27 de octubre de 2011
Como se esperaba, la reforma electoral segunda en el sexenio calderonista, atraviesa un tortuoso camino de inseguridades, sustentada en el ejercicio del proceso legislativo mexicano, esto es, que por haber sufrido modificaciones la iniciativa aprobada en la Cámara de origen – el senado- éste al volver a conocer la aprobación de la Cámara de diputados, puede avalar el micro avance o de plano descarrilar el proceso, para que se presente una nueva propuesta en los albores del nuevo futuro sexenio.
Dentro del sistema político mexicano después de la federalización de los procesos electorales allá en 1946, las de las reformas electorales federales se han producido en dos momentos: uno para asegurar estabilidad al sistema político; y otro momento para reforzar la legitimación del gobierno que inicia. La reforma electoral fundadora y organizadora del sistema electoral mexicano moderno tuvo como coyuntura estabilizar al sistema en el marco de las elecciones presidenciales de 1946 creando el sistema mexicano de partidos nacionales; la jerarquización de los organismos electorales y del sistema de empadronamiento de ciudadanos, así como la apertura al camino de la creación de un sistema nacional de coaliciones vía las candidaturas comunes, entre los principales fines. Igual sentido tuvo la reforma de 1963 para iniciar la transformación del sistema de representación político mixto con los diputados de partido y otorgar acceso a las minorías; la de 1987 preventiva ante un escenario de crisis total del sistema político mexicano previno una representación política emergente en su caso con un sistema de representación casi de proporcionalidad pura, por si se colapsaba el PRI en las elecciones del 6 de julio de 1988.
Por su parte las reformas electorales de 1953 con el voto femenino; la de principio de los años setenta con el voto joven y en particular la de 1973; la de 1977, para inaugurar un segundo proceso de institucionalización de un conjunto de sistemas que contextualizaban y daban respuesta a los reclamos de democratización con el reconocimiento de la lucha de los contrarios. Para continuar con la reforma de 1990 con la institucionalización del IFE para dar barrer la contaminación deslegitimadora de la elección del presidente Salinas, por cierto el sexenio salinista se caracterizó por la multiplicidad de procesos reformistas electorales que dejaron la idea de la multiplicidad de ensayos y errores en la transformación del sistema político mexicano, para llegar a 1996 y también a inicio de sexenio anunciar la gran reforma electoral democratizadora.
El sexenio foxista no careció de las presiones para seguir moldeando el sistema electoral; empero la cerrado de los resultados en la elección presidencial de 2006 trajo como consecuencia obligada, la necesidad de legitimar el poder, pero este se legitimó bajo el recurso de la guerra y la hegemonía del uso legítimo de la violencia, dejando el presidente en manos del Senado, la tarea de hacer la Reforma del Estado y por ende la reforma política, entonces se dio un viraje en la lógica del sistemático proceso de reformas electorales mexicanas, de las manos del Ejecutivo federal, ante la debilidad electoral de éste en 2006, primero el PRD impuso su sanción al IFE, y ahora el PRI con sus aliados impone sus propios intereses hacia el futuro. Los resultados, una reforma electoral de a mentiras que no termina de nacer y todo parece que es un aborto; porque suponiendo que salga en este periodo de sesiones, los resultados electorales de 2012 la aniquilarán. No sólo la asistimicidad de la reforma la ha entrampado, sino de manera especial los intereses facciosos de los partidos políticos, en su ruta de cartelización de su vida organizacional.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
