
Como poblano me sumo con gran orgullo a la celebración del #492Aniversario de la fundación de Puebla, establecida el 16 de abril de 1531 y, de acuerdo con poblanerias.com, 2021, fue la única ciudad de la Nueva España concebida como una república de agricultores.
En tanto, el Centro Estatal de Estudios Municipales de Puebla, 1988, el trazo de la ciudad se hizo estilo adamero, parecido al tablero de juego de damas españolas; cada manzana medía 100 por 200 varas castellanas en las que se ubicaban 8 solares destinados a 8 colonos, quedando espacios para nuevos residentes. El agua potable se introdujo en caños desde los manantiales de Almoloya y Cieneguillas.
Según datos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 2020, Puebla tiene 1 millón 692 mil 181 habitantes, representando el 25.7 por ciento de la población del estado. Cuenta con aproximadamente mil 600 colonias y localidades, en 17 juntas auxiliares. Existen 28 ejidos, aunque muchos ya no cuentan con tierra al haber sido absorbidos por el crecimiento urbano. La superficie total del municipio es de 52 mil 431 hectáreas.
Puebla es una ciudad de gran historia, reconocida por su gastronomía, su arquitectura colonial y por su cerámica, como la talavera. Desde el 23 de septiembre de 2016, esta ciudad es patrimonio cultural de la humanidad.
Las principales actividades económicas del municipio son el turismo, la industria, la minería, los servicios médicos y educativos. La superficie agrícola cosechada en el municipio asciende a 8 mil 700 hectáreas. Predomina la producción de autoconsumo de maíz, frijol y calabaza, todas dependientes de las lluvias en un 97 por ciento. La actividad agropecuaria se caracteriza por la agricultura y ganadería de subsistencia con escasa tecnificación.
La ciudad de Puebla se localiza en la cuenca del río Atoyac que, junto con los ríos Alseseca y San Francisco, son las corrientes principales del territorio municipal. Esto permitió en 1946 la construcción de la presa Manuel Ávila Camacho, también conocida como Valsequillo, con una capacidad máxima de 400 millones de metros cúbicos de agua en una superficie de 200 hectáreas.
Esta obra derivó en la creación del Distrito de Riego 01 Valsequillo que proporciona agua para 21 mil hectáreas de cultivo, en 17 municipios de la región Tecamachalco-Tehuacán y más de 4 mil hectáreas de la región Atlixco-Izúcar de Matamoros, a través del río Nexapa.
Como todo asentamiento humano, la capital del estado del mismo nombre, necesitó de los recursos naturales agua, suelo, vegetación y fauna que con el tiempo se fueron agotando producto de una ancestral cultura predominantemente extractiva en su aprovechamiento.
El agua que en principio venía de los escurrimientos de La Malinche, se empezó a agotar conforme se incrementaba la población y crecían sus necesidades. Hasta hace poco, el 70 por ciento del agua de la ciudad lo aportaba esta montaña. Después, en la década de 1990, el vital líquido se tuvo que traer de la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, a mayores costos sociales y económicos.
Datos del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Puebla (SOAPAP), indican que la demanda de agua municipal es de mil litros por segundo, pero la capacidad de abasto es de solo 850, lo que provoca que más de 200 colonias no cuenten con agua o esta sea racionada fuertemente; sin tomar en cuenta el problema de bombeo que por pago de electricidad se ha dificultado en algunas juntas auxiliares.
Y si el abasto de agua potable es un gran reto del porvenir municipal, no es menor el que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales. Sexenios van y vienen con gobiernos de todos colores y el río Atoyac, junto con sus afluentes, sigue recibiendo descargas contaminantes que ya no ruborizan ni preocupan a nadie.
Constitucionalmente es obligación de los municipios el tratamiento de las aguas residuales, pero no existen los mecanismos financieros ni las políticas para apoyarlos en esta necesidad que afecta, en primer término, la salud y también a la economía de las comunidades.
Actualmente a 492 años de fundada la ciudad de Puebla hay grandes historias de avance y desarrollo, pero no podemos olvidar los retos para garantizar la sustentabilidad y la viabilidad misma de esta importante urbe y todos los municipios del estado.
