- Juan Carlos Lastiri
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7 de enero de 2017
Ley agraria. SEDATU. Programa de atención a conflictos agrarios. Consejos estatales.
México es un país de gran tradición agraria y por tanto el tema siempre es uno de los ejes más importantes a desarrollar para cualquier Administración. A unos días del 102 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria del 6 de Enero de 1915, en la SEDATU estamos trabajando para cumplir con el objetivo de este Gobierno de transitar de una política meramente asistencialista, basada exclusivamente en subsidios, a una política sustentada en incentivos, que permita elevar y democratizar la productividad en el sector agroalimentario. Y puedo decir que una de las áreas que más apoyan este propósito es la resolución de conflictos agrarios ya que, la falta de solvencia jurídica detiene proyectos e inversiones en el campo mexicano por lo que, desde sus inicios, en la SEDATU un tema fundamental ha sido agilizar las vías de solución a los problemas del campo.
Así, en lo que vamos de esta administración, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) se han resuelto 190 conflictos agrarios, regularizando la superficie de 95 mil hectáreas, en beneficio de más de 46 mil familias campesinas; tan sólo en el año que pasó, se participó en la solución de 67 conflictos agrarios, en beneficio de más de 28 mil familias campesinas, siendo los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Jalisco los que tuvieron el mayor impacto; debo mencionar que dentro de estas acciones generadas se logró atender un conflicto de casi 90 años y que era uno de los más emblemáticos del país: el del Ejido Casas Grandes y los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, que inició en 1927.
El año 2016 nos dejó, también, la instalación de los 32 Consejos Estatales de Desarrollo Agrario, uno en cada entidad federativa de la República Mexicana; estos tenían el objetivo de atender a la gente del campo a través de una agenda estratégica, en estos participaron 429 consejeros federales y 188 estatales, se atendieron 527 asuntos, con lo que se dio solución a diversos problemas relacionados con la tenencia de la tierra, brindando seguridad y certeza jurídica en beneficio de los sujetos agrarios.
En total llevamos a cabo 48 audiencias y talleres de capacitación en 28 estados de la República Mexicana, donde se atendieron a cerca de 6 mil sujetos de 629 núcleos agrarios y donde no solo se captaron sus necesidades, también se dio seguimiento y se gestionó ante la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), y en menor medida, con las delegaciones de la SEDATU lo que solicitan para darle una solución integral; una gran novedad en estas audiencias agrarias es que, si un asunto tiene solución inmediata ahí mismo se le da, y si no se brinda capacitación a los integrantes de los órganos de representación de los ejidos y de las comunidades. Estoy cierto que con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 comenzó a escribirse una nueva etapa de desarrollo para el campo y de construcción de instituciones que protegieran la tenencia de la tierra.
Hoy, a través de diferentes dependencias y en base a nuestras atribuciones, seguimos apoyando los ideales de la misma y estamos llevando soluciones a lo que en el pasado eran conflictos de años. Puebla ha sido de las entidades que más beneficios han recibido en cuanto a soluciones agrarias por parte de esta Secretaria así que no me queda más que decir que comprometo mi esfuerzo para seguir apoyando a mi Estado en la resolución de sus conflictos agrarios porque, la certeza jurídica es el primer paso para engrandecer nuestro campo. Sé que estamos ante un panorama complicado en este inicio de año, pero hago un llamado a todos los poblanos a trabajar en unidad para tener las oportunidades que deseamos, recordemos que juntos podremos lograr las mejores soluciones a los problemas de todos.
Juan Carlos Lastiri.
- Rocío García Olmedo
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9 de enero de 2017
La liberalización de precios debe ser explicada. Austeridad en el gasto, también de los estados.
Un sentimiento de incertidumbre se apoderó de todos nosotros al conocer la decisión de que en el primer minuto del 2017, se liberaría el precio de las gasolinas.
El enojo, la preocupación y el descontento social ha sido la premisa de los días subsecuentes.
La preocupación se incrementa ya que a la eliminación al subsidio al precio de las gasolinas, siguió el gas y las tarifas de energía eléctrica –aunque dijeron sólo para aquellos consumos mayores residenciales e industriales- y, lamentablemente, la inevitable escalada a los precios de los productos de la canasta básica, -que ya iniciaron- los incrementos al costo del transporte público, casetas de peaje, servicios y trámites.
La innegable realidad es que la decisión de liberalizar el precio de las gasolinas en el primer minuto de este año, impacta directamente en el bolsillo de las familias mexicanas.
50 millones de pobres en México (INEGI) preocupados, no sólo por el costo al que han llegado las gasolinas y sus derivados, sino por la afectación que va más allá de llenar el tanque con gasolina de un automóvil, sea de ricos o de pobres. 82 productos considerados en la canasta básica (INEGI) están teniendo ya, una escalada de sobreprecios; y todo, se tiene que asumir con un incremento al salario mínimo muy por debajo para enfrentar esta situación.
La sociedad en su conjunto exige legítimamente explicaciones puntuales por parte del gobierno. El panorama obliga a actuar para paliar todos estos impactos colaterales, por ello es urgente que el gobierno nos diga cuál es la agenda que han construido para atenuar los efectos de esta medida, aun cuando el ánimo ciudadano no sea el tratar de comprender alternativas.
Entender el proceso de lo que está pasando sin duda no es fácil para quienes no somos expertos en el tema. Nos han dicho que el 53% de las gasolinas que se consumen en México, son importadas, que su precio depende del precio del dólar y del petróleo, por lo que el desplome del peso frente al dólar, se convierte en uno de los factores que trae como consecuencia la afectación, ya que la compramos en dólares.
