Como siempre ha sucedido, la reforma electoral es tema obligado de toda agenda legislativa y en particular del Poder Legislativo poblano ahora que lo perdió el PRI, ya que durante la vigencia del sistema político autoritario tricolor, la construcción de la ley y el uso del proceso legislativo autoritario, se convirtieron en los recurso favoritos del operador del sistema político poblano –el gobernador- para mantener a Puebla y a los poblanos, bajo instituciones políticas poco democráticas, con elecciones inequitativas y fomentando una competencia por el poder público sub-realista, exclusivamente para mantener en funcionamiento un aparato que otorgaba beneficio de los detentadores del poder.
La tardanza que Puebla ha mantenido de manera histórica frente a transformaciones político-electorales nacionales ha sido la constante. Empero, ahora que en las elecciones pasada se obtuvo un respiro y se abre el camino para hacer trascendentales reformas institucionales, no se pueden echar las campanas a vuelo, porque los poblanos atestiguamos un poder legislativo local sui géneris, de una mayoría alternativa, que se convirtió en asamblea dividida con veinte diputados de uno y otro lado, para tener una mayoría que matemáticamente puede hacer un diputado; con una coalición que no se sabe si seguirá o se desintegrará frente a los ácidos que destilen las futuras coaliciones electorales en la disputa por la presidencia de la república frente a la elección presidencial del año 2012. Dentro de este contexto que tiene como antesala un comportamiento bizarro del legislativo, ojalá y en la próxima reforma electoral poblana, se muestre un avance para la democratización del sistema político y se puedan derribar un conjunto importante de diques que fueran baluarte del régimen en la era del PRI, y entre los que destacan los siguientes:
- Inexistencia de candados a la sobre y sub representación política, que en el ámbito federal se introdujeron para la cámara de diputados desde 1996.
- Distritación politizada, en manos del legislativo para resolverse en su caso por decisiones de interés político, antes que obedecer a una representación proporcional de la población; se olvida que la población es la base de la representación política.
- Representación Política misógina, que se observa en la representación política del Congreso y de manera particular en los ayuntamientos, en donde los porcentajes mínimos de género son escamoteados de diversa manera, entre ellas por no ser considerado en las coaliciones. (en la elección de 2010 el promedio las mujeres ocupan en 20% de las asambleas municipales).
- Sistema de representación mixta anti-minoritario, hecho para desmoralizar y frustrar el trabajo político de las minorías en al menos 206 municipios y que impacta también al congreso, cuando desde 1996 en el ámbito federal está garantizada las minorías por lo menos el 40% y en Puebla en los municipios citados se les reconoce tan solo el 20%
- Privatización de las campañas electorales, a través del mantenimiento de gastos de campañas hasta en cuatrocientos por ciento por encima de las campañas federales. Mientras una campaña para diputado federal tiene un tope alrededor de ochocientos mil pesos, una de diputado puede llegar a rebasar los tres millones de pesos. Queda claro que la reforma electoral federal del 2007, simplemente no bajó a las reformas electorales poblanas del año 2009.
Temas que por cierto son añejos y documentados en Puebla: elecciones, legalidad y conflictos municipales1977-1995, referido en Democracy and the culture of skepticism: political trust in Argentina and Mexico, de Matthew R. Cleary, Susan Carol Stokes, Russell Sage Foundation, 2006 y 2009.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
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