Herencia institucional de Miguel De la Madrid
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5 de abril de 2012 

Ahora que el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado falleció, varias reflexiones se han hecho en torno al contexto de su ejercicio gubernamental. Momento difícil para el país que había sido presionado por el FMI y el BM para que abandonara la ideología socializante de la revolución mexicana y se diera la transición de un estado social a uno de corte neoliberal.


El proceso de transición de uno Estado a otro, no ha sido fácil, han pasado veintinueve años, y aun para millones de mexicanos aun les cuesta trabajo comprender ese paso; un  proceso que fue posible por la coyuntura de crisis económica que vivía México, que en 1982 sufrió varias devaluaciones y era momento propicio para que se suscribiera una carta de intención para dar paso a un país respetuoso de la libertad individual, de la propiedad y de la liberalización de la economía. El cambio institucional fue posible curiosamente por la hegemonía que mantenía el PRI en el Congreso de la Unión. El presidente De la Madrid mandó iniciativa de reformas constitucionales que en materia del cambio de Estado se plasmaron en el capítulo económico de la Constitución en sus artículos 25, 26, 27 y 28. Ahora aunque vive arrepentido Manuel Bratlett, en su calidad de secretario de gobernación fue el cerebro de importante transformación que llevó a sepultar  a la ideología de la revolución mexicana, al nacionalismo revolucionario y abrió el camino político para que el PAN como partido de ciudadano pudiera ganar elecciones y llegara a la presidencia de la república.


De la Madrid fue el auténtico padre de lo que es la transición del estado mexicano, que sentó las bases para su transición a la democracia. En el debate de discusión de las reformas constitucionales, no obstante que en materia de rectoría económica había participado organizaciones empresariales y organizaciones sociales de fuerte corte liberal como COPARMEX, el CCE y el DHIAC, aportando propuestas sobre la redacción del artículo 25 constitucional que dejaría asentado el papel del Estado como rector y ya no interventor en la economía que establecería de manera muy clara el papel de los tres sectores de la economía mexicana hacia el futuro: sector privado, sector social y sector público. Que en el mismo artículo 25 quedó muy claro el control del uso de recursos públicos para enfrentar la pobreza, y también se fijaron las bases de un nuevo modelo de política laboral sustentada en la productividad y la competitividad, los panistas en el Congreso de la Unión  se opusieron acusando la iniciativa de reformas de intentar establecer un estado socialista, de risa no. pero así es la política partidista.


En el artículo 26 constitucional también de nueva redacción se establecieron las bases del nuevo sistema nacional de planeación democrática, sustento de la ley de planeación; de la ley de contabilidad y gasto público; de la ley de deuda; de la formación del Plan nacional de Desarrollo. En otras palabras, se construyeron las bases constitucionales para el ejercicio de una administración pública moderna que respondiera a los nuevos problemas sociales nacionales e internacionales. En varias entidades no obstante estos cambios, no se entendieron inmediatamente, entre ellos el estado de Puebla mostró confusión en sus disposiciones constitucionales y legales en materia de planeación, las que fueron corregidas hace apenas un lustro.


En el artículo 28 Constitucional quedó regulada la normatividad antimonopolios, pero también delimitadas las áreas estratégicas y prioritarias para el desarrollo nacional. Amén de adecuaciones para el ejercicio político individual de votar. Como se observa, sin la transición de un Estado social a otro neoliberal, no se abrís dividido el PRI y nacido el PRD, y por supuesto el PAN no abrís llegado al poder.


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*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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