Son la seguridad pública, la movilidad y el transporte, el apoyo a la educación, el impulso al desarrollo económico, las grandes preocupaciones gubernamentales. Pero si estas no tienen una base sustentable, todo lo demás puede ser infructuoso.
Es tiempo de que las políticas públicas y los actores políticos incluyan realmente la atención de problemas reales como el abasto de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, la adopción de energías limpias, el manejo de residuos sólidos, la recuperación de áreas forestales y áreas verdes urbanas.
El rescate de las cuencas y sus ríos ya no puede esperar para no poner en riesgo a las futuras generaciones.
Aunque, si no se puede todo, por lo menos formemos hoy a los líderes que puedan hacerlo en el corto y mediano plazo.
Feliz #492Aniversario querida Puebla!!
Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.
El 3 de abril inició una nueva historia en el Instituto Nacional Electoral (INE), una mujer preside por primera vez la Institución, Guadalupe Taddei Zavala.
Si bien siempre será una interrogante que este tipo de cargos de alta especialidad sean designados mediante sorteo, aun cuando estaba también previsto en la Convocatoria, pero como último recurso, sólo cuando el diálogo y el acuerdo político no se alcanzara; en la Cámara de Diputados decidieron “brincarse” este paso -el del diálogo y el acuerdo político- y se fueron directo al sorteo. En fin.
Las nuevas integrantes sumarán su experiencia adquirida durante su desempeño profesional en el ámbito de las estructuras locales del INE de donde provienen, a la experiencia demostrada de las actuales consejeras.
Por primera vez también en la historia del Consejo General del INE, su nueva conformación es mayoritariamente de mujeres, 6 Consejeras Electorales, una de ellas Consejera Presidenta de 11 personas que lo integran, lo que es esperanzador si lo miramos desde el enfoque de que en su actuar atenderán la perspectiva de género.
A lo anterior podemos agregar que justamente por su experiencia desde lo local, tienen claro el retroceso que representa el plan B, al pretender centralizar nuevamente las elecciones, y el daño que representa para la institución, tener que liquidar a más cinco mil empleados especializados, no sólo por lo económico que representaría, sino por la pérdida de profesionales necesarios para la preparación, organización y vigilancia de las elecciones, que el día de la jornada electoral en las casillas electorales unidos a la ciudadanía generan elecciones confiables, justas, imparciales y libres.
Si bien habrá que esperar lo que se resuelva sobre el plan B, deberán cumplir en su actuación con lo que establece la Constitución y por lo pronto las leyes secundarias vigentes, esperando también que su actuar permita continuar impulsando la progresividad de nuestros derechos reconocidos en 2011 y en la aplicación del principio de paridad en la conformación de la representación política nacional alcanzado en 2014.
Lo comento porque otra nueva historia se ha iniciado en contra de los derechos político-electorales de las mujeres, ahora en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).
En la Cámara de Diputados el partido político Morena ha presentado una iniciativa a la Constitución para reformar los artículos 41 y 73 que vulneran las facultades del TRIFE.
Si de por sí hay aún retos en la aplicación y materialización del principio de paridad y por sí mismas las propuestas que integran el plan B respecto al cumplimiento de dicho principio, son una amenaza, ahora se propone debilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), al restringirle y limitarle facultades y competencias, para establecer, modificar o fijar acciones afirmativas, restringiendo con ello sus facultades interpretativas y de control de convencionalidad en perjuicio de los derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos minoritarios históricamente discriminados para ocupar espacios públicos, poniendo en riesgo la facultad de tutelar la protección de los derechos de las mujeres y de las minorías.
¿A qué autoridad recurrirán las mujeres cuando sean víctimas de discriminación y violencia política en razón de género, si los tribunales electorales solo podrán resolver controversias que “se susciten por normas generales, actos y omisiones reguladas por las leyes electorales, si hasta la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral está en riesgo también de ser derogada si prospera el plan B?
