PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A LA INSEGURIDAD
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 Por: Raymundo García García*

26 junio 2009

Desde el inicio de la presenta administración estatal, el diario Milenio, hacía un conjunto de señalamiento encaminados a demostrar la presencia de grupos violentos en territorio poblano,

 

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el gobierno por supuesto, siempre negó tales afirmaciones, y tiempo después se dieron atentados en Maltrata y Cuapiaxtla, que afectaron a la producción de empresas ubicadas en Puebla. Se ha reclamado por parte de la ciudadanía atención especial al crecimiento de la violencia y la inseguridad en la sierra norte y en la mixteca y zona de Tehuacán, y ante la multiplicación de incidente; el gobierno estatal después de negar sistemáticamente la presencia del crimen organizado en territorio poblano, al final de cuentas, acepta como zonas de peligro las citadas sólo con operaciones tangenciales y no establecidas.

 

Se habla de la presencia de personajes ligados al grupo denominado los Zetas, y con la utilización abusiva de delincuentes comunes, que sienten autodefenderse, el adjudicarse la pertenencia a dicha organización; el gobierno estatal aprovecha la chunga, para  seguir ratificando que la presencia del citado grupo en territorio poblano, es inexistente, mientras la prensa da cuenta de detenciones llevadas a cabo en otras entidades que corroboran lo contrario. Que Puebla  no está libre del crimen organizado, más allá de declaraciones de funcionarios  del gobierno federal, que ratifican a la entidad poblana como territorio seguro.

 

Sin embargo, el número de delitos violentos como secuestros, secuestros de traileres con mercancía, aumento de detenciones de narcomenudistas, detenciones escandalosas de traficantes de personas, hombres, mujeres y menores de edad, llenan cada vez más las páginas de nota roja de los diarios poblanos. En contra partida y muy a pesar de los esfuerzos de la presente administración estatal por garantizar seguridad pública, con la creación de la Secretaría de Seguridad; con el impulso al Consejo Estatal de Seguridad pública, con la instalación de centros regionales de vigilancia y control, con el gasto ineficiente por parte de varios municipios en la instalación de viodecámaras, así como el creciente gasto en capacitación, armamento y dotación de materiales a los cuerpos de seguridad estatal y municipales, las acciones criminales continúan siendo cada vez más graves y provocadoras de angustia en la sociedad civil.

 

Colocación de narcomantas, atentado al subprocurador de averiguaciones previas, amenazas y chantaje a los presidentes municipales, y recientemente -dentro del contexto previo a la celebración de las elecciones- la violencia en Puebla se ha incrementado con acciones que ponen en alerta a la sociedad civil como: el atentado a una unidad que transportaba policías, la ejecución de varios individuos, entre ellos un funcionario de municipio conurbado a Puebla, obligan a una actuación rápida e inteligente del gobierno, federal, estatal y los gobiernos municipales. No basta el llamado del Gobernador a la ciudadanía de denunciar todo tipo de delitos o sospecha de ellos; no basta el patrullaje del ejército y de los cuerpos policiales, o los vuelos millonarios del helicóptero, ni la instalación de centros de vigilancia regional que no operan, o cámaras que no detienen la incidencia criminal.

 

Se hace necesario hacer de la seguridad pública, una auténtica política pública que entre otras acciones esté encaminada a tomar en cuenta la participación ciudadana, no sólo porque lo dicte una nueva ley de seguridad pública, sino porque es necesaria la presencia y opinión de la sociedad, que debería ser incorporada en la construcción de un multisistema estatal de seguridad pública, conformado por un concejo de seguridad en cada pueblo, un consejo de seguridad en cada municipio, con comunicación permanente con el consejo estatal de seguridad pública, auxiliados con fortalecimiento de grupos de inteligencia en los cuerpos de seguridad pública municipales y estatal.

 

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

 

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