TARDE, LA ALERTA PARA EL ROBO A AHORRADORES
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Raymundo García García*

Mientras en Puebla  se politiza cada día más la lucha social que han provocado dos estrategias defraudadoras: una dentro de una caja de ahorro -Coofía-,  con el aseguramiento formal y real de que los defraudados recuperarán parte de sus ahorros; y la segunda, montada bajo el amparo de lagunas legales y la lógica perversa del libre mercado de buscar formas de acumulación violenta de capital, como todas aquellas las empresas que sin contar con autorización del Estado mexicano, impunemente se han dedicado, -bajo diversas figuras legales-, ha encantar a pequeños ahorradores con supuestos jugosos intereses a cabio de que al final de cuentas les roben la totalidad de sus inversiones.


La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), recientemente y demasiado tarde –por lo menos 15 años después- ha dado a conocer que por lo menos 12 empresas trabajan operaciones financieras en plena ilegalidad como: captar recursos mediante  la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito,  y cualquier otra operación financiera que implique la obligación de devolver el importe de recursos económicos invertidos o depositados.  Las  empresas enlistadas que carecen de la autorización de la CNBV, que no pueden realizar legalmente actividades financieras con protección para los ahorradores por el IPAB o FIPAGO,  son: Fondos de Inversión DOT Fondos que se presenta también como Fondos de Inversión.con.mx; Grupo Inmobiliario Verhome conocido como invergroup; MXBK conocido comercialmente como Mexbank o Mexbank Financiera; W. M. Advisors; Yakey MX;   InverBan; Sues Consultores y Asociados (Grupo Sues); Capital Institute (Capital Bank); ImpulsaZion (InverZion); Forexcom; MexForex; y por supuesto también está Construcciones Mauri (Sitma, Grupo Inmobiliario).
La tardanza en dar a conocer a la sociedad, a los ahorradores y a la opinión pública,  el riesgo de perder recursos invertidos en dichas empresas, varias cubiertas con denominaciones parecidas al de las empresas financieras, hace responsable al propi gobierno mexicano de una omisión alarmante; porque con ese error gubernamental, se ha permitido que se cometieran defraudaciones millonarias que hoy día por lo menos en el estado de Puebla, tiene a varios miles de ahorradores, desesperados por no encontrar el camino y la salida legal y política para recuperar por lo menos parte de sus inversiones y ahorros. La omisión del gobierno federal de no hacer el llamado a tiempo a la sociedad sobre operaciones financieras ilegales, de empresas no autorizadas para ello; convierte al propio gobierno federal en responsable de la inseguridad en que cayeron los ahorradores hoy defraudados, y por lo mismo, se hace necesario que los poderes públicos federales, en particular el poder que encarna la representación popular –Cámara de diputados del estado de Puebla o del Congreso de la Unión- busquen el esquema institucional para resolver el daño económico y social que sufren los defraudados.

Lamentablemente en el Poder legislativo poblano, los diputados no comprender su papel de representación popular y soberana, y en lugar de diseñar un esquema para destinar un fondo para devolver recursos a  los defraudados, se someten al Ejecutivo, soñando que éste poder –supremo- tomará la decisión. En Puebla se está gestando un movimiento social de defraudados, con precedente nacionales, que reclama el concurso de los poderes públicos estatales y federales para encontrar soluciones, sobre todo por la notoria responsabilidad por omisión del gobierno federal en la defraudación millonaria.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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