Increíble que una vez más, Morena pretenda con esta Iniciativa trastocar derechos adquiridos de las mujeres y eso que es un Congreso que se autodenomina “de la paridad”.
Por ello nuevamente requerimos hacer un frente común ahora en defensa del TRIFE y de las facultades que tutelan los derechos de las mujeres y de las minorías.


La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó este 29 de marzo, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Agricultura Familiar en México, promovida por los diputados Ismael Hernández Deras, María de Jesús Aguirre Maldonado y Claudia Tello Espinosa. Este hecho es un gran paso contra la pobreza alimentaria en nuestro país.
Todavía falta su aprobación en el Pleno de la Asamblea y aun su creación no es garantía de aplicación por parte del estado mexicano que tiene grandes necesidades que atender, pero la existencia de un marco legal en la materia, es un gran avance por la obligatoriedad que esto implica para el gobierno en la atención de la seguridad alimentaria y la pobreza, nuestros más grandes problemas sociales.
Estudios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 2016, señalan que en México el 80 por ciento de los productores del campo solo lo hacen para el autoconsumo y no logran cubrir ni sus necesidades familiares anuales.
Según Paul Polack, la población rural mexicana es de 25 millones de personas, con 5 millones de unidades productivas agropecuarias, de las cuales, 2 millones 174 mil 931 son menores de dos hectáreas y representan el 49 por ciento del total nacional. A estos números hay que agregar que un 50 por ciento de estas unidades productivas corresponden a propiedad social, es decir, ejidos y comunidades agrarias sin acceso a créditos, y el 85 por ciento de la superficie agropecuaria nacional solo depende de las lluvias como fuente de agua.
No obstante lo anterior, la agricultura familiar y de pequeños productores no ha tenido un lugar en las políticas públicas educativas, ni de investigación, ni de desarrollo tecnológico, ni de fomento productivo, por lo que quienes la practican tienen graves limitaciones para acceder a apoyos técnicos de capacitación y asesoría, insumos básicos, equipos, maquinaria, tecnología, crédito, acopio, transformación o acceso a mercados, todos diseñados para superficies mínimas de una hectárea.
Esta iniciativa de ley es necesaria, porque el mundo avanza en la dirección equivocada para acabar con el hambre en 2030. La pandemia COVID19, la crisis climática y el conflicto Ucrania-Rusia impiden avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS2), según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022, publicado por la FAO.
La FAO describe que el hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe afecta a 131 millones de personas, y se han incrementado desde 2014, alcanzando su nivel más alto durante la pandemia COVID19, pero el sobrepeso y la obesidad también han aumentado en las últimas dos décadas.
La misma fuente indica, que la prevalencia del hambre en la región aumentó de 5.8 por ciento en 2015 a 8.6 por ciento en el 2021 y, aun siendo menor al promedio mundial de 9:8 por ciento en el 2021, la proporción de personas que padecieron hambre durante la pandemia fue mayor que el incremento a nivel mundial: en la región hubo un incremento del 28 por
ciento contra 23 a nivel mundial. Las mujeres, niños y niñas fueron quienes se vieron más afectadas
No existe peor condición humana que aquella en la que no hay capacidad para acceder a los alimentos, como acurre a 33 millones de mexicanos que padecen algún grado de inseguridad alimentaria debido al aumento de los precios, de acuerdo con Uberto Salgado Nieto, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en INFOBAE 2022.
El panorama alimentario mexicano es complicado porque la sequía ya lleva casi 4 años, estimándose nuevamente crítica para este 2023 en el que, los precios de los alimentos siguen elevados. Esto lleva a la disminución de siembras, reducción de rendimientos, a la pérdida de ganado y a una consecuente disminución de la producción de alimentos, lo que ha ocasionado un aumento significativo de las importaciones que ya supera los 17 millones de toneladas de granos. Por su parte, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se estima como la más alta de todos los años a juzgar por las detenciones en la frontera, las cuales se calculan cercanas a 900 mil al final del año 2022.
