La SCJN y los derechos humanos de sus trabajador@s
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8 de octubre de 2012
Mucho, y muchas y muchos hemos trabajado desde hace un buen tiempo, para avanzar en el entramado legislativo para buscar reconocer la igualdad entre hombres y mujeres y generar leyes que busquen la protección de sus derechos humanos.

Esto por supuesto, no es exclusivo de México, en todos los países del mundo ha sido una constante; sin embargo, la gran interrogante es desde ¿Cómo avanzar para agilizar los procesos de armonización de los avances constitucionales, de las leyes generales, en los estados de la República? ¿Cómo hacer que se apliquen y se cumpla, no sólo el objetivo de salvaguardar derechos y dar certezas jurídicas, también que se conozcan, que lleguen y beneficien de manera directa a las mujeres?  ¿Cómo lograr que en todos sus niveles, las Instituciones públicas o privadas, cumplan con lo establecido? El reto sigue ahí y hay que seguir empujándolo.

Por ello importante es, hacer visible, cuando esto sucede; cuando una Institución emite acuerdos internos justamente para promover, respetar y proteger los derechos humanos sus trabajadores y trabajadoras y ése es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En días pasados -en septiembre para ser exactos- la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos Acuerdos Generales de Administración, ambos para dar cumplimiento a las reformas constitucionales que en materia de derechos humanos fueron aprobadas en junio del año anterior en México, pero que cumplen también con diversos tratados internaciones de los que México es parte, así como también en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El primero de ellos es sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la SCJN, promoviendo la formación en materia de derechos humanos y perspectiva de género que deben plasmarse dentro de los programas anuales de trabajo de los órganos administrativos de este Tribunal Constitucional.

De la misma manera se expresa que estos órganos deben propiciar la equidad entre las responsabilidades familiares y el acceso al trabajo, mediante el establecimiento de jornadas laborales compatibles con las necesidades del servicio y las obligaciones inherentes al cuidado de personas dependientes; impulsando el trabajo a distancia para las personas con discapacidad; disponiendo que los servidores públicos y las servidoras públicas pueden solicitar días económicos -dentro de los autorizados por la SCJN- para atender problemas de salud, asuntos escolares, o cualquiera que requiera de su intervención; y eviten la reproducción de estereotipos de género en el diseño de actividades de capacitación, difusión, comunicación, vinculación social, deportivas, recreativas y socioculturales.

El segundo de los Acuerdos, tiene que ver con reglas complementarias a su marco normativo, que atiendan, de forma expresa, los aspectos específicos de los casos de acoso laboral y acoso sexual.

Este Acuerdo adiciona un Acuerdo ya suscrito por la SCJN en 2005, abonándole definiciones exactas y especificidades para afrontar los casos de manera justa, imparcial, expedita y con respeto a los derechos humanos y prácticas adecuadas para prevenir, investigar, sancionar y repararlas; configurando independientemente de la relación jerárquica entre las partes el Chantaje sexual (quid pro quo) y el acoso ambiental.

Ambos Acuerdos  ( II/2012 y III/2012) cumplen con lo establecido por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; que consagran, la modificación de los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres para eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en ideas de inferioridad o superioridad de los sexos, el derecho de las mujeres a ser valoradas sin patrones estereotipados de comportamiento,  y, adoptan medidas pertinentes para la realización de ajustes razonables a favor de las igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Cuando una conoce que Instituciones como la SCJN van asumiendo esta responsabilidad; se reaviva la esperanza de que muchas otras, de todos los niveles, públicas y privadas, empiecen a hacerlo o fortalezcan y atiendan lo ya establecido.

De ahí que Acuerdos como éstos, no sólo hay que reconocerlos, hay que difundirlos, ya que demuestran que se puede avanzar en el camino a la igualdad sustantiva entre los mexicanos.

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Rocío García Olmedo ( Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. )ha desempeñado diversos puestos públicos y políticos en el estado de Puebla, México.  Twitter: @rgolmedo  Facebook: Palabra de Mujer

 

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