Desempleo y reforma laboralRené Sánchez Juárez*
En medio de una fallida política pública de ocupación y una lentísima recuperación económica, en días pasados la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llevó a cabo un foro sobre “Reforma Laboral y Competitividad” con la participación de sindicatos, empleadores, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Este esfuerzo es importante, pero requiere sin duda que las condiciones políticas del país sean propicias para lograr acuerdos en las cámaras que permitan avanzar en una verdadera reforma laboral y no sólo en cambios a la legislación en materia de trabajo.
La tan sonada iniciativa “Lozano” considera la “agenda de flexibilidad”, como la parte medular para lograr la competitividad; la cual incluye la contratación laboral de manera temporal, facilidades a la subcontratación, limitación a los salarios caídos en los juicios con cargo a los trabajadores y reducción de las obligaciones patronales en materia de capacitación y en cuestiones procesales de los de por sí largos juicios laborales.
En tanto, otras organizaciones obreras, han iniciado sus propios proyectos de reforma, entre los que destaca el seguro de desempleo por la vía del Instituto Mexicano del Seguro Social y una nueva regulación en el salario mínimo, que garantice superar la inflación anual.
Estos conceptos modifican la visión de la Secretaria del Trabajo y van a fondo en cuestiones como: la toma de nota, mecanismos especiales para tratar los casos de huelgas, facilitar la conciliación y establecer término máximo a los juicios laborales.
Respecto a la participación de otros sectores, como es el caso del centro de “Estudios Espinosa Yglesias”; están estudiando el tema de la productividad y mejores salarios; además de, rescatar la negociación colectiva de la simulación, así como la garantía de que los juicios laborales se desahoguen en periodos cortos a fin de que por vez primera el Estado genere condiciones para obtener justicia pronta y expedita en los tribunales laborales.
En síntesis, el tema ha empezado a permear otros ámbitos de reflexión y seguramente muchas propuestas tendrán que ser escuchadas y analizadas en el futuro. Porque esta iniciativa laboral, (a pesar de las recientes declaraciones optimistas del Secretario de Hacienda y Crédito Público), ocurre en un contexto de desempleo, dado que entre el tercer trimestre de 2008 y el segundo de 2010, apenas llegaron a generarse medio millón de los empleos necesarios para absorber el incremento de la población económicamente activa.
La calidad de vida en México ha caído considerablemente y el desempleo en este año afecta a casi dos millones y medio de personas en el país.
Las políticas de “reactivación económica”, se han visto frenadas por las tensiones financieras que son quienes en realidad definen las condiciones del mercado, ya que expandir la demanda de consumo e inversión implica modificar la esencia del neoliberalismo, que todo transforma en intereses.
En realidad México, nunca logró la reactivación económica. A pesar de que la crisis se multiplicaba, el gobierno federal aplicó políticas procíclicas, que refuerzan la reducción del crecimiento y frenan la creación de empleos. Vivimos en la incongruencia; existe un subejercicio del gasto público y una política monetaria que favorece la especulación, restando recursos a la inversión productiva y que mantiene un tipo de cambio sobrevaluado para acumular reservas. Y entonces ¿para qué una reforma laboral, según adecuada a la realidad? Si se es incapaz de romper la inercia, tras dos decenios de estancamiento.
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