24 de enero de 2012
Este miércoles veintitrés de enero de dos mil trece, en la historia de la justicia mexicana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue centro de atención de la sociedad de dos países: México y Francia, y como si se emulara a la guerra de los pasteles del siglo XIX, a los mexicanos nos quedó el sabor amargo en la boca de que no obstante que el máximo tribunal mexicano, ejerció sus atribuciones como tribunal constitucional, no dejó satisfechos a la mayoría de la población, a decir de las encuestas a priori que las redes sociales hicieron públicas. En el colectivo social queda el sentir de que las presiones políticas y la hermandad ideológica los presidentes de ambos país unidos en la internacional socialistas, se impusieron para liberar a una secuestradora.
El debate dentro del campo jurídico y político no se ha hecho esperar, de pronto la Doctrina del “debido proceso”, se impone y arrasa a los tradicionales principios plasmados en la parte dogmática de nuestra Constitución. El soporte de la decisión de liberar a una persona declarada en tres instancias procesales como delincuente peligrosa, no fue otra que la perversa decisión de la dirección de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de hacer de un trabajo profesional y científico de investigar la comisión de delitos federales, convertirlos en ejercicio de mercadotecnia e instrumento de publicidad gubernamental, como se acostumbraba en la lógica del reduccionismo mercadológico del foxismo. Si en los Estados Unidos de Norteamérica tienen a su FBI, y sus investigaciones exitosas se convierten en importantes series televisivas o guiones cinematográficos; ¿por qué en el México del neoliberalismo, de la integración con Norteamérica, el México de la administración foxista que copiaba todo lo gabacho, como el de contar con un “vocero presidencial”, no podía hacer que la AFI se adelantara y ensayara una detención hollywoodense?
Este veintitrés de enero de dos mil trece, quedó muy en claro que el anhelo de hacer de las acciones policiacas, remedos de actuaciones peliculezcas o guiones de mercadotecnia gubernamental, finalmente condujeron a golpear a la sociedad mexicana y de paso, exhibir y bofetear a la procuración de justicia producida durante las administraciones federales del panismo foxista y felipista. De pronto, esa añeja confrontación ideológica entre jusnaturalistas de un lado en la cual se adscribían los panistas por una lado; y los positivistas o neopositivistas que siempre ha identificado a los priístas por el otro lado; quedó atrás, para dictaminarse que una dramatización y edición de la solución de un secuestro con detención de secuestradores y víctimas, en completa flagrancia, resulta para la SCJN, cuestión banal, porque los “derechos humanos” institucionalizados hace más de dos siglos en Francia tienen mayor valor.
En las últimas reformas a la Constitución mexicana y en materia de juicio de inconstitucionalidad, ha quedado asentado que cuando al SCJN emita una resolución sobre una decisión judicial que sea considerada contraria a la Constitución, su aplicación será erga omnes, seguramente bajo este criterio muy pronto todos los signos de la hermandad de los “zodiacos”, en justicia estarán obteniendo su libertad. La decisión de la SCJN no puede ser selectiva. Y como en las administraciones federales panistas, particularmente en la segunda correspondiente al presidente Calderón, se practicaron en contra de miembros del crimen organizado infinidad de grabaciones con fines noticiosos; es muy probable que sus defensores pronto estén alegando violación a la Constitución y a sus derechos humanos, por la hollywoodización de sus detenciones. De tal suerte que, es posible que la secuestradora Florence Cassez, se convierta en la puerta para la liberación de un importante número de presidiarios recluidos en las cárceles mexicanas. En suma: La procuración de justicia como mercadotecnia política fue aniquilada.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