También hemos leído análisis, de que una alternativa es que el gobierno continuara subsidiando el precio de las gasolinas. Los expertos dicen que sería una medida regresiva, derivado de que, de los 190 millones de litros diarios de gasolina que se venden en México, el 70% es consumido por los mexicanos de mayores ingresos, lo que significa que el subsidio continuara beneficiando más a los sectores que más ingresos tienen. Por lo que señalan, que el impuesto de las gasolinas no es un mal impuesto, ya que lo pagan quienes deben pagarlo, lo más ricos de la población.
Los expertos también han señalado que el origen de la liberalización es un tema de carácter fiscal que solventará graves errores del pasado en PEMEX y que al país le urge que lleguen inversiones para ductos, refinerías terminales de almacenamiento, entre otros, que fue parte de la tan mencionada hoy, reforma energética.
Razones seguramente válidas, para quienes llevan las riendas de la economía en el país; pero poco comprendidas por la sociedad en su conjunto, incluso mencionado así, hasta podría medianamente entenderse el mensaje de “que es una medida dolorosa pero necesaria.” Pero el ánimo ciudadano no está para tratar de comprender.
Conclusión. Nos queda claro que había que enfrentar esta problemática y que era necesario tomar esta decisión. Sin embargo, tenemos que considerar soluciones a las afectaciones colaterales, porque millones de mexicanos las estaremos padeciendo en perjuicio del bienestar de nuestras familias y esa parte le toca al gobierno.
Si bien para un problema complejo -como este- no caben soluciones simplistas o demagógicas; podemos ayudarnos de opiniones de los expertos que han comentado: “de no haber liberalizado el precio de las gasolinas, hubiera implicado un costo de 200 mil millones de pesos al erario que sólo se podría cubrir (el gobierno) con mayor déficit o mayor deuda, mayores impuestos, o un ajuste en el gasto”
Por supuesto sobre endeudar más al país o aprobar mayores impuestos, por lógica elemental no es solución. Sí creo que podría empezarse con el ajuste en el gasto. Un ajuste integral y transversal.
“Manos a la obra” para ajustar el presupuesto de egresos de la federación que entró en vigencia para este año, para reducir sustancialmente el gasto público de los tres Poderes del estado mexicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero también el de todos los estados de la República, así como de los organismos autónomos y descentralizados.
Fin a los privilegios, rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos públicos de todas las acciones, de los tres niveles del Poder público. Perseguir hasta combatir realmente los casos de corrupción.
Y como requerimos certidumbre en las acciones a implementar para enfrentar esta problemática, que nos clarifiquen: Cómo y en qué se aplicará, el recurso que proviene de ese impuesto Especial sobre productos y servicios (IEPS) de las gasolinas, se habla de que alcanzará 200 mil millones de pesos. Cuáles serán las medidas de austeridad del poder público, -que no sólo deben consistir en la reducción de sueldos- y puntualmente en qué se van a aplicar esos ahorros; porque liberar el mercado implica en adelante, fluctuaciones a la alza o a la baja. Necesitamos saber cuáles serán las medidas adicionales que se asumirán para estabilizar y fijar precios topes a los productos de la canasta básica, de productos y servicios, de manera que esas fluctuaciones no los impacten.
Pasar a acciones contundentes para erradicar con la fuerza del estado, la ordeña de ductos de PEMEX por parte de lo que es ya -en Puebla y a nivel nacional- una delincuencia organizada que está poniendo en riesgo a la ciudadanía, y para detener de una buena vez, todos los abusos que se dan con la alteración de los equipos en algunas gasolineras para robar a los consumidores.
En suma, adoptar medidas regulatorias desde ahora, para no agravar más la situación derivado de los movimientos que iremos teniendo en los precios de las gasolinas por las condiciones que vaya presentando el mercado en el futuro.
Me han preguntado que si la decisión de liberalizar el precio de las gasolinas traerá un costo político para mi partido político ¡por supuesto, que lo habrá! Y no sólo para el PRI, también para todos los partidos políticos. La realidad es que esa severa crisis de confianza y credibilidad en las instituciones públicas, pasa también por los partidos políticos.
Y mi partido político (PRI) no debe estar ausente. Mi partido no debe desdeñar el enojo ciudadano. Escuchar los reclamos ciudadanos y responder a sus preocupaciones y necesidades debe ser nuestra premisa. Me parece por ello, que es el momento de revisar también los recursos públicos asignados a los partidos políticos, pensar en su reducción y poner fin a privilegios.
Tenemos que asumir también nuestra responsabilidad en esta problemática, siendo el conducto para impulsar todas las medidas que reduzcan los impactos en beneficio de las mayorías, abanderando sus causas y coadyuvando con nuestro gobierno, a encontrar soluciones para apoyar la economía familiar y erradicar ese sentimiento de agobio no solo por la economía, también por la inseguridad, tanto en nuestra integridad física, como en la patrimonial.
Lograrlo requiere necesariamente de la participación de todos.
La sociedad en su conjunto tiene el derecho de enfrentar con sentido autocrítico, sí. Pero debemos aprender a distinguir entre el derecho a la manifestación y las inconformidades -que no está a discusión- con los actos delictivos que ponen en riesgo la paz pública y a los manifestantes que legítimamente expresan sus inconformidades, para no caer en su juego.
Nos urge que haya una mayor inversión en el país, tanto externa como interna que genere empleos, pero como pretendemos lograrlo en un ambiente de inestabilidad que proyecta desconfianza a los inversores internos y externos.
Discutamos soluciones, provoquemos acuerdos sociales y políticos, hagamos conciencia por encima de este escenario adverso. Menos palabras y más acciones para recomponer el camino.
Pero esta es sólo mi opinión.
Rocío García Olmedo
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Palabra de Mujer Atlixco
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- Alberto Jiménez Merino
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