Piden especialistas una Ley General de Ciencia acorde a las necesidades del país
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03 de diciembre de 2020

La nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación debe considerar un ejercicio científico libre, apegado a la Constitución, de evaluación rigurosa por pares y con presupuesto sostenido, consideran expertos reunidos para analizar la situación en torno a las posibles modificaciones a la legislación en la materia. 

En conferencia de prensa virtual, William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica, aseguró que la Universidad Nacional ha presentado propuestas en distintos foros a fin de enriquecer la iniciativa, y consideró fundamental convocar a la comunidad científica para sugerir proyectos, toda vez que “por la escala de su economía y población, así como por su trayectoria en distintas áreas del conocimiento, México debe y puede ser líder en al menos media docena de grandes proyectos en distintas áreas”.

Para aprovechar la inversión realizada en los últimos 20 años en el sector, planteó contar con programas de mantenimiento, con presupuesto básico asignado en escala de diez años; de renovación de equipos de primera necesidad y aprovechamiento común con presupuesto revisable periódicamente; y otro más de desarrollo de nueva infraestructura por convocatoria y evaluación de pares, acorde a problemas de investigación de frontera.

Con el tema “Elementos indispensables para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación”, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, señaló que la solución de los problemas nacionales demanda enfoques multidisciplinarios e innovación, requieren conocimiento científico y tecnológico. “No los podremos atender si no articulamos a los actores del sistema nacional de CTI en torno a problemas específicos y si no adoptamos un enfoque transversal de la política en la materia”.

Asimismo, remarcó la necesidad de generar narrativas de divulgación social para que la población conozca el sentido de la ciencia básica y la aplicada, la tecnología y la innovación, así como garantizar que el derecho a los beneficios sociales que derivan de estos sectores sea real, posible y factible. “Esa es una de nuestras más grandes tareas”.

El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, definió los elementos indispensables a considerar en la elaboración de la Ley General de Ciencia: que se sujete a los marcos constitucional mexicano y legal internacional, además de que convocó a que el proceso legislativo se realice de acuerdo con las mejores prácticas parlamentarias: transparencia en la discusión, acceso a la información y rendición de cuentas.

Asimismo, con participación de la comunidad científica, de manera incluyente y plural. “En un parlamento abierto se deben verter posiciones y retomar comentarios para contar con una ley elaborada de la manera más adecuada”.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también hizo uso de la palabra y expresó: dada la naturaleza impredecible del desarrollo científico y su rápido avance, es importante garantizar financiamiento público para proyectos y grupos de investigación de alta calidad, independientemente de su coincidencia con ejes de acción gubernamentales. Además, para afrontar los riesgos y desafíos emergentes en el siglo XXI, no se debe excluir ni limitar ninguna de las áreas del conocimiento.

En tanto, Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich, director del Instituto de Biotecnología, destacó: la evaluación es un punto central en el quehacer científico, razón por la cual la nueva ley deberá poner cuidado especial en ello. “La evaluación debe ser rigurosa, por pares, libre de ideología y cualitativa”.

Se debe pensar, prosiguió, en cómo cerrar círculos virtuosos que le hacen falta al país, es decir, la conversión de recursos públicos y privados, y de tiempo, en el conocimiento. “Ese ciclo de regreso es regenerar ese conocimiento a través de la innovación en un beneficio social tangible”, subrayó.

Cecilia Noguez Garrido, directora del Instituto de Física, se refirió al personal altamente calificado, el cual permite a cualquier país ser más competitivo, adaptable y con mejores estándares de vida; la ciencia, precisó, es indispensable para su soberanía. 

“La ciencia, la tecnología y la innovación proveen los fundamentos y las herramientas para enfrentar los nuevos retos sociales nacionales y globales en salud, cambio climático, seguridad energética y alimentaria, acceso al agua, así como igualdad y cohesión social”, apuntó luego de pronunciarse por aumentar las becas para científicos en formación.

A su vez, Rafael Loyola Díaz, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, opinó que en la nueva discusión deben incluirse los siguientes conceptos: una ciencia libre, por encima del Estado, con las mediaciones adecuadas por el sector productivo y la sociedad, de largo plazo, descentralizada, con participación de la comunidad científica y contrapesos.
Además, impulsar la federalización. “El país se ha diversificado mucho y existen consejos de ciencias en todos los estados de la República. Se necesitan para que caminen las cosas”, aseveró.

En su oportunidad, Gustavo Vega Cánovas, secretario general de El Colegio de México, indicó: se espera que la nueva ley garantice la gobernanza de la comunidad científica a través de figuras de consulta y evaluación sólidamente conformadas, además de que la producción científica, tecnológica y de innovación deben disfrutar de libertad de investigación y no depender de los intereses políticos de la administración en curso.

Se trata de consolidar lo que se ha avanzado, modificar lo que no funciona y desarrollar nuevas iniciativas para continuar sin retrocesos y sin dilación, por encima de intereses políticos y tiempos sexenales.

Boletín UNAM-DGCS-1061/2020
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