29 de noviembre de 2012
Dentro del proceso de liberalización y cambio político en México, que optó por la vía institucional, desde la federalización de los procesos electorales allá en 1946 hasta nuestros días, al final de cuentas, ha resultado un proceso exitoso dentro de los países de América Latina, que hoy disfrutan en los general una democracia joven, como recientemente la calificara Silvia Gómez Tagle, dentro de un balance que coordinó e hizo con investigadores de la democracia y el cambio político latinoamericano en las cuatro últimas décadas.
En ese contexto de México como democracia joven, que deja atrás las exigencias reduccionistas forzosamente de una democracia consolidada; resulta pertinente para comprender el papel de los tres partidos políticos mexicanos de mayor representatividad: PRI, PRD y PAN, interesados por ir armando la construcción de una Agenda amparada en la intención de aterrizar un ejercicio del poder político dentro de una Gobernabilidad democrática, que en principio han denominado “Acuerdo por México”. Y más allá de que este 29 de noviembre de 2012, no fuera suscrito en la ciudad cuna del constitucionalismo y federalismo mexicano: Querétaro, se mira como el preámbulo de la conformación de un nuevo camino en la pavimentación y recorrido de la democracia mexicana, en lo que ya se ha calificado como la segunda alternancia, con el regreso del PRI a Los Pinos, después de haber gobernado el PAN doce años.
Lo interesante de este trecho democratizador, son los actores; mientras que en el periodo 1945, fecha de la discusión de la armazón para la federalización de las elecciones y su sistematización, que dio origen al sistema nacional de partidos políticos, toda la actividad estuvo en manos del gobierno y de su naciente partido transformando de PRM en PRI, hasta la reforma política de 1996, todos los procesos de cambio político institucional y en particular el relacionado con elecciones y construcción de la representación política, estuvo en manos del presidente de la república, de su partido, claro que con la asistencia como invitados los partidos políticos de oposición, más creadores de opinión pública e intelectuales, que le dieran a los eventos su dimensión plural y de apertura democrática. Así, al inicio de cada sexenio de gobiernos del PRI, se preparaban mesas para organizar tramos del cambio político, bajo la denominación de: reforma política, y construir un trecho liberalizador al régimen autoritario.
En el primer sexenio pansita 2000 - 2006, -el de Fox- este ritual se terminó, aunque fue designado Porfirio Muñoz Ledo para presidir una “Comisión” o “Mesa” denominada de Reforma del Estado, que se preocupó pro hacer balances de la transición, pero sin llegar al involucramiento de los actores para impulsar un cambio institucional importante; en pocas palabras, la reforma política se detuvo en su marcha de lento caminar. Lo cerrado de los resultados electorales presidenciales en 2006, le impidieron a Felipe Calderón, contar con la autoridad y el poder de convocatoria para impulsar otro tramo del cambio político mexicano, tuvo que ser el Senado de la República, la autoridad representativa del federalismo mexicano, la que a través de la Ley de Reforma del Estado, de duración perentoria, impulsara varias reformas institucionales, aunque su principal logro fue la reforma electoral 2007; que tuvo avances, pero también retrocesos como: limitar la libertad de uso de medios de comunicación en proceso electorales, y convertirse en instrumento para remover al presidente del IFE.
Mientras que el “Acuerdo Por México”, tiene la modalidad de ser un ejercicio dentro de la sociedad civil, por supuesto sin dejar de lado la decisión del presidente de la república electo. Y no obstante que las tribus del PRD reventaron su suscripción adelantada, en realidad ayudaron a que este continúe y por supuesto se firme con el testimonio del Presidente de la república. Lamentable, porque la acción suspensiva termina golpeando un acuerdo que llevaría totalmente el sello de la sociedad civil para el gobierno futuro.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
