26 de abril de 2013
Entre el camino de descomposición electoral del PRI hace cerca de dos décadas, allá en 1995 y su crisis derrotista en las elecciones intermedias federales de 1997, el apalancamiento y soporte electoral en los Estados desde la segunda fecha hasta recuperar la presidencia de la república, las elecciones estatales intermedias, salvo excepciones como las de Puebla y Oaxaca en 2007, se desarrollaban dentro de un ambiente de competencia progresiva y tranquilidad política; en el presente 2013, con el golpeteo del viejo espíritu presidencialista, de momento el país se encuentra convulsionado.
La sombra obscura del presidencialismo olvidando que a lo largo de treinta años se han construido un conjunto de estructuras que encausan los comportamientos dentro de Estado constitucional de derecho, con participación de la SCJN, ante la posible invasión de ámbitos de competencia, de momento pareciera que tales estructuras o andamios no existieran y México regresara a circunstancias del pasado, cuando el presidente era la autoridad omnímoda en todas las materias: empezando por la electoral, pasando por la partidista y manejando en su beneficio y del grupo que le acompañaba, la decisión final de los asuntos políticos en los tres niveles de gobierno del país. Quizá la razón sea la nueva geografía electoral y de poder político que vive México desde el primero de marzo del presente año y por lo mismos las elecciones intermedias no tienen por qué ser factor de riesgo de más y más concentración del poder.
De ahí que no fuera casual el mensaje autoritario del presidente, apachando a la titular de la secretaría de desarrollo social, ante la presumible comisión de delitos electorales tanto estatales como federales. La declaración presidencial como al final del sexenio anterior el presidente salió a fijar una posición sobre las elecciones federales pisoteando a las instituciones electorales, ahora de nueva cuenta el presidente hace a un lado organismos electorales estatales, fiscalías especializadas en delitos electorales de los Estados, a la FEPADE, y con su palabra buscaba de una vez y por todas poner fin a los trabajos obligados por las instituciones que apuntalan nuestra naciente democracia mexicana.
La geografía política nos muestra que el PAN jamás tuvo en sus manos el control del poder político en México, pero que el PRI tampoco jamás estivo aniquilado porque al termino de la administración Salinas tenía veintinueve gobernadores y solamente tres gobernadores de oposición del PAN; sin embargo al termino de la administración el PRI se había perdido once gubernaturas y por los efectos del fenómeno Fox, la pérdida de la presidencia de la república, la natural emigración de elites del PRI hacía el PAN y el PRD, produjeron a que en la primera mitad del sexenio panista de Fox, el PRI fue arrinconado a sólo quince gubernaturas. Sin embargo, no obstante su derrota en las elecciones presidenciales del 2006, la recuperación en los Estados fue impresionante y retornó al final de la administración Calderón a estar igual que quince años atrás con diecinueve gobernadores para tener hoy día veintiún.
El mensaje autoritario del presidente en su chabacano apoyo a la secretaría de desarrollo social, solamente fue la muestra de todo un proceso de utilización y debilitamiento de las instituciones electorales, para evitar alianzas y coaliciones, dispersar el voto opositor y hasta sacar a las luz pública el traslado escandaloso de recursos federales a escuelas particulares manejadas por el PT, por el pecado de coaligarse en Durango con el PAN.
Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