Asimismo, los suelos agrícolas mexicanos se han erosionado, perdido fertilidad, reducido su capacidad para retener humedad y con bajos niveles de materia orgánica cercanos a 1 por ciento. Los principales problemas de la ganadería aún son la falta de alimento durante la época de secas, la dependencia de granos, la baja calidad genética y la escasa infraestructura para el manejo pecuario. Hemos perdido más del 90 por ciento de la pesca ribereña de ríos y mares.
Los productores de autoconsumo, con pequeñas unidades productivas, tienen una gran tendencia al trabajo individual, dificultades para el trabajo colectivo y escasa visión empresarial, producto de su baja escolaridad que no supera los 4 años así como edades superiores a 50 años con una total ausencia de educación financiera, alimentaria y ambiental; no cuentan con los medios para almacenar lo poco que producen, pierden casi un 30 por ciento de lo obtenido y el valor agregado es algo desconocido.
La pobreza ha derivado en el deterioro de recursos naturales para la sobrevivencia, traducida en la extracción excesiva de leña, material de construcción, madera y carbón, pastizales para el ganado, pesca incontrolada en ríos, lagos y lagunas. Solo se han destinado apoyos al ingreso y programas sociales vía transferencias monetarias, acompañamiento técnico y fertilizantes
La agricultura familiar de autoconsumo requiere ser incluida en el sistema educativo, retomar las parcelas escolares, en la investigación y en las políticas de fomento. Necesita de centros de servicios técnicos y apoyos logísticos más allá de la entrega de semillas, pollitos o conejos. Los huertos, granjas y cultivos básicos familiares requieren de proveedores con apoyo del gobierno, para acceder a insumos, semillas, plántulas, crías, tecnologías, equipos y maquinaria, con gran claridad de lo que debe ser trabajo individual y colectivo.
Con base en lo anterior, es necesario que las familias aseguren su gran sueño de producir alimentos suficientes para cubrir sus necesidades y luego produzcan excedentes intercambiables.
Para ello, hacen falta políticas y recursos presupuestales que no se tienen o no se han querido destinar, y mientras, los apoyos asistenciales atenúan y contienen la pobreza, pero no la resuelven.
Alberto Jiménez Merino. Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.
El tema sobre el fentanilo y el papel del Estado mexicano para combatir su producción y tráfico hacia los Estados Unidos ha abierto el debate no sólo en nuestro país o el país vecino, también ya fue involucrado China para ver de qué forma se puede atacar este problema.
Sin duda para los Estados Unidos es un problema de salud pública ya que cada año decenas de miles de ciudadanos mueren a causa de sobredosis de fentanilo. Y es que desde los años 90 cuando se dio una primera oleada por un opioide llamado Oxycontin aprobado por la FDA, institución que aprueba los medicamentos y que fue prescrito para su uso en pacientes con dolores, causó una fuerte dependencia; para el año 2000 el uso de la heroína trató de llenar el vació que dejó el Oxy. Décadas después el fentanilo que también es de uso médico es la nueva droga que está llenando las calles de los Estados Unidos.
Por otro lado, los políticos republicanos lejos de implementar medidas para impedir el tráfico de las pastillas de fentanilo, o buscar dentro de su territorio a los cárteles que se dedican a la venta de drogas, culpan al gobierno mexicano e incluso amenazan con ser ellos quienes sean los que detengan a los cárteles mexicanos en nuestro territorio como lo han hecho en Medio Oriente a la caza de terroristas.
Por ello, México tiene dos frentes abiertos a causa del tráfico del fentanilo, por un lado, detener la importación del opioide o de sus precursores químicos, que son los elementos con que se fabrica esta droga, impedir que los cárteles mexicanos produzcan la droga en laboratorios clandestinos y el otro frente es el político o diplomático.
El partido republicano ya está tomando la lucha del fentanilo como el muro lo fue para Trump. Crear al enemigo para meterlo en la narrativa del discurso de la campaña política para el próximo año. Hacer creer que la migración ilegal es la culpable del tráfico del fentanilo, cuando la mayor parte se hace a través de autos en la frontera o aeropuertos.
El presidente López Obrador incluso envió una carta al presidente chino Xi Jinping pidiendo su apoyo para trabajar en conjunto para detener la importación de fentanilo, a lo que sólo respondió “Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas” asegurando que “no existe el llamado tráfico ilegal de fentanilo”.
