EL PODER LÚDICO DEL MARINISMO
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Por: Raymundo García García*

12/III/2009

Ahora, ante una iniciativa confusa adjudicada por unos al titular del poder ejecutivo, en su carácter del gran y casi único legislador, y otros al presidente de la Gran Comisión del Poder legislativo local, y otros más a los priístas en forma conjunta con los panistas, lo que queda claro es que de manera innecesariamente se intentó abrir un debate, frente a la  propuesta de reforma constitucional sobre derechos de la familia.

 

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Se buscó alcanzar el propósito de abrir una consulta ideológica, social, moral y demás; que no prosperó. Total, cuando se trata da hacer reformas legales, y sobre todo, hacer adecuaciones para el ejercicio del mando, en Puebla es tradición de su régimen antidemocrático, esperar sólo el tiempo que se tarde en reunir la Comisión legislativa respectiva, para formar el dictamen y aprobar campechanamente la adecuación jurídica. Faltaba más, cuando el pragmatismo reclama resultados el mundo de las ideas resulta chocante, tedioso y estúpido.

 

¿Por qué un tema tan trascendente, social, política y moralmente no se llevó a consulta de la sociedad? Por una posible respuesta, que el gobernador eje central de la vida política estatal, después de que la mayoría de la SCJN, opinó que no era responsable de las violaciones de derechos humanos de Lydia Cacho, ya está apto para hacer todo, para ejercer el poder de forma abusiva, lo que se ha demostrado en la recta final de su sexenio. A partir de noviembre de 2007, se ponen en funcionamiento un conjunto de acciones que muestran al gobernador como un actor con dominio del tablero del poder local, que se da el lujo de proponer formalmente las concepciones más inimaginables, que permitan movilizar a las instituciones paralizadas y den cuenta de su existencia de alguna forma, como el tema eclesial de la  familia,  utilizado para engatusar y al final de cuentas echar a andar la maquinaria, para abrir el camino a un conjunto de reformas legales, contrarias a las cuales la prensa “liberal”  golpeó sin sentido. La dramatización oposicionista a la reforma, se convierte en una excelente representación, de reivindicación moralizante que golpea la ingenuidad de quienes creemos en el humanismo y en el jusnaturalismo, reconociendo el derecho pleno a la vida.

 

Pero en Puebla sólo esto sucede, máxime cuando se vive una forma de ejercicio lúdico del poder,  Marín  gobernador está desatado, y juega con todo, por supuesto hasta con las ideas y las ideologías, también con las creencias, máxime si pronto se tendrá un arzobispo que viene con la espada desenvainada en contra de la pederastia y la pedofilia. Que mejor que mire que como parte del camino hacia su unción espiritual y real frente a la feligresía poblana, se den muestras de intenciones de rescate de la moral pública que un cuarto de siglo neoliberal ha despedazado. Total es un juego más, un juego de tantos otros que estamos atestiguando en la recta final del presente sexenio. El juego del poder con todo y contra todos, lo vemos lo mismo en el camino sucesorio, que en proceso de nominación de candidatos a diputados y ahora en engaños para abrir un camino legal hacia el reconocimiento de la sociedad de convivencia, muy a pesar de que esto sea negado.

 

Mientras algunos interesados se ponen atentos sobre el final legal de la constitucionalización  de los derechos de familia,  nadie se dio cuenta de que las reformas a la ley de obra pública continuaban por el sendero de la legalización de la impunidad. No importa quien haga, autorice, planeé y decida las obras, mientras la ley permita el uso abusivo de la discrecionalidad por la vía de la urgencia, de nada sirven las reformas. Pero mientras todo mundo estaba atento a las reformas sobre familia, creadas para desviar la atención, nadie reparó en las tropelías que se institucionalizaban  para hacer obras públicas como negocio público. Ni mucho menos se reparó en el agandalle que el PRI hizo de la ley estatal de vivienda de origen panista.

 

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

 

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