Legalidad con o sin legitimidad en Puebla
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Legalidad con o sin legitimidad en Puebla

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RAYMUNDO_GARCIA_2El marinismo como gobierno entrenado dentro de uno de lo sexenio más atrasados del siglo XX poblano –el de Mariano Piña Olaya- no podría terminar, sino, ratificando su sello autoritario y abusivo del ejercicio del poder público apuntalado en la LVII legislatura local, convertida en caricatura jocosa de la representación soberana del poder popular.

Y por supuesto, que no me refiero a las recientes reformas legislativas aprobadas en el suspiro de la taquicardia, por la velocidad en la carrera del proceso legislativo. Habría que checar que hay dentro del Poder Judicial estatal más podrido de México, para reformar rapidito y de buen modo su soporte institucional –la ley orgánica-. Porque, el que  un justiciable sea o no sea poblano, es verdaderamente irrelevante, lo grave es que sea corrupto, inexperto, ubicado en una concepción del derecho y de la administración de justicia de un Estado pre-moderno. O aprovechar una iniciativa de reforma constitucional, para que una mayoría autoritaria y al mismo tiempo sumisa busque debilitar a los futiros gobernadores, para que se ausenten del puesto y de Puebla hasta quince días sin que lo sepa el Congreso y en ese periodo haya tiempo para que los poderes de facto cometan sus tropelías.

O que decir de ese ejercicio trasnochado del proceso legislativo poblano, legalizar que no legitimar, una de las administraciones que ya ha pasado a la historia política de México, como de las más nefastas. Genaro David Góngora Pimentel; José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza, lo documentan de forma más que objetiva en su obra colectiva intitulada  Las Costumbres del poder. El caso Lydia Cacho, Editorial Porrúa, México, 2009, 571 páginas. Proceso legislativo del marinismo en el cual se hace  la ley un traje a la medida de caprichos, de anhelos, dejando de lado el interés general. Dejando de lado la dimensión moral del derecho y por supuesto el bienestar del pueblo.

¿Qué sentido tiene haber reformado el artículo 50 de la Constitución local desde 2009 y corregirlo en 2010, para chantajear el rendimiento de un informe último de gobierno con la nueva legislatura o con la saliente legislatura? Si tal y como estaba redactada la disposición, para nada obligaba al gobernador a asistir al Congreso. El ejecutivo estatal poblano asiste al Congreso por un acto de megalomanía y exigencia de veneración, como viejo expresión de autoritarismo más rancio en Puebla. Ah pero no, como chingaos no, “quinen manda no se equivoca, y si se equivoca vuelve a mandar”, y para qué, para que la final de cuentas que siempre sí asistirá el saliente gobernador a rendir su informe a la LVIII legislatura y por supuesto a entregar vergonzosamente un poder político, que perdió el pasado 4 de julio, y con el paso del tiempo se ha erosionado lastimosamente.

Para qué en cada celebración del día del abogado hablar y hablar de la cultura de la legalidad, del Estado de derecho, o algo más sencillo; de la creación del Tribunal Contencioso Administrativo, hacer  la reforma constitucional respectiva, y al final de cuentas, no mover un solo dedo para echar a andar la justicia administrativa. Pero sí cómo no, entre tanta reformas legales, pero carentes de legitimidad, a escondidas mantener al Fiscalizador técnico de la administración de recursos, y no sólo eso; por el contrario dotarlo de autoridad constitucional hasta el año 2017, faltaba más. En fin, se está cerrando la era del marinismo, con una caída de la elite dirigente tricolor, en situaciones más grotescas que su fuente de inspiración -el Piñaolayismo-. Ha sido lamentable que el gobernador Marín, haya quedado atrapado entre el neoliberalismo y visión de futuro de Manuel Bartlett, pero atascado en el cemento social construido por Mariano Piña Olaya.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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