Barreras institucionales dificultan búsqueda de desaparecidos
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27 de enero de 2022

Una incorrecta operatividad, falta de fortalecimiento de las entidades, recursos limitados y pobreza en los informes entregados por instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar, son algunos de los principales desafíos que enfrenta la búsqueda de personas dadas por desaparecidas tras el Acuerdo de Paz.

Hace más de cinco años, después de la firma final del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las FARC, se planteó la terminación de la confrontación armada, dándole un lugar central a las víctimas.

Una de las estrategias fue la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), hoy conocido como Sistema Integral para la Paz (SIP), y que comprende a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el contexto y en razón del conflicto armado, como un mecanismo extrajudicial y humanitario, autónomo e independiente.

Sin embargo, la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, afirma que “la Unidad afronta grandes desafíos en el proceso de búsqueda de personas, ya que cada vez más se requiere el concurso más actores para poder impulsarlo”.

“Uno de los retos tiene que ver con la operatividad de la búsqueda, pues no es solo buscar o encontrar cuerpos, sino que luego deben ir al Instituto Nacional de Medicina Legal para un análisis forense y todo lo que tiene que ver con la identificación de la persona. Sin embargo, en este momento lo que está estipulado es que el Instituto recibe los cuerpos, pero no los transporta. Ejemplos como este forman parte de los pequeños desfases institucionales y evidencian que se debe modificar la forma de operar”.

“Dificultades como estas afectan la agilidad de la respuesta de los casos”, señala la funcionaria, invitada a la conferencia “La desaparición y la búsqueda de personas en el Acuerdo de Paz y en el Sistema Integral para la Paz (SIP): avances y retos en la búsqueda de personas desaparecidas”, organizado por el Observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

“No se pueden garantizar resultados”

Según la directora de la UBPD, “no se pueden garantizar unos resultados específicos de búsqueda en tiempos específicos, ya que la incertidumbre no la pasan solo los familiares sino también la institución”.

“A pesar de los enormes esfuerzos y de que la decisión se pueda tomar con agilidad, no se pueden garantizar resultados; se dan pasos importantes para avanzar, pero no necesariamente se tendrá el resultado que el familiar está esperando o necesita”.

“La incertidumbre por la búsqueda del ser querido se va sumando a muchas otras dudas para los familiares, lo que aumenta su dolor. Eso se refleja al hacer una denuncia del ser querido desaparecido y no saber qué pasó con este, o hacer una solicitud de búsqueda y no saber si ya están buscando o no; haber entregado muestra para análisis genético y no saber qué pasó con ella; cada día de ese camino de búsqueda va acumulando diferentes incertidumbres”, subraya.

Poca colaboración de las “ías”

Por su parte, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), resalta que “aunque la entidad ha tenido como insumo central los informes entregados por las organizaciones de víctimas, que dan cuenta de muchos repertorios de violencia y desaparición forzada en el país, no le ha sido posible contar con informes robustos en investigación por parte de algunas instituciones estatales”.

“A través de la Sala de Reconocimiento, la JEP ha recibido un poco más de 200 informes con la narrativa de las víctimas que cuentan con hechos, lugares y temporalidades cómo fue la desaparición forzada. Se espera que –según lo estipula la jurisdicción– esos informes se unan a aquellos entregados por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar. Sin embargo, los informes entregados sobre desaparición forzada fueron precarios en términos de investigación, lo que da cuenta de que la impunidad y la falta de investigación al delito ha sido alta”, sostiene la magistrada.

La JEP da cuenta de más de 4.895 registros de hechos de desaparición forzada, los cuales se concentran en Antioquia, Meta, Caquetá y Cesar, entre otros departamentos, con sus picos más altos entre 1995 y 2002.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co
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