21 de febrero de 2013
Después de varios meses cerrada la UACM, y de un camino tortuoso en su estabilidad institucional, considerado esto dentro de un Estado neoliberal como el Mexicano, curiosamente representantes políticos de la izquierda, otrora guardianes de la universidad pública, defensores a ultranza de la autonomía; impulsaron un punto de acuerdo para persuadir, solicitar, sugerir a la rectora de la citada universidad, valorar la posibilidad de dimitir al puesto. La decisión de los asambleístas perredistas, no tiene desperdicio: es un grave atentado a la autonomía universitaria constitucionalizada en los momentos más sobresalientes del despliegue y del papel de la Universidad pública mexica en la década de los años setenta.
La fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es precisa, su texto vigente no tiene mayores problemas de interpretación, anota: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio..”. Esta disposición deja en claro que toda universidad pública que goza de autonomía, está facultada y responsabilizada para gobernarse a sí misma; y por supuesto que lo hace a través de su única autoridad máxima que no es otra que el Consejo Universitario.
La constitucionalización de la autonomía universitaria, vino a fortalecer la vida interna de la universidad mexicana, apuntalando el funcionamiento de un sistema de gobierno de tipo parlamentario en manos del Consejo Universitario como autoridad soberana y máxima de la universidad. Por ende, el acuerdo de los señores asambleístas del DF, en su ánimo de inmiscuirse inconstitucionalmente dentro de la vida de la UACM, para “solucionar” los problemas internos de esa universidad, también están pisoteando la Ley de la Universidad y de paso, ninguneando, pisoteando, desconociendo la autoridad que representa la máxima autoridad encarnada en el Consejo Universitario. Muy lamentable todo esto, porque quienes votan una solicitud de renuncia ilegal, provienen de los cuadros políticos que en otro momento han defendido y vivido del discurso de la autonomía universitaria. Seguramente la inconstitucional decisión, en lugar de restablecer el buen funcionamiento de la universidad, lo alargará en perjuicio de estudiantes, docentes e investigadores.
Ahora bien, no se puede permitir, ni mucho menos quedarse callado de esta atrocidad, cuando en México se están generando varios movimientos universitarios que tienen paralizadas a universidades, o por lo menos, las mantienen en funciones discontinuas por asuntos internos de tipo académico, estudiantiles o laborales como sucede en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, el CCH, la UACN y otras. Aplaudir la violación de la autonomía universitaria, simplemente provocaría un fenómeno en cascada o dominó, a través del cual, los Congresos estatales sigan el mal ejemplo e intenten inmiscuirse en la vida interna de la universidad.
Lamentablemente el hecho de que pervivan rescoldos de lo que fue un presidencialismo omnímodo y su práctica se reproduzca en otras esferas de poder, -como la universidad pública-, donde la rectoría es sólo la representación personal y ejecutiva de decisiones del Consejo Universitario, lleva al extremo de confundir inclusive a los representantes populares como los diputados asambleístas de izquierda en el DF.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
