las minorías", entre un largo etcétera.

Durante el fin de semana me dediqué a conversar con muchas personas; hombres y mujeres tanto de la capital como de la sierra norte, de la Mixteca y la zona metropolitana para conocer su punto de vista y en algo coinciden: la LX Legislatura esta distraída, pareciera que la controversia post electoral está detrás de todo, queriendo ser juez y parte de un asunto que no está en nuestras manos resolver.

Por supuesto, este ejercicio de escuchar y dialogar implicó el acercamiento con personas de diversos partidos políticos: tanto de izquierda, como de centro y derecha.

De ahí que me parece, es momento de hacer uso de la autocrítica necesaria siempre para cambiar lo que no estamos haciendo bien o para reforzar en aquello en lo que sí se están dando resultados.

Esto implica repensar el quehacer legislativo, que incluso pasa por considerar que en una democracia se llega a oponerse a posiciones, hasta con encono -si así es su estilo- pero jamás, se debe llegar al extremo de paralizar nuestra propia misión legislativa.

El Congreso no tiene facultades para resolver -en la instancia actual que presenta- el proceso electoral de la gubernatura del estado. No se trata de ser omisos pero si institucionales, cumpliendo con nuestra obligación como legisladores, de ahí que me parece que lo más sensato para ambas partes sería, permitir que las instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelvan lo conducente en cuanto a la elección de la gubernatura, lo cual nos llevará a respetar tiempos, métodos y determinaciones, con el mismo respeto que esperamos, que el entorno social respete la forma como legislamos. Lo cual también nos llevará a ocuparnos de lo que la población está esperando de nosotros para generar las condiciones de progreso e igualdad.

Si bien es natural que como ciudadanos, con legítimos derechos políticos, siempre busquemos que nuestros institutos partidistas destaquen y logremos mostrarlos como la mejor opción para la población; eso no significa trasladar un interés cupular a un espacio donde debe imperar la imparcialidad, sin colores partidistas, sino con una visión que permita dar resultados a las exigencias de una sociedad cada vez más desilusionada de la clase política.

Puebla enfrenta retos mayúsculos. En esta disputa los únicos perjudicados son los poblanos/as, de ahí que el Congreso y su tribuna debe dejar de ser ring político para convertirse en la voz de la sociedad.

Decía un experimentado y brillante legislador hoy miembro distinguido de ese Movimiento que nos conduce a esa prometida nueva República que comenzó a hacer historia en Puebla el 15 de septiembre desde su Congreso: debemos trascender la particularidad de ser plurales, incluyentes y profesionales, hasta en el trato, sin tomar jamás las fobias ni las filias que algunos políticos suelen tener, porque después de los insultos en tribuna lo que sigue son los golpes…justo esto es, en lo que están incurriendo estas nuevas mayorías. Conductas que supuestamente iban a combatir.

Si la exigencia poblana es que no se quiere más un Congreso comparsa, que se convierta en solo una oficialía de partes, o sea una continuación del poder ejecutivo, tenemos la obligación de visibilizar que no podemos llegar al extremo de paralizar nuestra propia misión legislativa.

Estoy segura que todas y todos queremos devolverle la dignidad y la eficiencia al Congreso, por ello debemos poner un alto a la polarización y asumir con responsabilidad lo que nos toca hacer: legislar.

Rociogarciaolmedo.blogspot.mx

@rgolmedo

Palabra de Mujer Atlixco

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Alberto Jiménez Merino

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En la pasada entrega describí un poco de la problemática que se vive en el campo y de lo que afecta a medio ambiente.

Hoy, me permito compartir las propuestas que presenté en el pasado Congreso Nacional sobre Políticas, Programas y Apoyos para el Rescate del Campo Mexicano, realizado en la Universidad Autónoma Chapingo.

El apoyo a la capacitación y asesoría técnica municipal, debe ser al menos con 5 profesionistas por cada municipio para que se puedan atender las 5 actividades productivas predominantes y mejorar la alimentación, la productividad sustentable y los ingresos de productores

Se debe promover la creación y/o fortalecimiento de centros demostrativos de capacitación práctica con centrales comunitarias de maquinaria agropecuaria y servicios técnicos especializados insumos, semillas mejoradas, abonos y fertilizantes, material vegetativo, crías, semen y embriones de ganado y peces, propiedad de los productores, todo con apoyo del gobierno y la administración profesional, que permitan brindar los servicios en lugar de otorgar apoyos individuales.

