LA NECESIDAD ALIANCISTA EN PUEBLA
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LA NECESIDAD ALIANCISTA EN PUEBLA

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Raymundo García García*

 En la medida que la coyuntura política para conformar una alianza opositora para enfrentar electoralmente al PRI, primero se dio, la incredulidad, luego se justificó la imposibilidad, y en la medida que se empezaron a dar los primeros acuerdos en forma seria, programática, propositiva y sobre todo, se avanzaba en mostrar la multiplicación de coincidencias sobre las diferencias, el PRI y todo el aparato que lo soporta como estructura de poder gubernamental, pasaron de la incredulidad a las acciones concretas y pragmáticas para impedir su concreción.


A esta fecha, si bien es cierto que no se ha concretado formalmente, políticamente está corriendo, y los actores que la apuntalan, la justifican y promueven los beneficios para Puebla como entidad federativas, reconocen que, la razón fundamental es el interés por hacer de todo lo materialmente posible para rescatar al Estado, del estancamiento y sobre todo de histórico ejercicio del poder público autoritario, con chispazos de totalitarismo, que se expresa en el ejercicio unívoco de mensajes, noticias y sentido de la información denominada oficial. La disidencia está clausurada y no tiene cabida en Puebla. Mario Marín, al inicio de su gobierno, calificó a los periodistas de sentirse dioses; su gobierno los bajó de sus pedestales y a los más virulentos los sacó de los medios, y la decisión sigue por ello recientemente fueron despedidos los empleados de un noticiero televisivo local.


El PRI predica una democracia formal, pero lo que no dice, es la arquitectura real que la ley esconde y que sólo una alianza opositora, podrá y tener el privilegio de despacharse con sus beneficios, volteando el castigo legal para los eternamente beneficiarios –los tricolores-. Una alianza opositora  tiene como objetivo cambiar el andamiaje legal, que soporta una estructura de poder autoritario y antidemocrático. La base del autoritarismo poblano está en el sistema matemático por el cual el PRI se ha sobre-representado en más de veinte puntos porcentuales obteniendo el 60% de el asamblea legislativa, con el 40% de los votos. Por mandato de una ley inequitativa el PRI les roba al PAN y al PRD alrededor de cuatro a cinco diputados locales, en donde la autoritaria división territorial de los distritos juegan en su favor. Sólo una alianza opositora, tendrá la posibilidad de beneficiarse con la inequidad de la ley electoral, para enderezarla en contra de su autor: el PRI.


Una alianza opositora,  más allá de buscar legal y legítimamente una alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo, se vuelve prioritario buscar los resultados matemáticos para invertir la composición de la asamblea del Poder Legislativo, más que para reformar la Constitución del Estado, para abrir un debate y consulta con la sociedad, e impulsar un conjunto de reformas legales que mantiene atado a Puebla en el pasado, el estancamiento,  la falta de competitividad y la antidemocracia: urge una política de transparencia, no basta ofrecer la autonomía constitucional, será necesario pensar en un instituto estatal de acceso a la información; y pensar que la autonomía no es garantía en sí, ahí está el IEE, con autonomía y actúa como apéndice de la secretaría de finanzas; urge la autonomía de la CEDHM hace falta una ley de participación ciudadana, que el PRI ha detenido en todo momento.


En suma: una alianza opositora al PRI en Puebla, se convierte en el ejercicio civilizado, plural y racional, para dotar a la entidad poblana de una Reforma del Estado y junto a ella de una infraestructura legal e institucional, que permita a los poblanos caminar aprisa, para recuperar la pérdida de más de un cuarto de siglo de atraso, en la que ha sido sumergido el Estado, por la vigencia de una  burbuja o grupo de poder, empecinado en el enriquecimiento personal, aprovechando el obsoleto andamiaje de leyes e instituciones creadas con fines de control y subordinación de las oposiciones divididas y dispersas.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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