QUIEBRA DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES
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Raymundo García García*

20 agosto de 2009

 

Por décadas, el tema del fortalecimiento económico a los municipios fue motivo de organización y lucha, que desde el constituyente de Querétaro fue bandera levantada por alcaldes, culminando hasta 1983, cuando fue consumada la constitucionalización del fortalecimiento económico a los municipios como base de su autonomía administrativa e instrumento para una democratización al ras del suelo en la lucha por los ayuntamientos. La suficiente dotación de recursos vía el cobro del impuesto predial y la entrega de las participaciones federales fueron plasmadas en el artículo 115, que curiosamente en el Estado de Puebla, por años les fueron escamoteados por la decisión de los gobernadores, quienes pusieron particular atención para que por esta vía, el avance de la alternancia del poder en el ámbito municipal no fuera tan rápido, castigando a los municipios gobernados por partidos opositores al PRI.

 

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Los Municipios poblanos antes de la culminación de la dotación de recursos económicos por la reforma constitucional de 1983, funcionaron normalmente, sus precarios ingresos hacían de los ayuntamientos un ejercicio de apostolado y entrega de servicio en favor de la comunidad, y la lucha por el poder del municipio dentro de un régimen de partido hegemónico no era tan disputada, salvo en lugares con suficientes recursos propios. Pero después de la reforma constitucional, se abrió  la puerta hacia una fuerte disputa por el poder local, acelerándose el pluripartidismo, alentado por el cada vez más jugoso aumento de ingresos municipales provenientes de los recursos petroleros. Así, de 1983 al año 1998, el PRI fue perdiendo poco o mucho el control de los municipios, sin mayores problemas, porque mantenía el poder político y económico con la presidencia de la república.

 

Con la derrota del PRI  en el año 2000 al perder la presidencia de la república, el golpe no fue tan sólo político, se reflejó como un problema de sobrevivencia financiera; de ahí  que no se debe olvidar que es después de este fenómeno político que se alienta  que tanto presidentes municipales como regidores emanados del PRI incrementaran significativamente sus ingresos; no fue casual que presidentes municipales de municipios importantes y medianos, que de percibir emolumentos mensuales en alrededor de 15 mil pesos; súbitamente  pasaron a cobrar de 25 mil hasta 35 mil pesos, provocando que los regidores tuvieran un incruento sustancial también. Tema por cierto defendido férreamente por los diputados locales priístas de la LV legislatura, que al final de cuentas escondía el verdadero objetivo: que el incremento de ingresos a presidentes y regidores priístas, se convirtiera  automáticamente en un referente para la exigencia del pago de cuotas partidistas y así alimentar las finanzas tricolores fuertemente deterioradas.

 

Ahora que un presidente municipal de un municipio grande, exitoso, como Atlixco, encabeza un movimiento de alcaldes por la dotación de recursos federales, -alcalde, por cierto señalado en algunas declaraciones ministeriales en temas impopulares- pareciera que busca reivindicar su imagen con un tema nada fácil, sobre todo porque precisamente Atlixco históricamente ha sido un municipio próspero, que cada día cobra trascendencia turística y de inversión, pero sobre todo, siempre había contado con ayuntamientos también exitosos – antes de los panistas-. Ante la quiebra económica de las finanzas municipales, valdría la pena reflexionar el municipalismo mirando al pasado, donde el tema  del monto de pago a alcaldes, regidores, secretarios directores, jefes de departamento y demás burocracia debe ser analizado, con el propósito  de que el tercer nivel de gobierno, la descentralización administrativa y el desarrollo regional no se vean afectados en perjuicio de la sociedad, sobre todo en municipios que tienen fuentes propias de recursos como Atlixco, Puebla Tehuacan, las Cholulas, Tepeaca, Texmelucan y muchos otros más.

 

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

 

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