El servicio social universitario remunerado debe ser establecido con el objetivo de que fortalezca la vinculación de instituciones con la sociedad, apoye la innovación, forme mejores profesionistas que guíen el desarrollo comunitario y eleven la productividad sustentable.

De igual forma, se debe garantizar el tratamiento de las aguas residuales de las comunidades para tener barrancas y ríos limpios, cuidar la salud de la población, así como para reutilizar el agua en usos secundarios y bajar la presión de la actual demanda.

El impulso a la reforestación con drones para la siembra aérea de semillas recubiertas y la recuperar los bosques son medidas que ayudarán a mejorar su productividad y así como a fortalecer la recarga natural de acuíferos.

También se debe promover el desarrollo de la agricultura de conservación en zonas de temporal y riego para mejorar la productividad lo que permitirá apoyar la certeza alimentaria de los pequeños productores de autoconsumo.

El establecimiento de programas de huertos y granjas familiares en zonas urbanas y periurbanas, con apoyo logístico y tecnológico que permita a los participantes continuar produciendo después del primer ciclo, así como atender las necesidades de autoconsumo y empezar a generar excedentes en hortalizas, productos pecuarios y medicinales, es también parte de mis propuestas.

Se debería también otorgar capacitación y asesoría técnica a todos los beneficiarios del PROAGRO que, anualmente reciben más de 14 mil millones de pesos.

A los servicios técnicos agroalimentarios, capacitación y asesoría técnica, se tendría que destinar al menos el 10 por ciento de lo destinado a los programas de fomento ya que, sin este apoyo, el otro 90 por ciento se pierde lamentablemente.

Otra propuesta es crear bosques productivos de corto plazo, con especies de mayor rapidez de crecimiento tales como el bambú, así como la obtención de productos celulósicos alternos y la promoción de la vivienda e infraestructura sustentables en beneficio del desarrollo regional de las cuencas hidrológicas y la mitigación de fenómenos naturales.

El apoyo a programas de captación de lluvia para el abasto urbano directo y para la recarga artificial de acuíferos en las partes altas de las cuencas debe ser mayor, lo que permitiría reducir problemas de inundaciones durante la época de lluvias y mantener los niveles de agua para las comunidades durante la época seca

Asimismo, se debe promover un Plan Nacional de Formación de Líderes, jóvenes de los últimos semestres del nivel medio y superior que hagan estancias profesionales de 2 a 3 meses en instituciones o empresas nacionales o extranjeras que ya están a la vanguardia.

Apoyar y fomentar del uso eficiente de agua en los distintos sistemas productivos; privilegiar la recarga de acuíferos y vincular la reforestación con la protección y conservación de las fuentes de agua; lograr ríos limpios para los mexicanos y recuperar cuerpos de agua hoy contaminados para cuidar la salud de la población son tareas que deben plantearse quienes generan y desarrollan las políticas públicas de nuestro país.

Los apoyos a la tecnificación del riego agrícola deben ser mayores ya que esto permitiría ahorrar agua, reducir consumo de energía, bajar costos y elevar la productividad agroalimentaria.

Finalmente, se debe promover el entubamiento del agua en las presas, pues ayudaría a modernizar el riego, reducir pérdidas hídricas y aprovechar la presión natural para la tecnificación lo cual no puede hacerse con los actuales canales.

Con base en lo anterior y por el bien de México, deseo a Víctor Villalobos Arámbula, a Josefa González Blanco Garrido, a León Jorge Castaños Martínez y a Blanca Jiménez Cisneros, futuros titulares de SAGARPA, SEMARNAT, CONAFOR y CONAGUA, el mayor éxito al frente de sus responsabilidades asignadas por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.

Alberto Jiménez Merino

Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo

Rocío Garcia Olmedo

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Sin duda en México se ha logrado avanzar mucho en la incorporación de mujeres a cargos de representación política.

A partir de la reforma que incorpora el Principio de Paridad en 2014, empezamos a palpar mejores resultados.

