2 de junio de 2011
El caso de Myrian Arabian que dentro del ejercicio de una posición en la administración panista del gobierno estatal poblana, la primera alternativa a los históricos gobierno emanados del PRI, dentro de la coyuntura del balance de acciones en los primeros cien días de la nueva gestión, se vio inmovilizada ante la amenaza real de ser detenida por una supuesta comisión de delito electoral en las elecciones federales mexicanas del año 2009.
El tema más allá de los comentarios serios y especulativos, más allá de dejar asentado el principio general del derecho de que la Ley iguala a todos los hombres y mujeres frente a ella, y que por ende, la Ley es de observancia general; que conduce a la conclusión obligada de que “nadie está por encima de la Ley”, el evento para los estudios encaminados a desarrollar temas como transición, democratización, consolidación de la democracia y otros, en los cuales “Las Reglas”, esto es, el derecho positivo se convierte en un instrumento de análisis del grado de su eficacia, como un elemento fundamental para medir y calificar la calidad de la democracia de un país. Y aquí, el asunto Arabian cobra relevancia porque puso al descubierto algunos temas de debate en la construcción de nuestra transición a la democracia.
¿Cómo un partido político que es guido su trabajo a través de una de sus principales banderas como “el respeto irrestricto al Estado de derecho”, que en la era del partido hegemónico siempre utilizó el recurso del derecho para cuestionar las tropelías en los procesos electorales; haya dejado sin seguimiento una denuncia en contra de una destacada panista?
¿Cómo es posible que una orden de aprehensión dictada en enero del año 2010, o 2011, no haya intentado ejecutarla de manera inmediata?, Fenómeno que muestra el caótico sistema de procuración y administración de justicia mexicanos, sobre todo porque en la de decisión judicial, la presunta responsable ocupaba un importante cargo público para el Titular del Poder Ejecutivo Federal, y una dependencia de éste el Ministerio Público, especializado o no, buscó todos los recursos para cumplir su tarea y por lo que se nota hoy día, el miso Ministerio Público no recurrirá la última decisión judicial que concede libertad. ¿Por qué el MP en un momento actúa con fiereza y después se comporta sumiso y no desempeña el mandato que le ordena la ley?
¿Cuál es el estatus de la infinidad de denuncias presentadas ante la FEPADE, no sólo del proceso federal 2009, sino del proceso electoral estatal de Puebla en el 2010? Que sucede con ese cúmulo de denuncias en las cuales se acompañaron grabaciones por los denunciantes, en las que quedaba en claro en algún caso, que estudiantes de una prestigiada institución de educación pública, fueron obligados a hacer proselitismo y a emitir el voto a favor de un determinado candidato. Aquí es obligado preguntar, existen o no existen personajes que están por encima de la ley.
El asunto Arabian, debe ser una bandera política y ciudadana, para exigir a la FEPADE, que informe a la sociedad de todos los asuntos que conoce, del estatus que guardan las investigaciones, de cuantas averiguaciones están integradas o han sido archivadas. Porque un Estado de derecho y democrático como México, no puede seguirse comportando de manera autoritaria y utilizando el recurso de la ley y de la justicia, como instrumento de violencia institucionalizada.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
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