LA EXTINCION DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO DENTRO DEL ESTADO MINIMO
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raymundo garcia.jpgLA EXTINCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO DENTRO DEL ESTADO MÍNIMO
Raymundo García García*

Con el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, (CLyFC) se vuelve a ejercer una atribución del titular del Poder Ejecutivo, que parecía ya abandonada. Decreto que por tener como antecedente otro emitido del mismo ejecutivo, resulta legal y legítima la emisión de otro, sin pasar por el poder ejecutivo, anulando el fundamento de una controversia constitucional. No obstante, por la pulverización del derecho, por la aparición de nuevas figuras jurídicas y por la sorpresa de la acción  que se ubica dentro de la abandonada práctica del Estado mínimo, la decisión gubernamental, ha generado polémica, porque ya hacia tiempo que las decisiones reduccionistas del aparato paraestatal, no se ejercían. Después que en la administración López Portillo, existieron 1155 paraestatales; por las adecuaciones constitucionales y legales entre 1983 y 1986, al final de la administración De la Madrid,  fueron desaparecidas cerca de quinientas entidades, sufriendo la embestida más significativa durante la administración Salinista, para que al término del sexenio del presidente Zedillo, no se rebasaran las 250 paraestatales federales.



Para el proceso de reducción del sistema paraestatal, se utilizó el término –proceso de desincoreporación- teniendo como marco institucional, constitucional y legal, el artículo 28 de la Constitución párrafo cuarto, la Ley orgánica de la administración pública federal, la Ley federal de entidades paraestatales y un reglamento para el proceso de desincorporación; conjunto normativo que fue utilizado por los gobiernos priístas para ir poco a poco sacando del denominado sector público de las llamadas áreas estratégicas, a la banca, la telefonía, la  comunicación vía satélites, parta entregarlas en manos de particulares. El último acomodo constitucional se hizo en materia de ferrocarriles, consistió en trasladar de área estratégica a área prioritaria a los  ferrocarriles nacionales, con el fin de entregar su explotación  por particulares.

Es su momento, el petróleo y la petroquímica básica, fueron el tema de debate nacional, para eliminarlos como integrantes de las áreas estratégicas y pasarlos a áreas prioritarias, sin embargo, el presidente Zedillo, sabiendo las implicaciones electorales detuvo la tentación de la citada reforma estructural, el presidente Fox, hizo lo mismo y en el inicio de la presente administración, no obstante tanto escándalo, y debate sobre PEMEX, constitucionalmente todo quedó igual y el petróleo sigue siendo considera como área estratégica y por lo tanto su explotación y administración empresarial está totalmente en manos del Estado mexicano.

Lo mismo sucede con la electricidad, muy a pesar de los intentos legales para  buscar los mecanismos encaminados a permitir que los particulares produzcan y comercialicen energía eléctrica, lo cierto es que constitucionalmente, la electricidad se mantiene como área estratégica y por lo mismo, es parte integrante del denominado sector público, para que el Estado mexicano, sea el único capaz de prestar el servicio de energía eléctrica. De ahí que el cuento de la privatización de la luz, es eso, puro cuento, sobre todo porque, el partido del presidente en la cámara de diputados  está muy lejos de contar con  los votos de una coalición parlamentaria capaz de reformar la constitución, y sin reforma constitucional, simple y sencillamente no puede haber ni las más remota idea de que la electricidad salga del campo de las áreas estratégicas.

Dentro de la tipología de la forma de desincorporación de paraestatales están dos modelos encontrados, la extinción y la fusión. La extinción, lamentablemente lleva el sello del ejercicio de la violencia legítima del poder estatal, ante la beligerancia e intransigencia de un sindicato anclado en el pasado y descontextualizado en el actual Estado mexicano. El argumento de la eficacia en el uso de recursos públicos es creíble, pero la mala asesoría al SME orilló al gobierno federal a dar un golpe de fuerza sustentado en la Constitución y la ley; el tipo contrario –la fusión- si se hubiera impuesto el acuerdo, la extinción pudo haber sido fusión de la CLyFC a la CFE, y otorgado otro panorama para los trabajadores.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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