Muchos años antes, hubo que empezar a explorar una serie de formas para construir equilibrios en la participación de hombres y mujeres en cargos de toma decisiones. El reconocimiento de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres -votar y ser electa- otorgado en 1953 no fue suficiente.

Quien no recuerda que en 1996, por primera vez fueron incorporadas las “cuotas de género” que poco a poco construyeron cambios culturales, -fundamentalmente de actitud- para evitar el predominio que hasta entonces tenían mayoritariamente los varones. En aquel momento se fijó como límite el 70% de un mismo género.

Después, se estableció un 40%, ya era el año 2007. Aun así los partidos políticos usaban algunas salidas establecidas en las normas y preferían no cumplir, pagar sanciones económicas -como los hizo el PAN en Puebla- o usar a las mujeres como “juanitas” -las postulaban, ganaban la elección y a los pocos días de tomar protesta, su suplente hombre asumía el cargo-, se impulsa por ello, fórmulas de candidaturas de mujeres -mujer propietaria, su suplente, mujer- hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el proceso 2011-2012 impuso a los partidos políticos su cumplimiento. Cómo olvidar los enojos que causó esta decisión en ese proceso electoral, los partidos políticos tuvieron que cambiar sus fórmulas de hombres -muchas, ya registradas- para mujeres.

¿Por qué importante que las mujeres ocupen posiciones?

Esta aspiración, va más allá del solo aumento cuantitativo en la integración de las Cámaras o los Congresos locales o los gobiernos, implica que su presencia nos permita avanzar en la implementación de acciones a favor de la igualdad, eliminar estereotipos, mejoría en las

condiciones de vida de las mujeres, exigencia de políticas públicas; aún por encima de como se ha dicho -y coincido- “cuerpo de mujer, no asegura conciencia de género” problema que sin duda irá reduciéndose, en la medida que los partidos utilicen el 3% de sus prerrogativas para capacitar a mujeres y asuman su responsabilidad de dar el paso siguiente: postular para cumplir el Principio sí (cuantitativo); pero también, postular a mujeres capacitadas (cualitativo).

Los años siguientes, mujeres de todas las ideologías, académicas, investigadoras, para entonces ya con el acompañamiento de organismos internacionales e instituciones nacionales construidas para impulsar en paralelo beneficios para mujeres -ejemplo Instituto Nacional de las Mujeres- desde diferentes trincheras seguimos insistiendo.

La voluntad política la encontramos en el todavía Presidente Peña Nieto, que envía la Iniciativa de inclusión del Principio de Paridad en nuestro ordenamiento jurídico y con rango constitucional. Principio de Paridad que es un “punto de partida” y no necesariamente un “punto de llegada”. Me tocó en 2014, subir a tribuna a posicionar y defender esta iniciativa. Lo logramos.

Hoy, estamos hablando de que 436 mujeres fueron electas Presidentas Municipales, el 26.9% de los 1 mil 616 municipios en el país disputados. En Puebla el 21.1% de municipios serán presididos por mujeres (46 de 217), los números más altos en la historia de México y de Puebla.

Justo por eso, hace unos días ONU Mujeres a través de su Presidenta hizo un reconocimiento a México por el avance histórico en la inclusión de mujeres.

En el mundo, México ha pasado al 4º lugar en porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados. Al 3º lugar en el ranking mundial (IPU, 2018) en Cámara de Senadores, ambos datos de la investigación de Lorena Vázquez, “Paridad y agenda de género en el Congreso de la Unión LXIV 2018-2021” auspiciada por el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.

La Agenda de Género continúa, el Principio de Paridad como “punto de partida” incorporado en el 2014, ha asegurado un notable incremento de mujeres en estas posiciones, reconocido mundialmente.

Al instalarse el Congreso de la Unión en septiembre y en las fechas que les corresponda a la instalación de los Congresos Locales que fueron electos, -Puebla lo hará el próximo 15 de septiembre- atestiguaremos la llegada de más mujeres a cargos de toma de decisión.

De la misma manera se vislumbra sucederá en el gobierno federal y los gobiernos de los Estados.

Por todo ello en el balance, los resultados históricos en ésta coyuntura, auguran para las mujeres avances, a paso más parejo.

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Palabra de Mujer Atlixco

@rgolmedo

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