1 de octubre de 2012
Paradójicamente los poblanos aplaudimos la democratización del Poder Legislativo –poder político por antonomasia- como resultado de las elecciones competitivas del pasado proceso 2010. La derrota de la hegemonía del PRI al finalmente la viviríamos y por ende se abría un camino que pavimentaría una Reforma del Estado y derribaría las viejas estructuras y prácticas político legislativas del autoritarismo poblano.
Empero, paradójicamente los efectos democratizadores de la voluntad ciudadana de los poblanos puestos en la construcción de la LVIII legislatura, en lugar de revolucionar el andamiaje político legal, se convirtió en el mayor obstáculo para la democratización del poder público e inclusive en un freno o retroceso, en referencia a los recientes regímenes vividos. La inconstitucional reforma electoral aprobada violando las Constituciones Federal y estatal, -reconstitucionalizada para dejar sin materia la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el presidente del CEN del PAN- es el mejor monumento que ha pasado a la historia política de Puebla de la paradoja democratizadora que nos ha dado distintas lecciones del más viejo autoritarismo, que la democratización anhelada. Para un repaso rápido se enlistas algunos ejemplos:
- Construcción fuera de la ley de un grupo parlamentario artificial bajo las siglas del PAN, a fin de que un diputado de un diputado perteneciente a una fracción parlamentaria bonsái, fuera el presidente de la anquilosada y obsoleta Gran Comisión.
- Ejercicio de recursos financieros no presupuestados, ni mucho menos haber ejercido los diputados su papel de soberano para presupuestarlos, golpeando institucionalmente los sistemas estatales de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
- Violación a la autonomía municipal, y en particular al sistema de fortalecimiento a la hacienda municipal, al aprobar el cobro de impuestos confundidos e indiferenciados para los Municipios de San Andrés Cholula y Puebla de Zaragoza.
- Decisiones parlamentarias contrarias la interés general y a los fines de las instituciones republicanas, que han provocado la presentación de Controversias constitucionales como el caso provocado por el artículo 73 de la Ley de Ingresos y Acciones de Inconstitucionalidad, como la que se acaba de dejar sin materia, comiéndose su ignorancia la casi totalidad de los diputados locales; fenómeno de crisis institucional que no había sucedido ni en los peores momentos del régimen autoritario poblano.
¿Cómo corregir estas deficiencias que lastiman el camino para una democratización del Estado de Puebla? La respuesta de un cobro en las urnas por el momento resulta imposible, porque los dos partidos de oposición al bloque ganador, actúan y reproducen lo que para ellos ha sido la esencia de su cultura política no democrática. Solamente que exista el interés de reivindicar la recuperación de las instituciones, entonces estaríamos hablando de la adopción de medidas también institucionales para corregir el camino de los tropiezos y de la toma de decisiones contrarias a la Constitución como ha sucedido en la presente legislatura; ese camino no es otro que pensar en un Juicio Político, con contra de los diputados buscando el camino para sustituirlos por sus suplentes, que posiblemente podrían desempeñar mejor su trabajo de representación política. Qué paradójico: votar para democratizar, para finalmente terminar con la recuperación de lo más oscuro del autoritarismo “usar la ley para satisfacer intereses personales como en tiempos del martinismo”.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
