VIVA EL SOMETIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN POPULAR
Por: Raymundo García García*
22 enero 2009
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por el asunto Cacho Ribeyro, el autoritarismo se recrudeció, poniéndose de manifiesto en distintas formas en las cuales se ha mostrado en una cerrazón en materia de derechos humanos y oposición a la política de transparencia y acceso a la información pública, donde curiosamente se ha materializado por un crudo sometimiento del Congreso Local a los designios del Poder Ejecutivo, reducido este poder en simple oficina de trámite formal de los intereses gubernamentales, aniquilándose la representación de la soberanía popular que se ha mirado de diversas maneras más allá del uso de la mayoría mecánica del PRI, que sin el menor rubor pisotea la soberanía que representa el Poder Legislativo.
Dentro del sometimiento que se ha incrementado de forma particular a partir del año 2008 a nuestros días, se aprecia el desprecio en contra de los diputados en dos decisiones que fueron impuestas por el poder ejecutivo a través de la mediación de la Gran Comisión; a) la diferenciación en el formato para glosar el tercer informe de gobierno, llevando a comisiones un conjunto de comparecencia de los miembros del gabinete, y otros recibiendo sus aclaraciones en el pleno del Congreso; b) la conversión de comparecencias ante Comisiones en reuniones de café y cuates Así, la decisión autoritaria raya en el absurdo de evitar que los representantes del pueblo encarnados en el pleno del Congreso del Estado cumplan con una responsabilidad constitucional. Si la Constitución Política del Estado ordena que el informe de gobierno se presente ante el pleno del Congreso local, dentro de un razonamiento lógico, la glosa del informe se debe llevar a cabo por el mismo pleno del Congreso, y no diferenciado en comparecencias de primera ante el Pleno y de segunda ante Comisiones y a escondidas.
Si se habla de atraso político en Puebla y de un ejercicio autoritario del poder, es porque por décadas se ha utilizado el acuerdo legal, o la inequidad legislativa, o la oscuridad y lagunas legales para que el grupo gobernante haga de las suyas, frenando a toda costa la construcción de un régimen democrático y fomentando las prácticas autoritarias; ahora como sucede en otros temas, en el de la glosa del informe se repite lo mismo, ir hacia atrás en la tarea fiscalizadora y controladora que debe asumir el Congreso local, ir hacia atrás en materia de la transparencia de cuentas y de desglose de resultados exitosos o desastrosos. Porque mientras en el ámbito federal, se ha terminado con el día del presidente, pero no con la obligación de que los secretarios acudan a la glosa ante el pleno de la cámara de diputados, en Puebla su apuntala el día del gobernador, ah, pero se esconde el desglose de lo informado. El artículo 93 de la Constitución federal ordena que “Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos. (Además) Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”. Pero estas disposiciones no están en la Constitución poblana de ahí que se facilite someter al Congreso, disminuirlo y jugar a hacer una glosa del cuarto informe de gobierno a escondidas y en lo oscurito.
Acordar cambios en la forma de hacer la glosa escondiendo las comparecencias de determinados secretarios, sólo beneficia al fomento de una política de opacidad, política en la que por cierto Puebla ocupa uno de los primeros lugares. Lo grave es que estas acciones también las fomenten los secretarios de despacho poblanos, que prefieren invitar cafés a los diputados para platicar problemas sociales, antes que acudir al Congreso a comparecer ante una Comisión, como requisito y mandato legal en la solución de problemas. En fin, el marinismo ha venido a encarnar el retroceso legal y político más grotesco de la vida política de México.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Derecho.
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