Quizá las expectativas esperadas de la presenta administración eran mucho más altas en materia de reforma punitiva, como la de haberse dado entrada a la reforma penal constitucionalizada en el ámbito federal allá en el 2008, que en Puebla, no obstante que la Legislatura LVII junto con los poderes ejecutivo y judicial llevaron a consulta, aun se encuentra en escritorios y quizá esperando el cumplimiento de gracia de ocho años, para su cumplimiento constitucionalizado. Por supuesto eso dirán algunos críticos, pero para que el gobernador Moreno Valle Rosas, iniciara acomodando las normas dentro de una sociedad que se encuentra rezagada en varios ámbitos; para que la inversión pueda encontrar condiciones de trabajo para la inversión asegurada y esta influya en el proceso de mejora para la competitividad y la productividad, era urgente, necesario impulsar acciones concretas que redunden en el establecimiento de la paz y tranquilidad sociales.
Dentro de ese ánimo, considero desde mi personal pinto de vista; que dentro del paquete de iniciativas de reforma constitucional y legal, que el ejecutivo del Estado, envió a la LVIII legislatura local, una reforma importante, relacionada con el tema del derecho punitivo, en el entendido de ser una herramienta para la gobernabilidad democrática, siempre y cuando las nuevas disposiciones sean eficaces en términos kelsenianos, de lo contrario sólo se convertirán en parte de un conjunto discursivo especializado; y este es el principal reto, hacer que en este nuevo periodo de administración, quienes tienen la tarea de el servicio público de administrar justicia lo hagan con eficacia, como requisito para entrar en una sociedad moderna que se rija dentro del principio de legalidad, en la cual se imponga el gobierno de las leyes por encima de las decisiones subjetivas que genera el gobierno de los hombres. El ejecutivo justifica la reforma para la penalización del despojo de terrenos rurales y urbanos en lo siguiente:
Con lo cual de tajo, se dice, no más al viejo esquema populista de toma de tierras, para instalación de centros de población urbana irregular; esto es, se pasó a poner fin a una de las banderas del nacionalismo revolucionario del PRI: La CORETT (comisión para la regulación de la tenencia de la tierra), institución que fomentó la ocupación irregular, para que luego el mismo Estado de manera paternalista, se auto expropiaba la tierra principalmente ejidal, luego regularizaba, los asentamientos irregulares entregando escrituras de manera masiva para fines de control político electoral, fomentando una forma de justicia que degeneró, como lo dice el Gobernador en actos de impunidad.
Así con la reforma a los artículos 409, se aumenta años de prisión y multa en días de salarios; y alcanza particularmente la penalización a los autores intelectuales de acuerdo a la propuesta del artículo 409 bis. Esta reforma deberá ser relacionada sistémicamente con la sección cuarta de Delitos contra el Orden del Desarrollo Urbano (artículo 199bís), del Capítulo cuarto de delitos de peligro contra la seguridad colectiva; adicionado por la LVI legislatura, y publicado el 28 de enero de 2008, a propuesta del Ayuntamiento de Puebla, para detener eso, contra lo cual se hace la reforma moreno vallista, de politizar la ocupación y los fraccionamientos clandestino e ilegal del suelo urbano.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
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