Estado Mexicano responsable de tortura y violación sexual
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Rocío García Olmedo*

Entre los meses de febrero y marzo del año 2002, en lugares distintos dos mujeres indígenas fueron torturadas y agredidas sexualmente por soldados del Ejército mexicano.


Durante ocho años estas mujeres buscaron justicia y castigo para sus agresores sin lograrlo. Incluso las propias autoridades de procuración de justicia y el propio Estado,  pusieron en duda en todo momento la veracidad de su testimonio.

El pasado viernes por la tarde la Corte Interamericana de Derechos Humanos  -ante quien tuvieron que recurrir estas mujeres apoyadas por organizaciones civiles para exigir justicia-  les notificó las primeras dos sentencias que condenan al Estado Mexicano por violencia sexual ejercida en su contra  por elementos de las fuerzas armadas.

Estas sentencias determinan que el Estado mexicano es responsable de tortura y violación sexual cometida en contra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ya que al no procurar justicia en ambos casos y garantizar impunidad a los responsables;  es,  el directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia.

De ahí que debe reparar los daños integralmente, involucrando a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes del Estado, garantizando  su seguridad  y la de sus familias.

Debe  castigar a los responsables EN LA JUSTICIA CIVIL y adecuar la legislación y la práctica interna en torno a los Tratados Internacionales, exigiendo la garantía de que este tipo de hechos no vuelvan a suceder.

El documento que contiene la sentencia reiteradamente ordena reformar al sistema de justicia militar para acotar el fuero y  una investigación eficaz de las violaciones sexuales y la tortura a que fueron sometidas las víctimas de estos delitos.

Seguramente pronto conoceremos mas detalles de la totalidad del documento; sin embargo,  vale la pena precisar que las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivas y no pueden ser impugnadas, de manera que el Estado mexicano está obligado a cumplirlas.

Qué lamentable que haya sido una Corte Internacional  la que procedió a realizar las indagatorias de este caso y probara no sólo el delito cometido en contra de estas mujeres por parte de elementos del Ejército mexicano, también, derivado de ello  la evidente  impunidad del sistema de justicia en México.

Sin embargo,  qué bueno comprobar,  que ante la falta de justicia en nuestro país, las mujeres están alcanzando justicia en tribunales internacionales.

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*Rocío García Olmedo ha desempeñado diversos puestos públicos y políticos en el estado de Puebla, México. Rocío García Olmedo es diputada de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. 

 
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