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Rocío García Olmedo*

Después de tres años en que el Presidente Felipe Calderón decidió unilateralmente iniciar una “guerra en contra del narcotráfico” –así la llamó él mismo- decide iniciar una serie reuniones rimbombantemente llamadas “Diálogos por la Seguridad. Hacia una política de Estado” con diferentes actores políticos, sociales y hasta religiosos.

 


Ahora sí convoca a cerrar filas y a revisar la estrategia de su gobierno panista sobre seguridad y a definir una estrategia de Estado en contra del narcotráfico. Lástima que su convocatoria no haya sido antes de que su “guerra” dejara como saldo, hasta ahora, más de 28 mil personas muertas  -dato conocido por el CISEN – la mayoría inocentes cuyo error fue pasar justo en el momento de algún tiroteo que lo mismo han sido niños y niñas, que jóvenes y adultos, cuyo promedio de edades según se ha documentado fluctúa entre los 20 y 35 años.

Hemos leído los comentarios de estos “diálogos” y hemos escuchado diversas voces que señalan que la única manera de enfrentar este grave problema es “legalizar el comercio de los estupefacientes, es poner orden y reconocer una realidad y que de ninguna manera se trata de avalar que las drogas no dañen terriblemente. En última instancia es responsabilidad de cada persona decidir si consume o no” dicho del ex presidente Vicente Fox.

También hemos escuchado voces en contra de legalizar las drogas porque aumentarían las adicciones y los daños a la salud. Incluso hay quien afirma que la imagen del Ejército Mexicano se ha deteriorado.

Muchas dudas genera esta convocatoria.  Me parece de entrada una trampa del gobierno federal panista. Veamos:

¿Porqué después de tanto tiempo en que esta estrategia de “guerra” ha sido impulsada por el Ejecutivo federal, -sin duda en uso de su facultad constitucional de Comandante de las Fuerzas Armadas- se llama a revisar e incluso a rectificar la estrategia? ¿Por qué no han sido utilizadas las normas legales aprobadas en contra de la delincuencia organizada, cómo la extinción de dominio? ¿Qué ha pasado con todos esos decomisos de dinero, de vehículos, de drogas y de armas que ha sido publicitado ampliamente?

¿La legalización sería lo mejor y lo único? Aunque esto implicara todo el proceso que va desde la producción, pasando por la comercialización, cadenas productivas, exportación, hasta el consumo. Y donde quedan entonces el resto de los delitos que comete la delincuencia organizada y que se da en paralelo al narcotráfico, secuestros, trata de personas, etc. ¿Con la legalización se evitaría la violencia?

O será que al Presidente Calderón se le ocurrió convocar a este “diálogo” a sugerencia de su compañero de Harvard el actual Presidente de Colombia  Juan Manuel Santos con quien platicó días antes de su toma de protesta, convencido que la experiencia de ese país puede equipararse a lo que está sucediendo en México.

O será que el Presidente se ha dado cuenta de la falta de previsión que tuvo al declarar una guerra sin medir no solo las consecuencias, también, los daños colaterales. Y hoy lanza un reto a los partidos políticos para hacer declaraciones “públicas” para que digan,  si se retira del combate frontal en contra de la delincuencia organizada. Pensará realmente el Presidente ¿que algún dirigente de partido  haría esta declaración?   O sólo es una cortina de humo para cubrir las cifras de muertos y continuar con su estrategia original.

Me parece que este diálogo y consecuente debate llega tarde, aunque “más vale tarde que nunca”  sin embargo  ¿no es un riesgo que así como muchos de nosotros estamos siguiendo este debate, los jefes de los cárteles también lo hacen? comprobando lo que seguramente a estas alturas tienen clarísimo: que el gobierno federal ya no sabe qué hacer y una evidente falta de consensos.

Sin embargo,  si estos consensos se lograran después de estos “diálogos” y se pudiese construir esa rectificación de estrategia,  valdría la pena que se analizara que el problema no sólo es el tráfico de droga, es también el consumo, el cual se asocia a la violencia, de manera que ambos, el tráfico y el consumo de drogas son generadores de procesos ilegales, lo mismo por la comisión de delitos graves, que por aquellos generados por la corrupción y la impunidad que de ellos se deriva. Y que fundamentalmente temas como educación y falta de empleos tienen necesariamente que ser abordados en estos diálogos.

Sin duda habrá que esperar el desenlace de estos “diálogos” en lo que sí coincido es en que la política de seguridad es más que discursos, es capacidad de ejecución, de acción y de  hacer cumplir el Estado de derecho.

Cerrar filas ¡sí! Pero con diálogos que aborden planteamientos de fondo.

*Rocío García Olmedo ha desempeñado diversos puestos públicos y políticos en el estado de Puebla, México. Rocío García Olmedo es diputada de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. 

 
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