EL IMSS FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS
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Raymundo García García

 

Hace escasos días en los  medios de comunicación masiva, se dio a  conocer a la opinión pública, la denuncia ante la CEDH, de la posible violación al derecho a la salud y al derecho a la vida, como derechos humanos inherentes de la persona humana, en contra de un paciente que utiliza los servicios de hemodiálisis  en el hospital de San Alejandro perteneciente al IMSS. La Comisión, como sucede en casos graves como el denunciado, se comprometió ha hacer las indagaciones respectivas, para que en su momento emita la recomendación respectiva, ni más, ni menos. ¿Pero, es suficiente esa valiente denuncia para que se espere un cambio en los servicios y sobre todo para que se garantice la salud  y  la vida en una coyuntura de crisis económica e ineficiencia administrativa?

 

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La respuesta inmediata  es que no,  y mucho menos en una área tan difícil y costosa para su funcionamiento, el incremento de los enfermos , que se traduce en incremento de la demanda de servicios y la vigencia de un conjunto de vicios o de prácticas  encaminadas a reproducir viejos esquemas de operación administrativa, donde el servicio de la medicina social se reduce a datos estadísticos, y los pacientes o enfermos, se reducen a un simple número, reproduciéndose prácticas burocráticas, por supuesto con horarios y modelos burocráticos rígidos, totalmente contrarios al incremento de enfermos y por lo mismo de demanda de servicios médicos, que se convierte en importantes aliados para que los enfermos en lugar de encontrar curación, se exponen a adelantar su gravedad  y la posible pérdida e la vida.

 

El  servicio materia de la denuncia ante la CEDH, es el mejor ejemplo de la grave situación y calvario por la que pasan los enfermos y familiares del área de nefrología. Si alguien llega  grave con la necesidad de ser hemodializado, primero  pasará un buen tiempo en el departamento de emergencia, sufriendo y viviendo todo tipo de presiones  sicológicas rodeado de un ambiente de muerte y dolor y con saturación de enfermos; si existe la desocupación de cama, por alta o muerte, el enfermo tendrá la  oportunidad  de ser hospitalizado con un poco menos de molestias. Como el servicio de hemodiálisis  está saturado, quizá por la falta de medicamentos o por los horarios rígidos, el paciente una vez estabilizado es dado de alta e informado que antes de  ser atendido existe una lista de por lo menos veinte o treinta pacientes, para que pueda ser atendido. Así que  se envía a su domicilio  para dos consecuencias: a)  como no ha recibido tratamiento, la enfermedad está presente, el enfermo podrá morir en cualquier momento y el IMSS  se quita un problema; o b), que el enfermo regrese, inicie el proceso citado y tal vez pierda la vida en urgencias y ahí termine su tormento; porque, para ser hemodializado la lista sigue igual, le toca  después de que termine el servicio para unos veinte pacientes –por trasplante o defunción-.

 

Este ejemplo es  cotidiano y práctica permanente de violación de los derechos humanos, pero también, representa una flagrante violación  a los derechos  reconocidos a los mexicanos en nuestra Carta Magna, como derecho a la salud y como derecho a la vida; derechos que por cierto no son gratuitos, ya que el usuario en su calidad de trabajador, ha estado pagando, ha estado cotizando como parte tripartita de la Institución, otrora símbolo de la justicia social mexicana. Lamentablemente, la ineficiencia administrativa, y la simbiosis de la cultura del Estado social y la del   Estado neoliberal, ha provocado que los médicos provoquen este caos, para alentar sus servicios particulares.

 

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

 

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