El tráfico del opioide está lejos de terminar, debido a su alta rentabilidad y facilidad para transportar. Los traficantes invierten sólo 32,000 dólares para un kilo de fentanilo, que equivale a un millón de dosis que puede representar en el mercado hasta 20 millones de dólares.
Se tendrá que combatir esta nueva crisis de salud pública, sin trastocar la soberanía de nuestro país, ni involucrarlo como un tema político que subyugue la integridad de los migrantes.
René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.
Es la expresión popular que se usa cuando se trata de rehuir a toda responsabilidad y como “anillo al dedo” cae en esta época en la que también recordamos quienes somos católicos, pasajes de la vida y muerte de Jesús.
Somos testigos ahora de nuevos “lavados de manos”, así como lo hizo Poncio Pilato en el proceso de Jesús. El primero que lo usó en redes sociales fue justamente un sacerdote, el “padre” Alejandro Solalinde quien se dice defensor de los derechos humanos de los migrantes justificando el asesinato de 39 migrantes asfixiados y quemados al ser encerrados en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Quemados vivos por las mismas autoridades del gobierno federal que “los cuidaban”. En otras épocas, muchas voces hoy silenciadas, ya estuvieran alzándose para señalarlo como Crimen de Estado.
Por supuesto a este “lavado de manos” no podía faltar el del señor presidente López Obrador, que incluso fue más allá en su comentario mañanero, culpó a los migrantes.
Vinieron después los siguientes “lavados de manos” una de las “corcholatas” que se “desempeña” como Secretario de Gobernación del gobierno federal Adán Augusto López Hernández, echa la culpa a otra “corcholata” del presidente que se desempeña como Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, silencio de él, solo condolencias en redes sociales.
Como si fuese un acto sin importancia, todos se deslindan, tal como sucedió con Claudia Sheinbaum otra “corcholata” cuando el accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México que tuvo un saldo de 23 personas muertas incluidas menores de edad y 65 hospitalizados, no volvimos a saber nada más de las víctimas; tal cual está sucediendo con la estafa multimillonaria de este sexenio en Segalmex la empresa que apoyaría a pequeños productores en alimentación y nutrición, afectando a esas personas que según decían eran primero: los pobres. 15 mil millones de pesos que no se sabe dónde quedaron, tal vez por eso los datos preocupantes de que el trabajo informal ha crecido, oficialmente 32 millones de mexicanos trabajan en la informalidad, sin prestaciones, ni seguridad social.
Evidente incompetencia demostrada en este gobierno, pero también los principales, los jefes, los mandos superiores, se saben impunes, por eso todo sigue como si nada hubiera pasado, a pesar de la omisión y encubrimiento que presenta.
Javier Treviño, recientemente reflexionaba acerca de los denominados “puntos de inflexión”, lo refería al ámbito empresarial, pero lo retomo, porque sin duda encuadra; él escribía, aunque pareciera que son hechos repentinos cuando surgen, realmente se gestan mucho antes de que surjan, pero cuando suceden, deben surgir también cambios fundamentales, no basta con verlos venir.
Si el gobierno mexicano ofrece refugio, asilo y atención migratoria debe haber como señala la experta Mariana Bermúdez, “una transformación de las políticas migratorias a acciones con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género dentro de las estaciones en los distintos límites fronterizos que atiendan las necesidades de las personas migrantes y prevengan su criminalización, discriminación, detención arbitraria y hostigamiento policial.”
39 migrantes muertos, 27 más hospitalizados de ellos, 16 graves es el saldo hasta ahora de esta tragedia. Las autoridades federales que laboran en esa estación migratoria supieron en tiempo real del incendio, así como lo han declarado quienes investigan sobre la tragedia de Ayotzinapa ¿negligencia, omisión, encubrimiento? ¿pudo evitarse? ¿debe considerarse también como un Crimen de Estado?
Ojalá que en esos lavados de muchas manos, no se presente también la obstrucción de la justicia.
