
Raymundo García García*
Desde que allá en el lejano siglo XX se gestó el sistema de prerrogativas a los partidos políticos, con la gratuidad de las franquicias postales, luego apoyos para desempeñar sus tareas de forma no tan clara, que le permitió meter mano al PRI gobierno en los llamados partidos satélites; antecedente del financiamiento público; luego el acceso a radio y televisión; con las reformas de 1987, 1990, 1996, pero sobre todo la de 2007, se consolidó un sistema en el cual los partidos políticos son entidades mixtas entre la sociedad civil y el gobierno, donde los partidos no democráticos, este fenómeno, les resulta un excelente botín de poder político y de dinero, produciendo una férrea lucha como la que escenifica el PRI-Puebla.
Cuando se llevó a cabo la reforma electoral de 2007, los legisladores federales nos vendieron la idea de que el costo de las elecciones bajaría en alrededor del 40% al 60%, y claro que así fue, pero jamás dijeron que los recursos públicos para sostener al IFE subirían y que los recursos destinados a los partidos políticos para actividades ordinarias y participar en elecciones, se mantendrían e inclusive crecerían. La disminución del costo de las campañas sería el resultado de adoptar una posición estatalista en materia de publicidad en radio y televisión, ya que el IFE administraría los tiempos de Estado para distribuirlos a los partidos políticos, que ya .formalmente- no gastarían dinero en comprar tiempos en radio y televisión, saldría de Estado; esto es, de todos los mexicanos.
El negocio de los partidos políticos mexicanos no sólo se quedó para su beneficio en las elecciones federales, sino que, fue legalizado este beneficio a las elecciones estatales, puesto que los organismo electorales locales fueron relevados de la obligación de comprara espacio en radio y televisión, ya que el IFE, administraría los tiempos de Estados, para las elecciones locales, y por lo mismo provocaría un ahorro impresionante de dinero en beneficio de los partidos políticos, para dedicarlos a otras actividades de la lucha electoral local. Es tal el manejo de recurso financieros por los partidos políticos, que se impulsó el sistema de fiscalización de los dineros partidistas por parte del IFE. Claro, bajo la idea de que se debe evitar el ingreso de dinero sucio del crimen organizado, peor el caso Godoy, dice todo.
El negocio partidista es negocio, más allá de la ineficacia de la fiscalización financiera y la fiscalización por comisión de delitos electorales. Y a pesar de los magros resultados en esta materia, de la reforma electoral de 2007, mientras no se readecuen: la administración de un partido político en el ámbito nacional y particularmente en el estatal, representa un negocio económico y político significativo; por ello, dentro de un partido como el PRI, en el cual destacados militantes como sus ex presidentes, no se han detenido para hacer todo lo posible legalmente, -sin buenos resultados porque el TEPJF, se lavó las manos- para descarrilar el control de la sucesión tricolor en manos del actual líder natural, como dicen ellos: el gobernador.
El tiempo dilatado para la decisión final ha beneficiado a los dos PRI: a) los que tienen el control de las estructuras y el aparato de Estado, y b) aquellos retazos que se han acomodado en la recuperación de su viejo partido. De un lado va el gobernador con su candidato y con todo, tal y como lo reza el manual del pragmatismo político; del lado opuesto va, -ojalá y se sostenga- u hombre inteligente lleno de ideales que cuando haga el balance definitivo, ojalá y no vaya a dimitir y entonces ayude a evitar no sólo una lucha democrática que tanto reclamaron los anti marinistas sino que, se suspenda el proceso y por lo mismo se ahorre una buena lana el partido como empresa de la política. Si los jansenistas, comprende los beneficios y perjuicios la ganar o perder la empresa partidista en sus dividendos económicos y políticos, seguro veremos una disputa democrática de corte neoliberal en el seno del PRI que será histórica. De lo contrario, se reproducirá un mero trámite sucesorio de tipo tradicional
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
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