En el contexto del CCI aniversario de la Independencia de México; y, en el cuarto año, cuatro meses y diez días de la declaración de guerra del Estado mexicano en contra del crimen organizado, después de el sacrificio y detención de cientos de jefes criminales, deportaciones de algunos de ellos y demás, los efectos colaterales en contra de la sociedad civil parece que van en incremento a través de una guerra que parece de baja intensidad, mientras el jefe de las fuerzas armadas –el Presidente- persiste en no modificar las decisiones tomadas sobre el tema.
En los últimos años al lado de los triunfos de militares y marinos en contra de los enemigos del Estado mexicano, divulgados machacadamente por una vocería de seguridad pública, se divulga también de forma paralela un conjunto de acontecimientos de tipo delictivo que por los niveles de preocupación social que alcanzan entran de inmediato en la agenda nacional. Así, de pronto y después del multiasesinato de San Fernando, los mexicanos estábamos preocupados por el asesinato masivo, secuestro masivo o individualizado de migrantes centroamericanos.
El delito de tráfico de personas denominado “trata” gana los espacios de los medios de comunicación, se penaliza esta acción considerada la actividad delictiva internacional segunda más importante en el mundo después del narcotráfico. Y de nueva cuenta las autoridades y expertos señalan que detrás de este ilícito están organizaciones criminales por supuesto enemigas del Estado mexicano, y empiezan las clasificaciones de lugares de origen, rutas y destinos, dejando al descubierto que importantes ciudades mexicanas son territorio de destino.
El secuestro junto con el chantaje bajo el esquema de la diferenciación de víctimas de altos hasta mínimo rescate, muy a pesar de las reformas legales para su penalización y tipificaciones de las particularidades, es un delito que se expande peligrosamente pasando poco a poco a convertirse en una acción en contra de políticos de los tres niveles de gobierno; fenómeno que puede provocar el incremento de decisiones de la sin razón. La denuncia del SNTE y el señalamiento de casos concretos de inseguridad es para que ipso facto se tomaran decisiones concretas. Empero, en el contexto de los festejos patrios se volvió a escuchar el discurso trillado que el pueblo ya no oye.
En el mismo rubro están los asesinatos, suicidios, ejecuciones y demás formas de violencia creciente, que día a día se multiplican en el territorio nacional, dejando en claro que la lucha en contra de grupos del crimen organizado que parecía estar en manos de grupos o células bien identificadas, de momento se han pulverizado, haciendo que el poder de violencia del Estado enloquezca.
El miedo creciente impulsado en el pueblo por el poder público, en lugar de ser disminuido con nuestras festividades patrióticas y libertarias, mediante la muestra de un ambiente de auténtica fiesta, paz y tranquilidad. Pero no, por el contrario las mismas autoridades se apresuran a dar números y datos del tamaño del miedo, con la presencia de soldados, la presencia de policías especializados y no especializados. La amenaza de violencia institucionalizada física o psicológica, simplemente es proporcional al grado control y legitimidad que alcanza el poder público, de ahí la preocupación de la ocupación de las plazas, de los zócalos por los aparatos de seguridad. Cuando esos sitios deberían de estar tomados por el pueblo festejando.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
