ÉTICA SOCIAL Y MORAL PÚBLICA
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ÉTICA SOCIAL Y MORAL PÚBLICA[1]

 

Por: Luis G. Benavides Ilizaliturri[2]

La historia parece decirnos que los problemas morales de la humanidad son los mismos de siempre, sin embargo, la reflexión nos permite descubrirlos agravados más y más por la disponibilidad actual de nuevos medios para seguir haciendo el mal y de extenderlo con mayor facilidad.  Ante estos fenómenos de aceleración y extensión del mal, urge la necesidad de reflexión ética sistémica que vincule la moral pública con la ética cívica.

La ética cívica es el conjunto de los mínimos de justicia, autonomía moral y política que hacen realidad la libertad respecto a los cuales una sociedad plural  genera las concepciones morales que la mantienen cohesionada.

Corresponde a la ética social, entre otras funciones morales:

          Preservar el aliento ético de los ciudadanos: capacidad de protesta y de denuncia y a la vez promoción de la facultad de generar utopías;

          Superar las justificaciones “instrumentales” mediante la permanente clarificación de los fines y los significados de la existencia humana y del desempeño histórico;

          Aprovechar el pluralismo (étnico, lingüístico, religioso, moral, político, etc.) para elevar a la sociedad hacia situaciones cada vez más enriquecedoras de humanización;

          Eliminar por razones éticas los propósitos, compromisos o proyectos que no respetan el mínimo moral postulado por la conciencia ética general formulada mediante la ampliación constante de la participación social;

          Evidenciar los atropellos a la dignidad y a los derechos humanos que destruyen el tejido social, lo debilitan o lo ignoran.

En nuestro país, la concentración de la riqueza y del poder por un lado, y la proliferación de la exclusión, nos han impedido hacer eficaz la ética cívica cuyo código expresa de manera prístina nuestra Constitución política, particularmente en sus artículos 3, 4, 27, 31, 39 y 123. 

El temor a la participación social como “empoderamiento” del pueblo (cf. Art. 39) ha sido concebida como mero instrumento justificador de decisiones de poder; la identificación sin más de Estado y Gobierno, ha impedido que sea el pueblo el que diseñe el futuro en el que quiere vivan y se desarrollen sus descendientes; la falta de ética cívica está humillando de tal manera al pueblo que, sólo para evitar momentáneamente la revuelta social, se le ofrecen migajas de “bienestar” como “becas”, donativos, apoyos de “oportunidades” que lesionan su dignidad humana y generan un ethos de sometimiento, dependencia y pérdida de autonomía.

En este contexto se deben leer acontecimientos tales como la reciente aprobación por el Poder Legislativo de las leyes de radio y televisión, en las que el sentir del “pueblo”, en quien reside “esencial y originalmente la soberanía nacional” (Art. 39), no se ha tomado en cuenta.

CIPAE no puede dejar de denunciar  este hecho  que, aunado a los reiterados engaños sobre la situación del país y la entrega de los bienes de los mexicanos a manos extranjeras, son causales del desmoronamiento del tejido social de nuestro país.

 


 

[1] Artículo publicado en el Boletín Electrónico del CIPAE, No. 9, abril 2006.

[2] Luis G. Benavides Ilizaliturri es Doctor en múltiples y diversas disciplinas, políglota, amante de las matemáticas, es considerado uno de los mejores educadores de la actualidad en el mundo. Sabersinfin.com agradece al Dr. Luis G. Benavides Ilizaliturri la autorización para publicar el presente material.

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