3 de noviembre de 2012
Puebla como entidad federativa vive claroscuros en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia, de acuerdo a las informaciones que muestran una tendencia creciente en la comisión de delitos y por ende en incremento de los niveles de inseguridad. Las reformas jurídicas tendentes a incrementar la penalización de varios delitos, en particular los relacionados en contra de la seguridad personal de las mujeres, en el campo de la realidad no producen las aspiraciones pensadas por los legisladores, las agresiones a las mujeres y en particular sus asesinatos van en un camino lamentablemente muy delicado.
Mujeres asesinadas y arrojadas en zonas abandonadas, embolsadas, arrojadas sin el menor cuidado como muestra de la brutalidad inferida en vida sobre cuerpos, se ha venido convirtiendo en una situación cotidiana en el Estado de Puebla. Los casos dados a conocer por los medios de comunicación masiva, localizados en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, ante la presión mediática y por supuesto la presión social y de organizaciones defensoras de derechos humanos y en particular de mujeres, ha generado como consecuencia que se investiguen los feminicidios y se detenga a los presuntos responsables; en varios caos el patrón ha sido el mismo: “los autores de los delitos han resultado ser las parejas o personas estrechamente relacionadas con las víctimas.
Empero, la situación se vuelve adversa para las mujeres que bien en las zonas semiurbanas y peor para las que viven en el medio rural. La deficiencia puesta de manifiesto en el personal adscrito en el Ministerio Público, los inexistente s servicios periciales y auxiliares de investigación, así como la pervivencia de un sistema de procuración de justicia anquilosado, produce como consecuencia que una buena cantidad de delitos que se cometen y denuncian en el mejor de los casos en este medio semiurbano y rural de la entidad poblana, sirvan para engrosar los casos de denuncias archivadas por falta de integración oportuna y eficaz de las averiguaciones previas.
Me viene a la memoria un asunto, por cierto familiar, en el cual se hizo la denuncia en el año de 2008, sobre robo; el cual se tramita e Tepeaca, pero debido al barroco mecanismo de control y seguimiento de las indagaciones, a cuatro años de distancia no se ha obtenido un ejercicio eficiente por parte del Ministerio Público, además de agregar que la procuración de justicia se encuentra atravesada por el ejercicio de la influencia de actores políticos, que dentro del viejo esquema de intercambio político; la llamada de un diputado local o federal, o de un senador, son suficientes para detener el tortuoso camino para que la ciudadanía tengamos una adecuada procuración de justicia.
En este sentido, resulta preocupante que ante la comisión de un feminicidio que se cometió en contra de una menor –de catorce años- de apellidos Hernández Zayas, en la población de Acatzingo, y de la cual diera cuenta los medios de comunicación masiva, el Ministerio Público, no haga absolutamente nada para esclarecer tan abominable delito. No es posible que la expresión del odio en contra de las mujeres, solamente por vivir en un medio rural, carezca de investigación persecución obligada. No es posible que el principio de generalidad de la ley, se convierta en letra muerta por el grave delito de haber nacido y vivir en una comunidad no urbanizada; y también por no existir los instrumentos de presión y de persuasión en contra de la autoridad responsable de procurara justicia para que se obtenga esta.
La niña Hernández Zayas, asesinada brutalmente y con odio en contra de su género; no debe ni puede quedar impune solamente por haber tenido la fortuna de no habitar dentro de una sociedad cosmopolita en donde existan los instrumentos para presionar al gobierno. Su crimen debe ser esclarecido. El Estado tiene la obligación de garantizar justicia por igual, sin discriminación por situación social y económica, ojalá y el crimen contra la niña Hernández Zayas, no quede impune.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
