
Raymundo García García*
Aunque el proceso de modernización de la administración pública, es un tema ya viejo en México que data de 1976, en el Estado de Puebla fue considerada en los años ochenta, y sufrió importantes transformaciones durante la gubernatura de Manuel Bartlett Díaz, para alcanzar niveles de avanzada en la administración Morales Flores, con el ingreso en la moda de la certificación internacional ISO, de servicios y procesos administrativos; no obstante esos logros, la Secretaría de Finanzas y Administración sufrió un asalto de 37 millones de pesos.
Llevarse 37 millones de pesos, de una oficina ejemplo de la modernización administrativa en el país, ejemplo del inicio de los procesos de cobro electrónico y de no sé de qué tantas linduras más relacionadas con el uso de nuevas tecnologías, lo menos que podría provocar era, risa o encabronamiento ante tanto cinismo; por supuesto, tomando en cuenta que en la entidad federativa, habían dado inicio las campañas electorales más competitivas de la historia local.
Más allá de la politización y declaraciones y aclaraciones que exige la oposición en el Congreso del Estado y que le fue negada por la mayoría mecánica del PRI; más allá de las declaraciones a distancia dadas por el secretario de Gobernación en la calidad de todólogo que le da la posición formal de coordinador del gabinete; y del interés que momentáneamente han mostrado los empresarios, particularmente los dedicados a la construcción ligada al sector público, y sobre todo, al silencio sepulcral del secretario y principales funcionarios de la dependencia; el robo de 37 millones de pesos perpetrado en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración, muestra objetivamente varias enseñanzas:
-Que los procedimientos de modernización y actualización administrativa y refuncionalización organizacional dentro de sus tareas de mejora continua, sólo sirven para justificar egresos cuantiosos, sin beneficios a los usuarios.
-Que la certificación de los procesos administrativos con calidad internacional, seguramente no aprueban las auditorías, sin embargo se compran y no sirven para nada ni en la SFA, ni en cualquier otra dependencia del gobierno del estado o de los organismos descentralizados.
-Que los procedimientos de utilización de nuevas tecnologías para el manejo de recursos financieros, al final de cuentas en otro forma de hacer negocios porque se sigue manejando dinero en efectivo por cantidades millonarias, sin tomar en cuenta la presencia de riesgo alguno.
-Que los tradicionales procedimientos ordinarios de seguridad y vigilancia mínima de las oficinas de las dependencias gubernamentales, hace poco adoptados, para prevenir actividades de terrorismo tantas veces cacareadas, se han tirado por la borda.
-Que los registros tradicionales de anotación de personas en libros, en los cuales se inscribe nombre y apellidos, domicilio, hora de ingreso, asunto a tratar, oficina o funcionario al que se visita, firma y hora de salida, es un conjunto de acciones que no sirven para nada, a excepción de complicarle la vida a los usuarios.
-Que la vida no vale nada, de los policías auxiliares contratados para dar seguridad y mantener el orden de las dependencias gubernamentales, lo cual es verdaderamente y penoso en la era de un gobierno que tanto se parece al de Marino Piña Olaya.
Más allá de la politización y declaraciones y aclaraciones que exige la oposición en el Congreso del Estado y que le fue negada por la mayoría mecánica del PRI; más allá de las declaraciones a distancia dadas por el secretario de Gobernación en la calidad de todólogo que le da la posición formal de coordinador del gabinete; y del interés que momentáneamente han mostrado los empresarios, particularmente los dedicados a la construcción ligada al sector público, y sobre todo, al silencio sepulcral del secretario y principales funcionarios de la dependencia; el robo de 37 millones de pesos perpetrado en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración, muestra objetivamente varias enseñanzas:
-Que los procedimientos de modernización y actualización administrativa y refuncionalización organizacional dentro de sus tareas de mejora continua, sólo sirven para justificar egresos cuantiosos, sin beneficios a los usuarios.
-Que la certificación de los procesos administrativos con calidad internacional, seguramente no aprueban las auditorías, sin embargo se compran y no sirven para nada ni en la SFA, ni en cualquier otra dependencia del gobierno del estado o de los organismos descentralizados.
-Que los procedimientos de utilización de nuevas tecnologías para el manejo de recursos financieros, al final de cuentas en otro forma de hacer negocios porque se sigue manejando dinero en efectivo por cantidades millonarias, sin tomar en cuenta la presencia de riesgo alguno.
-Que los tradicionales procedimientos ordinarios de seguridad y vigilancia mínima de las oficinas de las dependencias gubernamentales, hace poco adoptados, para prevenir actividades de terrorismo tantas veces cacareadas, se han tirado por la borda.
-Que los registros tradicionales de anotación de personas en libros, en los cuales se inscribe nombre y apellidos, domicilio, hora de ingreso, asunto a tratar, oficina o funcionario al que se visita, firma y hora de salida, es un conjunto de acciones que no sirven para nada, a excepción de complicarle la vida a los usuarios.
-Que la vida no vale nada, de los policías auxiliares contratados para dar seguridad y mantener el orden de las dependencias gubernamentales, lo cual es verdaderamente y penoso en la era de un gobierno que tanto se parece al de Marino Piña Olaya.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
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